6 de marzo de 2010

Clara Zetkin propuso la idea del Día de la mujer trabajadora, mejor conocido como el Día Internacional de la Mujer

Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo en 1910




Clara Zetkin, de soltera Clara Eissner (5 de julio de 1857 - 20 de junio de 1933), fue una política comunista alemana muy influyente, así como una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento en el que ingresó en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), concretamente en su ala más izquierdista, la Liga Espartaquista, que acabaría formando posteriormente el Partido Comunista de Alemania (KPD). Fue miembro del Reichstag por este partido durante la República de Weimar desde 1920 a 1933.
En 1874, tras finalizar sus estudios para convertise en profesora, Zetkin entró en contacto con el movimiento obrero y femenino en Alemania, uniéndose al Partido Socialista de los Trabajadores (SAP) en 1878. Este partido había sido fundado en 1875 por la unión de dos partidos anteriores: la Asociación General de Trabajadores Alemanes (ADAV) de Ferdinand Lasalle y el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores (SDAP) de August Bebel y Wilhelm Liebknecht. En 1890 cambió su nombre al actual Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).



Exilio

A causa de la prohibición de las actividades socialistas en Alemania dictada por Otto von Bismarck en 1878, Zetkin inicialmente se refugió en Zúrich en 1882, pasando posteriormente al exilio en París. Durante su estancia en París jugó un importante papel en la fundación de la Segunda Internacional. Adoptó el nombre de su marido, el revolucionario ruso Ossip Zetkin, del que tuvo dos hijos. Posteriormente, Zetkin estaría casada con el artista George Friedrich Zundel desde 1899 hasta 1928.

Junto con Rosa Luxemburgo fue una de las principales figuras del ala más izquierdista del SPD, oponiéndose a las tesis revisionistas de Eduard Bernstein en el debate que tuvo lugar al inicio del siglo XX.

Comienzo por la lucha de los derechos de la mujer

Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Entre 1891 y 1917 editó el periódico "Igualdad" y en 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la Mujer del SPD. Fue ella la que decidió que a partir del 8 de marzo de 1911, dicha fecha se considerara el "Día Internacional de la Mujer" o "Día de la Mujer Trabajadora".

Lucha durante la Primera Guerra Mundial

Durante la Primera Guerra Mundial, Clara Zetkin, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo junto a otros influyentes miembros del SPD, rechazaron la política pactista del partido con el gobierno, la cual suprimía las huelgas obreras durante el conflicto armado. Junto con otros activistas antibelicistas, Zetkin organizó una conferencia internacional de mujeres socialistas contra la guerra en Berlín en 1915. A consecuencia de sus opiniones fue arrestada varias veces durante la guerra

En 1916 Clara Zetkin fue una de las fundadoras de la Liga Espartaquista y del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), escisión del SPD en 1917 en protesta por su actitud a favor de la guerra. En enero de 1919, tras la Revolución Alemana de noviembre del año anterior, se fundó el Partido Comunista de Alemania (KPD), partido al que se unió Zetkin, siendo elegida representante en el Reichstag entre 1920 y 1933. .
Hasta 1924 Zetkin fue miembro de la oficina central del KPD, y entre 1927 y 1929 fue miembro de su comité centra. También fue miembro del comité ejecutivo de la Internacional Comunista (el Comintern) desde 1921 a 1933. En 1925 fue elegida presidenta de la asociación de solidaridad "Socorro Rojo". En agosto de 1932, como presidenta del Reichstag al ser el miembro de más edad, hizo el llamamiento de esta institución a la lucha conta el nazismo.[cita requerida].

Últimos años y muerte

Clara Zetkin propuso la idea del Día de la mujer trabajadora, mejor conocido como el Día Internacional de la Mujer, que fue declarado en su 2° segunda conferencia, y se indica que este sera celebrado cada 8 de marzo en conmemoración de que en esta misma fecha, pero en 1909, un incendio originado en una fabrica de Nueva York, Estados Unidos; ocasiono que 129 mujeres perdieran la vida.

