27 de octubre de 2009

El subdesarrollo social de España

VICENÇ NAVARRO

Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE), muestra cómo España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su Estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, lo que nos sitúa a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir, el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Este es el déficit de gasto público social en España.
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Si en lugar del gasto público social miramos el porcentaje de la población que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10% de la población adulta trabaja en tales servicios, comparado con un 15% en el promedio de la UE-15 y un 25% en Suecia. Las consecuencias de este bajo gasto y empleo público son múltiples. Sólo un dato significativo: España tiene el tiempo de visita al médico general de la sanidad pública más corto (seis minutos) de la UE-15. Este hecho, que erróneamente se atribuye a la excesiva utilización de los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía, se basa en la enorme subfinanciación de tales servicios, lo que dificulta una mayor dedicación de los profesionales sanitarios a cada paciente. El gasto sanitario per cápita es sólo el 77% del promedio de la UE-15, el más bajo de tal comunidad.

Las causas de este subdesarrollo social de España son varias. Una es la dictadura mal llamada franquista, mal llamada porque fue mucho más que la dictadura del general Franco. Fue una dictadura de una clase que se caracterizó por su enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por su escasísima sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto público social representaba sólo el 14% del PIB, un poco más de la mitad del promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. No existe plena conciencia en España del enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que aquella dictadura supuso para las clases populares de España. En 1936, año en que tuvo lugar el golpe fascista, España tenía el mismo nivel de desarrollo que Italia. Cuando el dictador murió, España tenía sólo el 68% del nivel de riqueza que tenía Italia. El rechazo de facto de la derecha española, el PP, a condenar por nombre aquel régimen y sus continuas ambivalencias, oponiéndose a esta condena una y otra vez, es un indicador de su escasísima cultura democrática y es un hecho sin similitudes en Europa, donde la mayoría de las derechas ha condenado regímenes semejantes. La complicidad en esta insensibilidad de ciertas voces de izquierda debiera indignar a cualquier persona con conciencia democrática. Es una vergüenza que España sea el único país que quiere procesar a un juez –Garzón– por querer enjuiciar aquel régimen. El hecho de que esta situación ocurra tiene mucho que ver con el retraso social de España, pues ambos hechos responden a la misma causa: el enorme poder de las fuerzas conservadoras, herederas de aquel régimen, en nuestro país.

La democracia en España, a pesar de las enormes insuficiencias existentes, permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales está, siempre, la expansión del Estado del bienestar. Tal deseo, muy marcado en la segunda mitad de los años ochenta, con movilizaciones populares, permitió reducir el enorme déficit de gasto público social por habitante. Pero, en el año 1993, el Gobierno PSOE, aliándose con la derecha catalana, CIU, dio prioridad a la reducción del déficit del Estado (como instruía el Tratado de Maastricht) a base, no de aumentar los impuestos de las clases más pudientes, sino de disminuir el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se inició así una política de austeridad del gasto público, incluyendo el social (continuada y expandida por el Gobierno Aznar), que explica que, cuando se alcanzó el equilibrio de las cuentas del Estado, España volviera a estar a la cola de la Europa social. Los ingresos al Estado, en lugar de continuar reduciendo el déficit de gasto público social, se habían invertido en reducir el déficit del Estado. En 2004, España estaba de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social. El euro y la integración en la UE se había hecho a costa de su Estado del bienestar.

El Gobierno Zapatero, presionado por los partidos a su izquierda, incrementó notablemente el gasto público social, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit que tenemos con la UE-15. En realidad, este déficit en 2006 (último año del que tenemos cifras homologables con la UE) es superior al existente en 1993, cuando se inició la austeridad de gasto social. Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden. Pero, además de poder de clase, existe el poder de género. El machismo es el responsable de que las mayores carencias del Estado del bienestar sean precisamente aquellos servicios, como los servicios de ayuda a las familias, que en España son asumidos por la mujer.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de

La operación de la Guardia Civil que "desarticuló" Falange y Tradición, hace honor a su nombre

Las Agencias de noticias informaron el 23 de octubre, que la Guardia Civil había desarticulado al grupo de extrema derecha Falange y Tradición, durante una operación desarrollada en Navarra e Irún, que finalizó con la detención de cinco miembros de esa organización fascista. Con dicha operación, Madrid pretende hacer creer que actúa contra todo tipo de violencia, pero para los que conocemos el paño, resulta impensable que los órganos del poder real, vayan a arrancar la raíz ideológica de la que brotó el régimen actual.



