9 de diciembre de 2008

30 años de Constitución española: una crítica profana


30 años de Constitución española: una crítica profana
Gerardo Pisarello · · · Jaume Asens · ·

Cada efemérides de la Constitución trae consigo una postal similar: la de una clase dirigente casi unánimemente dispuesta a entonar las loas de un texto presentado como insuperable garantía de convivencia, unidad y libertad. Lo cierto es que a tres décadas de su aprobación, esta imagen sacralizada del texto de 1978 resulta un escollo para la profundización democrática.

Hija de la presión en la calle, pero también del miedo y de una adhesión casi forzosa a las condiciones impuestas por los sectores duros y moderados del régimen franquista, la Constitución ha condicionado notablemente el desarrollo político posterior. No tal o cual artículo, sino la interpretación dominante de la misma, sus principales leyes de desarrollo, las actuaciones y omisiones que han alterado su sentido o la han privado de efecto. Es el sistema constitucional, en realidad, lo que se ha convertido en elemento de bloqueo para una genuina regeneración democrática.

Disipado el ruido de sables, la democracia española sigue siendo una democracia de baja intensidad. Este fue el modelo que se fraguó en la transición y nunca fue del todo contradicho. Por el contrario, las élites que la protagonizaron se sintieron cómodas o se acomodaron a una democracia de representantes, dominada por las cúpulas de los grandes partidos y claramente reticente a abrir cauces de participación ciudadana. Ahí están, como prueba, la escasa iniciativa para reformar una legislación electoral que distorsiona la voluntad ciudadana, la mezquina cabida dada a las iniciativas legislativas populares o al referéndum, la negación del derecho de voto a las personas migrantes, la lamentable evolución de la legislación sobre partidos o, simplemente, la dificultad para asumir en términos no criminalizadores el conflicto y la disidencia política.

Esta sensación de bloqueo es extensible también al ámbito social. La Constitución fue aprobada en los inicios de la crisis del "Estado de Bienestar" y los Pactos de La Moncloa dejaron claro las líneas rojas que no podían transgredirse en materia económica. Así, los derechos sociales recibieron un reconocimiento debilitado y su desarrollo acabó supeditado a criterios de "estabilización" que no beneficiaron a todos por igual. La incorporación acrítica al proceso de integración europea y, sobre todo, la asunción de los criterios de convergencia consagrados en Maastricht, acabaron por forjar un corsé neoliberal que neutralizaría el despliegue de la Constitución social y ambiental. Los resultados saltan a la vista: la economía española ha crecido, sí, pero en un sentido irracional, insostenible e injusto, con estándares sociales y ecológicos muy inferiores a los de otros países europeos (algunos de los cuales, como Noruega, ni siquiera forman parte de la Unión Europea).

Otra de las hipotecas heredadas tiene que ver con el pluralismo territorial. Todavía en 1977, una parte importante de la izquierda –incluidos el PSOE y el PCE– reclamaban un Estado federal respetuoso con el derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos. La Constitución, empero, se limitó a consagrar un modelo abierto de descentralización, condicionado por la "indisoluble unidad de la Nación española" y cuya integridad se confía al Ejército (artículo 8). El Estado de las autonomías se desarrolló así a regañadientes. Las resistencias centralistas y españolistas no han dejado de aflorar una y otra vez. Desde la LOAPA, de infausta memoria, hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas vasca o la histeria jurídico-política generada en torno al nuevo Estatuto catalán.

Otro tanto podría decirse de la monarquía, que amparada en el mito del "motor de la democracia", terminaría por convertirse en una institución superprotegida constitucional y penalmente y blindada a la crítica social. O de la Iglesia Católica, cuyo poder, a pesar de la supuesta a-confensionalidad del Estado, ha sido enorme, y le ha permitido exigir prebendas políticas o económicas como contrapartida a cada avance en un sentido laico. O de la ausencia, en suma, de una sólida cultura anti-franquista, que permita juzgar con naturalidad crímenes que no sólo ofenden a sus víctimas, sino al conjunto de la sociedad.

Se podrá decir que esta lectura es simplista. Que en la transición se consiguió menos de lo que se pedía pero más de lo que se esperaba. Puede ser. Pero habrá que admitir que buena parte de los avances políticos, sociales, culturales de los últimos años, han estado vinculados, más a luchas cotidianas, persistentes, construidas desde abajo, que al marco constitucional gestionado por las clases dirigentes. Dicho marco, por el contrario, arrastra ya muchas sombras. Treinta años más tarde, es imprescindible una revisión profunda y profana del mismo, que lo despoje de su aura de sacralidad. Ello exige algo más que una simple apelación a la reforma constitucional, cuyos rígidos mecanismos son parte del problema. Acaso la movilización y organización, lenta pero firme, de una opinión pública realmente democratizadora, republicana, y por tanto, constituyente.

Delitos permanentes y Memoria Histórica


Delitos permanentes y Memoria Histórica
Antonio Doñate, Miembro de Jueces para la Democrácia · · · · ·

07/12/08



El eminente jurista y cofundador del movimiento de resistencia antifranquista Justicia Democrática Antonio Doñate reflexiona sobre el derecho, los delitos imprescriptibles y la memoria histórica en España

“A veces me pregunto qué hago yo aquí. ...” cantaba José Antonio Labordeta reflexionando sobre su quehacer como profesor de Historia. También ahora me pregunto qué hago yo aquí... Todo empezó a desencadenarse cuando, tras mi jubilación como profesor de la Escuela Judicial, se me ocurrió adentrarme en saber qué pasó con el Juez de Instrucción de Calamocha(Teruel) Vicente Martínez Alhambra, que “lo fusilaron sin juicio los nacionales, por rojo” a principios de Septiembre de 1936. A esto se unía mi experiencia, como observador internacional, especialmente en Chile, para valorar la viabilidad de los procedimientos penales abiertos en ese país, al dictador Pinochet, preso en esos momentos en Londres. Como buen alumno del dictador Franco, (no puede olvidarse que fue el único Jefe de Estado extranjero presente en su funeral) pude comprobar que Pinochet también lo dejó todo “atado y bien atado”. Y luego, también en Chile, durante el procedimiento de Extradición del ex-presidente Fujimori, y como asistente en Lima a algunas de las sesiones del todavía inacabado juicio al mismo por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos. Habría que añadir la recurrente pregunta que se me hacía en esos ambientes de América Latina: “¿y en vuestro país, qué?”

Por ello, cuando tras la publicación de la ley 52/2007, de 26 de Diciembre, comprobé el desentendimiento casi total del arco parlamentario de un abordaje serio y completo de la solución al problema de las víctimas de la dictadura franquista, al optar dicha ley por la vía casi exclusiva de la beneficencia “del pedid -con pruebas- y se os dará”, empecé a preguntarme si realmente estaba agotada o no la vía de la justicia, más allá de la aplicabilidad o no ( o en qué condiciones) del Derecho Penal Internacional en nuestro país, por los “reparos gravemente formalistas” (hoy por hoy) del principio de legalidad penal. Encontré enseguida, jurídicamente hablando, dos losas importantes: la leyes de Amnistía y la prescripción, utilizadas en las respuestas que la mayoría de los Jueces de Instrucción y Audiencias Provinciales venían dando desde hacía pocos años a las “peticiones-denuncias” que algunos familiares de víctimas formulaban ante ellos, para la recuperación de los restos de sus familiares desaparecidos a partir del 17 de Julio de 1936. Debatí estos temas con otros amigos juristas, leí, analicé y llegué, entre otras, a la siguiente conclusión: que una vez más el colectivo judicial estaba incumpliendo su función de garante de los derechos de los ciudadanos fijada por la Constitución de 1978.