Cuando Adolf Hitler y su partido nacional-socialista tomaron el poder, el Partido Comunista fue ilegalizado y el Reichstag incendiado en 1933. Clara Zetkin se exilió de nuevo, esta vez en la Unión Soviética, donde murió el 20 de junio de 1933 en Moscú, Rusia, a la edad de 76 años. Fue enterrada junto a la muralla del Kremlin en Moscú.

Wikipedia

El “carnicero de Málaga” continúa siendo “grande de España"



Requerimiento público al Rey de España para que comparezca en la fosa común de Málaga y declare nulo el Marquesado de Arias-Navarro
El dolor de las víctimas de Málaga es el dolor de todas las víctimas del franquismo y el fascismo internacional, asesinados sepultos o insepultos, desaparecidos, exterminados en las prisiones, pequeños víctimas de desaparición infantil, deportados a los campos nazis, exiliados, torturados, explotados como mano de obra esclava, vejados, largamente expoliados todavía en nuestros días.

Las imágenes hechas públicas de las fosas de Málaga conmueven la conciencia de la humanidad, como en su día las de Badajoz, Gernika y tantos otros lugares de nuestra geografía; son las imágenes del genocidio de un pueblo.



Los conceptos jurídicos, las propias palabras no alcanzan frente a la fría realidad de los cuerpos, la cal viva y las fosas, en Málaga y en todos los demás lugares de España; las cifras tampoco son suficientes; ni las estremecedoras cifras de Málaga, ni las de otros lugares, ni las de el conjunto de todos éstos y todas las fosas clandestinas que aún restan por exhumar, los ‘niños perdidos’ que aún restan por encontrar.

El mero hecho de pensar que el actual Jefe del Estado otorgó el título nobiliario de “Marquesado de Arias-Navarro” con categoría de Grandeza de España, noble entre los nobles, y que uno y otra siguen vigentes mientras se continúan exhumando cuerpos en Málaga nos llena de vergüenza por la situación de impunidad del franquismo en nuestro país y por la inmoral actuación del conjunto de nuestras instituciones y también nos llena de rechazo hacia esa “nobleza franquista”, de los genocidas ensalzados con títulos y honores que transmiten a sus descendientes mientras los de sus decenas de miles de víctimas, muchas veces todavía condenados como criminales, no reciben ni sus restos mortales y se les niegan sus más elementales derechos humanos y los derechos a la verdad, justicia y reparación y se ven obligados a peregrinar de fosa en fosa.

Por todo ello requerimos respetuosa y públicamente al actual Jefe del Estado, Juan Carlos I:

a) Requerimos la inmediata nulidad del título del Marquesado de Arias-Navarro, con Grandeza de España, también conocido como el “carnicero de Málaga”, creado mediante Real Decreto de 2 de julio de 1976, en virtud de sus específicas prerrogativas en materia de títulos nobiliarios; y junto a éste el de todos y cada uno de los restantes títulos nobiliarios de exaltación del franquismo concedidos por él Rey Juan Carlos o por el dictador Franco, más de veinte en total que injustificablemente continúan todavía en vigor.

b) Requerimos que el Jefe del Estado, que hasta la fecha no ha tenido hueco en su apretada agenda institucional y deportiva de los últimos 35 años para visitar ni una sola fosa común de los cientos que hieren nuestra geografía, se persone en la fosa de Málaga para que pueda ver por si mismo el alcance del genocidio llevado a cabo allí y de la responsabilidad de los hechos de los que fue partícipe quien da nombre a su marquesado, así como acercarse al dolor de los familiares de las víctimas de aquello en lo que fue partícipe a quien él concedió “Grandeza de España”. Nuestro país continúa siendo el segundo país del mundo en desaparecidos en fosas comunes, tan sólo superado porla Camboya de Pol Pot y la reponsabilidad de Estado en que ello siga siendo así por parte de todos nuestros altos representantes, más aún el jefe del Estado, es incontestable.

