31 de octubre de 2009

España: Avanza una Ley de inmigración más restrictiva

El Congreso español dará luz verde mañana a una nueva ley de inmigración que restringe los derechos de los extranjeros en España al limitar la reagrupación familiar, endurecer las condiciones para renovar los permisos de residencia y elevar de 40 a 60 días el tiempo máximo de encierro de los "sin papeles” antes de expulsarlos.


La reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero será aprobada con el apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), quienes introdujeron 40 modificaciones al texto inicial, y Coalición Canaria (CC).


Los puntos más controvertidos del proyecto oficial como la restricción de la reagrupación familiar de ascendentes a personas mayores de 65 años, salvo razones humanitarias, y el aumento del plazo de retención de los inmigrantes "sin papeles” de 40 a 60 días, se mantienen.


"No nos oponemos a la ampliación del período de internamiento (encierro) de inmigrantes, pero hemos incorporado enmiendas para dar más garantías a los retenidos. Por ejemplo, la ley prevé que los jueces de instrucción de la zona donde están ubicados los centros fiscalicen su funcionamiento”, dijo hoy a Télam el portavoz de Inmigración de CiU, Carles Campuzano.


El diputado catalán sostuvo además que restringir la reagrupación familiar es una posición "defendible” en el actual momento de crisis, debido a que es necesario hacer "un esfuerzo de contención de los flujos migratorios”.
El aporte más significativo de los catalanes al proyecto es haber logrado una gestión descentralizada de los flujos migratorios, al blindar la participación de las comunidades autónomas de España en la política de extranjería.
Por ejemplo, las comunidades autónomas con competencia en materia de inmigración, como Cataluña, podrán contar con servicios en el extranjero para realizar directamente la contratación en origen y renovar los permisos de residencia.


Además, el gobierno autonómico tendrá un papel clave con la introducción del polémico principio de "esfuerzo de integración de los inmigrantes”, que será tenido en cuenta a la hora de autorizar la reagrupación familiar, la renovación de la residencia temporal y de larga duración, el arraigo y la obtención de la nacionalidad.


La idea es que "sin un esfuerzo, sin un conocimiento de las lenguas de la sociedad de acogida y sin compartir los valores básicos no hay integración”, explicó Campuzano.


Esto implica que cualquier extranjero que tenga que renovar su permiso de residencia, a un años de su llegada al país, deba acreditar que conoce la lengua local (en este caso el catalán) a través de un documento expedido por la Generalita (gobierno catalán), indicó el diputado nacionalista.


El gobierno autónomo será también el que determinará si la vivienda del extranjero es "adecuada” a los efectos de la reagrupación familiar o el que acredite la situación "en términos de orden público” del extranjero que solicite la renovación de la residencia temporal.


Aunque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) presentó una enmienda a la totalidad del proyecto socialista, el portavoz de Inmigración de la formación, Emilio Olabarria, afirmó hoy a Télam que "las aristas más agresivas de la ley en términos de derechos de los inmigrantes se fueron suavizando” por lo que no descartan dar su apoyo al texto.


Olabarria, quien había denunciado la impronta "berlusconiana” de la ley, se suma así a algunas de las medidas propuestas por sus "hermanos” catalanes, satisfecho por el aumento del poder de las comunidades autónomas en la gestión de la inmigración.


Asimismo, el diputado vasco asegura que aún se puede luchar para que el plazo máximo de encierro de los inmigrantes se quede en 40 días y no se amplíe a 60 días.


En tanto, el conservador Partido Popular (PP) y el grupo integrado por los partidos de izquierda, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), Izquierda Unida –Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), mantendrá, por motivos distintos, su oposición a la reforma de la ley de Extranjería.


El vocero del PP en temas de inmigración, Rafael Herando, afirmó en declaraciones a Télam que "en ningún momento el gobierno buscó un acuerdo con el principal partido de la oposición” y centró sus críticas en el mantenimiento de la figura del "arraigo”, que permite la regularización de las personas que ingresaron ilegalmente al país.


Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, sostuvo que el rechazo de la izquierda a la reforma de Zapatero cuenta con el aval de la mayoría, sino todas, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes, sindicatos, que se oponen a "un nuevo recorte de derechos y una visión utilitarista de la inmigración orientada a las necesidades productivas”.


Herrera destacó que la reforma supone un "endurecimiento de las condiciones de vida de miles de personas”, continúa "multando la solidaridad” (de las personas que acogen a los "sin papeles”), y es "una carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales de los inmigrantes”. (Télam)
Cecilia Guardati