2 de julio de 2009

El blindaje legal de la monarquía




Enrique Santiago

El 2 de junio la Audiencia Nacional condenó a José Antonio Barroso, Alcalde de Puerto Real (Cádiz) por IU, a la pena de multa de 6.480 euros, más el abono de las costas judiciales, por la comisión de un delito de Injurias al Rey previsto en el articulo 491 del Código Penal.

Las actuaciones judiciales se inician por denuncia de la Fiscalia de la Audiencia Nacional, -la misma que se opuso al procesamiento de Pinochet, a la causa contra la dictadura argentina, y que actualmente se opone al procesamiento de los militares de EEUUU responsables del asesinato del periodista José Couso o a la apertura de la causa respecto a los crímenes cometidos contra la población civil de Gaza- a consecuencia declaraciones de Barroso en un acto republicano en Los Barrios (Campo de Gibraltar), el 16 abril de 2008, en el marco de la celebración del 77 aniversario de la proclamación de la II Republica.

El Alcalde Barroso realizó una critica a la monarquía como institución y a la dinastía que actualmente reina en España en particular, critica centrada en el lamentable papel desempeñado por los Borbones en la historia de España. La querella de la Fiscalia selecciona una serie de afirmaciones del camarada Barroso que descontextualizadas resultan sin duda ofensivas e incluso insultantes, pero que en su contexto -una intervención de 40 minutos de duración- apenas resultan anecdóticas.

Llama poderosamente la atención que todas las afirmaciones vertidas por Barroso -y otras que bien pudieran entenderse como más graves aun- hayan sido emitidas, reproducidas y difundidas previamente en libros y artículos de opinión sin que sus autores hayan soportado reproche penal alguno, quizás por que estos no eran cargos públicos de la única fuerza política estatal -Izquierda Unida- que defiende el inmediato advenimiento de la republica y critica abiertamente a la monarquía por considerarla una institución antidemocrática no sometida al escrutinio de las urnas, además de representar en la España actual los designios sucesorios del sanguinario golpista y dictador Franco.

Como ejemplo de autores y libros, citemos entre otros: José Maria Gil-Robles, Presidente de la CEDA, en su libro de memorias "No fue posible la paz"; Jesús Cacho, periodista, en su libro: "El negocio de la libertad"; "Juan Carlos I, el ultimo Borbón", de Amadeo Martínez-Ingles; o "La soledad del Rey", escrito por José García Abad.

Recordemos también las recientes manifestaciones vertidas por el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Sr. Joan Tardá, quien literalmente dijo en un acto publico "Muerte al Borbón", sin que la Fiscalia iniciara acción penal alguna.

Resulta de todo punto desproporcionado y discriminatorio que el mero hecho de repetir unas manifestaciones previamente difundidas por medios escritos y por canales comerciales de venta de libros o periódicos en toda, le pueda suponer a Barroso una sanción penal que en ningún momento ha sido adoptada respecto a los autores de similares y anteriores afirmaciones.

La acusación por parte del Fiscal, por los motivos arriba indicados, conculca lo establecido en el articulo 14 de la C.E. al vulnerarse el derecho del Alcalde de Puerto Real a la igualdad que todos los españoles tienen ante la ley, sin que pueda prevalecer causa discriminatoria alguna.

Desde un punto de vista político, no es aceptable que en Democracia una institución -la Jefatura del Estado- no pueda ser sometida a critica o escrutinio publico, ni que puedan denunciarse las actuaciones irregulares y posiblemente contrarias a la ley que su titular realiza con absoluta impunidad, máxime cuando dicha inmunidad en nuestra constitución no es temporal, sino vitalicia, toda vez que la Jefatura del Estado esta configurada como tal además de estar prevista su transmisión hereditaria entre los miembros de una única familia, sin que sobre este sistema tan escasamente democrático nunca jamás el pueblo español haya podido pronunciarse expresamente. El blindaje legal de la monarquía en nuestro modelo constitucional alcanza extremos como la prohibición de probar la veracidad de la afirmación emitida respecto a los miembros de la familia real -la denominada "exceptio veritatis"- acreditación que excluiría culpabilidad alguna por injurias a la persona que puede probar en el procedimiento penal la verdad contenida en la afirmación que realiza, aunque dicha afirmación tuviera apariencia ofensiva y/o insultante. Lo anterior indudablemente conculca el artículo 24 de la Constitución, que prevé el derecho de los ciudadanos a utilizar todos los medios legítimos de defensa en un proceso penal

Esta imposibilidad de acreditar la veracidad de lo afirmado, sin duda conculca, además de los citados artículos constitucionales, el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Todos son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual protección de la ley), el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos (…) de cualquier índole (…) nacimiento (…)", así como los artículos 6 (derecho a un proceso equitativo) y Art. 14 (prohibición discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos

De hecho, el tribunal que juzgó al compañero Barroso no admitió ninguna de las pruebas testificales propuestas por la defensa, así como también rechazó varias de las pruebas documentales propuestas.