c) Requerimos que el Jefe del Estado pida perdón a los familiares de las víctimas de quien el ensalzó como noble entre los nobles, con grandeza de España. Y en razón de lo mismo requerimos también que, como alto representante del Estado, exprese su clara condena al constante insulto al que son sometidas las familias de todos los asesinados del franquismo cada vez que algún representante institucional del Estado califica como “sentencias” lo que son viles asesinatos que el derecho penal internacional no duda en calificar, en cambio, como “crimen de guerra” (“Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, artículo 8.2. c, iv del Estatuto de Roma relativo a los crímenes de guerra). Todos tenemos presente otros actos de Estado como el de Kevin Rudd en el Parlamento de Australia ante los familiares de las Stolen Generations o el de Willy Brandt en Varsovia ante las víctimas del nazismo y forma parte de todos los deberes de "verdad, justicia y reparación" que deben ser cumplidos en su totalidad.

d) Requerimos que el Jefe de Estado reconozca y condene el genocidio llevado a cabo por Franco y los generales golpistas contra el pueblo español, localidad a localidad que iba cayendo bajo su control. Que se posicione públicamente a favor de la persecución penal de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, imprescriptibles, y cualesquiera otros ante los tribunales de justicia

e) Requerimos que el Jefe del Estado explique qué conocimiento tuvo entre el 22 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978, antes de la entrada en vigor de su inviolabilidad penal en el orden interno, de la consumación permanente, día a día, de las víctimas adultas e infantiles del delito de desaparición forzada de personas.

f) Requerimos que explique qué conocimiento tuvo, a partir de entonces, de la aplicación ilegal de la ley de amnistía para impedir los juicios penales y, en especial, del incumplimiento de los sucesivos tratados internacionales en materia de derechos humanos rubricados por el mismo en ejercicio de sus funciones constitucionales.

g) Requerimos que, como jefe del Estado y dentro del ejercicio de sus funciones constitucionales en asuntos de Estado promueva el normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos y de los deberes de “verdad justicia y reparación” a favor de todas las víctimas del franquismo y del posterior periodo de impunidad. La "investigación oficial efectiva e independiente" de todos los crímenes del franquismo que nos reclama la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que en nuestro país nuestro sistema de justicia continúa vulnerando. Empezando por las circunstancias de la muerte de esos 349 niños encontrados en la fosa de Málaga, parte del exterminio infantil llevado a cabo por el franquismo en centros de detención ilegal, bombardeo de población civil y asesinatos de menores también llevadas a cabo.

h) Requerimos que, como Jefe del Estado, cumpla con su obligación de revelar a todas las familias de los desaparecidos del fraquismo el paradero de los seres queridos que les fueron arrebatados por los agentes del Estado o con su directa aquiescencia y la digna restitución de sus restos mortales o la identidad y paredero de aquellos que continuen con vida.
Miguel Ángel Rodríguez Arias . Rebelión

Nelson Mandela declaraba que «el tema en Sudáfrica no es la lucha armada, sino el apartheid».





Jon Odriozola

La Audiencia Nacional ha condenado a principios de marzo al que fuera portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de «enaltecimiento del terrorismo» en un acto celebrado en Zornotza en junio de 2005, donde el líder abertzale comparó al preso de ETA Joxe Mari Sagardui, Gatza, con Nelson Mandela. El militante vasco entonces llevaba la friolera de 25 años de cárcel (hoy son ya 30), mientras que Mandela salió después de haber estado 27 años en prisión.

El tribunal especial, sin ningún rigor y menos rubor, llega a decir que Nelson Mandela «jamás utilizó la violencia ni la apoyó en pos de conseguir la supresión el apartheid en Sudáfrica». En otro párrafo, el ridículo crece en inverecundia cuando se escribe que Mandela es «un auténtico héroe que permaneció en prisión por motivos ideológicos, exclusivamente por eso (subrayado mío), pero jamás utilizó la violencia ni la apoyó en pos de conseguir la supresión del apartheid». Haremos aquí un pequeño inciso para indicar que el término apartheid proviene de la unión del vocablo inglés apart (aparte) y la voz holandesa heid (ganado, rebaño; en inglés sería herd).

