27 de julio de 2009

La República y la republicanización de Navarra

La primera Comisión Gestora de la II República, en la toma de posesión de sus cargos el 25 de abril de 1931. Detrás de la mesa se encuentran, de izquierda a derecha, Munilla, Jaime, el vicepresidente Salinas, el gobernador civil Ruiz del Río, Soriano, Fernández de Piérola y García Larrache. Los dos de los extremos están sin identificar.


La instauración de la II República estuvo cerca de provocar un profundo cambio en la Comunidad Foral. De hecho, la Diputación de Navarra aprobó en 1932 el Estatuto Vasco Navarro, que no salió adelante por el rechazo de los ayuntamientos

Las etapas de la República

La profusión, especialmente en los medios de comunicación y en los últimos años, de valoraciones radicales y del todo contrapuestas sobre la II República, ha hecho que se haya difundido entre la opinión pública la idea de que ese periodo histórico constituyó un todo unitario. Sin embargo, la realidad es que en los cinco años y tres meses que duró la legalidad republicana existieron varias etapas muy diferentes entre sí. Además, en rigor, el carácter transformador que se suele predicar del periodo republicano solamente es cierto para el periodo inicial, para sus dos primeros años y medio (de abril de 1931 a noviembre de 1933), así como para sus últimos cinco meses, si bien en esta última fase con una crispación en ascenso.

En la mencionada etapa inicial hay que distinguir la fase del Gobierno provisional. Constituido por dirigentes de partidos republicanos de todo el espectro (tanto de la derecha como del centro y de la izquierda) y del PSOE, partido éste al que le correspondían tres ministerios, desarrolló reformas de importancia, pero sin una acción concertada. Su existencia se prolongó tras las elecciones generales de junio de 1931, ganadas por las candidaturas de la coalición gubernamental, sobre todo por las formaciones situadas a la izquierda, hasta la aprobación de la Constitución en diciembre a causa de que los partidos de aquélla así lo pactaron.

Aun cuando el Gobierno provisional había introducido novedades de alcance, suele considerarse al bienio social azañista como el bienio reformista por excelencia. El Gobierno de Azaña, que duró desde diciembre de 1931 hasta septiembre de 1933 y que respondía a los designios de las urnas en las elecciones de junio, fue el Gobierno de mayor estabilidad del periodo republicano. Fue un gobierno netamente de izquierda con PSOE, Acción Republicana (AR), Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) y otros partidos catalanes y gallegos. El Partido Republicano Radical (PRR), que había estado presente en el Gobierno provisional, no participó ahora por su negativa a cohabitar con el PSOE y por su creciente deriva ideológica hacia posturas socialmente conservadoras. Fueron señeros los avances en política educativa y en política social, pero también se desarrolló una labor diligente en política económica y en obras públicas. Además se introdujeron reformas en el Ejército y se aprobó en septiembre de 1932 la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto catalán. El final de este bienio azañista fue resultado, sobre todo, de la oposición que, desde principios de 1933, llevó a cabo el Partido Radical contra la coalición gobernante con el apoyo de los sectores centristas del PRRS y la colaboración del presidente de la República, Alcalá Zamora, republicano conservador. Éste forzó remodelaciones ministeriales en junio y septiembre de 1933, la segunda acompañada de la destitución de Azaña como presidente del Gobierno, así como de la expulsión de los ministros socialistas.

Tras las elecciones de 19 de noviembre de 1933, los dos partidos más votados fueron la CEDA de Gil Robles, un partido conservador, católico y con signos de fascistización, y el Partido Radical de Lerroux, dando comienzo el bienio radical cedista. En él, la República cambiaría de rumbo con la derogación de las reformas sociales del bienio anterior o la permisividad en relación con el incumplimiento de facto de las mismas y con la revisión de la Ley de Reforma Agraria. También se desarrolló en esta etapa una política de hostilidad y represión de la izquierda y de los nacionalismos vascos y catalán que polarizaría fuertemente la dinámica política de la República.

La primera Gestora de la Diputación y la republicanización de Navarra

En el caso de Navarra el periodo de esperanza también se ciñó al primer bienio, sobre todo gracias a la acción concertada de tres de los siete miembros de que se compuso la primera comisión gestora de la Diputación nombrada desde Madrid según el Decreto de 21 de abril de 1931. Esa Gestora estuvo constituida por cuatro republicanos, un socialista, un carlista y un monárquico. A diferencia de lo que sucedió en las Gestoras de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que estaban formadas sólo por integrantes de partidos de izquierda (republicanos y socialistas en la primera provincia; republicanos, socialistas y de Acción Nacionalista Vasca en las otras dos), en Navarra se dio entrada a miembros de la derecha. Esa primera Comisión Gestora duró hasta comienzos de 1933.

