18 de febrero de 2010

El Supremo, ¿cómplice del fascismo?





Vicenç Navarro


Una de mis mayores sorpresas cuando volví de mi largo exilio fue ver la enorme tolerancia que había en España hacia el fascismo. En realidad, ni siquiera se utilizaba el término fascismo para definir el régimen dictatorial que existió en España durante 40 años. Se le llamaba régimen franquista, implicando que era un régimen caudillista dirigido por el general Franco, ignorando que aquel régimen fue mucho más que un régimen caudillista. En realidad, reunió todas las características de los regímenes fascistas, por mucho que politólogos procedentes de aquel régimen, como Juan Linz, y revisionistas de varias sensibilidades políticas –incluidas algunas de centro izquierda– lo nieguen. Como he documentado en otro artículo, “Franquismo o fascismo” (Público, 28-05-09), aquel régimen tenía cada una de las características del fascismo, es decir, un nacionalismo exacerbado con visiones imperialistas basado en una concepción racista que justificaba su derecho de conquista –ver “El racismo del nacional catolicismo” (Público, 14-01-10)–; un absoluto control sobre los medios que intentaba reproducir una ideología totalizante, el nacional catolicismo; una supeditación de la sociedad civil al Estado, dirigido por una persona que el régimen presentaba como dotada de méritos sobrenaturales (referido como “caudillo por la gracia de Dios”), líder supremo del partido fascista, del Estado y de sus Fuerzas Armadas, caudillo que dirigía un Estado enormemente represivo.

Por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Más de 200.000 personas fueron fusiladas y 114.421 desaparecieron en el periodo 1936-1951, sin que todavía hoy se conozca dónde están sus cuerpos. El mal llamado franquismo fue un régimen fascista, uno de los regímenes que cometió las mayores atrocidades y violaciones de los derechos humanos en la Europa del siglo XX.
Resultado de la manera inmodélica en que se hizo la Transición, no existe plena conciencia de lo horrible que fue aquel régimen. El silencio que siguió a la dictadura y el olvido del pasado (excepto en pequeños círculos académicos) explica que la juventud, por ejemplo, no sepa que en otros países donde existieron regímenes semejantes, como en Alemania, cualquier tolerancia al nazismo está prohibida, incluyendo la existencia del partido nazi o de asociaciones afines. No así en España, cuyo Jefe del Estado –el monarca– fue nombrado por el régimen anterior. En realidad, todavía hoy uno de los dos mayores partidos del país, el PP, muestra su rechazo a condenar aquel régimen por su nombre, excusándose en denuncias genéricas y asumiendo una equidistancia en los horrores y responsabilidades en los dos bandos de la mal llamada Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, resistido por la mayoría de las clases populares durante tres años), que dan prueba de su falta de comprensión de lo que fue aquel régimen fascista. El PP no es antifranquista, y esto disminuye su credibilidad democrática. Y en algunas comunidades autónomas gobernadas por él, como Madrid y Valencia, sus gobiernos autonómicos todavía apoyan programas educacionales que justifican el golpe militar y el régimen que estableció.
Pero esta tolerancia ha llegado a un extremo que es vergonzoso. Las fuerzas herederas de aquel fascismo quieren llevar a los tribunales al único juez, Baltasar Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales al franquismo. Tal situación es impensable en cualquier país democrático europeo que vivió y sufrió el fascismo. Y lo que es vergonzoso es que el Tribunal Supremo esté dispuesto a considerar esta acusación, utilizando además el argumento, defendido por uno de sus miembros, el juez Varela, de que la Ley de Amnistía firmada al final de la dictadura ofreció inmunidad a los dirigentes de aquel régimen, ignorando también que el Estado español firmó tratados internacionales que exigen el juicio de los responsables de aquellas atrocidades. No puede verse hoy en Europa un hecho semejante y cubre a España de vergüenza. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo (presidido por un juez que juró lealtad al fascismo) llegar a este extremo de insensibilidad democrática? ¿Cómo pueden llegar a legitimar a los herederos del régimen que asesinó al mayor número de españoles y demócratas en el siglo XX, aceptando su demanda? Tal comportamiento ofenderá una vez más a los millones y millones que perdieron todo lo que tenían en su defensa de la democracia. ¿Y donde están las derechas, siempre listas ellas para defender el honor de España, en un momento y en un hecho que cubre de vergüenza al país? Su hipocresía sobre el terrorismo queda evidenciada cuando excluye de su homenaje al enorme número de víctimas del terrorismo fascista, que fue mucho mayor en número que el cometido por el terrorismo de ETA. ¿Cómo es que el príncipe Felipe, en representación del monarca, presidiera los actos de homenaje a los últimos y nunca ha presidido ninguno de los primeros?
El argumento que se ha utilizado para definir lo que estamos viendo es que es un mero conflicto entre dos jueces, uno de ellos molesto por el excesivo protagonismo del otro. El juez Varela que intenta penalizar a Garzón es cómplice de aquella demanda y como tal merece el mayor rechazo por parte de todas las personas demócratas. Su animosidad hacia Garzón y el protagonismo de Garzón son temas irrelevantes. Es una enorme frivolidad ver lo que está ocurriendo como un mero conflicto de personalidades. Al contrario, este comportamiento del Tribunal Supremo (en caso de aceptarse la petición del juez Varela), le haría cómplice del fascismo, mostrando un indicador más de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y de la escasa sensibilidad democrática del Estado español. El fascismo continúa vivo y presente en España.
Diario Público
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Libro:JOSE ALONSO MALLOL. EL HOMBRE QUE PUDO EVITAR LA GUERRA