Repasaremos sucintamente la historia de Sudáfrica desde los años 60 del siglo pasado y, particularmente, de Mandela para concluir que si, según la Audiencia Nacional, el líder negro es un «héroe», el militante abertzale -siguiendo la lógica del tribunal especial- no lo es menos. El desconocimiento de la historia por parte de los jueces demuestra, de otro lado, que la sentencia ya estaba dictaminada de antemano, es decir, no había caso salvo que Otegi fuera negro y sudafricano y Mandela de Durango

Al poco de ser puesto en libertad (el 11 de febrero de 1990), Nelson Mandela declaraba a preguntas de los periodistas que «el tema en Sudáfrica no es la lucha armada, sino el apartheid». En otra intervención manifestó que «la renuncia a la violencia por parte del Congreso Nacional Africano (CNA) no debería ser una precondición sino el resultado de la negociación». A este respecto, Oliver Tambo, dirigente del CNA, declaró en 1968: «No conocemos precedente alguno de un cese unilateral de hostilidades antes de que las negociaciones hayan empezado». El propio Mandela, todavía encarcelado, respondió en 1985 al entonces presidente Pieter Botha que no renunciaría a la violencia como instrumento político a cambio de su libertad, como este último sugería.

L a adopción de la lucha armada no fue un paso fácil para el CNA. Desde que en 1948 el Partido Nacional Afrikander (de la minoría blanca y no anglófona) subió al poder, se sucedieron toda una serie de leyes segregacionistas que codificaron y «legalizaron» el sistema de apartheid. Frente al arsenal jurídico-represivo del racismo. como por ejemplo el odioso y odiado sistema de pases o salvoconductos que todo negro tenía que llevar encima para conseguir empleo o ir de viaje o salir por la noche después del toque de queda, o la Ley de Registro de la Población que clasificaba a cada individuo según su raza, o el sistema de proscripciones (destierros) que, al amparo de la Ley de Represión del Comunismo, suponía una condena no como consecuencia de un juicio, sino de un «prejuicio» sin apelación ni recurso (1), el CNA vino impulsando una política basada en métodos de lucha no violentos (no se olvide que el concepto ahimsa de Gandhi surgió aquí y creció en la India) como el boicot a los productos sudafricanos, huelgas y campañas de desobediencia civil y desacato, etc. Se trataba de combatir contra leyes injustas y no contra las razas (en 1959 apareció el Congreso Panafricanista bajo el lema «Africa para los africanos». No decía para los «negros» africanos. Digamos también que el CNA se fundó en 1912 y el PN afrikander dos años más tarde).

Fue en 1960, después de la matanza de Sharpeville, que el CNA, luego de debates internos, decidió emplear «otros métodos de lucha» más contundentes. Se vio la necesidad de organizar una violencia de respuesta y defensiva frente al inmenso aparataje policíaco-militar del Estado. El CNA encargó a Mandela la creación de una organización armada -la Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación)- que emplearía como principal método de lucha el sabotaje contra símbolos racistas tratando en todo momento de evitar el derramamiento de sangre. Mandela, ya clandestino, salió del país para acudir a la Conferencia Panafricana en Addis Abeba (invitado nada menos que por Haile Selassie), donde comunica el expreso abandono de las formas no violentas de lucha «porque la situación ha cambiado radicalmente» y «se nos han cerrado todas las oportunidades para la agitación y la lucha pacíficas». A este respecto, es significativo señalar cómo en 1961 se le entrega el premio Nobel de la Paz a Albert Luthuli (presidente del CNA que fue prohibido a raíz de Sharpeville) en reconocimiento de su lucha «no violenta» y cómo, también, la Umkhonto empieza su actividad armada colocando bombas en objetivos simbólicos en Durban, Johannesburgo y Port Elisabeth. Piénsese, por otra parte, que no se podía luchar por un estado independiente, como sucedía en otras partes de África, porque Sudáfrica… «ya era un estado independiente».