De los siete miembros de esa primera Gestora de la Diputación, el vicepresidente Constantino Salinas, socialista, y los republicanos Rufino García Larrache y David Jaime Deán apoyaron sin vacilaciones una firme estrategia de republicanización de Navarra, asentada en dos ejes: por un lado, la configuración de un espacio político institucional común junto con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a partir del Estatuto Vasco Navarro impulsado por las propias Gestoras Republicanas de las cuatro Diputaciones y que, tras ser consensuado en principio por todas las fuerzas políticas, fue debatido en 1932; por otro, mediante la complementación en sentido progresista, en aquellas áreas en que la Diputación tenía competencias, de las medidas agrarias reformistas tomadas para el conjunto del Estado por el Gobierno central, con el fin de favorecer a los sectores más desfavorecidos de la mitad sur de Navarra.

Partiendo del hecho de que la conjunción republicano socialista en Navarra había conseguido el 36% de los votos en las elecciones de junio de 1931, esa estrategia de republicanización de Navarra tenía en cuenta tres premisas. En primer lugar, la mayor fuerza en el resto de territorios vascopeninsulares de la entente de republicanos y socialistas (del 40% de los votos). En segundo lugar, a partir de diciembre de 1931, el PNV había aceptado la legalidad republicana (expresándolo en la nota de acompañamiento de la votación a favor de la investidura de Alcalá Zamora como presidente de la República, así como en su admisión de la regulación legal del proceso estatutario vasco navarro fijada por un decreto del Gobierno Azaña redactado por Prieto), rompiendo de hecho la coalición católico fuerista. Esta coalición, acordada por jeltzales , tradicionalistas y conservadores para las elecciones de junio, se basaba en el impulso del Estatuto de Estella con el fin de conformar un espacio autónomo que escapara de la legalidad de la República, objetivo en que persistirían los carlistas. La fuerza del PNV en Guipúzcoa y Vizcaya podía conllevar un escenario de pacto entre la izquierda y el nacionalismo en el Gobierno regional resultante de la aprobación del Estatuto Común. La tercera premisa consideraba que, desde luego, sería mucho más irrealizable la hipótesis de que la izquierda gobernara en una Navarra configurada como espacio uniprovincial separado.

Por otra parte, el apoyo de republicanos y socialistas al Estatuto común de 1932 contaba con dos cláusulas de salvaguarda. En primer lugar, la forma de elección de los parlamentarios en el Legislativo común les beneficiaba.

En segundo lugar, el Estatuto Común, en el caso de ser aprobado por los representantes municipales en la Asamblea final correspondiente, podía ser enmendado posteriormente por los ayuntamientos, pero, sobre todo, por las Cortes a lo largo de su tramitación parlamentaria. Así, el texto finalmente resultante del proceso podía ser incluso más favorable en sus contenidos a los postulados que defendía la izquierda.

Los resultados. Las medidas agrarias

Esa estrategia bifronte no surtió los efectos esperados. Las medidas a favor de los sectores campesinos más desfavorecidos de la mitad sur dieron escaso fruto. A pesar de que las 12.440 hectáreas de la nobleza titulada en Navarra hacían que nuestra provincia ocupara la decimotercera posición en un ranking provincial, la Ley de Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932, no se aplicó aquí, sino sólo en las provincias del sur de España. En relación con el tema de las corralizas, un decreto de enero de 1933 que permitía a los ayuntamientos recuperar comunales, fue invalidado al mes siguiente. Por último, las actuaciones de la Gestora de la Diputación en relación con el nuevo reparto del comunal cedido en usufructo en varios pueblos, para favorecer así a los jornaleros según lo solicitaba la UGT, sirvió para una cada vez mayor polarización sociopolítica a la que la derecha y los sindicatos agrarios católicos se adaptaron muy bien. Los jornaleros (en un elevado número, ugetistas) se enfrentaron, además de con la oligarquía terrateniente, con propietarios pequeños y medianos con los que discrepaban en temas de relaciones laborales y, especialmente, en el tema de los comunales. De esta forma, de hecho, en las elecciones de 1933 se aprecia un corrimiento electoral hacia la derecha del campesinado pequeño y mediano propietario de la Ribera.