José Alonso Mallol, formó parte de una generación de alicantinos nacidos a finales del siglo XIX que influyeron decisivamente en la renovación del republicanismo español. Gobernador civil de Asturias y Sevilla, actuó decididamente contra quienes perturbaban el orden e impedían a los gobiernos republicanos llevar a cabo su labor reformista. En 1936 fue nombrado Director General de Seguridad, consciente de los peligros que acechaban a la República, colocó escuchas telefónica -cosa que se hizo por primera vez en la historia- en las casas y en los cuarteles donde conspiraban los golpistas, de modo que en mayo de 1936 pudo presentar a Santiago Casares Quiroga y Azaña una relación de más de 500 golpistas con la intención de que fuesen detenidos de inmediato, lo que habría supuesto el desmantelamiento de la conspiración. Azaña y Casares, temerosos de posibles reacciones, no consintieron tales detenciones y el golpe de Estado siguió su camino.
Tras dimitir como Director General de Seguridad, Alonso se trasladó al Norte de África por encargo del José Giral, Presidente del Gobierno, con la intención de sublevar a los rifeños y cortar el suministro de mercenarios a la rebelión. Ya no volvió a España, salvo en contadas ocasiones. Espía de los aliados, a los que facilitó una enorme cantidad de datos sobre los movimientos nazis, trabajando para la JARE, logró salvar a más de 4.000 refugiados de caer en las manos de Hitler o Franco. En 1944, tras ser condecorado por los aliados, se exilió en México donde continuó luchando contra la dictadura franquista.
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Españoles que sirvieron en las fuerzas militares nazis siguen siendo homenajeados. Varias calles españolas mantienen su bautismo fascista




La Ley de Memoria Histórica que ni siquiera ha anulado los juicios sumarísimos del franquismo, no está garantizando por lo menos el retiro de los símbolos franquistas de las vías públicas del país. Incluso el gobierno del PSOE, impulsor de esta ley muy criticada por los movimientos sociales republicanos y de memoria histórica, está siendo muy timorato a la hora de aplicarla, como también señalan estas asociaciones memorialistas.

Esta situación permite que los aproximadamente 47.000 españoles que Franco mandó bajo cuerda, manteniendo así una postura oficial frente a la Comunidad Internacional de no intervención en la II Guerra Mundial, para apoyar y corresponder la ayuda que el genocida alemán le prestó para masacrar a la población que defendió la legalidad democrática republicana frente a la ofensiva militar golpista y fascista, sigan siendo homenajeados.

El ministro de asuntos exteriores franquista Ramón Serrano Súñer fue quien organizó esta brigada militar, llamada División Azul, que acudió en ayuda del imperio nazi en sus ansias expansionistas.

La División Azul, bajo mandato nazi, colaboró en el frente que el III Reich estableció en la Unión Soviética, siendo cómplices de las matanzas contra la población civil de los lugares por los que pasaban, apoyando al mismo régimen que llevó a cabo el holocausto, iniciativa que pretendía aniquilar a toda la población judía de europa, y que al final añadió al exterminio a otros sectores sociales como los comunistas, los homosexuales, discapacitados y opositores tanto políticos coo religiosos al partido nazi.

Esos 47.000 hombres que apoyaron militarmente al estado alemán que cometió esos crímenes, muchos de ellos falangistas veteranos de la guerra civil, que ya antes habían atentado contra la decisión de la mayoría de los españoles que escogieron la izquierda de manera democrática, masacrándolos por ello e imponiéndoles un régimen represor antidemocrático, siguen siendo homenajeados.

