2 de marzo de 2010

Donosti pide el fin de la incomunicación a los(presuntos) detenidos de ETA











El Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido hoy la erradicación de la medida de incomunicación que se aplica a los detenidos de ETA y ha expresado su rechazo a la "tortura y los malos tratos", además de reiterar su condena de la organización terrorista.

Según ha informado el consistorio donostiarra en una nota, la Comisión de Derechos Humanos del consistorio ha aprobado una declaración en la que hace suyas las recomendaciones del Relator de la ONU sobre malos tratos y torturas, con el apoyo del PSE/EE, Aralar-Alternatiba, PNV y EA, mientras que los representantes del PP han votado en contra. En el comunicado la teniente alcalde y portavoz de Aralar-Alternatiba, Ainhoa Beola, miembro de la citada comisión, ha explicado que la corporación ha hecho "un gran esfuerzo para buscar el consenso y acercar posturas en torno a este documento".

Beola ha aclarado que esta declaración institucional surge a raíz de una denuncia de torturas y malos tratos formulada por escrito ante el Ayuntamiento por un grupo de familiares de jóvenes detenidos en San Sebastián el 24 de noviembre de 2009 por orden de la Audiencia Nacional y tras haber escuchado a sus familiares en la Comisión de Derechos Humanos celebrada en enero.



Arresto de 34 personas
Estos jóvenes forman parte de las 34 personas que fueron arrestadas entonces por la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra, en una actuación desarrollada a partir de la documentación incautada al presunto ideólogo de ETA Ekaitz Sirvent y que citaba como las "luchas prioritarias" de Segi el tren de alta velocidad (TAV), el "modelo educativo", la "especulación inmobiliaria" y la construcción del "Estado vasco".

A través de este texto, el consistorio donostiarra hace suyas las recomendaciones 62 y 63 del Relator de la ONU sobre la protección de los derechos humanos y las libertades en la lucha contra el terrorismo. Estas recomendaciones propugnan "la completa erradicación de la detención incomunicada" y piden "que se apliquen sistemáticamente medidas de prevención de la tortura y los malos tratos, en especial mediante la vídeo-vigilancia continua de las instalaciones de detención y el examen de los detenidos por médicos de su elección". El escrito expresa, asimismo, la condena del terrorismo de ETA y reitera "la necesidad de que las fuerzas democráticas mantengan la unidad en el objetivo de deslegitimar la violencia".

Durante el debate en la comisión, los representantes del PNV, Aralar-Alternatiba y EA han expresado su posición contraria a la legislación antiterrorista y han denunciado que su aplicación trae como consecuencia los malos tratos a los detenidos. El PSE/EE ha afirmado que no compartía "los juicios políticos sobre la legislación" y ha alegado que un pronunciamiento de tanto calado "excede la función de la comisión" y supone un "desenfoque del problema del terrorismo", aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con el resto de grupos en torno a las conclusiones del Relator de la ONU.
Publico

El alcance de los asesinos del Mosad





El 19 de enero, el servicio secreto internacional de Israel, el Mosad, envió un escuadrón de la muerte de 18 miembros a Dubai con pasaportes europeos supuestamente "robados" a ciudadanos israelíes con doble nacionalidad y modificados con fotografías y firmas falsas, para asesinar al dirigente palestino Mahmud al-Mabhuh.

Las pruebas son abrumadoras: la presentación por parte de la policía de Dubai de detallados videos de seguridad de los asesinos fue corroborada por el testimonio de expertos en seguridad israelí y aplaudida por los principales diarios y columnistas de Israel. El Mosad declaró abiertamente que al-Mabhuh era un objetivo de alta prioridad que había sobrevivido a tres intentos de asesinato anteriores. Israel ni siquiera se molestó en negar el asesinato. Además, el sofisticado sistema de comunicación utilizado por los asesinos, la logística y la planificación en torno a su entrada y salida de Dubai y el alcance y la magnitud de la operación, tienen todas las características de una operación estatal de alto nivel.

La política israelí de asesinatos en el extranjero plantea cuestiones profundas que amenazan los fundamentos del Estado moderno: la soberanía, el Estado de Derecho y la seguridad nacional y personal.