Unos años antes, en l982, al inicio de mi actividad como Juez de Vigilancia Penitencia, pude constatar otro baldón histórico que pesaba sobre los colectivos judicial y fiscal: el incumplimiento total de la obligación de visitar las cárceles que imponía a los Jueces de Instrucción y al Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde hacía un siglo, desde que entró en vigor en el año1882. Tenían que visitar “una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado” las prisiones de la localidad para enterarse “de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos” y para adoptar “las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren” (Art. 526).

Obviamente no se puede considerar cumplida esta obligación con la visita anual que el Día de la Merced, con misa de campaña incluida, en ocasiones seguida del canto del ”Cara al sol”, realizaba el Presidente de la Audiencia, Fiscal de la misma y Decano de los Jueces de la capital a la cárcel provincial respectiva. La creación ex novo del Juez de Vigilancia Penitenciaria en 1979, vino a poner en vías de solución este abandono histórico. Aquí los parlamentarios democráticos que iniciaban su andadura de desarrollo constitucional, si encontraron un remedio para poder resolver el grave problema de las cárceles franquistas, refugio en muchos casos de lo más rancio de las posturas más autoritarias del régimen. Se dio voz a los recluidos en ellas a través del Juez de Vigilancia y el grado de conculcación de los derechos fundamentales históricamente pisoteados en ella se redujo considerablemente.

Pues bien, en este intento de recuperar el tiempo perdido y poder paliar en parte este nuevo baldón histórico que pesa sobre los colectivos judicial y fiscal, y del análisis doctrinal y jurisprudencial que realizamos, llegamos a la conclusión de que era posible la vía judicial penal. Esta vía la dejaba a salvo la propia Ley 52/2007 al declarar compatibles los derechos reconocidos en la misma, con el ejercicio de cualesquiera otras “acciones o acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los convenios y tratados internacionales suscritos por España”, según establece la Disposición Adicional segunda de dicha Ley 52/2007.

Durante estos últimos meses me ha venido a la mente con frecuencia algo que hace muchos años oí en una charla en la Universidad, y no precisamente en las clases de “Formación del Espíritu Nacional” o “Religión”, de que los prejuicios racistas y la ignorancia se curan viajando y... leyendo. Nuestra sociedad está exigiendo jueces y fiscales profesionalmente bien formados, y para eso, entre otras cosas, hay que leer más y analizar otras experiencias del exterior. Pero todavía se está a tiempo.

Es cierto que el “olvido”, y el “mirar solo hacia el futuro” que se veían como necesarios durante la Transición, han jugado una mala pasada también a los colectivos judicial y fiscal. A mi modo de ver en dos sentidos: uno, en ese ambiente de que “lo mejor era olvidar” resultaba difícil ponerse a valorar la perseguibilidad de los delitos permanentes de la dictadura franquista, y por tanto, actuar “de oficio”, a medida que aparecían publicados los trabajos de historiadores, dando cuenta de tales delitos, incumpliendo así la obligación impuesta por la ley procesal penal. Y en segundo lugar, cuando se han ido presentando algunas denuncias concretas ante los Juzgados de Instrucción en los últimos años por detenciones seguidas de desaparición, era más rápido y fácil acudir a las Leyes de Amnistía dictadas antes de la Constitución de 1978, cuando no aplicar un criterio material, pero nada jurídico, de “notorio fallecimiento” de los presuntos autores de la detención, dado el tiempo transcurrido.

En mis lecturas, y se puede aportar una amplia bibliografía, no he encontrado un solo autor de Derecho Penal que diga que el delito de detención ilegal no es un delito permanente. Es más, prácticamente la totalidad de ellos lo señalan como el supuesto típico de lo que es un delito permanente. A modo de ejemplo, nada sospechoso si se tiene en cuenta la fecha de la quinta edición, (abril de 1940) de la obra “Derecho Penal” del profesor Cuello Calón , en la página 252 se afirma: “Son delitos permanentes aquellos en los que después de su consumación continúa ininterrumpida la violación jurídica perfeccionada en aquella (v.g. el rapto, las detenciones ilegales, la sustracción de menores)...”

Y lo mismo ocurre respecto a la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia. Cabe preguntarse si esta unanimidad doctrinal y jurisprudencial debe o no ser tenida en cuenta por los jueces y fiscales en el momento de abordar un delito de esta naturaleza. Resulta fácil, pero raya en lo demagógico, mostrar al gran público no experto en el tema, la seria dificultad de que el detenido ilegalmente durante la dictadura franquista, dado el tiempo transcurrido, no parece posible que continúe en esa situación de detención. Pero un jurista, mínimamente formado, sabe que no puede hablarse de “asesinato” con una sola prueba “de referencia”. Y no otra cosa que mera prueba de referencia es la afirmación en las denuncias ya formuladas ante los juzgados de instrucción o las detenciones que han referido los historiadores con testimonios orales o pruebas documentales, de que un abuelo/a, padre/madre, hermano/a, tío/tía, tras su detención por falangistas o la Guardia Civil fue llevado al barranco “tal” o a la cuneta de la carretera “cual”, cuando hay probables pruebas directas al alcance del investigador judicial como las derivadas de una exhumación (identificación y averiguación de las causas de la muerte) que permitan, entonces sí, calificar los hechos denunciados de “homicidio” o “asesinato”. Por tanto, lo que se está denunciando, en la inmensa mayoría de los casos, no es un delito de asesinato, sino un delito de detención ilegal, que tras la oportuna y obligada investigación podrá conducir a que se califique o no de “asesinato”.

Es más, ante la pregunta que todo juez instructor debe hacerse de si inicia o no procedimiento penal, debe tener muy presente los únicos supuestos en que ha de abstenerse de hacerlo conforme al art. 269 de LECrim.: Que el hecho denunciado “no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuera manifiestamente falsa”. Y una vez abierto el procedimiento, no debe guiarse por la ley del mínimoesfuerzo, sino por lo que disponen asimismo las leyes procesales, y preguntarse cuándo se agota la investigación penal que permite la conclusión del proceso.

¿Sólo depende de la acreditación del fallecimiento de los autores directos o mediatos? Y en este caso, ¿basta afirmar que “es notorio el fallecimiento” de los autores como he leído en algunos de los diarios puesto en boca de un Presidente de Tribunal Superior de Justicia? O por el contrario, si hay que acreditar formalmente tal fallecimiento ¿basta acreditarlo sólo de los autores mediatos -gobernantes, autoridades, o dirigente de colectivos políticos- o hay que acreditar también el fallecimiento de los autores directos, cooperadores o cómplices del delito cometido, previas las averiguaciones oportunas? ¿No deben plantearse, asimismo, el juez instructor y el fiscal, si en algunos delitos permanentes cometidos durante los últimos años de la dictadura los autores puede que todavía estén vivos?

Por experiencia propia, y por los siete años de profesor en la Escuela Judicial, he podido constatar la valoración superficial que se tiene adquirida, incluso tras años de preparar oposiciones, del alcance del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Sociología judicial y la Victimología nos alumbran sobre estas carencias formativas judiciales y fiscales. Es ahí, en ese articulo 13, donde se recoge como primera obligación del juez instructor la de “consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, (y) la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y la identificación del delincuente”.

He de confesar que quedé perplejo, ante el acuerdo de diez de los quince magistrados integrantes de la Sala Plena de la Audiencia Nacional en su auto de 7 de Noviembre corriente, pues aparte las acertadas razones formales esgrimidas por los cinco magistrados discrepantes y la de si realmente es órgano competente la Audiencia Nacional (dado que no es órgano superior común del Juzgado Central num. 5 y de los juzgados de instrucción señalados por el fiscal como competentes), ¿las exhumaciones no están dentro de estas “primeras diligencias” a las que se refiere el art. 13 ?.

