12 de junio de 2009

Un familiar de la reina Sofía imputado por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio





Se trata arquitecto Carlos Morales, esposo de la princesa Alexia de Grecia, sobrina de la reina Sofía

El operativo anticorrupción que la Guardia Civil lleva a cabo en Lanzarote dio un espectacular giro con la toma de declaración del arquitecto Carlos Morales, esposo de la princesa Alexia de Grecia -sobrina de la reina Sofía -, en calidad de imputado por su supuesta participación en los delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Morales, que declaró ante agentes de la Guardia Civil del municipio de Teguise, pasa a ser el personaje más relevante imputado con la denominada operación Unión, a pesar de la presencia en la misma de numerosos representantes de la clase política y empresarial de la Isla de los volcanes.

Morales salió de las dependencias de la Benemérita, se introdujo en un vehículo y no hizo declaraciones a los periodistas. De esta manera, compareció desde primera hora de la mañana en el puesto de la Guardia Civil, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, que tenían previsto en la tarde de ayer tomar declaración -igualmente en calidad de imputados- a otros dos arquitectos de la Isla que no están detenidos y cuyos registros en sus despachos profesionales fueron practicados el pasado lunes 25 de mayo, al igual que en el estudio de arquitectura del marido de Alexia de Grecia.

De hecho, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron el citado día de abundante documentación tanto en papel como en soporte informático del estudio de arquitectura de Carlos Morales. La Benemérita investiga si Morales resultó favorecido por medios irregulares del Plan de Ordenación Urbana, precisaron las fuentes consultadas por Europa Press.

Su estudio fue uno de los numerosos registros que practicó la Benemérita en viviendas y oficinas en el marco de la denominada operación Unión, iniciada el referido día en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), después de que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, decretara la detención, entre otros, del ex presidente del Cabildo insular Dimas Martín.

Una veintena.

La operación Unión, que salió a la luz pública el pasado lunes 25 de mayo y que investiga una supuesta red de comisiones ilegales a empresarios en Lanzarote, se ha saldado hasta el momento con 20 detenidos, de los que el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de siete personas y otras 13 ha sido liberadas, aunque todas con cargos. Cuatro de los encarcelados son miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), otro es un socialista expulsado de dicha formación y dos son empresarios lanzaroteños.

Cabecilla Dimas.

El juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife ha imputado a todos los implicados un presunto delito de cohecho (soborno), aunque al líder histórico del PIL, Dimas Martín, al que se acusa de ser el cabecilla de la presunta trama de corrupción en Arrecife. también se le imputa un supuesto delito de tráfico de influencias, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Se da la circunstancia de que Martín ya cumplía una condena de privación de libertad en la cárcel de Tahiche desde hace años por delitos similares a los que nos ocupan.

La operación de la UCO de la Guardia Civil ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos de la organización, como son el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos, concesión de licencias, entre otros, según la Benemérita.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan futuras detenciones o imputaciones.

Marido de Alexia, la prima íntima de la infanta Cristina.

La vida de Carlos Morales (Arrecife, 1971) cambió para siempre en 1999, cuando se casó con la princesa Alexia de Grecia en Londres, con la que tiene cuatro hijos: Amelia (2007), Arrieta (2002), Ana María (2003), y Carlos (2005). Miembro de la Familia Real griega, su especial vínculo con la española hace de Morales un asiduo en los actos oficiales. Además de prima hermana, Alexia siempre ha sido considerada como una amiga íntima de la infanta Cristina.

SANFERMINES 1978. Artículo de opinión de Ramón Contreras López









PASADOS treinta años desde los acontecimientos de julio de 1978, siguen pendientes muchos temas. Las diversas instancias judiciales del Estado español no han querido determinar la responsabilidad de ningún agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado ni de sus mandos gubernativos ni políticos en aquellos sucesos. La injusticia no sólo se extiende al ámbito judicial, tampoco han sido depuradas las responsabilidades políticas, ni tan siquiera se han esclarecido las implicaciones de los diversos estamentos estatales. El silencio oficial ampara a los autores de la masacre y a los responsables políticos. Este silencio supone un agravio continuado a todas las víctimas de aquellos hechos, y niega el derecho a que impere la verdad sobre lo ocurrido.

Resulta de justicia que de una vez por todas se produzca el reconocimiento oficial de los hechos para que la historia recoja la verdad de lo ocurrido en julio de 1978. Para que de esa verdad histórica se puedan derivar y depurar todas y cada una de las responsabilidades por aquella barbarie. No debemos renunciar a que se haga justicia para garantizar, de este modo, que en el futuro las nuevas generaciones no reciban el olvido y las falsas versiones, sino toda la verdad sobre lo acontecido.