Exceptuando el periódico Gara (que sólo pudo facilitar dos nombres completos), prácticamente el resto de medios se limitaron a citar el número de detenidos, o sus iniciales, algo que contrasta con otras situaciones donde los apresados son independentistas vascos revolucionarios, comunistas revolucionarios o anarquistas quienes son presentados con todo lujo de detalles. Es necesario exigir que faciliten sus nombres, ver sus rostros, saber dónde viven y con quiénes se codean. No hacerlo, además de ser un agravio comparativo, constituye un peligro para la sociedad, pues esta gente suelen ser los autores de palizas a inmigrantes, o incluso de quemar vivos indigentes, a veces con resultado de muerte.


Al hilo de esta cuestión, Socorro Rojo Internacional (SRI) reporta en su página Web los datos y curriculum de Javier López Monreal, detenido en Orkien. Además, SRI informa que en la red de Facebook hay una foto de un individuo con ese nombre, que está enlazado con un concejal del PP y otros sujetos que aparecen con la bandera franquista roja y gualda. En SRI no publican la foto porque tienen la dignidad, de la que carecen otros, de reconocer que no están seguros de si se trata de la misma persona.



Por otra parte, raya lo esperpéntico que la Guardia Civil de por finalizada la operación y diga que ha desarticulado al grupo, cuando siguen libres al menos cinco miembros (hay testigos oculares que vieron a diez personas subir al monte Ioar, donde escribieron sus amenazas). La que llaman Benemérita se contradice informando que va a investigar posibles conexiones en otros lugares del Estado, pues si realmente lo van a hacer (cosa que dudo), ¿por qué anuncian que el grupo ha sido finiquitado? En otro orden de cosas, la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, declaró que en España se combate el delito "venga de donde venga". Le tomo la palabra. Que rastreen la dirección IP de un lector del periódico Diario de Sevilla, que comentó las detenciones de esta manera:



“andalú de pura cepa 23.10.2009, 22:22



¿Dónde hay que ingresar el dinero de la fianza para liberar a estos temibles fachas? Yo estoy dispuesto a pagarla, si es que la imponen. Con 1.000 como estos se acababa la porquería en este puñetero país, que se está convirtiendo en el puticlub de Europa y en el hazmerreír del mundo”



Mucho me temo que la “Operación Quimera”- haciendo honor a su nombre- va a quedarse en eso: una quimera destinada al consumo de los más ignorantes, que son los que aún creen que en España se combate el delito de igual manera, “venga de dónde venga”.

Agria victoria para el Frente Amplio, amarga derrota para el pueblo uruguayo

Sergio Labayen
Rebelión
La noche del pasado domingo pasará a la historia como una de las tristes para la izquierda uruguaya. Que el Frente Amplio no alcanzara la mayoría absoluta entraba dentro de las posibilidades, pero nadie imaginaba que la lucha por los derechos humanos se iba a llevar tan tremendo batacazo. Apenas un 42,7% votó por la anulación de la Ley de Caducidad, lo que dibuja un escenario que no ayuda en la carrera final de Mujica hacia la presidencia.

Hasta las ocho de la tarde todo era optimismo en la sede del comando electoral del Frente Amplio. Los primeros datos ponían a la coalición al borde de la mayoría absoluta y se daba la Ley de Caducidad por anulada. Sin embargo, pasada esa hora algunos dirigentes empezaron a tornar el gesto y se hizo evidente que algo iba mal. A las puertas del hotel, en una gran explanada de la rambla montevideana atestada de gente, banderas y furor, las lágrimas comenzaron a aparecer de repente cuando las radios dieron el dato de una probable derrota del plebiscito por la derogación de la impunidad.


La posterior comparecencia de prensa de Mujica y Astori vino a añadir un nuevo varapalo a quienes confiaban en reeditar la mayoría absoluta. Allí el candidato subrayó una idea: la sociedad le exige al Frente Amplio "un esfuerzo más", un mes más de batalla política con "un punto de partida muy optimista". "Estoy encantado con este resultado, porque soy hombre de lucha y nunca nadie me regaló nada", dijo Mujica, pero la puesta en escena no era ni mucho menos la de una victoria.