El tribunal sentenciador igualmente ha rechazo considerar que las manifestaciones hechas por Barrosos lo fueron en el ejercicio de su libertad de expresión -derecho fundamental reconocido para todos los ciudadanos en nuestra constitución- obviando que el derecho a expresar ideas y convicciones, es de un interés preponderante sobre el honor cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones político-estatales, como es el debate sobre al idoneidad de la monarquía en general y de la monarquía española en particular, para ocupar la jefatura del estado. En democracia, la jefatura del estado es una función política, y quien la ocupa está inmerso en los devenires de la critica política, siendo dicha critica política consustancial al cargo en un estado de derecho Las restricciones a la libertad de expresión se deben aplicar con un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de crítica en materia política y a una institución -la monarquía- legítimamente cuestionada en un sistema democrático que no debe aceptar, por definición, que la Jefatura del Estado se traspase de padres a hijos por derecho de nacimiento y sin refrendo electoral alguno por parte de los ciudadanos tras 33 años de ejercicio ininterrumpido. Sin duda estamos ante manifestaciones hechas en ejercicio del Derecho a la libertad ideológica de quien las emite (Art 16 CE). El pluralismo político hace esencial que el derecho fundamental a la libertad ideológica no se recorte ni tenga más limitación que los establecidos para mantener el orden público protegido por la ley, orden público en absoluto perturbado por las manifestaciones del compañero Barroso.

Enrique Santiago es abogado de la defensa de José Antonio Barroso



mundo-obrero@pce.es

Diamantes y las guerras de África



José Lucas





No es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África, Angola, Sierra Leona y R.D . del Congo, hayan tenido lugar en países productores de diamantes.

El Tribunal Especial para Sierra Leona continúa en La Haya el juicio contra Charles Taylor, expresidente de Liberia, a quien se acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad, cuando entre 1997 y 2002 apoyó a la guerrilla del Frente Unido Revolucionario (RUF) de la guerra de Sierra Leona, donde murieron 50.000 personas.

La relación entre diamantes y guerras africanas parece innegable, así lo afirma Ark Doyle, experto en asuntos internacionales de la BBC, quien señala que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África, Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo, hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Esto mismo fue reconocido en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó una resolución donde se reconocía que los diamantes en zonas de conflicto son un factor de importancia crucial en la prolongación de las brutales guerras de algunas partes de África.

El continente africano ostenta actualmente un 66% de la producción mundial de diamantes (sobre todo en Botswana y R.D. del Congo. Igualmente Sudáfrica, Angola y Namibia). Sólo el 10% del beneficio queda en manos africanas. El resto pasa a las naciones industrializadas, que devuelven la materia prima procesada en costosísimas joyas que multiplican por diez el precio de adquisición. El 90% de los diamantes africanos son vendidos en Amberes (Bélgica). Una parte de los diamantes vendidos por las guerrillas africanas, como la UNITA de Angola, era transportada en vuelos directos y periódicos a Amberes desde los mismos yacimientos bajo sus dominios.


La historia del acusado por crímenes de guerra, Charles Taylor, resulta bastante rocambolesca. Se sabe que cursó estudios de economía en EE UU, donde pasó más de una temporada en prisión por temas financieros. En 1985 huye de la cárcel llega a Libia y pasa a ser el protegido de Muammar al-Gaddafi. Algunos han dicho que en realidad era un agente doble de la CIA, aunque resulta imposible saberlo. Con guerrillas entrenadas en Libia inicia una guerra en su país, Liberia, que dejaría entre 50.000 y 200.000 muertos. Finalizada la guerra asume la presidencia del país después de unas elecciones que le dieron el 75% de los votos. Algunos comentaristas llegarían a afirmar que muchas poblaciones le votaron masivamente como una forma de protegerse de las matanzas tan frecuentes por aquel entonces. Se sabe que tuvo negocios con el telepredicador evangelista Pat Robertson, a quien concedió licencias de minas de diamantes que este último había pagado con los beneficios obtenidos de sus organizaciones caritativas, según los tribunales del Virginia (EE UU).

