20 de marzo de 2010

Parlamentario griego rechaza presente... enviado por embajador israelí













Respuesta de parlamentario griego al embajador israelí


La Embajada de Israel envió a Theodoros Pangalos, miembro del Parlamento
(Grecia), tres botellas de vino como regalo de fiesta con los deseos de los
Embajador Ali Giachia. Theodoros Pangalos devolvió este regalo y agradeció al Embajador con la siguiente carta:

Estimado Sr. Embajador,

Gracias por las 3 botellas de vino que me envió con sus saludos.

Deseo a usted, su familia y a todos en la Embajada de un feliz año nuevo.

La buena salud y el progreso para todos ustedes.

Por desgracia, me di cuenta de que el vino que usted me había enviado se había producido en los Altos del Golán.

Desde que era muy joven me han enseñado a no robar ni a aceptar productos procedentes de robo. Así que, posiblemente, no pueda aceptar este regalo y tenga que devolvérselo a usted.

Como usted sabe, su país ocupa ilegalmente los Altos del Golán, que pertenecen a Siria, según el Derecho Internacional y de numerosas decisiones de la Comunidad Internacional.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi esperanza de que Israel encuentre la seguridad en sus fronteras internacionalmente reconocidas y las actividades terroristas contra el territorio de Israel por Hamas o cualquier otra persona, pero espero también que su gobierno deje de practicar la política de castigo colectivo que se aplicó a escala masiva por parte de Hitler y sus ejércitos.

Acciones como las de estos días de los militares de Israel en Gaza le reuerdan al pueblo griego holocaustos similares, como en Kalavrita o Doxato o de
Distomo y, ciertamente, la del gueto de Varsovia.

Con estos pensamientos me permito expresarle mis mejores deseos para usted, el
pueblo de Israel y todos los pueblos de nuestra región del mundo.

Atenas.
Theodoros Pangalos,
Miembro del Parlamento (Grecia).
http://www.webislam.com/?idt=15520

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España sigue vendiendo ’instrumentos de tortura’ para maltratar a detenidos






España, entre otros países de la UE, vende esposas que producen descargas eléctricas de 50.000 voltios y otros materiales policiales que Amnistía Internacional considera "instrumentos de tortura".
Varias empresas españolas, o con sede en España, siguen comerciando con material que es utilizado regularmente por servicios militares y policiales en todo el mundo para el maltrato de detenidos y que incluso está vetado dentro del territorio nacional.

Desde 2006, se aplica en toda la UE una legislación pionera en el mundo que prohíbe o restringe la exportación de material que puede ser utilizado para el maltrato de prisioneros, como cinturones, esposas o mangas que producen descargas eléctricas, esposas para pulgares o porras espinadas. Ahora bien, los Estados miembros siguen vendiendo o anunciando elementos vetados, sea por piezas o en bloque o con un nombre distinto, y siguen comerciando con los restringidos con la excusa de que no se utilizan para torturar a detenidos, según un informe de Amnistía publicado el miércoles y que será debatido el jueves en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Como explica a este diario David Nichols, responsable de la oficina de la ONG en Bruselas, uno de los principales problemas es que, a diferencia de lo que manda la legislación, los Estados miembros no publican la información sobre este comercio de manera transparente. Sólo hay detalles completos de ventas, exportaciones y destino de República Checa y Alemania, que exportaron dispositivos con descargas eléctricas, grilletes y gases químicos a Camerún, Pakistán, India, China o Emiratos Árabes.

"Los Estados miembros se tienen que empezar a tomar esta legislación más en serio", defiende Nichols, que señala demasiados "vacíos legales" en la regulación. La lista de las restricciones, por ejemplo, debería estar ligada al comprador del material. "Si se trata de un servicio secreto de un país conocido por practicar la tortura, hay un problema", explica.

Dadas la falta de transparencia, la mayoría de la información española viene de los anuncios de ventas en la webs de las empresas, pero Amnistía asegura no tener detalles sobre si ese material se exporta y hacia dónde va. Al menos dos compañías con sedes en España, Nidec y Grupo TDS, fabrican "esposas" que producen descargas eléctricas, incluidas en la categoría restringida, pero cuyo uso final es difícil de conocer visto el secretismo sobre estos materiales. Además, otra empresa, Larrañaga y Elorza, exporta esposas de gran tamaño a una empresa venezolana y a otra sudafricana que fabrican con estas piezas, según el informe, grilletes para los pies, prohibidos en España desde 2001.
Tercera información


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España debe poner fin a la amnistía por atrocidades cometidas durante la era de Franco







Investigar al magistrado que cuestionó la amnistía menoscaba el estado de derecho



Washington, DC) – Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la ley de amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado, señaló hoy Human Rights Watch.

El Magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Francisco Franco (1939-1975), invocando una ley de amnistía de 1977 que se aplica a todos los delitos “de intencionalidad política” cometidos antes de diciembre de 1976. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón es que en su investigación sostuvo que la ley de amnistía no se aplicaba a los delitos de lesa humanidad.

“Los tribunales españoles, que se han distiguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El Tribunal Supremo está llevando a cabo una investigación penal para determinar si Garzón incurrió en el delito de prevaricación. Un magistrado del Tribunal Supremo afirmó que Garzón no había aplicado la ley de amnistía de 1977 a los casos de desapariciones forzadas, y que no existen fundamentos de derecho internacional para impedir que estos delitos se beneficien de la ley de amnistía. Garzón apeló esta decisión y la apelación se encuentra pendiente.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un recurso efectivo, incluidas la justicia, la verdad y reparaciones adecuadas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP), ratificado por España en 1977, dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados [pueda] interponer un recurso efectivo”.

En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la ley de amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no apliquen plazos de prescripción a los delitos de lesa humanidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009, como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie.

Human Rights Watch ha reconocido la contribución de la labor del Magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo. En una iniciativa histórica, Garzón aplicó el principio de jurisdicción universal para acusar al dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio y la tortura de miles de personas, lo cual permitió la detención de Pinochet en Londres en 1998. Su detención fue clave para impulsar que el sistema de justicia chileno juzgara los abusos del pasado. Asimismo, a solicitud de Garzón, fue posible la extradición desde México de Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino implicado en la comisión de atrocidades durante la dictadura militar. Cavallo fue extraditado a España en 2003 acusado de genocidio y terrorismo, y finalmente fue enviado a Argentina para ser juzgado por los tribunales de ese país.

“La interpretación rigurosamente ajustada al derecho internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países”, expresó Vivanco. “Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero”.

http://www.hrw.org/es/news/2010/03/19/espa-debe-poner-fin-la-amnist-por-atrocidades-cometidas-durante-la-era-de-franco

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ENTREVISTA A CHRISTIAN AUDOIN. "El capitalismo exige una izquierda de combate"




Todas las miradas estarán puestas el domingo en el resultado global en las elecciones regionales francesas de la izquierda frente a la derecha, porque de ahí saldrá el nuevo equilibrio político y el margen de maniobra que le quede al presidente Nicolas Sarkozy.

Pero una zona será mirada con lupa por los analistas: en la región históricamente de izquierdas que es Limousin, en el centro del país, la coalición alter-globalista Limousin, Terre de Gauche, que integra al Partido Comunista Francés (PCF), al Partido de Izquierdas y al Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), se enfrentará en la segunda vuelta al Partido Socialista y a los sarkozystas. Al frente de ella está Christian Audoin, líder local del PCF.

Tras el 13,1% de votos que obtuvieron en la primera vuelta, ¿por qué no abandonó al NPA y accedió a las presiones para fusionar su lista con la del PS?

Nosotros presentamos una propuesta de fusión con los socialistas y los Verdes, y se lo hicimos saber. Al mismo tiempo, nuestro proyecto unitario dejó claro a los votantes durante la campaña que queremos una izquierda apegada a sus auténticos valores, con un programa alternativo, muy antiliberal, y propuestas de realizaciones claras que nos permitirán defendernos del liberalismo, soluciones de resistencia y perspectivas de futuro. Chocamos con la intransigencia del PS. Un PS que se quedó sorprendido con nuestro 13,1% de la primera vuelta. El PS interpretó que ese resultado era el nacimiento de un polo que pone en duda su hegemonía. Y ha reaccionado frente a ese cambio... La manera que tuvo de concretar esa reacción fue rechazar que el NPA entrara en una futura mayoría de izquierdas. En nombre de la lealtad, que es uno de los valores de base de la política, yo no podía ceder a esas presiones. Era imposible tal desprecio con nuestros electores. Hubiéramos podido negociar un programa de izquierdas, pero no en esas condiciones.

¿Cómo se concretó ese rechazo del NPA por parte del PS?

"Nos opondremos a las directivas europeas que hagan peligrar los servicios públicos"

En la negociación, primero nos pusimos de acuerdo sobre el reparto de posiciones en unas listas electorales entre nosotros, de un lado, y el PS y los Verdes, de otro. Después examinamos la filosofía y la puesta en marcha de proyectos de una futura mayoría en el Consejo Regional, en el marco de una gestión compartida.