Durante estos treinta años ha sido el movimiento popular y social quien ha venido manteniendo vivo el recuerdo y las exigencias de verdad, justicia y reparación, concretadas en la persistencia de la estela en la avenida Roncesvalles, la conmemoración de cada 8 de julio y los diversos aniversarios celebrados. Ahora es el momento de que las instituciones, que hasta ahora han permanecido en silencio, se sumen a este esfuerzo. Y en este sentido nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo, al Parlamento navarro, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y al Ayuntamiento de Iruñea/Pamplona.

Siguiendo los precedentes de instituciones como el Parlamento vasco en relación con las víctimas del 3 de marzo de 1976, o del Parlamento andaluz respecto al asesinato de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977, resulta necesario que una institución como el Ayuntamiento de Iruñea/Pamplona ponga en pie una comisión de la verdad sobre los Sanfermines de 1978. Sería objeto de esta comisión el establecer los hechos acaecidos en la mencionada fecha: su origen, desarrollo y consecuencias, la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los diversos estamentos del poder (gubernativo, legislativo, judicial, policial, prensa...), las consecuencias y tratamiento de aquellos hechos, así como la reivindicación de la verdad que desde aquel 8 de julio se mantiene como un pulso frente a la injusticia y el silencio.

Igualmente, esta comisión debería proceder a una labor de recopilación de documentación e información sobre los hechos, así como, y de manera especial, recabar el mayor número posible de testimonios de los hombres y mujeres que fueron objeto de la actuación policial o testigos de la misma. Utilizando, para ello, los diversos estudios e informes elaborados, así como el material escrito y audiovisual existente, es especial por parte de los medios de comunicación y organismos sociales. Debería disponer de toda la información y documentación que las peñas de Iruñea han recopilado durante estos treinta años, así como el testimonio de sus miembros.

La comisión debería ampliar al máximo la aportación de los diversos agentes sociales, sindicales y políticos que así lo quieran, de la misma forma que de los ciudadanos que fueron protagonistas y testigos de aquellas trágicas jornadas, o que han luchado durante estos largos años por el esclarecimiento de los hechos y la reivindicación de la justicia por lo ocurrido. La comisión podría encargar la emisión de informes y estudios a entidades profesionales de historiadores, abogados, sociólogos..., al objeto de avanzar en la consecución de sus objetivos. El resultado final debería agregarse a los archivos municipales, y sus conclusiones remitidas a cuantas instituciones y estamentos estatales e internacionales se considere oportuno.

En este sentido, la iniciativa Sanfermines 78: gogoan! ha presentado recientemente una moción en el Ayuntamiento de Iruñea/Pamplona para que la Corporación pueda pronunciarse, esperemos en sentido positivo, y de esta manera ir saldando la deuda que por silencio tienen y avanzar, conjuntamente con la ciudadanía, en la consecución de las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación.

(Noticias de Navarra. 12 / 06 / 09)

Un ciudadano de Las Palmas retenido en el Aeropuerto por portar en su solapa la bandera republicana


República.es


"Eso no se puede llevar ahí. No está dignificando a la monarquía española", le habría recriminado un Guardia Civil

Recientemente ha tenido lugar un esperpéntico incidente en el aeropuerto de la isla de La Palma cuando un ciudadano se disponía a pasar el control de la Guardia Civil previo al embarque rumbo a la isla de Tenerife. En ese momento, fue retenido a causa de la bandera republicana que portaba en la solapa de su camisa.

Según el testimonio de esta persona, uno de los guardias civiles le dijo: «eso no se puede llevar ahí. No está dignificando a la monarquía española. Yo le pregunté si estaba de broma y me contestó que no».

Acto seguido, según el relato del todavía perplejo ciudadano, le pidieron que se identificara, tras lo cual, la víctima de este supuesto atropello contestó que primero quería hablar por teléfono con un medio de comunicación y con su abogado. Tras llevar a cabo las citadas llamadas los guardias le dijeron que les acompañara a «un cuarto» y que se quitara la bandera de la solapa, a lo cual este ciudadano se negó, replicándoles que «yo para adentro con usted sólo no voy. Usted me esposa aquí y me lleva al Juzgado de Guardia y si el juez me manda a quitarme la bandera lo haré».

A continuación, los guardias, con muy malos modos –según el relato de esta persona–, le obligaron a entrar en «el cuarto», acompañado por un: «¡por mis cojones!». Tras varios minutos de discusión y ante la tajante negativa a quitarse la bandera republicana de la solapa, entraron otros guardias civiles «al cuarto» y en vista de que la actitud de éstos era mucho menos agresiva, se prestó a identificarse y le dejaron marcharse. Antes de hacerlo, este ciudadano, ante el sentimiento de atropello flagrante al que sentía que había sido sometido, solicitó que el agente de la Guardia Civil también se identificara con el objeto de poder tomar las medidas oportunas, a lo cual accedió no sin «ciertas reticencias iniciales».

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