Fue sin duda el sistema de apartheid lo que más repugnó a la conciencia y opinión pública internacional. Que hubiera autobuses, urinarios para uso exclusivo de «europeos» (como se llama allí a los blancos) o la concentración en las ciudades de las masas negras de guetos o townships y sowetos que fueron desapareciendo para dar paso a un «apartheid amable». Un apartheid pensado como sistema de control de la mano de obra negra. Las discriminaciones históricas, culturales y económicas entre blancos anglófonos y afrikáners (descendientes de los boers holandeses) se diluían ante una voluntad de unidad fundada en la común preocupación de preservar el monopolio del poder y las ventajas materiales que les aseguraba el apartheid y lo que se vino en llamar «desarrollo separado». Los no blancos (incluidos indios y mestizos) tienen/tenían en común el ser unos excluidos dentro de su propio país. Los bantustanes, supuestas «naciones» como Transkei, Ciskei, Venda, KwaZulu, etc. o «estados bantúes», a pesar de su independencia formal, no tienen otra función que la de servir de mano de obra de reserva para los africanos que no hayan encontrado un trabajo en las minas o en las industrias blancas. También la mano de obra de los países vecinos, hasta su independencia, como Zambia, Tanzania o Africa del Sudoeste (hoy Namibia) o los antiguos protectorados británicos de Lesotho, Bostwana y Suazilandia.

Sin embargo, el apartheid limita el mercado interno debido a las escasas remuneraciones que perciben los trabajadores negros. Se trataba de enmendar algunas prácticas racistas ya molestas y engorrosas para crear nuevas estratificaciones en la sociedad sudafricana que no serían necesariamente determinadas por la pertenencia racial; es decir, se considera que la mejor manera de preservar la economía de libre empresa y los privilegios de la minoría blanca es permitir el acceso de una parte muy limitada de la población negra a las ventajas del sistema de apartheid. Tratar de crear una clase media negra y la integración de una «aristocracia obrera» de color para hacer aún más profundas las diferencias de clase. Ésta ha sido siempre la clave de la supervivencia del régimen sudafricano: dividir, subdividir en clases, estratos, capas, sectores. La barrera de color, con ser muy importante, deja de serlo en tanto en cuanto las tasas de explotación suben o bajan. Y la barrera de clases siempre podrá ser mitigada con la falacia de la movilidad social, del desclasamiento, del acceso de una clase inferior a otra superior… Ya no hay televisores en «blanco y negro», ya todos son en color, ergo: ya no hay apartheid.

(1) En este sentido, quizá no esté de más comentar el parecido entre esta vagarosa figura antijurídica con lo sucedido con el preso político del PCE(r) Juan García Martín, al que se le condena a 80 años -una cadena perpetua encubierta- por un 80% de «convicción moral», no del juez -que también supondría una aberración- sino de una testigo protegida que asegura que el militante comunista estuvo en tal sitio. No cabe mayor arbitrariedad. ¿O sí?

Las mujeres en un mundo en crisis



En el imaginario colectivo, cuando se habla de la población afectada por la crisis, de forma casi inmediata la imagen que aparece es la de un hombre, trabajador del sector de la construcción o de la industria que ha perdido su empleo, tiene detrás a una familia que alimentar y se encuentra con serias dificultades para encontrar otro trabajo. Indudablemente, por desgracia, hay cientos de miles de casos como éste. Pero como suele suceder, los efectos que la crisis está teniendo sobre la situación de las mujeres trabajadoras no están siendo tan visibilizados. Los medios de comunicación, basándose en un análisis superficial de las estadísticas de desempleo, llegan incluso a afirmar que las mujeres no estamos saliendo tan mal paradas como los hombres con este nuevo ciclo de recesión económica.

