1 de julio de 2010

¡Si la acumulación de capital es la causa de la crisis, busquemos la solución en el reparto de la riqueza !




En días recientes ha salido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea unas Decisiones del Consejo Europeo dirigidas a Grecia, en las cuales se le hacen una serie de requerimientos que debe cumplir en unos plazos determinados.
Grecia deberá suprimir la mayoría de créditos presupuestarios destinados al subsidio de solidaridad, recortar las pensiones más elevadas, reducir las primas y bonificaciones de semana santa, verano y navidad a los funcionarios y pensionistas, volver a aumentar el IVA y aumentar una vez más los impuestos a los carburantes, el tabaco y el alcohol, entre otras cosas. Además deberá reformar las administraciones públicas, limitando las sustituciones de los funcionarios que se jubilen solamente al 20%, es decir, entrará 1 por cada 5 jubilaciones. También las pensiones serán reformadas, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el gasto público en pensiones durante el período 2010-2060, es decir, durante medio siglo.

Por si esto fuera poco habrá de elaborar una ley para reformar el sistema de negociación salarial en el sector privado, que prevea una reducción de la retribución de las horas extraordinarias, una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo y abre la posibilidad de acordar pactos territoriales locales para fijar un incremento salarial inferior al previsto en los acuerdos sectoriales. O lo que es lo mismo eliminar por ley la negociación colectiva. De igual manera deberá ampliar el período de prueba en los nuevos contratos y facilitar un mayor recurso a los contratos temporales.

Resulta paradójico que seamos la clase trabajadora la designada para resolver un supuesto problema que no hemos creado. Y decimos supuesto problema porque alguien ha decidido que la deuda pública no debe superar un % del PIB. Todos los países están siendo presionados en este sentido, aunque no todos. Japón es el país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que posee la deuda pública más elevada, que alcanzará el 200% de su PIB para finales del 2010, sin embargo este país no está sufriendo las mismas presiones que el resto. ¿Por qué ?, pues porque los inversores internacionales, es decir, los mercados, no son los suscriptores de la deuda pública japonesa, sino que son los ahorradores nacionales los que poseen más del 95% de la misma. Japón fija para los hogares una tasa de ahorro abultada y los mercados no son solicitados por la deuda pública japonesa. El resultado es claro : sin posesión no hay intromisión.

Si observamos las medidas impuestas a Grecia y que con insignificantes matices se están aplicando en todos los países, vemos que van encaminadas a la obtención de dinero por la vía rápida. El plazo vence, los prestamistas quieren cobrar y no están dispuestos a esperar el resultado de otras medidas que repercutan en las clases más favorecidas, como gravar las rentas del capital, eliminar el fraude fiscal, el trabajo sumergido, etc. Además los propios mercados se verían afectados por estas medidas.

Es necesario recordar que, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 53% de los llamados hedge funds o fondos de libre inversión están domiciliados en paraísos fiscales, es decir, no tributan en ningún sitio.

Y es que en realidad el verdadero problema del déficit no está en el exceso del gasto público, sino en la falta de ingresos, o lo que es lo mismo la baja carga fiscal a empresarios y a las rentas del capital.

La eliminación del impuesto del patrimonio o las SICAV son un claro ejemplo. El que los empresarios españoles coticen de media 6500 euros menos que los trabajadores resulta significativo por no llamarlo escandaloso.

En 1995 los fondos privados de pensiones en el mundo gestionaban 4,9 billones de euros, alcanzando en el 2009 la cifra de 12,7 billones, es decir, el 27% del PIB mundial. Si a la privatización de las pensiones le sumamos la falta de recaudación a nivel global debido a la rebaja continuada de los impuestos, tenemos como resultado un traspaso enorme de dinero que hace años gestionaban las administraciones públicas y ahora han pasado a administrar entidades privadas, bancos, fondos de inversión, en definitiva, los mercados.

El sistema capitalista, obedeciendo a su lógica de máximo rendimiento, ha seguido buscando el beneficio ilimitado, usando ese excedente de capital en la concesión de créditos sin medida a las clases medias y populares para que pudieran seguir consumiendo los productos que genera el propio sistema, creando una espiral infernal hasta llegar al colapso.

Un colapso que se traduce en el impago de préstamos de los consumidores a los bancos y a su vez, el impago de éstos a los mercados financieros y a otros bancos. Como colofón los estados entienden que hay que respaldar a la banca para que no quiebre, pero sobre todo para que los acreedores (esos mismos mercados que han generado esta dinámica) no dejen de cobrar. Para ello optan por prestar dinero público a la banca, pero como los estados tampoco tienen dinero deben recurrir nuevamente a los mercados financieros para pedir más dinero, lo que provoca más aumento del gasto público y así hasta el infinito. ¿Cómo no se le va a “ayudar” a Grecia a pagar su deuda si sus principales acreedores son los bancos alemanes y franceses ?.

Pues bien esta locura es el eje central de una política económica globalizada que lleva a las poblaciones a pobreza y exclusión social. Y ateniéndonos a las Decisiones que el Consejo Europeo exige a Grecia, vemos cómo las soberanías de los pueblos quedan en papel mojado, si es que alguna vez fueron otra cosa. Resulta inaceptable que se legisle de esa forma desde fuera y desde instituciones que no han elegido los pueblos.

Desde la CGT llevamos tiempo denunciando esta situación de injusticia y proponiendo como alternativa precisamente, lo contrario a lo que se ha hecho, un mejor reparto de la riqueza.

