30 de marzo de 2010

Sobre el debate de la inmigración. Carta abierta al equipo de gobierno de la ciudad de Vic.



Ayer estuve en el pleno del Ayuntamiento de Vic como un oyente mas en la sala contigua al salon de plenos habilitada para la ocasión. Decenas de medios de comunicación han cubierto un pleno en el que nada sobre la nueva norma de empadronamiento se ha votado, aunque si todos los partidos se han definido al respecto.

Josep Anglada puede estar contento. Sus compañeros de sillon en el consistorio de Vic, exceptuando los dos regidores de la CUP y el regidor de Iniciativa per Catalunya, (que no Plataforma), le han puesto una alfombra roja con destino al Parlament asumiendo las tesis que como bien decía hoy en el pleno el propio Anglada, criticando la nueva norma de empadronamiento destinada a inmigrantes por “insuficiente”, ha venido defendiendo desde su origen su partido.

Escuchar a Joan Lopez, regidor de ERC en el ayuntamiento y miembro del equipo de gobierno, ha sido triste por lo contradictorio de los valores que defiende su partido. Definir a Esquerra como un partido de izquierdas del nuevo milenio o de la nueva era, ha sido como poco dantesco y un recurso fácil para justificar lo injustificable ante la posición que el tripartito ha venido manteniendo desde que se supo de esta nueva norma. La izquierda del siglo XXI desde luego nada tiene que ver con lo que defiende ERC en Vic, a mi parecer es integradora, solidaria y hace de la defensa de los derechos humanos su band

La posición del PSC, defendiendo el orden y la necesidad de una convivencia que ya de hecho existe sin mas problemas que los que los propios nativos podamos generar, ha sido mas gustosa de oir, sobre todo por ver como el portavoz se atragantaba ante su propio discurso de lo que se podia dilucidar una incredulidad absoluta ante lo que estaba leyendo en un papel que perfectamente podría haber escrito el hermano menor de Le Pen.

El Sr. Alcalde nos ha dado una lección de civismo vendiendonos a los ciudadanos una idea avalada por una perspectiva de “necesidad manifiesta” de poner orden y hacer ciudad al estilo de como la reclama una parte de la sociedad. La puntilla de su discurso podríamos decir que ha sido un comentario, entendamoslo como un reflejo espontaneo e involuntario pero que ilumina el origen de dicha norma: -“al final no nos va a votar nadie si no hacemos nada”-.

Desde luego las posiciones defendidas ayer, en un pleno mas digno de un ayuntamiento de un país como la Sudáfrica del Apartheid o del Estado de Israel de hoy en día, reflejan un giro en las políticas de los partidos convencionales con los que los ciudadanos habiamos aprendido a identificarnos de alguna manera, hacia derivas totalitarias nada aconsajables para sociedad alguna.

Ultimamente hemos podido ver en los medios de comunicación, casi en directo, como inmigrantes en Italia han sido disparados por organizaciones mafiosas representadas por empresarios, hemos podido contemplar el surgimiento de partidos de extrema derecha con carácter nacionalista que han organizado sus propias milicas como es el caso de la Guardia Húngara, que sirve a los intereses del partido fascista Jobbik, o sin ir mas lejos, la censura de la libertad de credo que supuso el último referendum en Suiza donde se prohibió la construccion de minaretes.

Este último episodio vivido en Vic tenemos que leerlo dentro de un contexto que puede ser interpretado de diferentes maneras. Ciertamente, Vic posee una composición social compleja en donde una cuarta parte de sus habitantes son de otros origenes, entre los que yo mismo me incluyo. Esta composición en ningún caso ha generado mas problemas que los que cualquier incremento de población puede conllevar, pero lo que si parece es que ha puesto en evidencia la falta de servicios, infraestructuras y atenciones especiales que la inmigración o el aumento de población pueden demandar. Ésta composición también ha generado riqueza en una región que subsiste del campo, de la ganadería y de las industrias carnicas siendo estos “estrangeros” mano de obra barata y fácil para empresarios. De esto no se habló en el pleno de ayer en Vic.

El debate de la inmigracion ya de por si es insano. Condiciona de todo derecho humano a personas por su origen, las señala, las criminaliza. Ser inmigrante es duro en cualquiera de sus situaciones; con o sin papeles, y ahora en Vic, ser inmigrante denotará ser un sospechoso permanente.