Muchas calles españolas, incluso en la capital del estado, llevan su nombre. El franquismo quiso recordarlos como héroes y la transición continúa manteniendo el privilegio que supone considerar héroes a los asesinos. Al igual que permite que el jefe de estado siga siendo el que quiso el genocida Franco.

Tercerainformación

Amadeo Martínez Inglés pide la inhabilitación del rey por " graves delitos relacionados con el terrorismo de Estado"




Sobre la base de "los claros y rotundos indicios racionales que apuntan a que el monarca español ha cometido en su juventud y en sus años de reinado, al margen del 23-F, otros graves delitos relacionados con el terrorismo de Estado, la malversación de fondos públicos, la corrupción e, incluso, el homicidio premeditado".

Próximo a cumplirse el 29 aniversario del 23-F y tras la publicación del libro del Coronel Amadeo Martínez Inglés "La Conspiración de mayo" en el que, en relación con aquél evento, se desvela por primera vez uno de los secretos mejor guardados de la transición española, esta semana el militar e historiador remitió al Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, un escrito, con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, en el que le solicita la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria (art. 76.1 de la Carta Magna) que depure las responsabilidades del rey Juan Carlos I en aquella triste jornada de nuestra historia reciente; y también, sobre la base de "los claros y rotundos indicios racionales que apuntan a que el monarca español ha cometido en su juventud y en sus años de reinado, al margen del 23-F, otros graves delitos relacionados con el terrorismo de Estado, la malversación de fondos públicos, la corrupción e, incluso, el homicidio premeditado, se inicien por la Cámara Baja del Parlamento español los trámites necesarios para que las Cortes españolas, según lo que contempla el artículo 59.2 de la CE, puedan "reconocer la inhabilitación" de Juan Carlos de Borbón para seguir ocupando la jefatura del Estado españo"l.

Continúa...


AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.

Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.

El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.

Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”. En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”. Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”. Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente: Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.

Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.

Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.

Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.

Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010
Larepública.es

El racismo de Rumania, el racismo de la U.E.




Después de la adhesión en 2007 de Rumanía y Bulgaria a la U.E. el número de ciudadanos europeos de etnia gitana ascendio a unos diez millones. La mayoria despreciados, relegados al ostracismo, han llegado a ser "una amenaza para la coexion social europea", segun la Comision Europea. Asi empieza un articulo del diario frances Le Figaro, sobre los gitanos del este de Europa.

La comunidad gitana de Rumania, estimada en unos dos millones de personas, es la mayor de toda Europa, y tambien la mas pobre. La mendicidad organizada, la prostitucion y las diversas formas de trafico de personas han permitido que las redes que se encargan de la explotacion prosperen. Aunque identificadas y localizadas, estas redes, muchas veces constituidas a partir de clanes, se benefician hasta hoy de una total impunidad. Quien sabe si esta se debe a que a las autoridades rumanas le es indiferente la suerte de los gitanos y gitanas o a que la corrupcion hace que algunos rumanos miren hacia otro lado a cambio de parte del pastel.

En Francia, y de ahi el articulo de Le Figaro, la llegada a traves de estas redes de trafico de personas de miembros de esta etnia que se dedican a la mendicidad o a la prostitucion, o a otros tipos de delitos organizados, esta situacion preocupa cada dia mas. Como vemos, no se trata de una preocupacion por la discriminacion en si misma, sino sobre las consecuencias en su territorio de esta. Y es que en definitiva, aunque desde la "civilizada" U.E. se acuse de discriminacion racial en el fondo esta no es tan diferente en Bucarest o en Paris, salvo que quizas en la segunda ciudad se mantienen las apariencias de la igualdad. Sin embargo, cuando un inimgrante viene desde el este, sea cual sea su etnia, a traves de una red organizada de trafico de trabajadores, para pagarle menos de lo que se paga a los trabajadores franceses, el gobierno no se queja de la discriminacion que esto supone




Mas o menos asimilados bajo el comunismo, pero ciertamente mucho menos despreciado que durante el capitalismo, los gitanos de Europa del Este han pagado las consecuencias de la transicion hacia el Socialismo de los años 90. Asi, sus condiciones de miseria y su escasa alfabetizacion, al igual que su nefasta salud (siendo su esperanza de vida aun hoy bastante menor que la media), han sido aun peores que las del resto de rumanos. A principio de la decada del año 2000, la perspectiva de la integracion en Europa forzo a las autoridades rumanas, nada proclives a ello, a preocuparse también por sus ciudadanos de etnia gitana. Entonces, Rumania se esforzo medianamente, a traves de la llamada a mediadores, para fomentar la escolarizacion y el acceso a los servicios de salud de los gitanos rumanos. Estos esfuerzos se relajaron considerablemente cuando Rumania entro por fin en la U.E., segun Le Figaro.

