31 de octubre de 2009

Los sindicatos expresan su rechazo generalizado a los Presupuestos


PAMPLONA. La totalidad de los sindicatos de clase con representación en el Consejo Económico y Social (CES) -UGT, CCOO, ELA y LAB- expresaron ayer al Gobierno foral su rechazo al anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2010. Las críticas a las Cuentas Públicas que el consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, podía haber recibido hasta ahora a través de los medios de comunicación, ayer las escuchó de primera mano. Fue durante la reunión que mantuvo con el CES -un órgano consultivo que depende orgánicamente del Departamento de Economía-, donde las centrales mencionadas le instaron a mejorar el anteproyecto por ser "insuficiente para abordar la cobertura social que precisa Navarra".
También el sindicato agrario EHNE se sumó a estas críticas, al igual que lo hizo la representación de la UPNA.

Entre el resto de integrantes del CES hubo posicionamientos de todo tipo en torno a los Presupuestos, si bien fueron generalizadas las demandas de que se mejoren en el trámite parlamentario. Precisamente ésta fue la promesa que hizo Miranda a los asistentes. Tras defender los Presupuestos, el consejero emplazó a atender, en la negociación que tendrá lugar en el Parlamento, algunas de las reivindicaciones que escuchó, no sin antes advertir que la caída de la recaudación ha bajado de forma considerable, lo que dificulta, a su juicio, incrementar el gasto.

CCOO PIDE MÁS AMBICIÓN CCOO exigió ayer que los Presupestos sean más ambiciosos y proactivos ante la crisis, tanto desde el punto de vista de la recaudación como del gasto. El sindicato defendió estas posiciones en la reunión del CES, según informó CCOO en una nota. Al respecto, ve insuficiente y mejorable la propuesta de Presupuestos desde dos perspectivas: por un lado, desde el punto de vista de la recaudación, al entender que la política fiscal que se plantea se aleja de los criterios de progresividad y equidad que defiende el sindicato.

En este sentido, critica que las propuestas de modificación de tributos realizadas por el Gobierno "recaigan en mayor medida sobre las rentas del trabajo en general mientras que alivian a los que más recursos tienen".

Por otro lado, CCOO considera "insuficientes" los Presupuestos desde el punto de vista del gasto. Aprueba que el Gobierno haya recurrido al máximo endeudamiento autorizado (2,75% del PIB regional), pero no comparte "en absoluto la intención de amortizar Deuda Pública".

Asimismo, entiende que "el gasto debe destinarse en mayor medida a iniciativas públicas de estímulo de la economía y el empleo, a la consolidación de la red de protección social y a políticas que asienten las bases de un nuevo modelo productivo".

En un informe presentado durante la reunión, el sindicato censura las modificaciones sobre la política fiscal realizadas por el Gobierno, ya que "el cómputo teórico por recaudación de impuestos para el año que viene se estima en aproximadamente 110 millones de euros a partir de las modificaciones anunciadas".

Para CCOO las rebajas en los impuestos sobre la renta (IRPF e Impuesto de Sociedades), así como la desaparición de los impuestos sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, adoptadas en los últimos años, "supone ahora un lastre importante". Respecto al gasto, CCOO considera que es posible realizar un mayor esfuerzo público inversor que reactive Navarra, ya que "el momento lo requiere".

El Gobierno foral aprobará el proyecto presupuestario en la sesión del lunes, y lo remitirá a continuación al Parlamento.
JAVIER ENCINAS/Diario de Noticias

España: Avanza una Ley de inmigración más restrictiva

El Congreso español dará luz verde mañana a una nueva ley de inmigración que restringe los derechos de los extranjeros en España al limitar la reagrupación familiar, endurecer las condiciones para renovar los permisos de residencia y elevar de 40 a 60 días el tiempo máximo de encierro de los "sin papeles” antes de expulsarlos.


La reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero será aprobada con el apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), quienes introdujeron 40 modificaciones al texto inicial, y Coalición Canaria (CC).


Los puntos más controvertidos del proyecto oficial como la restricción de la reagrupación familiar de ascendentes a personas mayores de 65 años, salvo razones humanitarias, y el aumento del plazo de retención de los inmigrantes "sin papeles” de 40 a 60 días, se mantienen.


"No nos oponemos a la ampliación del período de internamiento (encierro) de inmigrantes, pero hemos incorporado enmiendas para dar más garantías a los retenidos. Por ejemplo, la ley prevé que los jueces de instrucción de la zona donde están ubicados los centros fiscalicen su funcionamiento”, dijo hoy a Télam el portavoz de Inmigración de CiU, Carles Campuzano.


El diputado catalán sostuvo además que restringir la reagrupación familiar es una posición "defendible” en el actual momento de crisis, debido a que es necesario hacer "un esfuerzo de contención de los flujos migratorios”.
El aporte más significativo de los catalanes al proyecto es haber logrado una gestión descentralizada de los flujos migratorios, al blindar la participación de las comunidades autónomas de España en la política de extranjería.
Por ejemplo, las comunidades autónomas con competencia en materia de inmigración, como Cataluña, podrán contar con servicios en el extranjero para realizar directamente la contratación en origen y renovar los permisos de residencia.