Charles Taylor parece encajar perfectamente en el esquema actualmente promocionado para explicar muchas de las guerras africanas cuyo trasfondo económico es imposible de ocultar, que consistiría en iniciativas de señores de la guerra o mafias locales que se alían con poderes sin escrúpulos o con multinacionales mineras, con quienes intercambian minerales por armas y dinero. Es una fórmula que permite además eludir la responsabilidad de las potencias occidentales, cuya actuación sería en todo caso muy secundaria. Ésta es también la fórmula que parece que ha elegido la Administración Bush, cuando hace unos meses puso en la lista negra a varias multinacionales mineras occidentales por alentar el conflicto del Congo. Si este esquema es posible que encaje en el conflicto vivido en Sierra Leona, resulta imposible que se pueda aplicar a países de mayor importancia minera y geoestratégica, como es el caso de Angola o la R.D. del Congo, que poseen no sólo una considerablemente mayor producción de diamantes, sino que éstos son secundarios frente a otras riquezas: petróleo (Angola) y cobre, uranio, estaño, cobalto, oro, coltán, petróleo, maderas preciosas y un largo etcétera (Congo).

El brazo largo de EE UU

En los conflictos de países como Angola o R.D. del Congo (un millón de muertos en Angola en 20 años y unos cinco millones en Congo en cinco años), la creación de guerrillas como UNITA, FNLA (Angola) o RCD, MLC, etc. (Congo), las movilización de ejércitos de países vecinos, las estrategias militares, mediáticas, estrategias de impunidad para aliados, son indudablemente una iniciativa de EE UU en su objetivo de sustituir a unos presidentes por otros más acordes con sus intereses económicos. Así se hizo en Angola contra Dos Santos, y en el Congo contra Mobutu Sese Seko (primera guerra del Congo del año 1996), y contra Laurent Kabila (segunda guerra del Congo 1998- 2003). Contra el ex aliado de EEUU, Mobutu, con el objetivo de sustituir en el Congo el dominio francés, y contra Laurent Kabila, cuando se retractó de los contratos firmados con la American Mineral Field Inc.

Si los tribunales de justicia internacional no han tenido el menor problema a la hora de juzgar la guerra de Sierra Leona, no ha ocurrido lo mismo en los otros países de mayor importancia geoestratégica. En estos últimos casos, la actuación de los tribunales internacionales de justicia o bien ha sido impedida, o bien está fuertemente presionada y se limita a juzgar a señores de la guerra muy secundarios, como Thomas Lubanga en el conflicto congoleño. Algo de esto acaba de declarar la jurista Florence Hartmann, autora del libro Paix et Châtiment, y ex portavoz del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda): EE UU, en su objetivo de proteger a Paul Kagame de Ruanda (aliado de EE UU en la guerra del Congo) utilizó toda su fuerza para obtener la expulsión de la magistrada italiana del TPIR, Carla Di Ponte, quien había intentado la realización de encuestas para juzgar el genocidio contra los hutus por parte del ejército de Kagame.

Autor: José Lucas, miembro del Comité de Solidaridad con el África Negra.

Los últimos antifascistas asesinados por el dictador Franco





Álvaro Fernández Colectivo Iñaki Roa Risk




Los últimos antifascistas asesinados por el dictador Franco
José Luis Sánchez Bravo-Sollas, fusilado el 27 de septiembre de 1975, ha visto denegada su condición de víctima del fascismo español por pertenencia a la "banda terrorista" FRAP.

27 de septiembre de 1975

CARTA ABIERTA
Como ex-militantes del PCE (m-l) y del FRAP, ante la decisión de la Comisión de Valoración de la llamada Ley de la Memoria Histórica, que rechaza la condición del víctima de José Luís Sánchez Bravo (fusilado el 27/09/1975), al interpretar dicha comisión y los informes policiales requeridos, que el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue una organización terrorista negándole su carácter político y antifascista,

exponemos:



1. El 27 de septiembre de 1975 cinco antifascistas eran fusilados en distintos lugares del estado. En Hoyo de Manzanares (Madrid), los militantes del PCE (m-l) y del FRAP: Xosé Humberto Baena, José Luís Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz. En Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el militante de ETA: Juan Paredes “Txiki”. Y en el Penal de Villalón (Burgos), el también militante de ETA: Ángel Otaegui.

2. Las sentencias se dictaron en consejos de guerra sumarísimos, sin pruebas, sin garantías judiciales, con expulsión de abogados, sin tener en cuenta las torturas a que fueron sometidos los detenidos. La violencia fascista de la dictadura mostró, una vez más, su rostro más feroz.

