19 de agosto de 2009

Plaza de toros "vista alegre" Bilbo, plaza de toros franquista





SARE ANTIFAXISTA


En el centro de Bilbo, nos podemos encontrar un autentico simbolo del franquismo fascista,

En el centro de Bilbo, nos podemos encontrar un autentico simbolo del franquismo fascista, repleto de todo tipo de simbologia del regimen genocida.
Una plaza que no cumple la "ley trampa de la Memoria Histórica”.
El 19 de junio de 1962, en coincidencia con el 25 aniversario de la entrada de las tropas de Franco en Bilbo (durante la guerra civil, lo que se llamaba la fiesta de la liberación de Bilbo "de las hordas rojo separatistas") fue inaugurada la plaza de toros "vista alegre", situada en la calle Martín Agüero, 1 (para mayor gloria del regimen franquista fascista genocida).
Llena a rebosar aquel dia, en el coso un escudo de españa, con el ¡viva! clásico de la época, gigantesco.
Esto ocurria en 1962 pero si lo queremos verlo hoy, podemos encontrar una fotografía de aquel dia en el interior de la plaza, que nos recuerda aquel glorioso dia del regimen genocida.
En otro punto de la plaza (en el patio de cuadrillas), un mural de azulejo nos recuerda al dictador franquista y a conocidos elementos afines al regimen.
Esta plaza de toros y toda la simbologia que hay en su interior, insulta a todas las victimas del fascismo y a su memoria.
El PNV(sa), con Azkuna, Ortuondo, Gorordo, Robles, Castañares como alcaldes de la villa en los ultimos 30 años, no han echo nada por quitar esta basura fascista y otras que hay esparcidas por toda la ciudad.


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La legislación socio-laboral la España de 1931 a 1933






Largo Caballero


Primer bienio republicano: las realizaciones

Los dos aspectos del programa reformista que ofrecían mayor interés para los socialistas eran la reforma agraria y la transformación de las relaciones sociolaborales a través de los instrumentos de previsión y mediación en manos del Estado. Ambas líneas se integraban en un proyecto socialdemócrata que buscaba, a través de una actuación no específicamente socialista, por lo menos a corto plazo, y en alianza con la burguesía progresista, otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de "relaciones de clase". Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente, haciendo a la burguesía menos traumático "el trance final de la expropiación". En resumen, se trataba de un proyecto que, coherente con la inspiración marxista del socialismo español, no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero que pretendía alcanzarla por cauces fundamentalmente reformistas. El modelo sindical capaz de obtener tal resultado no podía ser otro que el que encarnaba la Unión General de Trabajadores (UGT), que inspiraría la obra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, presidido en esta etapa por Francisco Largo Caballero.

