
La Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis, organizaciones consultivas de la ONU, han pedido que se vuelva a instar al Gobierno español a "definir con claridad las conductas prohibidas, para la seguridad jurídica de todas las personas". Reiteran que Madrid hace una aplicación expansiva de los delitos de terrorismo y se fijan, entre otros, en los de "apología" y el "enaltecimiento", por el que fue de nuevo condenado Arnaldo Otegi.
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El pasado 15 de febrero, apenas dos semanas después de que concluyera el juicio contra Arnaldo Otegi, dos organizaciones no gubernamentales consultivas de la ONU, remitían a su secretario general un escrito para ser tratado en el 13º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el que se recomendaba solicitar al Gobierno español que "las disposiciones sobre terrorismo respondan al principio de legalidad".
La Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis recogen los trabajos realizados anteriormente por el Relator Especia, por el Comité de Derechos Humanos y por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y las negativas del Gobierno español a cumplir con sus peticiones.
Ambas asociaciones "confirman la falta de voluntad del Gobierno de llevar a cabo un proceso de revisión en el que expertos independientes examinen si los artículos controvertidos del Código Penal se ajustan a las normas internacionales". Según su análisis, las tipificaciones de los delitos de terrorismo están sufriendo un "deterioro gradual" hasta el punto de ampliarse a "figuras de tipo ordinario que no constituyen violencia grave. Tal exasperación punitiva se utiliza para cualquier acto, a fin de atraerlo a la esfera de lo terrorista".
En este ámbito se menciona también la figura de la "apología", en la que desde el año 2000 "se castiga de forma específica el enaltecimiento o la justificación de los delitos terroristas, pero sin exigir expresa- mente una incitación directa a delinquir". Al entender de los organismos internacionales, la formulación es "imprecisa" y conceptos como "enaltecimiento" o "justificación" "adolecen de falta de claridad y precisión".
Por ello, recomiendan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que solicite al Gobierno español que "asegure que las disposiciones sobre terrorismo respondan al principio de legalidad"; que "defina con claridad las conductas prohibidas, para la seguridad jurídica de todas las personas"; que "respete el principio de presunción de inocencia en los casos de terrorismo"; y que "acate integralmente la opinión del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias".
Gara