El proyecto de Estatuto Vasco Navarro de 1932

Respecto al Estatuto común, fracasados los dos proyectos debatidos en 1931 (el de Estella y el de las propias Gestoras de las Diputaciones) por no ser acordes a la Constitución de la República, tras la aceptación del PNV de la legalidad republicana y de la normativa de elaboración de un nuevo proyecto, éste echó a andar a partir de enero de 1932 con el mandato preceptivo de las asambleas provinciales. La Comisión que lo elaboró era plural: contaba con cuatro republicanos, tres socialistas, un nacionalista, un tradicionalista y un católico independiente. De ellos, tres eran navarros: el republicano Rufino García Larrache, el católico independiente Rafael Aizpún Santafé y el socialista Salvador Goñi. El primero de ellos fue uno de los cuatro redactores finales del texto. El texto integraba la problemática específica de la Ribera y se hacía eco de reivindicaciones agraristas de izquierda muy frecuentes en el sur de Navarra en relación con los comunales y el arriendo de cultivos. Ese proyecto estatutario tuvo el apoyo de toda la Gestora de la Diputación de Navarra el 5 de mayo de 1932, a excepción del de uno de sus miembros, el republicano tudelano Luis Soriano. La Comisión Gestora, con la misma abstención de Soriano, se manifestó públicamente el 2 de junio a favor del Estatuto y tomó medidas en su apoyo.

Con todo, finalmente, en la asamblea de Pamplona del 19 de junio de 1932, los representantes de los ayuntamientos navarros, tras reunirse separadamente, votaron en contra del proyecto del estatuto común: sólo 109 (que representaban a 135.585 habitantes) de los 267 municipios votaron a favor del Estatuto común; 123 (con 186.666), votaron en contra; y 35 (con 28.859) se abstuvieron. De este modo, mientras las otras tres provincias aprobaban mayoritariamente el Estatuto, Navarra quedó desenganchada del proyecto.

El fracaso del proyecto autonómico común fue ocasionado primordialmente por el rechazo o la abstención de 111 de los 196 ayuntamientos controlados por la derecha, que suponían el 56,5% de ellos y el 70,2% del total de los ayuntamientos que no dieron su apoyo a aquél. Al fracaso también coadyuvó el voto contrario de los representantes municipales de los ayuntamientos gobernados por la izquierda, posicionamiento que sumaba 3 de cada 10 votos en contra de la propuesta de unión vasco navarra. Dentro de la derecha pesó la postura contraria del Diario de Navarra y de la mayoría de los carlistas y de los conservadores. Dentro de la izquierda, las actitudes de absoluto rechazo del PRRS, del PSOE y de la UGT tuvieron fuerte incidencia, siendo en Navarra Acción Republicana el único partido republicano favorable. En semejante contexto la resuelta campaña de los nacionalistas vascos, débiles en Navarra, poco podía hacer.

¿A qué se debió la escasa socialización entre la conjunción republicano socialista de la apuesta estratégica de Salinas, Jaime y García Larrache, los tres miembros de la Gestora más comprometidos con la República en Navarra, tal y como demostraría su trayectoria posterior? Para responder a esa pregunta habría que enfocar, quizás, no tanto hacia la validez de su estrategia política como hacia problemas derivados de las relaciones grupales y personales entre las formaciones de izquierda en Navarra, en el conjunto de Vasconia y en el Estado, un tema todavía por trabajar.

El escenario posterior

Las elecciones generales de 1933 supusieron un gran cambio de escenario también en Navarra donde la derecha creció fuertemente, consiguiendo el 71% de los votos, a costa de republicanos y socialistas. Posteriormente, la derecha, gracias al apoyo de los republicanos radicales, ganó en 1934 el Ayuntamiento de Pamplona y en 1935 se hizo con el control de la Gestora de la Diputación. La Gestora surgida tras las elecciones para su renovación estuvo formada exclusivamente por miembros del Bloque de Derechas, a excepción del representante tudelano, el republicano radical Cándido Frauca, quien había llegado a un arreglo con aquella coalición. La actividad de esta Gestora de Derechas sirvió para modificar a su favor el rumbo de la política foral, derogando o frenando la normativa de reforma de las entidades locales, aprobando un nuevo reglamento sobre la constitución y el funcionamiento del Consejo Foral Administrativo y paralizando la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Bajo todo ello, los problemas agrarios no sólo no se solucionaron, sino que la patronal y la derecha abolieron las conquistas anteriores o las convirtieron en papel mojado. Y lo que es más importante, Navarra se configuró como un territorio liberado preservador de los viejos valores, como la nueva Covadonga, en el que la derecha se aprestó para la movilización contra la República y la reconquista de España. Como colofón, dirigentes y militantes republicanos y socialistas protagonizarían el grueso de los 3.000 asesinados por los sublevados.Diario de Noticias