Más que haber afectado en mayor medida a los hombres que a las mujeres, la crisis ha empeorado la situación laboral de muchos hombres y ha provocado que como colectivo, ésta se aproxime más a la situación que las mujeres llevamos padeciendo ya desde hace mucho tiempo. Lejos de estar mejor, esto hace que las mujeres nos encontremos en unas condiciones más difíciles para afrontar los efectos de la crisis. Un diagnóstico más ajustado de la realidad, que evite caer en comparaciones baratas, exige ir más allá de los datos y analizar todos los factores que afectan a la situación actual de la mujer.



Precariedad y cuidado: una relación de retroalimentación

Uno de los espacios en los que se materializan de forma más evidente las desigualdades de género es el ámbito laboral. Las mujeres somos quienes más sufrimos la precariedad, que se traduce en contratos temporales y a tiempo parcial, así como en una desigualdad salarial muy significativa respecto a los hombres.

Esta situación es una consecuencia de la forma en la que nos hemos ido incorporando al mercado de trabajo remunerado, siguiendo el modelo de “salario familiar”. Éste atribuye al salario del hombre un lugar principal como sustento fundamental de la familia, mientras el salario de la mujer se entiende como un complemento al mismo. El papel central de la mujer se mantiene de esta forma en el ámbito privado, desempeñando las tareas de reproducción y cuidado en el seno de la familia. Ésta es la forma que encontró el sistema capitalista para garantizar que la reproducción de la mano de obra continuase sin implicar ningún coste, a la vez que permitía disponer de más mano de obra y más barata siempre que fuera necesario. Las exigencias de aumentar la productividad al máximo, fruto de una competencia cada vez más salvaje en el capitalismo avanzado, combinado con ciclos de crisis económica cada vez menos distanciados en el tiempo, provocaron que la mano de obra femenina se convirtiese en una parte imprescindible del sistema. Esta realidad, combinada con la lucha del movimiento feminista por la emancipación económica de las mujeres, ha conducido a un crecimiento paulatino de la tasa de actividad femenina.

Pero esta progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha ido acompañada de una redistribución del trabajo de cuidados. Una encuesta acerca de los usos del tiempo elaborada por el INE indica que en el Estado español el 93% de las mujeres realiza tareas domésticas y relacionadas con el cuidado de hijos y ancianos, y emplean al día tres horas más de media que los hombres a la realización de dichas tareas. Intentar que los hombres tomen conciencia de lo que supone el trabajo de cuidados y asuman también la responsabilidad del mismo es fundamental, pero limitarse a este objetivo perpetúa la idea de que el trabajo reproductivo debe mantenerse en el ámbito privado. En el contexto actual, las desigualdades en el ámbito laboral presionan en dirección opuesta a esta labor de concienciación e imposibilitan que se pueda resolver el problema de puertas adentro y atendiendo exclusivamente a una cuestión cultural.

Revalorizar el cuidado y procurar que toda la sociedad lo conciba como el trabajo fundamental que es para la propia reproducción y mantenimiento de la vida es muy importante. Pero para que realmente las mujeres nos liberemos de la carga que supone realizarlo, al mismo tiempo es necesario sacar el trabajo de cuidados fuera del ámbito privado y que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de garantizarlo. Es decir, totalmente al revés de lo que sucede bajo la lógica neoliberal actual. Aunque la desaparición progresiva del Estado de bienestar no es nada nuevo, en momentos de crisis como el que estamos viviendo las empresas necesitan nuevos ámbitos de inversión y el proceso de privatización de los servicios públicos se acelera. Al mismo tiempo, la deuda pública aumenta considerablemente y los recortes en el gasto social se intensifican.

Y una vez más, entre el conjunto de la clase trabajadora que padece las consecuencias, las mujeres nos vemos especialmente afectadas. Además de afectarnos como usuarias o en algunos casos como trabajadoras de estos servicios, las privatizaciones y los recortes tienen un efecto directo sobre nuestro trabajo como cuidadoras. Cuando se privatizan las guarderías, se reducen el número de plazas en las residencias o disminuyen el número de camas en los hospitales, detrás hay una mujer que tiene que asumir el cuidado de esos niños, enfermos y ancianos que son dejados de lado por el Estado.