A partir de ahí, las encuestadoras fueron propinando sucesivos golpes a los miles de frenteamplistas que aguardaban en la calle con las botellas sin descorchar: la coalición no conseguía mayoría en ninguna de las dos cámaras, blancos y colorados les superaban en votos, el plebiscito por el voto exterior apenas lograba el 35% de los apoyos…

“Vamo arriba”

Los líderes del Frente Amplio se apresuraron a salir a la balconada para tratar de levantar el ánimo de la gente. Las caras de los de arriba y los de abajo hablaban por sí solas, pero todos se conchabaron en un “vamo arriba” colectivo que volvió a levantar las banderas y los ánimos, poniendo el foco en el pequeño porcentaje que les separa de la mayoría en segunda vuelta.

Simbólicamente, Mujica y Astori se envolvieron en sendas banderas uruguayas e incidieron en que a partir de ahora ya no se trata de una contienda entre partidos, sino entre dos modelos de país. Así, la dirigencia del FA incidió en su discurso más centrista y conciliador, reiterando su propuesta de acuerdo con la oposición en cuatro áreas estratégicas para el país (educación, seguridad, energía y medio ambiente).

A unos cientos de metros, en la sede del Partido Nacional se respiraba un ambiente bien distinto. Los blancos redujeron su número de apoyos, algo ya esperado, pero la evidencia de una segunda vuelta desató la fiesta entre sus bases, sobre todo cuando Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, adelantó que apoyará a Lacalle. Ambos partidos coordinarán "acciones inmediatas" esta misma semana, en un intento de rentabilizar la derrota psicológica del frente y de hacer creíble una alternativa a Pepe Mujica. Por de pronto, las mayores ovaciones en la hinchada de Lacalle se dieron cuando la pantalla gigante de su sede emitía imágenes del cartel que exhibía un militante: “No queremos un presidente asesino”.

Con detalles como este, en la noche del domingo se respiraba un ambiente extraño en las calles de Montevideo. Conforme pasaban las horas, las dos mitades del país se mostraban inusualmente enfrentadas en un país tan políticamente correcto. Se gritaban de coche a coche, de acera a acera, mientras agitaban banderas y aireaban reproches: “¡Mujica asesino!”, bramaban unos. “¡Fachos, ladrones!, replicaban los otros. Estas expresiones de enfrentamiento serán a buen seguro anecdóticas y la clase política sabrá reconducirlas hacia el clásico savoir faire oriental, pero denotan que se viene un choque de trenes entre los dos Uruguay posibles tras el 29 de noviembre. Son dos alternativas de país no tan distintas en el fondo, pero sí muy antagónicas en las formas, hasta el punto de que llegan a repelerse en una sociedad que no ha suturado completamente las heridas de la dictadura.

Golpe a la memoria

Fue duro el golpe recibido por el movimiento popular, que había volcado todos sus esfuerzos en la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad. En el local de la Federación de Estudiantes se respiraba la desolación, y no faltaban las críticas al oficialismo por no haber puesto más de sí en la derogación de la ley. Los sentimientos eran tan contradictorios que algunos seguidores del frente mostraban su entusiasmo por la victoria electoral, mientras otros lloraban y pedían respeto -o un cierto duelo- ante la derrota del plebiscito.

Todos los datos conocidos en esa noche correspondían a sondeos a boca de urna, que suelen afinar tanto los resultados finales que sus proyecciones se dan por casi seguras.

Así, los uruguayos se acostaron pensando que los votos por el sí habían rondado el 47%, pero en la mañana del lunes se añadió un toque más de crueldad a la derrota de la papeleta rosada. Al filo del mediodía, el ministro de la Corte Electoral ofreció los datos del escrutinio oficial y anunció, sorpresivamente, que la Ley de Caducidad había sido anulada. Los mensajes de texto comenzaron a circular y el panorama que abría era bien distinto al de la noche anterior. Sin embargo, se trataba de un tremendo error, ya que los datos correspondían a la capital y fueron desmentidos en apenas media hora. El resultado real había sido bien distinto, ahora sorpresivamente malo para la defensa de los derechos humanos: apenas un 42,7% de votos por el fin de la impunidad.

“Me da vergüenza”

Algunas reacciones están siendo contundentes: “Me da vergüenza vivir en un país cornudo y sin memoria”, reza una imagen en rosa del mapa de Uruguay que ha comenzado a circular por Internet. El hecho es que, 20 años después del primer referéndum por la derogación de la ley, ahora se han conseguido menos apoyos que entonces, cuando se decía que la decisión del pueblo había estado condicionada por lo reciente de la dictadura y el miedo que aún subsistía. Y eso cuando la amenaza militar ya no parece ser un problema, con muchísimos de aquellos votantes que han muerto y han sido sustituidos por nuevas generaciones, tras cinco años de gobierno del Frente Amplio que presuponen un cambio cultural e ideológico en el país. “¿Qué ha sucedido?”, resuena por las esquinas del país.