Israel ha declarado públicamente una política de violación de la soberanía de cualquier país para matar o secuestrar a sus opositores. Tanto en la proclamación como en la práctica real, la legislación, los decretos y las acciones en el extranjero de Israel remplazan a las leyes y a los organismos que las aplican en cualquier otra nación. Si la política israelí se convirtiera en práctica común en todo el mundo entraríamos en una salvaje selva hobbesiana en la que los individuos quedarían sujetos a determinados asesinos de escuadrones de la muerte extranjeros sin restricciones de leyes nacionales o de las autoridades responsables nacionales. Todos los Estados podrían imponer sus propias leyes y saltarse las fronteras nacionales para asesinar con impunidad a ciudadanos de otras naciones o residentes. De hecho, los asesinatos extraterritoriales de Israel son una burla a la noción misma de soberanía nacional. La eliminación extraterritorial por parte de los servicios secretos de los opositores era una práctica común de la Gestapo nazi, de la GPU [predecesor del KGB] de Stalin y de la DINA de Pinochet y se ha convertido en la práctica consentida de las "Fuerzas Especiales" de EE.UU. en la división clandestina de la CIA. Estas políticas son el sello distintivo de los Estados totalitarios, dictatoriales e imperialistas que sistemáticamente pisotean los derechos soberanos de los pueblos.

La práctica israelí de ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales —ejemplificada por el reciente asesinato de al-Mabhuh en una habitación de hotel de Dubai— viola todos los preceptos fundamentales del Estado de Derecho. Las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un Estado suponen que sus servicios secretos son juez, jurado, fiscal y verdugo sin restricciones por razones de soberanía y del derecho y el deber de las naciones de proteger a sus ciudadanos y visitantes. Pruebas, procedimientos legales, derecho de defensa e interrogatorios se borran del proceso. Patrocinados por el Estado, los asesinatos extrajudiciales minan por completo el proceso debido. La liquidación de opositores en el extranjero es el paso lógico que sigue a los engañosos juicios en el interior de Israel basados en la aplicación de leyes raciales y en decretos de detención administrativa que han desposeído al pueblo palestino y violado las leyes internacionales.

Los escuadrones de la muerte del Mosad operan directamente bajo el primer ministro israelí (que aprobó personalmente el reciente asesinato). La gran mayoría de los israelíes apoyan con orgullo tales asesinatos, sobre todo cuando los asesinos escapan al descubrimiento y a su captura. El funcionamiento sin trabas de los escuadrones de la muerte en el extranjero patrocinados por el Estado que llevan a cabo asesinatos extrajudiciales con impunidad constituye una seria amenaza para todos los críticos, escritores, dirigentes políticos y activistas cívicos que se atrevan a criticar a Israel.

El precedente de Israel matando a sus adversarios en el extranjero establece los límites externos de la represión a través de sus partidarios en el extranjero en las principales organizaciones sionistas, la mayoría de las cuales han apoyado ahora y en el pasado la violación israelí de la soberanía nacional a través de ejecuciones extrajudiciales. Si Israel elimina físicamente a sus opositores y críticos, las 51 principales organizaciones judías estadounidenses reprimen económicamente a los críticos de Israel en EE.UU. Presionan activamente a patronos, a presidentes de universidades y a funcionarios públicos para que despidan a los empleados, académicos y profesionales que se atreven a hablar o escribir en contra de la tortura israelí, de sus asesinatos y de la desposesión sistemática de los palestinos.

Hasta ahora, los comentarios más críticos —en Israel y en otros lugares— del reciente asesinato del Mosad en Dubai se fijan en la “incompetencia” de los agentes, incluido que hayan permitido que sus rostros hayan sido capturados en numerosos videos de seguridad mientras se cambiaban torpemente de pelucas y disfraces ante la mirada de la cámara. Otros críticos se quejan de que el chapucero Mosad “empaña la imagen de Israel” como Estado democrático y da argumentos a los antisemitas. Ninguna de esas críticas superficiales han sido repetidas por el Congreso de EE.UU., por la Casa Blanca o por los presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, donde reina suprema la regla de la mafia de omerga, o del silencio, y la complicidad criminal es la norma.