La preocupación de los partidos de gobierno de la ciudad de Vic a partir de ahora debería de ser si sus fieles van a votar a Plataforma per Catalunya en vez de a los sucedaneos que han surgido en representación de CIU, ERC y PSC. En cualquier caso, lo que si creo que se merecen estos partidos por el hecho de haberse acercado a tesis xenofobas y racistas, es el perder la representación municipal que sus votantes les otorgaron.

Se puede construir ciudad y aprovecharse de la riqueza cultural que “87 diferentes nacionalidades representan”, se puede convivir como hasta ahora se hacía en la ciudad de Vic, mejorando lo que se tiene y no buscando empeorar la situación de las capas mas debiles de la sociedad, se puede integrar desde la cultura, el trabajo o el ocio y en cualquier caso; todos tenemos el derecho a no querer formar parte de una sociedad que nos señala, juzga y limita nuestros derechos. Yo quiero vivir en ciudades donde “los gestores” sepan ver oportunidades allá donde existe diversidad y sobre todo, que sepan gestionarla sin herir a nadie y al lado de la gente.

Fenómenos como Anglada o Plataforma per Catalunya solo se sustentan con partidos que hacen de sus teorias argumentos, y señores, haciendo de la inmigración debate, ustedes se han puesto a la altura de aquellos sobre los que en privado blasfeman.

Me niego a creer que los ciudadanos de una ciudad con la historia que tiene Vic apoyen que se haga de la inmigración debate público. Si así fuera, ya no estarían gobernando ustedes. Reflexionen y vuelvan al sentido común de una sociedad plural como es la que representa Vic.

Manuel Tapial
Activista por los derechos humanos y presidente de la Associació Cultura, Pau i Solidaritat de Catalunya

No al fascismo, no a Plataforma per Catalunya


http://www.enlucha.org/?q=node/2052

Que la crisis tiene un alto precio para los y las trabajadoras es algo que la política de recortes del gobierno está evidenciando cada vez más. Y no sólo en forma de aumento del paro y los despidos masivos. Vista de cerca, la factura de la crisis se desglosa en una serie de componentes cada cuál más devastador. Uno de ellos es el aumento del racismo y el auge de esa nueva extrema derecha organizada que, también en el Estado español, empieza a ganar cotas sociales. Lo estamos viendo en Catalunya, con la Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada (antiguo dirigente del partido franquista Fuerza Nueva y discípulo de Blas Piñar), una formación fascista que oculta su auténtico rostro bajo un perfil público de apariencia democrática que les permite llegar a más gente. Un cuidado perfil público, como muestra el lema “Controlemos la inmigración, frenemos la crisis” utilizado en su acto de presentación en un hotel de Barcelona, al que fueron invitados miembros de partidos fascistas europeos y al que acudieron 700-900 personas. Muchas más que las aproximadamente 300 que nos manifestamos fuera del hotel, acordonado por los Mossos d’Esquadra.

Entre los 700-900 asistentes a la presentación de PxC seguramente habría no solamente neonazis, sino también un público más amplio receptivo a ideas xenófobas de criminalización del inmigrante (de origen islámico, en concreto) ante los efectos de la crisis. De hecho, éste forma el grueso de su electorado, y el sector social donde reside su mayor potencial de crecimiento. He aquí el peligro de una formación como PxC: su discurso antiinmigración parece ofrecer a mucha gente una respuesta a ese creciente descontento social con la ‘clase política’ y su gestión de la crisis. Especialmente en ausencia de un referente político de izquierdas y en vista del papel de las direcciones sindicales de contención de las luchas, queda vía libre para el ascenso del discurso xenófobo y fascista.

La nula consistencia del discurso de Anglada no nos puede hacer subestimar su capacidad para conectar con cierta gente que no ve salida a la crisis y que ya desconfía de PSOE y PP, por no hablar del resto de partidos. PxC ya ha logrado 17 regidores en diferentes municipios (4 de ellos en Vic, donde tiene su origen) y 3 concejales comarcales, y esperan cosechar buenos resultados en las elecciones a la Generalitat. Para la financiación de su propaganda cuentan con fuertes subvenciones de empresarios, por ejemplo a través de anuncios en prensa gratuita.

Es un imperativo desenmascarar a PxC como lo que realmente es: un partido fascista que debe ser liquidado, pues no podemos tolerar la existencia de un partido que se haga receptáculo de ideas intolerantes y totalitarias. Pero para ello no basta con 300 personas ultrapolitizadas concentradas en un acto de protesta.