Yo di garantías de que nunca nosotros adoptaríamos posiciones que pudieran favorecer a la derecha. En nuestra coalición, el NPA confirmó que estaba en esa línea.

Pero atención, exigimos no tener que abandonar ni una sola parcela de nuestra identidad, de nuestra libertad de palabra ni de nuestra libertad de voto. Pactamos una fórmula de gobierno que incluía la elaboración conjunta de decisiones, y el PS lo aceptó, aunque a regañadientes. Y luego ocurrió lo que tenía que ocurrir. Me dijeron que una federación local del PS rechazaba la presencia de un electo del NPA, y que había que relegar a los candidatos del NPA fuera de las posiciones elegibles de las listas. Llegaron a proponerme una manipulación de circunscripciones para hacer posible esa maniobra. Era moralmente inaceptable.

¿Qué diferencia los programasdel Frente-NPA y del PS?

En primer lugar, el grado de determinación en el combate contra la derecha, y la posición frente al liberalismo. Nosotros proponemos no ceder ni un milímetro, y hacer que la gestión regional sea el escudo frente a la derecha y frente al liberalismo, sin compromiso. Es ese primer punto el que nos diferencia totalmente del PS. En segundo lugar, queremos cambiar el registro democrático, colocando en el centro del sistema de decisión a los ciudadanos. Se trata de crear asambleas participativas de ciudadanos en cada departamento, unas asambleas dotadas de poder de codecisión para los grandes asuntos regionales. Un punto muy particular es la cuestión de las ayudas públicas a las empresas, que son una de las grandes competencias de los consejos regionales en Francia. Nosotros exigimos que cada ayuda concedida a una empresa deba recibir primero el acuerdo de los trabajadores de esa empresa. Y que una vez concedida, comités de empresa y sindicatos se encarguen de hacer el seguimiento, evaluación y control. Ahí hay una diferencia neta con el PS.

No cita la defensa de los servicios públicos, quizá porque el PS también lo ha puesto con letras grandes en su cartel.

Sí, pero nosotros estamos por un frente de resistencia determinado y absoluto contra la demolición de servicios públicos que consideramos que está en marcha. Para esa defensa, hay un arma: la creación de los denominados polos públicos regionales. Proponemos un polo público para la economía y las finanzas. Será la manera de enfrentarnos al sistema bancario y de crédito, para obligarlo a reorientar los depósitos hacia la inversión regional y no hacia la especulación. La región tendrá algo que decir sobre adónde va la financiación. Ese mismo modelo será puesto en marcha para supervisar la gestión de transportes colectivos y para el agua.

Existen directivas europeas que prohíben a un ejecutivo regional tales propósitos...

Exacto. Pero permítame señalarle que la coalición que lidero reúne a las fuerzas que combaten el Tratado de Lisboa. Nuestro programa dice claramente que nos opondremos a las directivas europeas que comprometan la viabilidad de los servicios públicos. Y nos opondremos incluso rechazando la obligación legal que se nos impone de someternos a esas directivas. Nuestra idea es que, tras estas elecciones, la totalidad de las regiones de Francia puede entrar en resistencia y en contraofensiva. Si todas las regiones de Francia se niegan a aplicar directivas que desmantelan servicios públicos, empezaremos a hacer que retroceda el orden neoliberal. Llega el momento de izar la bandera de resistencia al liberalismo a escala regional, porque es en este ámbito donde la gente quiere resistir.

¿A qué nivel de voto será un éxito la experiencia de izquierda real que intentan el Frente y el NPA?

El 17% es una posibilidad real. Si superamos el 13,1% de la primera vuelta, los electores validan la experiencia política de creación de una nueva izquierda. Aquí estará el laboratorio de esa nueva izquierda.

¿Qué opina de lo ocurrido en otras regiones donde sus colegas del PCF, incluso en la primera vuelta, no hicieron como usted, sino que entraron en esquemas clásicos de alianza con el PS?

Creo que hemos entrado en una secuencia histórica nueva. La agravación de la crisis del capitalismo exige que concentremos todos nuestros esfuerzos en la construcción de una izquierda de combate. Esta permite la afirmación de la identidad de cada cual, pero tiene en común una prioridad: derrotar a la derecha; y una capacidad: también saber enfrentarse a la socialdemocracia cuando es necesario.

Público