Además, el gobierno autonómico tendrá un papel clave con la introducción del polémico principio de "esfuerzo de integración de los inmigrantes”, que será tenido en cuenta a la hora de autorizar la reagrupación familiar, la renovación de la residencia temporal y de larga duración, el arraigo y la obtención de la nacionalidad.


La idea es que "sin un esfuerzo, sin un conocimiento de las lenguas de la sociedad de acogida y sin compartir los valores básicos no hay integración”, explicó Campuzano.


Esto implica que cualquier extranjero que tenga que renovar su permiso de residencia, a un años de su llegada al país, deba acreditar que conoce la lengua local (en este caso el catalán) a través de un documento expedido por la Generalita (gobierno catalán), indicó el diputado nacionalista.


El gobierno autónomo será también el que determinará si la vivienda del extranjero es "adecuada” a los efectos de la reagrupación familiar o el que acredite la situación "en términos de orden público” del extranjero que solicite la renovación de la residencia temporal.


Aunque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) presentó una enmienda a la totalidad del proyecto socialista, el portavoz de Inmigración de la formación, Emilio Olabarria, afirmó hoy a Télam que "las aristas más agresivas de la ley en términos de derechos de los inmigrantes se fueron suavizando” por lo que no descartan dar su apoyo al texto.


Olabarria, quien había denunciado la impronta "berlusconiana” de la ley, se suma así a algunas de las medidas propuestas por sus "hermanos” catalanes, satisfecho por el aumento del poder de las comunidades autónomas en la gestión de la inmigración.


Asimismo, el diputado vasco asegura que aún se puede luchar para que el plazo máximo de encierro de los inmigrantes se quede en 40 días y no se amplíe a 60 días.


En tanto, el conservador Partido Popular (PP) y el grupo integrado por los partidos de izquierda, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), Izquierda Unida –Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), mantendrá, por motivos distintos, su oposición a la reforma de la ley de Extranjería.


El vocero del PP en temas de inmigración, Rafael Herando, afirmó en declaraciones a Télam que "en ningún momento el gobierno buscó un acuerdo con el principal partido de la oposición” y centró sus críticas en el mantenimiento de la figura del "arraigo”, que permite la regularización de las personas que ingresaron ilegalmente al país.


Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, sostuvo que el rechazo de la izquierda a la reforma de Zapatero cuenta con el aval de la mayoría, sino todas, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes, sindicatos, que se oponen a "un nuevo recorte de derechos y una visión utilitarista de la inmigración orientada a las necesidades productivas”.


Herrera destacó que la reforma supone un "endurecimiento de las condiciones de vida de miles de personas”, continúa "multando la solidaridad” (de las personas que acogen a los "sin papeles”), y es "una carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales de los inmigrantes”. (Télam)
Cecilia Guardati


Ciudadanos escenifican en Valencia la muerte de la democracia por corrupción

El colectivo ciudadano "No a la corrupció" ha informado hoy de que un grupo de personas escenificarán el próximo sábado "un entierro de la democracia", que según aseguran ha sido "asesinada por los políticos corruptos", ante el Palau de la Generalitat.

Los asistentes a la manifestación, miembros del colectivo y personas que se han adherido a la iniciativa, partirán a las 18.00 horas desde la plaza de San Agustín en una marcha con la que pretenden contraponer la pureza política de la ciudadanía (identificada con la "desnudez") frente a "la opacidad y oscurantismo del Consell" del president de la Generalitat, Francisco Camps.

Según ha destacado la portavoz del colectivo, Reyes Matamales, "los gobernantes de la Comunitat Valenciana han traicionado los valores democráticos aprovechando sus cargos para beneficiarse", a lo que ha añadido que, "han usurpado al pueblo su voluntad con sus tejemanejes y su intento de normalización de la mentira".

Así, la "marcha fúnebre", en la que "se enterrará la democracia maltratada por el PP" y para la que algunos miembros del colectivo irán vestidos negro y portarán cirios rojos en señal de duelo, dará paso a "una jornada de alegría y de cambio", que representará la "regeneración democrática".

"Hay que actuar, sino estamos condenados", ha apuntado Matamales, que ha hecho referencia a las fotos realizadas para la convocatoria del acto, en las que algunos miembros del colectivo aparecen desnudos a modo de "llamamiento para que todo el que se sienta engañado y esté en contra de la corrupción" se anime a participar.

En este sentido, ha afirmado que "hay que participar desde una transparencia absoluta", contrastada con una institución "que ahora practica el oscurantismo", para acabar con "la manipulación y esa política de escaparate".

Bandas de música, dolçaines y tabals tocarán "música de entierro", para, después de la lectura de un manifiesto, celebrar "el cambio a la democracia" mediante batukadas y música enérgica que simboliza la ilusión "por recuperar las posibilidades de un futuro mejor".

El colectivo "No a la Corrupció" está formado por 12.500 valenciano adheridos en la red social de internet Facebook y ya reunió a más de 3.000 personas el pasado mes de junio para exigir la dimisión de Camps por su implicación en la trama Gürtell.
EFE
,Valencia