Aunque los críticos se quejan del trabajo chapucero del Mosad porque hace más difícil que las potencias occidentales proporcionen cobertura diplomática a Israel para sus operaciones en el extranjero, la cuestión fundamental nunca se aborda: la adquisición y alteración por parte del Mosad de pasaportes oficiales británicos, franceses, alemanes e irlandeses de dos ciudadanos israelíes pone de relieve la naturaleza cínica y siniestra de la explotación israelí de sus ciudadanos con doble nacionalidad para perseguir sus propios y sangrientos objetivos de política exterior. El uso por parte del Mosad de pasaportes auténticos expedidos por cuatro naciones soberanas europeas a ciudadanos propios para asesinar a un palestino en una habitación de hotel de Dubai plantea la cuestión de a quién deben su lealtad los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad y hasta dónde están dispuestos a llegar en la defensa o en la promoción de los asesinatos de Israel en el extranjero.

Gracias a la utilización por Israel de pasaportes británicos para entrar en Dubai y al asesinato de un adversario, cada hombre de negocios o turista británico que viaje a Oriente Próximo será sospechoso estar vinculado con los escuadrones de la muerte israelíes. Siendo este un año de elecciones y con los partidos Laborista y Conservador contando considerablemente con los millonarios sionistas para la financiación de sus campañas, falta por ver si el primer ministro Gordon Brown hará algo más que gimotear y encogerse.

* El autor es profesor emérito de Sociología en la Universidad de Binghamton, Nueva York.
Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Fuente: http://weekly.ahram.org.eg/2010/987...

Así son los querellantes que buscan acabar con Garzón




Ultraderechistas de Manos Limpias y de Falange, abogados enfrentados a Botín y empresarios e implicados en la Gürtel buscan acabar con Garzón
Manos Limpias, el pseudo sindicato de Miguel Bernard, cabeza visible de la ultraderecha madrileña desde sus tiempos de delfín de Blas Piñar, ha tenido el honor de abrir el baile de querellantes contra el juez Baltasar Garzón, al que han concurrido con sus mejores galas la resucitada Falange Española de la JONS, abogados de querellas rechazadas y empresarios imputados en la trama corrupta vinculada al PP.

Bernard, de larga y conflictiva trayectoria nacionalsindicalista como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado centenares de querellas contra partidos nacionalistas o de izquierda, instituciones, homosexuales y hasta contra el programa infantil Los Lunis. La que interpuso contra el juez y la fiscal

del 11-M casi le cuesta un disgusto, ya que el Supremo dedujo testimonio contra él por acusación y denuncia falsas al entender que esa querella entrañaba un “fraude procesal” y un “manifiesto abuso de Derecho”.



Pero entre los magistrados de la Sala Penal, Bernard también tiene su público: suplió la negativa del fiscal a acusar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que resultó condenado precisamente por desobediencia al Supremo. Ahora, con la imputación y posible condena del juez al que ha perseguido durante años por atreverse a indagar los crímenes del franquismo, ha logrado el premio gordo.

La querella de Manos Limpias fue admitida al segundo intento —primero se presentó como denuncia— por la Sala Penal, en un auto del que fue ponente Adolfo Prego, un magistrado ultraconservador que se ha significado como patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española, (Denaes). Prego es hermano de la periodista Victoria Prego, adjunta a la dirección de El Mundo, el diario al que Garzón ha acusado de “denigrarle sistemáticamente”.

A esta querella se ha sumado ahora Falange, para lavar el “honor” de su “movimiento”.

El abogado Antonio Panea lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento.

Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia.

Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.

Pese a estar la querella archivada, Panea acudió con otra que contiene supuestos “nuevos datos” que revelarían que Garzón solicitó personalmente a Botín el patrocinio de unos cursos que dirigió en Nueva York, con intervención de diversas personalidades. Por el momento, a Garzón de nada le han servido las

explicaciones de la Universidad de Nueva York ni del banco, y la querella se ha admitido. En las últimas semanas, el Supremo ha respaldado a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por encararse con ella e interrumpir al letrado de la parte contraria.

La tercera querella admitida hasta ahora ha sido la del abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri. Éste no llegó a ingresar en prisión, pero Peláez visitó en la cárcel a los principales implicados de la red corrupta para “preparar la defensa” de su cliente.

Garzón había ordenado grabar las conversaciones de los presos con sus abogados, sospechando que alguno podría incurrir en operaciones de blanqueo. Aunque, efectivamente, algún abogado ha resultado imputado, el Supremo entiende que el juez ha podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.

Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su “sorpresa” por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró “prueba suficiente” que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses.

Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.

Contra Garzón ha anunciado también una querella el Colegio de Abogados de Madrid por las escuchas del caso Gürtel, que de momento ha quedado en la recámara.