De otra parte, se puede constatar que los jueces y fiscales históricamente están mucho más preocupados por la comprobación del delito y la identificación del delincuente que por “dar protección a los perjudicados” pese a que desde 1882 hasta 1999 esta obligación de protección era la primera señalada por el legislador en dicho art. 13. En 1999, esta obligación pasó a tercer lugar en el mismo artículo, pero ampliando su mandato a “proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas...” Y cabe preguntarse ¿por qué se paralizan las exhumaciones por la Audiencia Nacional accediendo a la petición del fiscal Sr. Zaragoza? ¿Acaso no es urgente poner fin a la angustia y sufrimiento de los familiares que no pueden dar sepultura a los enterrados en cunetas, barrancos y fosas comunes? ¿Tiene algún valor que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya llegado a calificar de tortura o trato inhumano y por tanto contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, esta situación de los familiares en los casos de detenidos-desaparecidos? ¿Realmente se han parado a pensar y valorar jurídicamente el fiscal y esos diez magistrados este sufrimiento arrastrado durante tantos años hasta el punto de pasar de una generación a otra?

Pues bien, lector no jurista, la consideración unánime de la doctrina y la jurisprudencia, de que el delito de detención ilegal es una delito permanente, tiene una importante consecuencia: que pese al tiempo transcurrido los delitos de detención ilegal y los secuestros de niños, ni han prescrito ni les son aplicables las Leyes de Amnistía de 1976 y 1977, entre otras razones por lo dispuesto en el artículo 132.1 del Código penal vigente y porque siguen cometiéndose hasta que no se acredite que se ha eliminado la situación jurídica ilícita de su privación de libertad o secuestro. También porque, pese a las buenas intenciones que pudieron guiar a los parlamentarios en 1977, la Amnistía decretada devino inconstitucional por contraria a la justicia e igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico conforme al artículo primero de la Constitución de 1978, puestos en relación con la prohibición de indultos generales del art. 62, i) de la misma. Nótese además que aunque esta sola argumentación de derecho interno sería ya bastante, también podría entrar en juego, en un segundo momento, para reforzar la normativa procesal y penal de nuestro país, la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de las leyes de Amnistía, a la vista del Derecho Penal Internacional, como se ha estimado en Argentina o Perú, donde dos jueces concretos, el argentino Cavallo y la peruana Saquicuray, así lo declararon respecto a sus respectivas leyes de Punto final y de Amnistía.

Y permítanme recomendarles, como modélico, el informe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional en un recurso de amparo contra las resoluciones del Juez de Instrucción de Lucena num. 2 y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, en relación a la denuncia por desaparición de Dª Ricarda Ana Cobacho Cañete a primeros de Noviembre de 1936, tras ser detenida por la Guardia Civil de Jauja. El juez Garzón lo recoge íntegramente en su auto de 18 del actual inhibiéndose -en mi modesta opinión de jurista de forma incomprensible- en favor de los jueces “territoriales” de instrucción donde se hallan las fosas identificadas o que se identifiquen en el futuro. Sin poder entrar al análisis de esta decisión, no obstante, cabría preguntarse ¿y los casos de los niños y niñas españoles secuestrados en el extranjero por el Servicio Exterior de Falange y traídos posteriormente a España contra la voluntad de sus padres o familiares y que todavía ignoran su actual falsa identidad? ¿Acaso estos delitos no reafirmarían la competencia de la Audiencia Nacional por el lugar donde se cometieron? ¿Realmente la acreditación del fallecimiento de algunos de los autores mediatos, puede romper la conexidad que la resolución del Juzgado Central nº 5 estableció para afirmar su competencia?

Como también cabe preguntarse respecto al Ministerio Fiscal, cómo se explica, dados sus principios rectores de “unidad de actuación y dependencia jerárquica” (art. 124.2 CE), unos posicionamientos tan radicalmente contradictorios entre el informe del Sr. Zaragoza en la Audiencia Nacional y el mantenido por otro fiscal ante el Tribunal Constitucional? Sería deseable conocer por qué en junio de 2008 se defiende la tesis del delito permanente para fundamentar la indefensión en que se colocó a las víctimas por el Juzgado nº 2 de Lucena y la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, y en el mes de Octubre siguiente, se combate, con una terminología e intensidad inusitadas, la aceptación de esta tesis por el Juzgado Central nº 5, dado además que el Fiscal Sr. Zaragoza había aceptado tal competencia tácitamente desde Diciembre de 2006 en que se incoó el Procedimiento Penal (D. Previas nº 399/2006)?

Sr. Fiscal General del Estado, en su función de garante del cumplimiento de los principios constitucionales de “unidad de actuación y dependencia jerárquica”, ¿con cuál de los dos criterios está de acuerdo?

Finalmente, un ruego, Sres. del Gobierno y Sres. Parlamentarios: primero justicia y después beneficencia. No olviden las obligaciones del Estado derivadas de los tratados y convenios Internacionales ratificados por España. No conduzcan, con su pasividad, a nuestro país a la previsible “afrenta internacional” que se avecina, ante las gravísimas violaciones de Derechos humanos que se produjeron durante la Dictadura franquista, tras el golpe militar contra el Gobierno constitucional elegido democráticamente. Saben muy bien que la Ley 52/2007 no es suficiente para que los organismos internacionales tengan por cumplidas las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Y Sres. Jueces y Magistrados, cumplan con su función constitucional de garantes también respecto a los derechos - especialmente el de acceso a la justicia - de las víctimas que todavía sobreviven sin duda, (en el caso de los niños “secuestrados” por el franquismo) o de los familiares ( en las detenciones de adultos seguidas de desaparición). Si no tienen recursos personales o materiales suficientes pídanlos, pero no hagan como uno de los jueces asistentes al Curso de Formación de la Escuela Judicial en el Pazo de Mariñán (Galicia) el pasado verano, quien al escuchar mi exposición manteniendo esta tesis del delito permanente y sus consecuencias jurídicas, exclamó espontáneamente, pero de forma audible por las personas que estaban a su alrededor: “ ¡¡ Qué barbaridad !!”.

Antonio Doñate es Magistrado Jubilado, antiguo miembro y cofundador de Justicia Democrática

La última sesión de Cortes de la República.




Dolores Ibarruri
De sus memórias


Poco duró la vida normal del Parlamento constituido después de la victoria del 16 de Febrero. La agresividad de las fuerzas derrotadas iba en aumento, a medida que veían consolidarse la unidad de las izquierdas y fortalecerse su voluntad de dar impulso a la revolución democrática que la confabulación reaccionaria durante el bienio negro había paralizado. En el campo y en las ciudades se sentía el enrarecimiento del ambiente. Los sangrientos sucesos de Yeste, en los que resultaron dieciséis campesinos muertos por la Guardia Civil al servicio de los terratenientes, habían estremecido a todo el país. Una interrogación danzaba constantemente ante nosotros. ¿Qué preparan las fuerzas reaccionarias?

A mediados del mes de junio se anunció que la CEDA iba a hacer una interpelación al Gobierno sobre el orden público. Para la osadía de los cedistas no había bardas. Era algo realmente intolerable que los culpables del desorden, los que rebajaban los salarios a los obreros de las ciudades y a los obreros agrícolas, la misma gente que azuzaba a la Guardia Civil contra los campesinos hambrientos y profería amenazas diciendo que preferían que las cosechas se perdiesen a pagar los salarios estipulados en las bases del trabajo; quienes armaban mercenarios para asesinar a los hombres conocidos por sus ideas democráticas, se atreviesen a interpelar al Gobierno sobre el orden público.