El proyecto caballerista implicaba, a partir de una cierta continuidad con el modelo corporativista de la Dictadura, una reforma total del sistema de relaciones laborales, por lo que precisaba del concurso unánime y disciplinado de la UGT y del respaldo de los partidos de izquierda mayoritarios en el Parlamento. Favorecida por ambas condiciones, la reforma se plasmó durante la etapa preconstitucional en una serie de decretos, dirigidos en su mayoría a mejorar la situación del campesinado, y que sin duda influyeron en el enorme crecimiento de la ugetista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) en estos meses.
Posteriormente, las Cortes otorgaron rango de Ley a estas medidas y aprobaron otras. Ocho fueron las iniciativas legales básicas del Ministerio de Trabajo en el primer bienio. La mitad de ellas se referían propiamente a la regulación del mercado laboral: la Ley de Contratos de Trabajo, la de Jurados Mixtos, la de Colocación Obrera y la de Intervención Obrera en la gestión de la Industria, si bien esta última, que estaba destinada a ser la pieza fundamental del proyecto, no llegó a ver la luz. Otras dos reorganizaron el propio Ministerio y sus Delegaciones provinciales. Y las dos restantes, la de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros y la de Cooperativas, buscaban consolidar el modelo sindical y ofrecer a los trabajadores unos beneficios sociales más amplios. Dada la brevedad de la etapa reformista y los obstáculos que se opusieron a esta normativa por parte de los grupos económicos y de la oposición parlamentaria, sólo las dos primeras leyes alcanzaron cierto desarrollo e incidieron notablemente en la evolución de la coyuntura social.
La Ley de Contratos de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 se basó tanto en la experiencia sindical del equipo gubernamental como en los proyectos elaborados años antes por el Instituto de Reformas Sociales. La Ley afectaba al conjunto de los trabajadores y establecía normas obligatorias para la contratación laboral. Su aspecto fundamental era la regulación de los convenios colectivos, negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes. Contenía, además, normas sobre los salarios, dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos, establecía siete días de vacaciones pagadas al año y protegía el derecho a la huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.
La Ley de Jurados Mixtos se inspiraba en el funcionamiento de los Comités Paritarios de la Dictadura, en los que habían participado los socialistas. Los Jurados Mixtos fueron creados por Decreto de 7 de mayo de 1931 para arbitrar las condiciones de contratación y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en el sector agrario. La Ley, aprobada por las Cortes el 27 de noviembre de ese año, amplió los Jurados Mixtos a la industria, los servicios y la actividad profesional, y los clasificó por ramos. Había Jurados locales o comarcales, provinciales y nacionales. Sus vocales eran elegidos paritariamente por las asociaciones patronales y obreras inscritas en el censo del Ministerio de Trabajo y los presidía un representante del Ministerio. Su misión era mediar en los conflictos laborales -aumentos salariales, condiciones de trabajo, etc.- estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso. Si el dictamen era rechazado por alguna de las partes, el Jurado lo podía remitir al Ministerio, que podía a su vez elevarlo, en última instancia mediadora, al Consejo Superior de Trabajo.
En el apartado de los seguros sociales, el equipo de Largo Caballero dio un considerable impulso a su obligatoriedad y universalización, apoyándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la labor organizativa del Instituto Nacional de Previsión. No se pudo establecer la unificación del sistema en un régimen general, tanto por falta de tiempo y recursos como por la resistencia de los empresarios y de los propios trabajadores a incrementar sus cuotas de afiliación. El Seguro obligatorio de Retiro Obrero, que en 1930 incluía a tres millones y medio de trabajadores, integró a otros dos millones durante la República, lo que supuso que casi se duplicaran los ingresos por cuotas. El Seguro de Maternidad se estableció, con carácter obligatorio, por Decreto de 26 de mayo de 1931 y garantizó la asistencia sanitaria por maternidad al conjunto de las trabajadoras asalariadas. Otro tema prioritario fue el seguro de accidentes de trabajo, que se convirtió también en obligatorio en octubre de 1932 y cuyas indemnizaciones se fijaron por Ley.
Pese al efecto beneficioso de todas estas medidas, la paz social, uno de los objetivos del reformismo republicano, estuvo casi siempre ausente en las relaciones laborales del período. Los mecanismos de control y arbitraje establecidos por el equipo ministerial de Largo Caballero buscaban reducir la conflictividad, encauzando las disputas laborales a través de los organismos oficiales y la representación corporativa. Por ello no se realizó una reglamentación específica del uso del derecho a la huelga, que siguió rigiéndose por la restrictiva ley de 1909, parcialmente modificada por la de Jurados Mixtos de 1931. El recurso a la huelga sólo podía utilizarse una vez fracasados todos los mecanismos de mediación, previa notificación y dejando transcurrir un plazo desde la convocatoria. Toda huelga obrera o "lock-out" patronal que no se ajustase a estas normas era ilegal y, por tanto, tratable por la autoridad como problema de orden público.
Durante el primer bienio, sin embargo, la conflictividad laboral fue en continuo aumento. De las 402 huelgas de 1930 se pasó a 1.127 en 1933, mientras la cifra de huelguistas se cuadruplicaba y se superaban los doce millones de jornadas perdidas por año. Las causas de este proceso son múltiples: la incidencia de la recesión económica; la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que identificaban con el corporativismo de la Dictadura, y su manifiesta tendencia a convocar huelgas políticas; la resistencia de un empresariado, acostumbrado a imponer su ley, a aceptar las decisiones de los Jurados Mixtos cuando beneficiaban a los trabajadores; el creciente descontento de las bases de la UGT ante la lentitud y moderación de las reformas, y su paulatino abandono de la línea legalista que les marcaba el aparato sindical socialista, etc.
Julio Gil Pecharromán
Arte e Historia

La «autopsia» al miliciano de Robert Capa, en el Día de la Fotografía del Photomuseum



A. EREÑAGA

La imagen es mítica, casi tanto como su autor: «El miliciano muerto», uno de los iconos del siglo XX, continúa revolviendo conciencias, sea o no finalmente un montaje. Un documental le ha hecho la «autopsia».