La noticia ha corrido rápidamente hasta los países vecinos, donde también existen activos movimientos por los derechos humanos. De hecho, la anulación de la Ley de Caducidad era importante no sólo por la necesidad de juzgar a los represores uruguayos, sino también como una medida preventiva frente a las futuribles tentaciones dictatoriales de los caudillos militares de turno en todo el continente. Y lo cierto es que los promotores de golpe de estado de Honduras, o quienes tratan de desestabilizar los procesos Venezuela y Bolivia, recibieron ayer un mensaje que pueden interpretar en clave de más impunidad para sus fechorías. Porque si una sociedad tan legalista como la uruguaya se manifiesta tan pasiva en la defensa de su democracia, si le da lo mismo que los jueces puedan investigar o no los crímenes cometidos durante la dictadura, ¿qué reacción se puede esperar de los impulsores del Plan Cóndor?, ¿se van a arrepentir así de las matanzas y los atropellos cometidos en América Latina?, ¿qué consecuencias tendrá este cheque en blanco que acaba de recibir el golpismo?

La resaca de los plebiscitos

La derrota de la papeleta rosada aún debe ser digerida y sus efectos son todavía insospechados, pero en principio no colabora en la carrera de Pepe Mujica hacia la presidencia. Muchos militantes sociales se muestran decepcionados por la tibieza del Frente Amplio frente a la Ley de Caducidad, primero porque pudieron derogar la ley y no lo hicieron, de forma que el movimiento popular tuvo que forzar la celebración del plebiscito. Y ahora, en la campaña, porque el apoyo formal del FA ha sonado con músicas distintas en cada una de sus corrientes internas, y más o menos fuerte según la deriva política general.

En realidad, parece lógico que una victoria del sí pudiera ser vista por Mujica como una tremenda patata caliente sobre su mandato: ¿Cómo moderar la labor de gobierno si él, un rehén de la dictadura, debe “meter en cana” a sus carceleros? ¿Cómo va a lograr los pactos de Estado que quiere firmar con la oposición si se reavivan las viejas tensiones entre tupamaros y “milicos”? Así, las contradicciones eran de calado en cualquiera de las hipótesis, pero el golpe que ha supuesto el escaso apoyo social a este plebiscito podría reabrir viejas heridas en la izquierda. De momento, el candidato de Asamblea Popular ha anunciado que votará anulado en segunda vuelta, una opción que también se escucha entre algunos militantes barriales.

La derrota del segundo plebiscito -el voto por correo de los inmigrantes- fue más abultada todavía -un 35% de apoyo- y también va en contra del FA. Se estima que un 2,5% de sus apoyos provienen del exterior, principalmente Buenos Aires, y muchos se lo pensaran dos veces a la hora de viajar de nuevo para votar en segunda vuelta, máxime cuando el país acaba de dar la espalda a la posibilidad de que se integren con normalidad en los procesos electorales.

Resultados con el 100% escrutado

Según los resultados que se dieron a conocer ayer , el Frente Amplio logró finalmente un 47,49% de los votos, el Partido Nacional 28,54%, el Partido Colorado 16,67%, Partido Independiente 2,44 y Asamblea Popular 0,67. En cuanto a la composición de las cámaras, en el Senado hay un empate técnico que se resolverá en el balotaje de noviembre. En la Cámara de Diputados se da un nuevo empate a 49 diputados entre el FA y el resto de los partidos, con un escaño todavía en el aire que será el que incline la balanza a uno u otro lado. Estos resultados son todavía provisionales, ya que existe un total de 32.000 votos observados (en los que se ha detectado algún tipo de irregularidad) que serán los que definan si el Frente Amplio tiene o no mayoría parlamentaria.

En definitiva, Pepe Mujica sigue siendo el favorito para alcanzar la presidencia, pero hoy lo tiene algo más difícil que ayer. El único dato comparativo, de hace 10 años, nos dice que blancos y colorados unieron el 100% de sus votos y derrotaron al Frente Amplio en segunda vuelta. Pero es cierto que la sociedad uruguaya ha cambiado desde entonces. ¿Hasta qué punto?