Hoy la mayoria de los gitanos rumanos son todavia victimas de la discriminacion, que les impide escolarizarse o acceder al mercado de trabajo. Esta realidad se puede aplicar tambien al resto de paises donde existen minorias de etnia gitana: Hungria, Eslovaquia, Bulgaria o Chequia, esa ultima condenada por la Corte Europea de los Derechos del Hombre hace dos años por escolarizar forzosamente a unos niños gitanos en escuelas especiales destinadas a personas con handicap mentales, una practica corriente, parece ser, en Europa del Este, afirma el diario frances.

La crisis economica mundial no favorece la integracion de los "rromi", y las tensiones, al contrario, se profundizan. Asi que ahora, en este contexto, Rumania y Hungria defienden la creacion de una Agencia Europea para los Gitanos, no se sabe si porque han empezado a preocuparse del problema o porque, al contrario, prefieren que se ocupen de ese tema en Europa, y asi se lavan las manos ante una cuestion en la que la mayoria de los ciudadanos, incluidos los miembros del gobierno y de las instituciones, estan unidos: la del desprecio hacia la etnia gitana.

Recordemos que incluso el presidente actual, famoso por su violencia con los niños (con el famoso video en un mitin electoral) o por su supuesta implicacion en la venta de la flota rumana como hierro viejo cuando era ministro de Transportes, insulta a las periodistas que le molestan llamándolas "gitana" (sin pedir perdon ni dimitir despues de considerar un insulto ser miembro de una etnia a la que un 20% de los rumanos pertenecen).

Le Monde publico tambien recientemente un articulo sobre los gitanos rumanos de las calles parisinas, donde se criticaba la facilidad del trafico de personas de etnia gitana debida a la permisibidad e indiferencia del gobierno rumano. Un tema discutido tambien en la reciente reunion entre el secretario de estado para asuntos europeos de Francia, Pierre Lellouche, y el primer ministro rumano, Emil Boc, que termino con el acuerdo para la creacion de un Secretario de Estado para la Reintegracion de los gitanos (es decir, para devolverlos a Rumania) y para el envio a Francia de policias y magistrados que ayuden a las autoridades a desenmascarar y combatir el trafico con personas.

Tarde o temprano, la UE terminará obligando a Rumania, y resto de gobiernos del este de Europa, a mejorar las condiciones de los gitanos de su territorio, y fomentar su integración. No tanto porque piense que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley (el tratamiento de los inmigrantes extracomunitarios por la U.E. demuestra cada vez mas claramente su desprecio hacia los derechos e incluso por la vida de los seres humanos), sino mas bien para evitar los "daños colaterales" de esta discriminacion en el territorio de otros paises miembros.

http://www.hotnews.ro/stiri-international-6913567-figaro-minoritatea-tiganilor-din-romania-este-cea-mai-importanta-din-europa-cea-mai-saraca.htm?cfat

Homenaje en Aizoáin a víctimas del franquismo, del Fuerte San Cristóbal de Pamplona







El próximo domingo 21 de Febrero, a las 12,00 horas, se celebrará en Aizoáin un homenaje a 10 de los más de 500 fallecidos en el Fuerte San Cristóbal entre 1936 y 1941; los que fueron enterrados en el cementerio de Aizoáin.
En este homenaje, promovido por la sociedad Txinparta y organizado por el Concejo de Aizoáin, se inaugurará la nueva placa con los nombres de los fallecidos y la provincia de origen.

Hay que recordar que la anterior placa fué destrozada antes de su inauguración por miembros de Falange y Tradición que también amenazaron de muerte a un miembro de Txinparta y de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra así como otras amenazas a alcaldes y concejales de las distintas localidades que habían autorizado dichos homenajes.
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En esta ocasión contaremos con las actuaciones de los grupos Barricada, Uharteko Txalaparta Tailerra y la vocalista Maite Mené, que gustosamente se han ofrecido a ello.
La víspera, sábado 20 de Febrero a las 7,30 de la tarde, en el local del Concejo, se proyectará el audiovisual "Ezkaba, la gran fuga de las cárceles franquistas" realizada por Iñaki Alforja que será quien dirija y comente la proyección.

Ya sabéis que, como de costumbre, estáis invitadas todas las personas que con buena voluntad, queráis acudir y sumaros a dicho homenaje.

http://fuertesancristobal-txinparta.blogspot.com/2010/02/homenaje-en-aizoain-victimas-del.html


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