Sólo podía comprenderse tal atrevimiento cuando se examinaba la posición política de los hombres que figuraban en los partidos que componían el Frente Popular, ya que en la debilidad de éste, estaba la fuerza de sus contrarios. No era un secreto para nadie que ciertos dirigentes republicanos, y aun algunos socialistas, estaban molestos porque los trabajadores planteaban reivindicaciones. Y las frases de Albornoz en Asturias sobre la impaciencia de los presos, se repetían con demasiada frecuencia en las tertulias y en los pasillos del Congreso, en relación con las luchas de los obreros por el aumento del salario, por el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Los diputados de la CEDA eran el tercer oído de los terratenientes y capitalistas, que percibían hasta el más débil suspiro de las Magdalenas republicanas y querían apoyarse en ellas para abrir una brecha en el bloque de izquierdas. El anuncio de la interpelación cedista fue como un trallazo asestado en pleno rostro al Gobierno y al Frente Popular. Los derechistas querían ir muy lejos al presentar en el Parlamento su proposición no de ley. Las fuerzas de izquierda se agruparon en torno al Gobierno para la batalla parlamentaria. Aquella tarde del 16 de junio, un mes justo antes de la sublevación, había un ambiente de pelea en el Parlamento español.

Los periodistas y fotógrafos recogían impresiones y hacían fotografías. Todo el mundo tenía la impresión de que aquella sesión parlamentaria sería una sesión histórica. De ella podía salir la derrota del Gobierno, que en aquellos momentos hubiera significado la derrota del Frente Popular, o, por el contrario, la derrota de las fuerzas derechistas, que abiertamente se lanzaban a la ofensiva.

Cada parte contendiente preparaba sus armas; los comunistas nos habíamos reunido a mediodía, y en aquella reunión se acordaron las líneas fundamentales de mi intervención, puesto que era yo quien debía intervenir en el debate en nombre del P.C. Los socialistas habían nombrado a Enrique de Francisco para que interviniese, y los republicanos, a Marcelino Domingo.

Antes de comenzar la sesión, los pasillos y salones de la Cámara parecían una colmena. Idas y venidas, comentarios, augurios, entrevistas, miradas cargadas de odio, sonrisas irónicas, ceños fruncidos, inquietudes, de todo había entre los que se disponían a atacar y los que estaban preparados para la defensa.

A los comunistas, lo que nos preocupaba era que en lugar de ser el Gobierno quien iniciase la ofensiva contra los enemigos de la República, fuesen éstos, envalentonados por la tolerancia de aquél, los que se lanzaran al ataque. Hasta entonces había sido la minoría comunista quien con su firmeza daba un nuevo tono a la Cámara. Aquella tarde nuestras armas iban a medirse con las de nuestros más encarnizados enemigos.

Estaba muy nerviosa, pues comprendía la trascendencia de aquella sesión, en la cual el Partido Comunista iba a ser la fuerza de choque en la lucha contra la CEDA y contra toda la reacción española, representada por sus más destacados jefes, Gil Robles y Calvo Sotelo, que eran los que iniciarían el ataque contra el Gobierno.

Comenzó la sesión aprobándose algunos asuntos de trámite y el primer artículo de un proyecto de ley que modificaba la vieja ley de Orden Público.

A continuación, el presidente anunció la lectura de una proposición no de ley. Era la proposición de la CEDA pidiendo al Gobierno explicaciones «acerca del estado subversivo en que vive España».

Gil Robles defendió la proposición. Y después de una enumeración de hechos, atribuidos a las fuerzas que componían el Frente Popular, terminaba diciendo que él no quería que se rompiese el Frente Popular porque deseaba que el fracaso arrastrase a todos los partidos que lo integraban, afirmando que «se preparaban ya los funerales de la democracia»...

Después de él intervino Enrique de Francisco, en nombre de la minoría socialista, el cual cortésmente se disculpaba porque, obligado por un penoso deber, se veía forzado, él, tan modesto, a contender con un hombre tan destacado como el «Sr. Gil Robles»...

La intervención del representante socialista dejó fría a la Cámara y llenó de indignación a muchos diputados socialistas, que esperaban una intervención más firme y más política de su representante.

La agresividad del sector derechista crecía a medida que observaba el ambiente de la Cámara.

Por eso, con la intervención del antiguo ministro de la dictadura de Primo de Rivera, Calvo Sotelo, que era una amenaza y un desafío, se creyó que al Gobierno le quedaban pocas horas de vida. En el discurso hábil y demagógico del jefe derechista hubo un cálido elogio para las fuerzas de la CNT, la actuación de cuyos líderes, desde el 16 de febrero, consistía en forma acusadísima en hacer el juego a las derechas.

A Calvo Sotelo contestole de manera cumplida Casares Quiroga, como presidente del Gobierno. Y Casares Quiroga, recogiendo las amenazas del ex ministro de la dictadura, responsabilizó a Calvo Sotelo de las actividades de las fuerzas derechistas contra la República y contra el pueblo.

Después del jefe del Gobierno intervine yo. Puse de manifiesto la maniobra de las derechas que querían presentarse como víctimas, siendo ellas las autoras responsables de los hechos que creaban el desorden y la inquietud. Denuncié los manejos que contra la República se realizaban, así como el contrabando de armas a través de la frontera de Navarra, armas dedicadas a la preparación de un golpe de Estado.

Hice un análisis de los hechos que precedieron a octubre y reivindiqué la memoria de los asesinados por las fuerzas represivas.

Resalté el jesuitismo y la hipocresía de las fuerzas de derechas, que no vacilaban en recurrir a las mentiras más infames, como la de los niños con los ojos saltados, la de las muchachas violadas, «la de la carne de cura vendida a peso» y la de los guardias de Asalto «quemados vivos», para producir en las masas un sentimiento de repulsión hacia el glorioso movimiento insurreccional de Octubre.

Examiné a la luz fría de los hechos las causas que motivaban las huelgas y que producían el estado de inquietud y de intranquilidad en todo el país.

Terminaba mi discurso diciendo: «Ni los ataques de la reacción, ni las maniobras más o menos encubiertas de los enemigos de la democracia, lograrán quebrantar ni debilitar la fe que los trabajadores tienen en el Frente Popular y en el Gobierno que lo representa.

Pero es necesario que el Gobierno no olvide la necesidad de hacer sentir el peso de la ley a aquellos que se niegan a vivir dentro de la legalidad, y que en este caso concreto no son los obreros ni los campesinos.

Si hay generalitos reaccionarios que en un momento determinado, azuzados por elementos como Calvo Sotelo, pueden levantarse contra el Gobierno, hay también soldados heroicos, como el cabo de Alcalá, que pueden meterlos en cintura.

Cuando el Gobierno se decida a cumplir más rápidamente que hasta ahora el programa del Frente Popular e inicie la ofensiva republicana, tendrá a su lado a todos los trabajadores dispuestos, como el 16 de Febrero, a aplastar a esas fuerzas y a hacer triunfar una vez más el Bloque Popular.

Dirigiéndome al jefe del Gobierno dije: «Señor Casares Quiroga, para evitar las «perturbaciones» que tanto molestan a Gil Robles y a Calvo Sotelo, para terminar con el estado de desasosiego que existe en España, no basta con hacer responsables de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los bandos del Gobierno.

Hay que encarcelar a los terratenientes que lanzan a la miseria y al hambre a los campesinos; hay que encarcelar a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de Octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho.