17 h. del 5 de setiembre de 1936. En la pequeña localidad cordobesa de Cerro Muriano, en una de sus lomas, los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, enviados especiales de la revista frances «Vu» y afines al bando republicano, esperaban un ataque contra los nacionales. Sin embargo, ocurrie lo contrario y los nacionales lanzan su ataque con aviación y artillería. Según relató luego Capa, una columna de milicianos procedente de Alcoy (Alicante), que había acudido para reforzar las líneas, corría alegre ladera abajo mientras él les fotografiaba y fue entonces cuando escucharon los disparos. Se protegió, sacó de forma instintiva su cámara por encima de la cabeza y tomó la fotografía más célebre del reporterismo de guerra de todos los tiempos. Era la primera vez en la historia que se captaba el preciso instante de la muerte en plena batalla.


La imagen, publicada en «Vu» pocos días más tarde, se convirtió en mítica... aunque nunca le abandonó la sospecha de que era un montaje. A mediados del pasado mes de julio, «El Periódico de Cataluña» anunciaba que, tras investigar las fotos que de ese suceso se exponían en el Museu d'Art de Catalunya (MNAC), podía concluir que la fotografía «fue tomada lejos del frente de batalla», lo que confirmaba «casi definitivamente que la secuencia fue un montaje flagrante». Según el diario catalán, no habría sido captada en Cerro Muriano, sino en la loma de Las Dehesillas, junto al casco Urbano de Espejo (Córdoba).
Este era uno de los últimos capítulos de una imagen que ha estado en duda desde que, en 1975, un colega de Capa dijo que le había confesado que fue una puesta en escena. Los datos: en «La sombra del iceberg» (2007), un interesante documental de factura catalana y firmado por Raul Riebenbauer y Hugo Domenech, que hoy convertirá en el protagonista de los actos con los que el Photomuseum de Zarautz celebrará el Día Internacional de la Fotografía. La veracidad de la mítica imagen está muy tocada desde hace tiempo y, en este trabajo, lo que se hace es investigarla, a modo de autopsia: un forense concluye que no hay causa razonable de muerte -es decir, que el miliciano puede estar vivo en el momento en el que se captó la imagen- y que el muerto no es el alcoyano Federico Borrell, como se mantenía desde 1995. Además de incluir otra serie de testimonios y datos, se muestra, por ejemplo, a través de un estudio astrofísico, que la imagen se tomó ocho horas antes de la versión oficial, cuando todavía no había batalla.
Gara

El PSOE amenaza con acudir a los tribunales si no se retira una estatua de Franco

Público




La figura, situada en la Ciudad Autónoma de Melilla, es la única que queda en la vía pública en todo el territorio nacional

El PSME-PSOE irá a los tribunales para que la Ciudad Autónoma de Melilla retire una estatua del dictador Francisco Franco. Es la única que queda en la vía pública en toda España tras la retirada, hace varios meses, de la que 'decoraba' Santander.

El diputado socialista Amin Azmani ha recordado que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, se comprometió hace más de un año a retirar la estatua, aprovechando que se iban a efectuar unas obras de rehabilitación en el lienzo de la Marina del recinto amurallado.

Sin embargo, cuando comenzaron las obras, Imbroda pidió al Ministerio de Defensa que se hiciera cargo del asunto, con el fin de poder ubicar la estatua en alguno de sus acuartelamientos o en el Museo Militar.

Imbroda ha asegurado hoy que está a la espera de recibir una contestación por parte del Ministerio de Defensa. En cuanto la tenga, "tomaremos la decisión".

Azmani no quiere esperar
Por su parte, el diputado socialista Azmani considera que no se debe responsabilizar al Ministerio de Defensa de que la estatua continúe en la vía pública, ya que la escultura pertenece a la Ciudad Autónoma.

Además, ha advertido de que seguirá llevando este asunto a la Asamblea para que sea debatido por los tres grupos parlamentarios.

"Melilla es la única ciudad que todavía homenajea a un dictador", en cuyo mandato "murieron fusilados cientos de melillenses", concluyó.

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