Con la desmantelación del Estado del bienestar, el hecho de tener que asumir toda la carga que supone el trabajo reproductivo y tener que compaginar un trabajo con otro en una doble jornada, nos obliga a las mujeres a aceptar peores condiciones laborales. A su vez, el hecho de que las mujeres trabajemos en precario y obtengamos salarios más bajos, fomenta que las familias dependan en mayor medida del salario del hombre. Esto provoca que, en caso de que en la familia haya personas en situación de dependencia, siempre acabe siendo la mujer la que deja de trabajar a tiempo completo o directamente deja de trabajar de forma remunerada para poder asumir todo el trabajo de cuidados. Se trata de un círculo vicioso que en muchos casos nos deja en una situación de sobreexplotación, desempeñando dos trabajos simultáneamente, de los cuales uno está mal remunerado y el otro ni siquiera está reconocido como tal; o en otros casos, en una dependencia económica total de la pareja que nos resta autonomía.

En esta situación, algunas mujeres que pueden permitírselo recurren a otras de menos recursos, fundamentalmente inmigrantes, para que se ocupen en su lugar de las tareas de cuidado, permitiendo dar la imagen de estar liberadas de las cargas familiares. Pero la realidad es que no se ha producido una redistribución real del trabajo de cuidados, sino un trasvase del mismo de unas mujeres a otras, suponiendo un coste para las que contratan estos servicios y una precariedad extrema para las mujeres que lo desempeñan, que normalmente trabajan sin contrato y por sueldos que no alcanzan el salario mínimo.

La precariedad laboral tiene además otro efecto perverso que en este momento de crisis, caracterizado por un desempleo creciente, se hace más evidente. Al haber empalmado unos contratos temporales con otros o haber estado trabajando sin contrato, muchas mujeres desempleadas encuentran muy limitado, tanto en duración como en cuantía, el acceso a las prestaciones o directamente no tienen derecho a prestación alguna. En estos casos, si están solas o su pareja tampoco tiene recursos, y además tienen que hacerse cargo del mantenimiento de su familia, en algunso casos extremos la prostitución puede llegar a convertirse en una opción desesperada de supervivencia.

¿Dónde están las políticas de igualdad?

Desde la llegada del PSOE al gobierno, las desigualdades de género han estado más presentes en el debate político. Con la aprobación de leyes relacionadas con los derechos de la mujer e incluso la creación de un ministerio específico para ponerlas en práctica, el gobierno aparece ante la opinión pública como un gobierno sensible a la cuestión de género.

Sin embargo, a día de hoy, la situación laboral y social de las mujeres no ha mejorado de forma sustancial. La excusa es que hace falta más tiempo para que se vean los resultados, pero la realidad es que, pase el tiempo que pase, estas leyes se seguirán quedando en pura apariencia si no van acompañadas de reformas estructurales en el mercado laboral y un aumento de la inversión pública en los servicios relacionados con el cuidado. Hay dos leyes claves que podían haber incidido en estos dos aspectos: la Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia, pero veamos en qué han resultado.

En el caso de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el objetivo inicial era favorecer la eliminación de las desigualdades salariales, reducir la tasa de desempleo femenino, lograr la paridad en los puestos de mayor responsabilidad y mejorar la conciliación entre la vida personal y laboral. Sin embargo, las mujeres aún cobramos un 30% menos que los hombres y suponemos el 80% de la población con contratos a tiempo parcial. El mito de la conciliación tampoco se ha hecho realidad y en uno de los dos espacios, en la casa o en el trabajo, o en ambos a la vez, acaban viéndose las consecuencias: desempleo, problemas de salud y mala conciencia para las mujeres y una atención precaria para las personas dependientes. La ley amplía las posibilidades de solicitar una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de un hijo o un familiar, pero no introduce sanciones que obliguen a introducir los planes de igualdad. En las empresas con menos de 250 trabajadores, los empresarios tienen la posibilidad de decidir libremente si los aplican o no, con el resultado evidente de que prácticamente ninguno lo hace.