Y cuando se comience por hacer esta obra de justicia, señores ministros y señor Casares Quiroga, no habrá un Gobierno que cuente con un apoyo más firme, más fuerte que el vuestro, porque las masas populares de España se levantarán para luchar contra todas esas fuerzas, que, por decoro, no se debiera tolerar que se sentasen ahí.

Mis palabras, expresión de la política y de la posición del Partido Comunista, hallaron una aprobación calurosa en todo el país.

Los acontecimientos se encadenaban con ritmo febril. Las derechas tenían prisa por salir de aquella situación. La tierra les iba faltando bajo los pies y querían despejar la incógnita, terminando de una vez.

Seguían la táctica de atacar, no olvidando el proverbio español de que «el que da primero, da dos veces».

En aquellos días llegó a Madrid el camarada Jesús Monzón, de Navarra, a informar a la dirección del Partido de la situación de aquella región y a denunciar ante el Gobierno las actividades de la reacción Navarra, que a la luz del día se preparaba para la guerra.

En el conjunto de los pueblos de España, Navarra ha sido algo aparte. Constituía una fortaleza de la reacción, para la que no contaba ni la instauración de la República, ni el progreso de España.

En Navarra ha tenido el tradicionalismo reaccionario un baluarte que ha figurado como inaccesible a la democracia, por las debilidades de los diferentes gobiernos republicano-socialistas, que, temerosos de enfrentarse con las fuerzas tradicionalistas, han abandonado en manos de éstas a los obreros y a los campesinos navarros.

Los descendientes de los viejos carlistas vivían en Navarra organizados y encuadrados en los grupos de requetés con una disciplina de hierro , con fanatismo religioso y con jerarquías intocables.

Todo era casi igual que en 1876. Lo único que había cambiado era el armamento. En 1936, los requetés navarros estaban armados no con los viejos fusiles y pistolones enterrados al terminarse la guerra carlista, sino con máuseres y ametralladoras modernas.

Y esa organización militar, medio carlista, medio fascista, hacía constantes ejercicios y prácticas de tiro, desfiles militares y maniobras, que las autoridades toleraban sin tomar ninguna medida para ponerles freno.

Las elecciones en Navarra se realizaron bajo la presión de estas fuerzas. Y a pesar del Frente Popular y de los abnegados esfuerzos de los socialistas y de los comunistas de Pamplona por cambiar la situación, los carlistas continuaban siendo los amos de la región. Al comenzar la sublevación militar fascista, contra los núcleos de demócratas existentes en Navarra se ensañó con salvaje violencia la locura criminal de requetés y fascistas, llenando de dolor y de luto a centenares de familias.

El camarada Monzón llegaba a Madrid en representación del Frente Popular de Navarra, para denunciar los alijos de armas que constantemente se hacían por Vera del Bidasoa y por diferentes puntos del Pirineo Navarro, y a pedir al Gobierno que tomase medidas para cortar los desmanes de los cristeros y el desarme de su organización.

Yo acompañé al camarada Monzón a visitar a Casares Quiroga, el cual, aunque prometió dictar algunas disposiciones, tomó un poco a broma el peligro del fascismo, considerando que los comunistas veíamos fascistas por todas partes.

Con aquel criterio tan irresponsable, dejó que las cosas continuaran como hasta entonces.

Y al estallar la sublevación militar-fascista varios millares de requetés navarros fueron la fuerza de choque del Ejército franquista, sobre todo en el Norte, por negligencia del Gobierno republicano, que no fue capaz de atraerse Navarra al campo de la democracia, ni de poner fuera de combate a los conspiradores y animadores de la sublevación.

La confianza que el Partido Comunista tenía en las masas populares, en los obreros, en los campesinos, en todos los trabajadores, no era compartida por todos los hombres que militaban en los partidos del Frente Popular.

Ante las dificultades que encontraba el Gobierno por el sabotaje económico y político del gran capital, de la alta finanza y de los terratenientes, surgían en el interior del Frente Popular voces pesimistas, agoreras, que tendían a deprimir los espíritus, a paralizar el impulso revolucionario de las masas, a frenar las iniciativas del Gobierno y a crear el clima político propicio para la claudicación ante las derechas.

El Partido Comunista salió al paso de este pesimismo desde las columnas de Mundo Obrero.

...«Es tremendamente infantil —decíamos en el órgano del Partido— la idea de que el enemigo va a dejarse vencer sin ninguna resistencia. Eso, «alarmados» o «alarmistas», había que preverlo. El pánico no ha sido nunca un punto de partida adecuado para llegar a conclusiones justas.

Con serenidad las cosas se ven y se comprenden mejor.

Examinen la situación y reconocerán que no es achacable a los trabajadores, cualquiera que sea su significación, el trastorno que se produce en nuestro camino hacia una España democrática.

Ahí está la política de la reacción y del fascismo, o de las derechas, para hablar su lenguaje, en la calle y en el Parlamento.

Vean los métodos de conspiración que emplean en las finanzas y en los cuartos de banderas. Examinen de dónde parten las provocaciones y el sabotaje al régimen y las agresiones al Frente Popular; de dónde viene ese ruido de espuelas y espadones con que se trata de atenazar los movimientos del Gobierno favorables a las masas populares. El Partido Comunista ha expuesto repetidas veces la imperiosa necesidad que tenemos de dar vida a los Frentes Populares. No nos cansamos de repetir que toda la política actual debe basarse en esos órganos de unidad de todo el pueblo.

Y en este sentido, la Asamblea de Alcaldes y delegados de los Frentes Populares de Jaén es un ejemplo que va a ser seguido en breve por Toledo. Estas asambleas populares son las que señalan el camino a seguir.

El Frente Popular, como célula viva en cada aldea, en cada pueblo, con el Ayuntamiento como órgano ejecutor de esa política y con un programa adecuado a las necesidades de vencer a un enemigo poderoso y organizado. Fl Frente Popular, nacional, parlamentaria y extraparlamentariamente ayudando y empujando al Gobierno a realizar una política económica y social que dé satisfacción a las justas demandas de los trabajadores y masas campesinas y reduzca a polvo los siniestros planes de la reacción.

Si esto se hace, estamos seguros de que esas aves agoreras encontrarán el horizonte más alegre y despejado»...

Cada día aportaba una nueva inquietud. La evasión de capitales desmoronaba la economía del país. Se habían organizado agencias especiales, clandestinas, de evasión de dinero. Centenares de millones de pesetas iban a parar a los bancos franceses, ingleses o suizos. El valor de la peseta sufría bajas constantes y los productos que se adquirían en el extranjero costaban mayores dispendios, reflejándose en un encarecimiento general del coste de la vida y en un empeoramiento de la situación de las clases modestas del país, muy especialmente de los trabajadores.

El Gobierno tuvo un «rasgo» frente a los sembradores del hambre y especuladores de la moneda. Ordenó la detención de una veintena de individuos, complicados en los negocios de la «bolsa negra», y se tomaron algunas medidas para cortar esta sangría de dinero que arruinaba el organismo económico del Estado y llevaba el hambre a las masas.

Cada uno de los españoles que formaba en el Frente Popular o simpatizaba con él, se acostaba pensando qué sorpresa aportaría el nuevo día.

La turbulenta actuación de las derechas conseguía crear tal sensación de inseguridad y de peligro que se deseaba se descorriese la cortina para saber a qué atenerse.

La idea de la resistencia y la defensa ante un posible ataque reaccionario tomaba cuerpo en las masas. En un artículo de Política, órgano de Izquierda Republicana, se escribía el 28 de junio:

«Quien quiera tomar el Poder contra el pueblo ha de disputárselo en la calle al Gobierno legítimo. Y en la calle se encontrará frente al pueblo. Frente a todo el pueblo, porque el Ejército, en su entraña, también lo es...»