3. El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre de 1975, por unanimidad y pronunciamiento personal, ratificó las cinco sentencias de muerte y se conmutaron las de los militantes del PCE (m-l) y el FRAP: Manuel Blanco Chivite, VIadimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras.

4. Ante la ola de manifestaciones y protestas estatales e internacionales, de repulsa de estos crímenes, el 1 de Octubre 1975 un Franco balbuceante junto a Juan Carlos de Borbón salían al balcón del Palacio de Oriente a recibir los aplausos de los fascistas allí congregados. El dictador moría cuarenta días después y Juan Carlos era proclamado rey de la monarquía instaurada por Franco.

5. El Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y posteriormente el FRAP, presido por Julio Álvarez del Vayo, era ante todo un marco político de carácter frentista, antifascista y republicano, que adecuó sus formas de lucha y autodefensa popular a las ofensivas represivas de la dictadura.

6. La llamada Ley de Amnistía de 1977, es la base sobre la que construyó el modelo de impunidad español de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración permanente de los derechos humanos del nacional-catolicismo fascista español, y que pone en el mismo plano de igualdad a víctimas y verdugos.

7. El fascismo español ha sido denunciado en los procesos de Núremberg, en Naciones Unidas y por toda la legislación internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ratificado todo ello recientemente, por primera vez en sede judicial, por los autos del juez Garzón.

8. La llamada Ley de la Memoria Histórica, la 52/07, es un simple maquillaje del modelo de impunidad construido en 1977. Una ley que deja fuera de la “memoria oficial”a los guerrilleros, Luchadores por la Libertad y la República, a los niños secuestrados, robados a sus madres en las cárceles fascistas y entregadas a familias del régimen, a los que resistieron legítimamente al fascismo por todos los medios, que no anula las farsas de juicios de los tribunales ilegales del franquismo y otros aspectos no menos importantes de 40 años de violencia fascista.

9. Que es inadmisible que en 2009, todavía, la policía del estado español siga ratificándose en el carácter terrorista del FRAP basándose en una sentencia franquista y por tanto concediendo toda legalidad al sistema judicial de la dictadura.

Más allá de nuestros aciertos y errores, no renunciamos a nuestro pasado y presente antifascista y republicano. Ni aceptamos, ni nos resignamos a ser tratados de “terroristas”. Seguiremos, en el marco de esta democracia de baja intensidad y/o a nivel internacional, luchandopor los principios democráticos de Verdad, Justicia y Reparación, contra la vulneración de los derechos humanos, contra las injustas sentencias de los tribunales militares y civiles, los crímenes de estado, la involución democrática y los recortes de los derechos civiles, contra la tortura, … aquí y en cualquier parte del mundo.

Estado español, junio de 2009


Firman:

Álvaro Fernández Alonso, Milagros Riera, Joan Aguirrezabal Foraste, ...

¿QUÉ PASA EN HONDURAS?


golpista Micheletti




Por Máximo Kinast

Lo que pasa es rocambolesco. No es tan simple como eso de ‘cuatro romanos y cinco cartagineses’ con que explicaba García Lorca una riña de pueblo, si la memoria no me falla.

Ante todo debo aclarar que no hubo un Golpe de Estado: HAY UN GOLPE DE ESTADO en marcha, en pleno proceso de consolidación.

Lo curioso es que se trata de un Golpe casi diferente, aunque hubo precedentes en la historia. Al menos recuerdo dos: El asesinato de Kennedy y el Golpe Mediático contra Chávez.



En ambos casos se siguen estos pasos:


1º Una cobertura mediática mundial, anterior al Golpe, de desprestigio a la gestión del Presidente. En http://espanainsolita.blogia.com se pueden leer dos artículos que explican muy bien este tema: uno de Andrés Sal.lari (especial para ARGENPRESS.info) y otro de Luís Sepúlveda, difundido por LeMondeDiplomatique.cl
En el Caso Kennedy llegaron a publicar carteles en Dallas, antes del asesinato, con el tradicional SE BUSCA - VIVO O MUERTO y la foto del Presidente.




2º Se anula al Presidente, ya sea mediante su detención, asesinato o cualquier otro procedimiento. En este punto es irrelevante si el Presidente firma o no firma una carta de renuncia. Vivo o muerto se le aparta del Poder.

3º El Congreso (y de ser posible el Poder Judicial también) nombran o reconocen a un nuevo Presidente lo más pronto posible. En el Caso Kennedy, Johnson juró el cargo en el avión presidencial sin perder ni un minuto.