La Ley de Dependencia, por otra parte, en lugar de promover la creación de una red asistencial pública, de calidad y gratuita, propone la receta neoliberal de privatización encubierta, abriendo la veda para la entrada de capital privado en los servicios asistenciales. La ampliación del número de plazas públicas en guarderías, centros de atención a personas mayores u otro tipo de personas en situación de dependencia, implicaría hacer una inversión importante, que se podría obtener reduciendo el presupuesto en gastos militares, por ejemplo, o subiendo los impuestos sobre las rentas más elevadas; pero el Gobierno no está dispuesto a hacerlo. Para qué, pensarán, si de cuidar ya se encargan las de siempre.

Mientras Zapatero se llena la boca de promesas de igualdad, la derecha, empeñada en ayudarle a parecer más “progre” de lo que es, está utilizando este momento de crisis para lanzar su ofensiva más reaccionaria. No es casualidad que, oponiéndose a los derechos sexuales y reproductivos, el PP está aprovechando la crisis para recuperar la idea de familia tradicional como sostén fundamental de control social. Su propuesta para hacer frente a la crisis de privatización, bajada de los impuestos directos y reducción de gasto público, va acompañada necesariamente de la necesidad de un ideal de familia fuerte, en el que la mujer una vez más asuma toda la carga del trabajo de cuidados que este tipo de políticas dejan fuera del ámbito público.

La lucha será feminista o no será

En estos momentos de crisis, no podemos esperar que nuestra situación mejore con unas políticas que en sí mismas no aportan ninguna solución efectiva. Si bien la crisis tiene efectos perversos sobre la situación de la mujer, también supone una amenaza para la estabilidad del sistema. Hay que aprovechar el momento, organizarse y hacer frente al machismo inherente al sistema capitalista.

Por un lado, es una tarea inmediata trabajar para que la cuestión de género trascienda a las distintas luchas que se den contra la crisis y sus efectos y que, tanto en el discurso como en las reivindicaciones, se incorpore la lucha específica contra la opresión de las mujeres. Con frecuencia, todavía nos encontramos con que en los espacios que no son específicamente feministas, la cuestión de género no ocupa un lugar central y se acaba aplazando como un tema secundario. Esto hace que a menudo las mujeres y las organizaciones feministas no se vean lo suficientemente representadas en determinadas campañas unitarias como para involucrarse a fondo y trabajar junto a otros sectores y acaben optando por continuar su propia lucha de forma paralela. Somos más de la mitad de la población y nuestra opresión es un elemento esencial para el sostenimiento del sistema capitalista.

La lucha por nuestra liberación no es una cuestión menor, secundaria o aplazable. Pero, si queremos que la cuestión de género ocupe el lugar que merece en el seno de los movimientos, no podemos dejar de participar en ellos y esperar que esto venga por sí solo, tenemos que batallarlo desde dentro.
Por otro lado, esto no significa que no debamos organizar espacios de discusión y movilización centrados específicamente en la opresión de género y asumir el liderazgo en los mismos. La campaña por el derecho al aborto libre y gratuito y experiencias como las Jornadas Estatales Feministas que hubo en Granada en diciembre del año pasado, son esenciales para seguir avanzando en nuestra propia lucha. Pero para combatir la precariedad y la doble jornada que nos asfixian, también es necesario tomar parte activa en los espacios más amplios de lucha contra la crisis, organizarnos en los sindicatos y participar en las campañas contra la privatización de los servicios públicos. Eso sí, siempre dejando claro que, como dice el lema, la lucha contra los efectos de la crisis será feminista o no será.

Ana Villaverde
http://www.enlucha.org/?q=node/2013