Igual que los fascistas de PxC adoptan el modelo de la nueva extrema derecha europea, nosotros debemos tomar como referentes las diferentes plataformas antifascistas unitarias surgidas en países como Gran Bretaña o Alemania y empezar a tejer campañas amplias, que no eviten la confrontación directa pero que sean lo más inclusivas posible. Necesitamos que se sumen a esta lucha cuantas más personas y colectivos de la izquierda mejor, pero para ello es necesario romper con sectarismos y crear plataformas donde todo aquel que vea la necesidad de combatir el fascismo pueda encontrar su espacio.

Existen coordinadoras antifascistas en muchas ciudades del Estado español. Éstas deben ampliarse y abrirse a toda la izquierda, pues toda la izquierda se ve amenazada por el fascismo, incluyendo a grupos LGTB, asociaciones de migrantes, sindicatos, partidos, etc. Por ejemplo, las coordinadoras antifascistas de Jaén y Sevilla están progresando en esta dirección y, sin menospreciar el enfrentamiento directo con los fascistas, organizando actividades abiertas como comidas populares y mundialitos antirracistas.
Enlucha.org

El botín andaluz de Franco







El régimen se quedó con los bienes de los vencidos y arruinó a sus familias. El botín franquista incluía casas, terrenos, ganado y hasta aperos de labranza.
A Blas Infante lo fusilaron unos señoritos derechistas en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Pero su sentencia no llegó hasta casi cuatro años después de mano de uno de los 18 tribunales de responsabilidades políticas que puso en marcha el franquismo para castigar a los vencidos, quitándoles sus propiedades y a golpe de multas.

No importaba si habían muerto, como en el caso de Infante (le sancionaron con 2.000 pesetas notificadas a su viuda), que estuvieran en prisión o en el exilio. Igual que la represión física, la económica fue también implacable, un enorme botín de guerra que tuvo, sobre todo, una repercusión terrible en las familias, empujadas al hambre y la miseria.

El volumen de multas superó los 700 millones de pesetas de la época

Impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta, un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas trabaja en introducir en una única base de datos 53.720 expedientes (el objetivo es llegar a los 60.000) de las actuaciones de los comités provinciales de incautación de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía entre 1936 y 1945.

“El volumen de multas pudo superar con creces los 700 millones de pesetas de las de entonces y alcanzar las 9.500 incautaciones; la represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que se produjo el colapso y en 1945 se tuvo que nombrar a una comisión liquidadora que dio carpetazo a 40.000 expedientes”, sostiene Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto.

La represión del nuevo régimen abarcó todas las vertientes posibles, desde las ejecuciones y encarcelamientos a las depuraciones ideológicas para el ejercicio profesional (docentes, jueces, médicos, arquitectos, etcétera). Hubo un tercer círculo, la confiscación de las posesiones del enemigo, a quien también se le multaba. La intención era doble: que nadie quedara sin castigo y recabar fondos. Francisco Franco quiso que los republicanos sufragaran los gastos de su alzamiento. Primero se crearon comisiones de incautación, enseguida desbordadas, y a partir de 1939 la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.

Estos tribunales llevaron el delito político hasta extremos desconocidos en la historia de España, tenían carácter retroactivo y podían purgar hechos cometidos a partir de 1934, como se ve en el ejemplo de Blas Infante, asesinado en 1936 y, sin embargo, condenado y sancionado en 1940. Las responsabilidades no se extinguían con la muerte, las heredaban sus descendientes.

En Andalucía la persecución y el saqueo fueron devastadores. “El mero inicio del expediente, aunque no hubiera condena, era ya fatal porque el acusado no tenía acceso a su patrimonio. Muchos estaban muertos o en la cárcel y la familia no podía vender ni mover un papel, era la ruina y la necesidad”, explica Fernando Martínez.

El historiador relata un caso hallado en Almería que simboliza lo que significó esta represión invisible, y las situaciones angustiosas que generó en la economía del hambre de la posguerra. José Enciso Amat, masón, murió en 1937. Dos años más tarde le abrieron una causa que no se falló hasta 1940. A la viuda, multada con 12.000 pesetas, se le interviene la farmacia de la que era propietaria, a cuyo frente se coloca un administrador que percibe 10 pesetas diarias.

Las cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias también fueron inmovilizadas. Desesperada, la mujer escribe al tribunal y relata en tono dramático la pobreza que sufre. Alega a su favor que tiene dos hijas que van a un colegio de monjas y que es de comunión diaria. Estuvo pagando plazos de la multa hasta 1951.