En esos días de peligro, se establecieron las bases para la unificación en Cataluña del Partido Comunista Catalán, del Partido Catalán Proletario, Federación Catalana del Partido Socialista Obrero Español y Unión Socialista de Cataluña, que el 21 de julio de 1936 habían de formar el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que tanto contribuyó a organizar la resistencia y que con su acertada política minó profundamente las bases del anarquismo en el movimiento obrero catalán.

Chispazos contrarrevolucionarios.

El día 11 de julio, los fascistas valencianos asaltaron el local de Unión Radio de Valencia. Y después de haber cortado los hilos del teléfono, para operar con más tranquilidad, radiaron el siguiente comunicado:

«Unión Radio... Valencia. En estos momentos Falange ocupa militarmente el estudio de Unión Radio. ¡Arriba el corazón! Dentro de unos días la revolución sindicalista estará en la calle. Aprovechamos esta ocasión para saludar a todos los españoles y particularmente a nuestros correligionarios.»

¿Qué hicieron las autoridades ante esto, que era un aviso y una alarmante demostración de la audacia y de los propósitos de los fascistas? Simplemente radiar varias veces el himno de Riego y una alocución del Gobernador de Valencia.

Lo que no hicieron las autoridades, en parte y a su manera, lo hizo el pueblo. El Casino Central de la Derecha Valenciana fue asaltado por las masas, que le prendieron fuego e impidieron que los bomberos actuasen para sofocarlo.
Una enorme multitud se dirigió a la redacción del periódico monárquico La Voz Valenciana con el propósito de hacer allí lo mismo que habían hecho en el Casino de las Derechas, pero la policía lo impidió.

Más tarde, el restaurante «Vodka», lugar donde se reunían los señoritos falangistas, fue ocupado por los obreros y destrozados todos los enseres. La policía detuvo a algunos falangistas sospechosos de ser los autores del asalto a la Radio. En algunas barriadas de las afueras de la capital valenciana fueron incendiados círculos y casinos derechistas, resultando algunas personas heridas.

La respuesta que el pueblo daba a las provocaciones falangistas, era un anuncio de lo que días más tarde iba a ocurrir frente a la sublevación de los militares felones.

En Madrid continuaban desde hacía dos meses la huelga de Calefacción y Ascensores, la de los obreros de la Casa Quirós, de Gal y Floralia y la más importante, la de la Construcción, que englobaba a más de 80.000 obreros y que duraba ya excesivamente por la actitud de la patronal, dispuesta a alimentar y mantener el desasosiego en el país, desacreditar al Frente Popular y llevar la desesperación a los trabajadores.

El Plan de las derechas se perfilaba con nitidez. Los camaradas de Correos interceptaban cartas de provincias dirigidas a gentes de derecha, de Madrid, que decían cosas tan sustanciosas como éstas:

«Como Ud. sabe tengo un revólver «Smith» y yo quiero cambiarle por una buena pistola; porque según se va acercando eso, hay que prepararse con las armas, como lo estamos de corazón todas las derechas, hombres y mujeres.»

En la capital de la República, en algunos centros falangistas y de Renovación Española, fueron descubiertos depósitos de armas, de correajes y de uniformes de la Guardia Civil. El día 12 de julio fue asesinado por los pistoleros falangistas el teniente Castillo, joven oficial de los guardias de Asalto, conocido por sus ideas democráticas y antifascistas.

Ante la agresividad de las derechas, el Buró Político del Partido Comunista celebró una reunión, en la cual examinó la situación y las medidas urgentes que era necesario tomar y publicó una nota protestando contra las provocaciones fascistas, llamando al Gobierno a ser más enérgico contra los enemigos de la República y a las masas, a reforzar la lucha.

«Los elementos reaccionarios y fascistas acentúan la preparación del golpe de fuerza contra las libertades del pueblo —decía la nota del Partido Comunista.

La provocación de Valencia, a la que el pueblo ha respondido con energía y decisión, y el asesinato del teniente Castillo forman parte de su plan siniestro de sembrar la intranquilidad en el país y crear el ambiente propicio para provocar el golpe reaccionario.

Estos hechos llenan de indignación a todos los hombres honrados, que se ven a merced de las pistolas de los asesinos del fascismo.

Nuestro Partido, al mismo tiempo que protesta indignado contra los hechos criminales e invita al Gobierno a tomar medidas contra los enemigos del pueblo, llama a las masas populares de Madrid y de España entera al reforzamiento de la lucha contra el fascismo, contra el terrorismo criminal de estas bandas del crimen.

Todos los ciudadanos honrados, todos los trabajadores deben acudir al entierro del teniente Castillo, asesinado por los bandidos fascistas.

Demostrad que el pueblo está de una manera unánime contra los provocadores reaccionarios, contra sus crímenes y provocaciones.

Comité Central del Partido Comunista de España.»

No se concretó el Partido Comunista a publicar este comunicado. Se puso en relación con las organizaciones obreras del Frente Popular para organizar una acción conjunta, frente a los planes de la reacción.

A la reunión solicitada por nosotros acudieron en representación del Partido Comunista José Díaz y Vicente Uribe; de la Unión General de Trabajadores, Manuel Lois; por la Casa del Pueblo de Madrid, Edmundo Domínguez; por la Federación de Juventudes Socialistas, José Cazorla y Santiago Carrillo, y por el Partido Socialista, Lamoneda, Jiménez de Asúa, Vidarte, Cruz Salido, Prieto, De Gracia, Albar y Bujeda.

Todos los reunidos estaban de acuerdo en reconocer la gravedad del momento y la necesidad de actuar conjuntamente ante cualquier eventualidad.

Se nombró una comisión compuesta por representantes de todas las organizaciones para que fuese a visitar al jefe del Gobierno y ofrecerse para la organización de la defensa del régimen, en el caso de que estallase un movimiento subversivo.

Paralelamente fue publicada por las fuerzas obreras encuadradas en el Frente Popular una nota que decía así:

«Conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios, enemigos de la República y del proletariado, las organizaciones políticas y sindicales, representadas por los firmantes, se han reunido y establecido coincidencias absolutas y unánimes para ofrecer al Gobierno el concurso y apoyo de las masas que le son afectas, para todo cuanto signifique defensa del régimen y resistencia contra los intentos que puedan hacerse contra él. Esta coincidencia no es meramente circunstancial; por el contrario, se propone subsistir permanentemente, en tanto que las circunstancias lo aconsejen para fortalecer el Frente Popular y dar cumplimiento a los designios de la clase trabajadora, puestos en peligro por los enemigos de ella y de la República.

Por la UGT, Manuel Lois; por la Federación de Juventudes Socialistas, Santiago Carrillo; por el Partido Comunista, José Díaz; por la Casa del Pueblo, Edmundo Domínguez; por el Partido Socialista, Jiménez de Asúa.»

El Gobierno suspendió algunos periódicos reaccionarios y fueron detenidos grupos de gentes derechistas. A todas luces esto era insuficiente.

El día 13 de julio comenzaron a circular por Madrid los rumores de que Calvo Sotelo, el jefe más destacado de las fuerzas de derecha, había sido muerto.

¿Quién armó la mano homicida? Si en la muerte del Conde de Villamediana pudo decir el poeta que:

«el matador fue Bellido

y el impulso soberano»

en la muerte del jefe de las derechas, la responsabilidad directa era de quienes mantenían y alumbraban en España un clima de odios y de guerra civil. La responsabilidad era, no del Partido Comunista, como calumniosamente han afirmado los franquistas, sino de los que armaban la mano de los asesinos del teniente Castillo, del capitán Faraudo, del señor Pedregal, de los que atentaron contra Jiménez de Asúa y contra Largo Caballero.

