3 de octubre de 2010

Intentona en Ecuador

Alfredo Serrano y Alberto Montero
Público




Afortunadamente, el intento de golpe de Estado contra el presidente Correa ha quedado en un susto del que los ecuatorianos tardarán en recuperarse y que seguramente dejará una marcada impronta sobre la futura gestión de su Gobierno.

Una impronta que puede que se asemeje a la que en su momento tuvieron sobre el presidente Chávez circunstancias similares a las que acontecieron anteayer en Ecuador y que no hacen sino desvelar, de una vez por todas, los intereses en juego y los ánimos de preservarlos hasta sus últimas consecuencias. En aquella tesitura, el presidente venezolano entendió que, o el proyecto de transformación social que en esos momentos se iniciaba concitaba el respaldo firme de las clases populares (y para ello había que gobernar abiertamente a su favor), o su suerte estaba echada.

Lo ocurrido en Ecuador es, mutatis mutandi, la expresión de algo similar y, previsiblemente, tendrá consecuencias, como en Venezuela las tuvo. La erradicación de privilegios nunca es del agrado de los agraviados y rápidamente concita la solidaridad de los que piensan que los suyos pueden ser los siguientes en desaparecer.

No otra puede ser la explicación de que, paradójicamente, la excusa para un intento de golpe de Estado haya sido la discusión de una ley orgánica que garantiza y mejora los servicios públicos y equipara las condiciones salariales para los funcionarios en un país como Ecuador al que el neoliberalismo no sólo desposeyó de su moneda, sino que también desmanteló su sector público.

Esa ley introducía dos puntos problemáticos desde el punto de vista de los privilegios adquiridos.

Por un lado, la discusión en torno al pago de las indemnizaciones a las que los funcionarios públicos tienen derecho al jubilarse. Frente a la tendencia europea hacia el endurecimiento de las condiciones para el acceso a este derecho, la propuesta del Gobierno ecuatoriano no implicaba ningún tipo de privatización, no ampliaba el número de años de cotización necesarios para percibirla y ni siquiera reducía su cuantía; es más, la incrementaba. Lo que hacía era introducir un elemento novedoso para su pago ante la posibilidad de que el Estado, ante una coyuntura fiscal difícil y como consecuencia de un elevado número de indemnizaciones que pagar en un año, tuviera dificultades de liquidez para afrontarlas. A tal efecto se establecía que el pago, en un porcentaje no superior al 50% de la indemnización, se haría en bonos del Estado y sólo para el colectivo que se encontrara entre los 65 y los 69 años; a partir de los 70 se pagaría en efectivo. Y, por otro lado –y aquí se encuentra la madre del cordero de la revuelta policial–, la ley planteaba una ruptura con la lógica salarial neoliberal de suplementar un salario base muy reducido con una serie de complementos de productividad cuya asignación, en muchos casos, era absolutamente arbitraria y generadora de servilismos y corrupción. De esta forma, la propuesta gubernamental, planteaba la supresión de esos complementos y, en compensación, la elevación del salario base. Salario que, por otra parte, resulta determinante de cara a la determinación de la cuantía de la prestación por jubilación. Es decir, planteaba un sistema de remuneraciones más justo y equitativo para todos los servidores públicos.

La revuelta se produjo, entonces, como consecuencia de que, en función de las capacidades colegislativas atribuidas constitucionalmente al presidente de la República, este introdujo un veto a la ley salida de la Asamblea. Esta ley asumía la propuesta gubernamental, pero introducía una excepción para los cuerpos de seguridad del Estado, la cual fue eliminada por el veto presidencial. La consecuencia es ya conocida. En algunas latitudes, la democracia paga un peaje mucho más caro que en otras por apostar a un cambio en el régimen de acumulación económico. La decisión de Correa constituyó el detonante de una revuelta policial a la que acabaron sumándose sectores sociales que, bien por los privilegios que tratan de defender y que ven en esa medida el anticipo de lo que les puede suceder, o bien por las relaciones conflictivas que mantienen con el presidente –como es el caso de algunos sectores indígenas– encontraron en la revuelta una vía de vehiculizar su protesta por medios no democráticos. La ola de apoyos a la revuelta policial se extendió, así, entre los partidarios de ex presidente Lucio Gutiérrez, los indígenas de Pachakutik o la oposición de Guayaquil comandada por Jaime Nebot y Carlos Vera. Queda para la especulación contrafáctica el adivinar qué hubiera podido ocurrir si, al calor de la asonada, la situación se hubiera descontrolado. En cualquier caso, y con independencia de si fue o no un golpe de Estado o un río revuelto del que muchos pescadores trataron de extraer ganancias, lo realmente relevante ahora son las consecuencias de este hecho. Como ocurrió con Chávez en su momento, es el momento de que Rafael Correa y su Gobierno asuman firmemente que su proyecto de transformación social y económica sólo puede avanzar seguro si va indefectiblemente de la mano de las clases populares y de los pueblos indígenas que originalmente lo han respaldado y que ahora se encuentran algo distanciados. Porque cuando se pretende que la economía esté dominada por el principio constitucional del Buen Vivir para el conjunto de la población y, en especial, para las clases tradicionalmente excluidas, lo primero que se debe asumir es que sólo puede lograrse a cambio de que algunos dejen de vivir tan bien como venían haciéndolo. No hay otro camino ni otros aliados para ese viaje.
Alfredo Serrano y Alberto Montero son miembros de la Fundación CEPS