“Había 17 supuestos delictivos por lo que se abría expediente, entre ellos militar o haber representado a los partidos o sindicatos del Frente Popular, haber permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran responsabilidad política”, señala Martínez. Los tribunales no convocaban vistas orales y el encausado sólo podía enviar un pliego de descargo a través de un abogado.

En la base de datos del trabajo se ha introducido toda la información que aparece en los expedientes: nombre y situación política y social de los encausados, denunciantes, jueces y fiscales, informe e informantes (curas, Guardia Civil, alcaldes y Falange), las sentencias de los consejos de guerra, las condenas económicas, la inhabilitación, los destierros y el cumplimiento de las condenas.

La mayoría de los bienes confiscados eran fincas urbanas y pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases. La comisión de Sevilla decía en 1939 que no era posible determinar el volumen de lo decomisado porque en los expedientes no constaba su valor. “Existe un gran número de expedientados a los que se les ha incautado un capital considerable representado en fincas rústicas y urbanas sin que tampoco se pueda determinar su cuantía”. Si bien no había freno, se han encontrado relaciones que detallan la apropiación de ropa, aperos de labranza y utensilios de cocina.

El régimen acapara igualmente los llamados bienes “semovientes”: caballerías, ovejas, vacas, cerdos, gallinas… Los inventarios (con su estimación monetaria) que hubieron de confeccionar las víctimas, sobre todo en los pueblos, dan una idea de hasta dónde llegó el escarnio. En uno de los legajos se lee lo que poseía una de las familias caídas en desgracia: una finca valorada en 200 pesetas, una casa, 300; una cama para el matrimonio, otra para los dos hijos, una mesa, seis sillas.

Martínez apunta que cuando las sentencias eran condenatorias, las multas más frecuentes oscilaban entre 150 y 500 pesetas, que eran las que se pagaban. “Hay que tener en cuenta que por entonces con 200 pesetas se compraba una casa en un pueblo”, apunta el historiador, quien llama la atención respecto a que las más afectadas fueron, en consecuencia, las capas medias bajas.

El nuevo estado se apoderó de inmediato de los haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la sublevación. Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, se les devolvieron (o un equivalente). A los particulares, nunca.

Según los primeros datos del estudio, que ha llegado a su ecuador, por ocupación, los más mortificados fueron los del sector primario (jornaleros, labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 64% de los encausamientos; el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 21,7%; y el terciario (abogados, empleados, administrativos, etcétera), el 9,9%.

Los cargos públicos desafectos cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes las multas fueron exorbitantes. En 1945 el colapso hizo imposible continuar, se cancela la jurisdicción y los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Pero la represión política no decae. El historial es comunicado a los gobernadores civiles, quienes usaron sus ficheros de rojos en futuras depuraciones para seguir estirando el infierno.

Multados y saqueados aunque hubieran muerto

Kaosenlared/Isabel Pedrote | Agencias

Causa General contra Garzón




Se trata de una estrategia combinada para que se mantenga impune el pillaje de los Gürtel, la financiación corrupta del PP y los asesinatos del franquismo

Se trata, ni más ni menos, que de una estrategia combinada para que se mantenga impune -todo en un mismo pack- el pillaje de los Gürtel, la financiación corrupta del PP y los asesinatos del franquismo. ¿Cómo se puede confiar y tener respeto a la justicia, tal y como nos exigen con cara de enfado el piadosísimo Dívar y los señores y señoras del CGPJ?

El multiproceso de Garzón está resultando un espectáculo tan chocante y subversivo que ni los autores del Manifiesto Dadaísta, ni del Teatro del Absurdo, ni del Surrealismo en sesión conjunta hubiesen podido siquiera imaginar.

Cuando vemos al Superjuez acusador llevado a rastras al banquillo de los acusados por los propios acusados, los estupefactos espectadores estamos asistiendo a un insólito remedo carpetovetónico de aquel Marat-Sade de Peter Weiss en el que los locos tomaban el poder en el manicomio al mando del Marqués de Sade.

A primera vista la situación que vive el juez Garzón podría ser calificada como kafkiana, es decir, absurda e inescrutable. ¡Es una equivocación¡ lo que está pasando no tiene nada de kafkiano. Kafka en su obra El Proceso, crea un personaje que no sabe nunca de qué, ni porqué, ni por quién es acusado. Pero Garzón no es un moderno Joseph K. ya que, a pesar del juego de máscaras que se desarrolla ante nuestros ojos, aquí se sabe muy requetebién de qué se le acusa, porqué se le acusa y quién le acusa.