Para cada uno de nosotros era evidente que la muerte de Calvo Sotelo no ayudaba a la causa de la República y, en cambio, aportaba nuevos argumentos antidemocráticos al arsenal de la contrarrevolución.

Las fuerzas de derecha quisieron hacer de la muerte de Calvo Sotelo una bandera y un ariete contra la República. El Gobierno salió al paso de estos propósitos suspendiendo las sesiones de Cortes durante ocho días, a lo que las derechas se oponían tenazmente.

Cinismo e impunidad.

En la reunión de la Comisión Permanente de las Cortes convocada por el presidente de la Cámara para aprobar la prórroga del estado de alarma en toda España, fueron pronunciados por los representantes de las fuerzas de derecha, especialmente por el conde de Vallellano y por Gil Robles, incendiarios discursos que eran ya la declaración de la guerra civil.

Tan graves eran las afirmaciones que se contenían en el documento que el conde de Vallellano leyó ante la Comisión Permanente de las Cortes, en nombre de las minorías tradicionalistas y de Renovación Española integrantes de lo que se llamaba Bloque Nacional, que el presidente de la Comisión advirtió que las declaraciones que podrían contribuir a enconar los ánimos y exacerbar las pasiones no se publicarían.

En aquella histórica sesión, mientras los representantes de las fuerzas de izquierda trataban de demostrar la responsabilidad de las fuerzas de derecha por el estado de inquietud que existía en el país, llamando a sus representantes a la reflexión, éstos no ocultaban sus propósitos de salirse del marco de la legalidad republicana, anunciando en trenos apocalípticos el estallido del complot que venían preparando desde su derrota en las elecciones de Febrero.

Y como una experiencia política para el futuro, y como una necesidad de profundizar más, y de saber ver a tiempo los cambios que se producen en la correlación de fuerzas en el campo de nuestros adversarios, y afinar nuestra política, quiero recordar el papel que de una manera invariable y un tanto subjetiva continuamos atribuyendo a Gil Robles, viendo en él la cabeza de la conspiración antirrepublicana que estaba en el aire, que se mascaba cuando ya el papel de Gil Robles, sin dejar de ser importante en el campo de las derechas, no era el determinante.

Desde el fracaso de las derechas en las elecciones de Febrero, y aunque esto no se dijese públicamente por los interesados, el papel político de Gil Robles había descendido extraordinariamente. Este no aparecía para la extrema reacción como la figura y el jefe que ella necesitaba.

Y esto era tanto más cierto, cuanto que llevada la lucha política al terreno de la agresión abierta a la República y, con ello, a la guerra civil, no era Gil Robles el más apropiado para dirigir esta lucha, sino un hombre de otro tipo. A Gil Robles no le perdonaban haber abandonado el Ministerio de la Guerra, aunque allá hubiera colocado y dejado los hombres de la conspiración, ni tampoco le perdonaban la derrota de Febrero.

Gil Robles podía ser el hombre de los grandes discursos y de las frases pomposas; el hombre de la reacción y de la política de represión gubernamental. Thiers y Gallifet al mismo tiempo. Pero no el hombre capaz de encabezar y dirigir una sublevación. Y esto no lo ignoraban las fuerzas que estaban tras el jefe de la CEDA.

Fue hacia los militares hacia donde se orientaron las fuerzas derechistas. Y no es casual que fuese un militar quien tuviese en sus manos prácticamente los hilos de la conspiración, aunque en principio no fuese Franco. Este esperaba su hora y cuando ésta llegó, con el apoyo de Hitler, dio de lado a todas las fuerzas políticas de derecha que le respaldaron en la sublevación.

De la noche a la mañana y gracias a la eliminación «milagrosa» de Sanjurjo, Franco pudo nombrarse a sí mismo, con el voto decisivo de Canaris, agente destacado del espionaje alemán, Jefe del Estado y Caudillo de España «por la Gracia de Dios».

Y aunque fue el Partido Comunista el primero en denunciar los criminales manejos de los Franco y compañía, cuya peligrosidad era evidente, quizá no lo percibimos en toda su trágica hondura...

En aquella reunión de la Comisión Permanente de las Cortes, la voz de José Díaz, Secretario del Partido Comunista y diputado por Madrid, se alzó junto a las de los representantes socialistas y republicanos para responder a los discursos cínicos e insolentes de los representantes de las derechas.

«No podéis negar —dijo José Díaz—que estáis organizando complots. Estáis haciendo preparativos para un golpe de Estado, pero ¡tened cuidado! Todos nos hallamos vigilantes a fin de que no podáis llevar a España por el camino de la represión, del hambre y del descrédito. Haremos cuanto sea necesario para que la República no desaparezca de España. Y no consentiremos de ninguna manera que se pierda lo que ha costado tanta sangre y tanto esfuerzo conquistar.»

Ese mismo día, el Buró Político del Partido Comunista publicaba otro comunicado, llamando a todas sus organizaciones a ponerse en relación con las organizaciones regionales, comarcales y locales de Frente Popular para estar preparados ante cualquier eventualidad. El Partido Comunista no echaba en saco roto las amenazas derechistas. Se preparaba para hacerles frente. Estrechaba sus filas, establecía ligazón con otras fuerzas, se ponía al habla con militares leales y reforzaba las milicias obreras y campesinas.

«Los hechos de estos días han demostrado —declaraba el comunicado del Partido Comunista— el alcance de los planes sangrientos de la reacción y del fascismo, como ya nuestro Partido ha venido denunciando desde hace tiempo, en sus intentonas de imponer violentamente su dictadura salvaje y criminal. Frente a esas intentonas, una vez más, las masas populares se han puesto en pie, enérgica y rotundamente, como en el caso de Valencia.»

El día 16 de julio terminaba, con una victoria de los trabajadores, la huelga de los obreros de Calefacción y Ascensores, que había durado setenta y dos días. El mismo día se resolvió también con una victoria la huelga de los obreros de la Madera. En el polvorín contrarrevolucionario la mecha estaba encendida y el estallido era cuestión de unas horas.

D. I.

El régimen constitucional del aparato franquista cumple 30 años


El régimen constitucional del aparato franquista cumple 30 años


Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la clase burocrática del régimen y la derecha situada en el aparato franquista, puso en marcha un plan diseñado años antes para que una vez llegado este momento pudieran sobrevivir aspectos fundamentales del régimen político del movimiento nacional, asegurando de esta forma la continuidad del franquismo encarnado en la figura del sucesor del dictador, Juan Carlos de Borbón, el mantenimiento del estatus de los poderes fácticos y los enormes privilegios de las élites económicas y políticas existentes en ese momento en nuestro país.

El régimen dio sus primeros pasos en 1969, con el nombramiento Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco en la jefatura del Estado para asegurar el futuro de la dictadura, este se convierte en el dictador tras la muerte del general como jefe del estado que se transforma en rey de forma ilegal, vulnerando de forma consciente los derechos dinásticos existentes sobre la corona española, cuando jura como monarca ante las cortes franquistas los principios del "glorioso" movimiento nacional.

Éste proceso continúa con la constitución de facto de un partido cívico-militar encabezado por el propio dictador monarca, como jefe del estado y capitán general de los ejércitos, que controlará todo el proceso con ingeniosos trucos de ingeniería política diseñados por parte de influyentes ideólogos del aparato franquista, cuyos elementos principales se desencadenan de manera paulatina, primero, con la Ley de Reforma Política, después, con la legalización del PSOE y los partidos nacionalistas y la aprobación del derecho de asociación sindical, posteriormente, con grandes reservas y porque no quedaba otro remedio, con la legalización del Partido Comunista de España (PCE) el 9 de abril de 1977.