El decano, Antonio Hernández-Gil, afirmó que es la primera vez que el Colegio (una institución con más de 400 años de historia) se querella contra un juez.

Aseguró que la querella se presentará “en el momento más adecuado” y cuando “sea más eficaz”. En la Junta que adoptó el polémico acuerdo se sienta el vicedecano Luis Rodríguez Ramos, que defiende, junto a varios de sus colaboradores, a varios de los imputados en de la trama.

http://www.elpais.com/articulo/espana/querellantes/elpepiesp/20100228elpepinac_2/Tes?print=1

El brigadista era cubano



El voluntario que aparece en la foto que Zapatero quería regalar a Obama zarpó de Nueva York, pero no nació en EE UU. Aún se ignora su nombre
Era el regalo perfecto. La foto de un brigadista afroamericano para un presidente afroamericano que planeaba viajar pronto a Madrid. No era ni la fría guía turística de Barcelona que Zapatero le había regalado la última vez, ni el socorrido jamón con que obsequió al presidente ruso.

Era algo más sentimental: una imagen tomada por el fotoperiodista Agustí Centelles durante la Guerra Civil a un hombre negro que había viajado desde Estados Unidos a España para defender con el bando republicano, en la brigada Abraham Lincoln, la democracia. Sólo faltaba averiguar su identidad. Un equipo de expertos de tres países (EE UU, Cuba y Guayana) ha realizado importantes hallazgos tras dos meses de investigación.



“Vimos el artículo en EL PAÍS de diciembre que hablaba del asunto y nos pareció un desafío, y desde entonces hemos llevado a cabo una investigación casi detectivesca”, cuenta Sebastiaan Faber, profesor de estudios hispánicos y miembro de la junta directiva del Archivo de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA, en sus siglas en inglés), ubicado en la Universidad de Nueva York. Faber y su colega James D. Fernández bucearon en el material del archivo, creado en 1979 por veteranos de la Brigada Lincoln y alimentado desde entonces por una ingente documentación: desde fotografías a diarios de los propios brigadistas. Así, dieron con otra foto, tomada en el barco Champlain en Nueva York, en la que el mismo hombre posa con otros voluntarios.

La foto de Centelles fue tomada el 17 de enero de 1937 en Barcelona. “El seis de enero los voluntarios habían empezado a desfilar por la ciudad. El primer barco había partido de Nueva York a finales de diciembre. Y el Champlain, el seis de enero”, dice Faber. Siguieron su rastro. El hombre de la foto durmió en el Castillo de Figueras, llegó a Barcelona una mañana, desfiló por la tarde y por la noche partió hacia el campo de entrenamiento en Albacete.

En otra foto tomada por Centelles ese mismo día vieron que el brigadista negro sostenía una bandera en la que además de Brigada Abraham Lincoln se podía leer “Centuria Antonio Guiteras”. Y entonces se fijaron en la persona a la que el brigadista rodeaba con el brazo en el Champlain: Rodolfo de Armas, líder de esa centuria, un estudiante cubano de medicina que se había destacado en las protestas contra el presidente cubano Gerardo Machado. “Murió en el Jarama y se convirtió en un héroe para los cubanos”.

Así fue como descubrieron que el brigadista negro no era estadounidense, sino cubano. “No tenemos dudas. Era un cubano exiliado, muy activo en los círculos izquierdistas de Nueva York y que salió de EE UU para integrar el núcleo cubano del Batallón Lincoln”. La pista definitiva la encontraron en el libro de otro brigadista, John Tisa, titulado Tisa, Recuerdo de la buena lucha: una autobiografía de la guerra civil española, escrito en 1985, y que incluía una foto en la que volvía a aparecer el brigadista negro, al que el autor llamaba Cuba hermosa.

Cuba hermosa es una expresión de una canción política de la época, titulada Lamento cubano. Sólo es el apodo porque el equipo de investigadores aún no ha encontrado el nombre verdadero del brigadista de Centelles. “En la lista de embarque del Champlain hemos ido eliminando los nombres conocidos y nos hemos quedado con cinco: Bienvenido Domínguez, Faustino García, Juan Godoy, Ricardo Pérez y Ronaldo Rodríguez. Uno de ellos es él”.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/brigadista/era/cubano/elpepicul/20100301elpepicul_4/Tes?print=1