4º Ante los hechos consumados, los golpistas sólo necesitan mantenerse en su posición. Aunque todo el mundo los repudie, si aguantan el tiempo suficiente, su gobierno espurio se consolidará. Al menos esa es la esperanza que los mantiene. Y la fuerza de la clase dominante, que por su cultura es capaz de usar Internet mejor que el pueblo y son capaces de publicar comentarios en los diarios de todo el mundo, escribiendo en nombre de todo el pueblo, cuando en realidad se trata de una ínfima minoría.

5º Una campaña mediática de apoyo posterior al Golpe. Esta campaña es extraordinariamente sutil. El lector desprevenido creerá estar leyendo una campaña contra los golpistas, porque son denunciados como tales, PERO (en una primera fase) se intercalan frases de desprestigio al gobernante depuesto y se usan EUFEMISMOS (CNN habla de ‘cambio forzado de gobierno’ y no dice claramente Golpe de Estado) con lo que se consigue DESINFORMAR (que es la principal función de los medios tradicionales de difusión). La campaña puede ir poco a poco apoyando a los golpistas y terminar declarando la ‘legalidad’ del Golpe de Estado, incluso la inexistencia de dicho golpe, e imponer la idea de que hubo un simple y legal ‘cambio forzado de gobierno’. Otra variante podría ser olvidar el tema y dejar que los ánimos se enfríen.

6º Todas las organizaciones y todos los gobiernos condenan el golpe y eso pareciera ser suficiente. PERO NO LO ES. Las declaraciones sólo son manifestaciones de buena voluntad sin efecto práctico. Si no hay sanciones económicas y cierres de frontera, en el interior del país el golpe se consolida y todos sabemos que la Real Politik obliga a los gobiernos a retroceder, rectificar, componer y bajarse los pantalones si los intereses superiores (los de USA, por supuesto) así lo exigen.

7º La intervención de las Fuerzas Armadas es mínima. Un requisito esencial para el éxito es que no se comporten como si fuesen el Ejército de Chile, vale decir, sin asesinar, torturar ni desaparecer a los opositores, sino con el sólo efecto de controlar la situación. El axioma (falso, por supuesto, pero creíble) es que mientras menos violencia el golpe es menos golpe y es más ‘democrático’.

¿Es esto lo que ha ocurrido en Honduras?
Todo parece indicar que si, que es un Golpe de Estado en marcha.
Primero. La campaña mediática mundial de desprestigio al Presidente Zelaya.
Segundo. Su detención y expulsión del país.
Tercero. La mascarada carnavalesca del Congreso y sus discursos patrióticos en defensa de los sagrados intereses de las seis familias dueñas del país y de los Estados Unidos de América, copropietario de Honduras.
Cuarto. Ahí están, esperando.
Quinto. La campaña mediática que ya está en marcha. Por ejemplo, Joaquim Ibarz de La Vanguardia en su artículo “Honduras, aislada del mundo” dice posibles verdades como: “El golpe de Estado ha convertido a un político populista y mediocre como Manuel Zelaya en un héroe de la democracia americana.” Dice medias verdades como: “El rechazo internacional ha unificado a las fuerzas vivas del país, a las que horroriza la perspectiva de que Zelaya pudiera volver a la presidencia…” Es una media verdad porque no especifica que entiende por “fuerzas vivas”. ¿Los sindicatos, para Ibarz, son o no son “fuerzas vivas”? Y miente diciendo la verdad, como cuando afirma, refiriéndose a Micheletti: “…algunos lo consideran como un gobernante de facto.”
¿Quiénes son algunos? Para mí, ese ‘algunos’ son casi todos los gobiernos del mundo y varias organizaciones internacionales como la OEA. Es verdad que son ‘algunos’, pero la palabra esta utilizada para dar la imagen de que unos pocos hondureños piensan que Micheletti esta ilegalmente como Presidente. Eso se llama desinformar, o bien, mentir diciendo la verdad.

6º Las declaraciones son palabras y “las palabras son aire y van al aire”, como decía Bécquer, o puesto en boca de Hamlet: “Palabras, palabras, palabras” (Shakespeare). Una nota curiosa, pero muy clara, lo constituyen las ambiguas declaraciones iniciales de Obama. Tanto podían servir para un roto como para un descosido. Si las unimos al hecho de que USA ha sido de los últimos en apoyar al presidente legítimo, nos confirma en la tesis de su implicancia en la planificación, organización y aprobación de este Golpe de Estado de nuevo estilo.

7º El uso (y abuso) de la fuerza parece haber sido el gran error táctico de este Golpe de Estado. Es posible que eso lo lleve al fracaso. Eso, y las denuncias por Internet.