El régimen constitucional actual, por tanto, no es el resultado de un proceso constituyente que toma como base la participación popular y los deseos del pueblo soberano, sino es la resultante del pacto del aparato franquista y las élites políticas del país para transformar el sistema político sin cambiar el régimen franquista del movimiento nacional, aprobando una constitución que transfiguraba los principios del movimiento nacional asegurando la pervivencia de elementos estructurales de la legalidad política anterior, la continuidad de las personas que encarnaban a las elites políticas y económicas, y de las instituciones básicas heredadas del viejo sistema franquista.

De esta forma se firman los Pactos de la Moncloa y se constituyen las Cortes constituyentes, tras unas elecciones que se celebran con muy pocas garantías, los censos manipulados y con toda la ventaja para el aparato franquista, e incluso donde un número importante de senadores lo son por "designación regia" y no son electos. Estas Cortes designan a una ponencia constitucional cuyos miembros reciben el texto definitivo del informe sobre el anteproyecto de Constitución, que viene ya redactado de antemano y con el visto bueno del "partido cívico-militar" de Juan Carlos de Borbón.

Finalmente, con todo "atado y bien atado", comienzan los debates en la Comisión del Congreso y todos los grupos parlamentarios se muestran favorables a la aceptación del anteproyecto. La Comisión Constitucional del Senado rechaza todas las enmiendas referentes al derecho de autodeterminación y a favor de una república confederal. El 31 de octubre de 1978 el Congreso y el Senado, aprueban el proyecto de Constitución. El 6 de diciembre de 1978 se aprueba en referéndum el proyecto de Constitución aprobado por las Cortes Generales.

Los poderes fácticos mantienen intacto su poder

Los miembros del viejo aparato franquista que acapararon los escaños en las Cortes constituyentes, tuvieron entre sus objetivos principales, acabar con cualquier intento de cambio serio y profundo del régimen, y como tarea, la estructuración y diseño de un sistema político coherente con el mantenimiento de las estructuras anteriores capaz de mantener la preeminencia política y los privilegios de los poderes fácticos, alterando la correlación de fuerzas existente en la sociedad, introduciendo en el texto constitucional "cláusulas de ventaja" de forma que la adhesión al nuevo marco jurídico resultara contundente a la vez que incuestionable.

El plan se mostró efectivo, pero también es verdad que esa contradicción manifiesta que suponía cambiar el sistema político para mantener el régimen condujo a una ambigüedad que se ha comprobado cuando se fueron desarrollando los diversos aspectos y en la puesta en práctica de los preceptos constitucionales.

La monarquía parlamentaria es la forma política actual del Estado, por tanto la Corona no puede ser jurídicamente otra cosa que un órgano fundamental, que, como institución no electiva es inviolable y no está sujeta a responsabilidad según la constitución, por lo que puede hacer lo que quiera y no responder ante nada ni ante nadie. Además la monarquía recibe de los presupuestos del Estado una importante cantidad para el sostenimiento de su familia que distribuye libremente y sobre la que no tiene que dar cuentas, aparte de los fondos reservados.

Las funciones del rey no sólo son representativas, como Jefe del Estado le corresponden importantes competencias que podría ejercer de manera efectiva incluso en contra de la soberanía popular si lo considerara oportuno. Las principales prerrogativas del monarca son sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes generales, convocar elecciones, convocar a referéndum, declarar la guerra, consentir los tratados internacionales, proponer o nombrar al Presidente del gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno, conferir empleos civiles y militares, conceder honores y distinciones, ejercer el derecho de gracia, etc.

El rey ejerce también el mando supremo de las Fuerzas Armadas, por tanto el monarca es a la vez Jefe del Estado y Jefe del Ejército, figura constitucional que no es muy usual y que está ligada más bien a regímenes autoritarios como por ejemplo, Pinochet en Chile o Musharraf en Pakistán.

Las Fuerzas Armadas, puesto que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, tienen como misión principal garantizar la soberanía e independencia del Estado, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Su papel como poder fáctico está garantizado y desarrollado en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que atribuye importantes competencias al monarca como mando supremo del ejército, así como al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que podrían poner en jaque a cualquier gobierno.

La consideración de la religión católica como religión del estado esta presente a lo largo de todo el constitucionalismo español, y de esa forma continúa puesto que los preceptos constitucionales recogen el carácter preferencial de la religión católica cuando se afirma que "los poderes públicos tendrán en cuanta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica", que en la practica se concreta, entre otras cosas, en el Concordato con la Santa Sede, y en la recepción por vía directa a través de los impuestos (IRPF) y de los presupuestos generales de una importante cantidad de dinero para su sostenimiento, y por vía indirecta en una enorme cantidad en subvenciones, etc.

Por otra parte, el marco jurídico diseñado en la Constitución reconoce las libertades clásicas establecidas desde las revoluciones liberales: el estado de derecho, respeto a la dignidad humana, protección de las libertades, pluralismo político, democrática representativa, imperio de la ley, separación de poderes, pero, en la práctica, el estado no es capaz de asegurar su cumplimiento, convirtiéndolas en cuestiones de segundo orden.

Sin embargo, la constitución si protege celosamente la propiedad privada y el libre mercado en el mundo empresarial, que es una de las bases fundamentales del régimen político, y existen mecanismos rigurosos para hacer cumplir estos principios, mientras los derechos de los trabajadores no aparecen como derechos sociales que no se reconocen que existan sino como "principios en la actividad política y económica del Estado".

Por último, son también herencia del régimen del franquismo el poder Judicial y los tribunales de justicia, así como el papel que se le asigna a los medios de comunicación, la regulación y los límites de la libertad de expresión y el control de los mismos. Además de otras cuestiones como el "Estado de las Autonomías" y la ordenación administrativa del estado, que no abordamos en este artículo.

En síntesis, la clase burocrática y la derecha situada en el aparato de estado, trazaron un plan para asegurar la continuidad del régimen franquista, cuyos principales elementos fueron la monarquía, en alianza con los núcleos fundamentales del poder económico, religiosos, aristocrático, político y militar. Los supuestos iniciales para el cambio de sistema político fueron: no cuestionar el sistema socioeconómico establecido en el país, no plantear responsabilidades de la etapa anterior, y que el jefe del estado y del Ejército sería Juan Carlos de Borbón como cabecilla del partido cívico-militar y sucesor de franco, y posteriormente serían sus descendientes reestableciendo la línea dinástica de los Borbones que tantas veces fue rechazada por el pueblo español.

Ahora, el famoso "Pacto del silencio" parece desquebrajarse, incluso la monarquía da signos de debilitamiento, y los descendientes del actual monarca no parecen muy cualificados para reinar, por muchos cursos, títulos y formación que hayan recibido. Esto abre la esperanza a que en el futuro se den las condiciones objetivas para un verdadero cambio de régimen, que hoy no es posible, resultado de un proceso constituyente participativo y democrático que tenga en cuenta los deseos del pueblo soberano. Si luchamos en ese horizonte, sin duda la forma política de ese nuevo Estado será la República Democrática Federal sobre la base de los intereses de la clase trabajadora, que ya propugnaron las constituciones republicanas.

Este país tiene una deuda con una parte de su historia más reciente, con los que lucharon por la República, con los que lucharon contra la Dictadura, con los que lucharon por la Democracia. Nosotros que conquistamos la Libertad, los Comunistas, lo conseguiremos.