Veamos: el intelectual colectivo –por llamarlo de alguna manera- que pretende liquidar a Garzón se conoce públicamente y aparece todos los días en los medios. Está constituido por una abigarrada coalición integrada por falangistas de segunda, tercera y cuarta generación; por jueces vicarios designados para las más altas instancias judiciales por el “dedazo” de los partidos; por los políticos cómplices e instigadores de la corrupción y por –no se olvide- los poderosos empresarios que se hinchan de pasta con nocturnidad y alevosía.

Se trata, ni más ni menos, que de una estrategia combinada para que se mantenga impune -todo en un mismo pack- el pillaje de los Gürtel, la financiación corrupta del PP y los asesinatos del franquismo. ¿Cómo se puede confiar y tener respeto a la justicia, tal y como nos exigen con cara de enfado el piadosísimo Dívar y los señores y señoras del CGPJ, ante la colosal Causa General instruida contra Garzón? ¿Porqué se ha de respetar que algunas autoridades judiciales utilicen su poder legal para impedir torticeramente que se cumpla el principio irrenunciable de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley?

Sesudos comentaristas sostienen que el sistema jurídico español es híper garantista con el derecho de los procesados (tipo el famoso juicio de O.J.Simpson), se supone que en contraposición a otros (¿cuáles, por cierto?) menos deferentes con los justiciables. Ahí radica el meollo, dicen, de escandalosas resoluciones judiciales como la anulación de las actuaciones del caso Naseiro (también denominado caso Manglano, ¿se acuerdan?), la prescripción de los delitos probados del señor Cañellas (homo antecessor de Matas) en el caso del túnel de Sóller, la pasividad judicial (quizás hasta que prescriban los delitos) ante el Tamayazo; los casos de Fabra, de los Albertos, del juez Tirado, del Rafita y demás disparates.

En realidad, se podría concluir, a tenor de la práctica procesal, que el llamado garantismo no es más que un eufemismo tras el que se esconde la fórmula magistral para librar de la cárcel, o amortiguar las penas y salvaguardar los botines. Pagando, eso sí, abogados carísimos de a mil euros la hora (exjueces, exfiscales, expolíticos catedráticos) y teniendo buenas agarraderas en los tribunales (por mor de viejos nexos familiares, ideológicos o de secta religiosa).

Así podemos saber, por las escuchas telefónicas procesalmente “no existentes”, que Zaplana “está en política para forrarse” pero va Aznar, y tan pancho él, le nombra ministro (se supone para que se forre mejor), o que Tamayo va por la Puerta del Sol a reclamar su parte del botín y va Aguirre y nos dice, desinhibidamente, que no conoce de nada a ese señor (seguramente es un asunto que compete la departamento de “la gestapillo”), o que los mismos franquistas que llenaron las fosas de asesinados obliguen a mantenerlas selladas mediante el amparo de altos tribunales (lo de Falange Española y de las JONS es como si los excombatientes de las Waffen-SS denunciasen en los tribunales alemanes una campaña de desprestigio por el genocidio perpetrado en Treblinka,) o que Camps y su cohorte se pavoneen por los circuitos glamurosos de la Fórmula 1 bien trajeados (todos excepto Rita Barberá que prefiere los bolsos) gracias a sus amigos del alma o que Don Vito se esté descojonando en la cárcel y poniendo la guita a buen recaudo . A estas alturas de la farsa, resulta obsceno afirmar que el triple proceso contra Garzón tenga como objetivo el cumplimiento y respeto escrupuloso de la ley. ¡Ya está bien de tantas patrañas!

Al final van a llevar razón aquellos que afirman que la Transición a la democracia se detuvo ante la puerta de los juzgados franquistas. Por lo que se puede percibir aún hoy, las mullidas moquetas, las maderas preciosas y los lujosos damascos de los tribunales desprenden los hedores inconfundibles de esa época y del ominoso TOP. Puede que vaya siendo hora de que la sociedad española se revele ante tanta iniquidad y dedique los mayores esfuerzos a limpiar de una vez esa putrefacción. A ser posible antes de que esa mierda lo invada todo de nuevo.

Por cierto, al final de la novela de Kafka a Joseph K. lo matan unos sicarios porque se niega a suicidarse. Esperemos que el final de la Causa General contra Garzón no sea, al menos eso, kafkiano.

Orencio Osuna

http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=31855