Entendiéndolo no como reparto de dividendos o acciones entre la población, sino empleando ese dinero en unos servicios públicos de calidad y con carácter verdaderamente universal para que podamos disfrutarlos las personas que realmente producimos dicha riqueza. Para que esto sea posible resulta imprescindible que pasen a gestión totalmente pública el control de las energías, los transportes, las telecomunicaciones, la gestión del agua, la sanidad, la educación, etc,,, .

Las personas no tenemos el mismo concepto de rentabilidad que el sistema capitalista, por tanto los recursos e infraestructuras necesarias para hacer posible que toda la población tenga cubiertas las necesidades básicas no pueden estar gestionados por quienes nos han llevado a esta situación.

Pensamos que ha llegado el momento de decir BASTA, pero no sólo a los mercados, sino también a los diferentes Estados que siguen las instrucciones de las instituciones privadas. Es inadmisible que las propias entidades que generaron la crisis sean las que estén imponiendo sus propuestas para salir de la misma y resulta bochornoso el acatamiento sin titubeos de toda la clase política.

En estas circunstancias la pasividad no es sólo su fuerza, sino que además es una actitud suicida.
http://www.cgt.org.es/spip.php?article1808

Las mentiras de la crisis económica





La jugada maestra del capital

El autor, profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería), explica algunas de las mentiras con que se están anunciando los recortes (o “decisiones valientes” en la jerga liberal)

“Ha llegado el momento de tomar ’decisiones valientes’ para salir de la crisis. Hay que recortar los gastos sociales, paralizar la inversión pública, congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios, abaratar el despido, aumentar la edad de jubilación y subir los impuestos. Todo ello, para ahorrar 65.000 millones de euros y reducir el déficit público del 11,5% al 3%, de aquí al 2013, como exige Europa”. Este es el discurso que se nos quiere imponer. Seguidamente expongo una visión distinta de esta crisis. Para ello, responderé a dos preguntas: 1ª ¿por qué tenemos un déficit público tan elevado? y 2ª ¿es justa la subida de impuestos? Por último, señalaré posibles vías de solución, desde la justicia social.

El alto nivel de endeudamiento de los Estados es consecuencia, en gran medida, de las millonarias ayudas públicas al sistema financiero. Recordemos que España creó un Fondo para la compra de activos bancarios supuestamente “no tóxicos” (50.000 millones €); aprobó el FROB para sufragar los costes de las fusiones e intervenciones de las cajas de ahorros (99.000 millones €) y autorizó avales a las entidades de crédito (227.000 millones €) para garantizar sus operaciones financieras. Todo ello, con la autorización de las instituciones no democráticas (Comisión Europea, Banco Mundial, FMI, Banco de España, etc.) y el voto, casi unánime, del Parlamento español. En total, sin contar los avales, se han aprobado ayudas públicas por importe de 149.000 millones de euros, cifra muy alejada de los 2.300 millones de euros anuales del cheque bebé o los 1.400 millones de euros que supondría la no congelación de las pensiones.El Tesoro Público no disponía de ese dinero para dárselo a la banca. ¿De dónde ha salido, entonces? Pues de la emisión de Deuda Pública (letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado), que, en definitiva, consiste en pedir dinero prestado. Piénsese que, en los dos últimos años, se ha incrementado la deuda española en circulación en 192.881 millones de euros.

Paralelamente, se nos exige subir la tributación. No obstante, no todos los impuestos son igual de justos. Hay algunos que, por regla general, hacen pagar más a los ricos (los directos, que recaen sobre la obtención de renta y la posesión de patrimonios) y otros que no respetan tanto la capacidad económica (los indirectos, más centrados en el consumo). Pues bien, se están subiendo estos últimos y bajando los primeros, incluso en época de crisis. Mientras han aumentado los impuestos sobre “las gasolinas” y “el tabaco” y se ha incrementado el IVA (sin efecto para las empresas y los ricos que operan con ellas, porque se lo deducen), han bajado el Impuesto sobre Sociedades (por el que tributan las grades empresas y entidades de crédito), se ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo los ricos), han disminuido el tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares, en importantes operaciones, y han creado un régimen fiscal privilegiado para las empresas de alquiler de los grandes patrimonios inmobiliarios (SOCIMI), normalmente en manos bancarias. Además, se ha mantenido la escandalosa tributación de las sociedades de inversión de las grandes fortunas (SICAV) en el 1%, frente al tipo máximo del 43% en el IPRF, que ahora pretenden aumentar algunas Comunidades Autónomas, aunque se trate de una medida dirigida sólo a los asalariados de clase media alta, con escasa capacidad recaudatoria y sin incidencia sobre las ganancias millonarias.

Piénsese que las personas y entidades verdaderamente ricas apenas pagan impuestos, porque tienen su dinero e inversiones en los paraísos fiscales, opacos al fisco. De hecho, el 69 por ciento de las empresas del Ibex 35 opera en estos territorios. Según algunas estimaciones, en estos centros se mueven unos 12 billones de dólares, que generan, a su vez, unos 660 mil millones de beneficios, lo que supone una pérdida de recaudación fiscal de unos 250.000 millones de dólares. Y desde aquí operan los famosos “hedge funds”, responsables del ataque a las economías de la zona euro, como la española.

Llegados a este punto, uno es consciente de la jugada maestra del capital y los mercados financieros. Durante años han obtenido unos beneficios extraordinarios con la especulación de las hipotecas “subprime”, sin pagar casi impuestos, a costa del endeudamiento del sector privado; cuando el sistema se desmorona, consiguen que el Tesoro Público salga a rescatarlos y les mantenga una fiscalidad privilegiada, con la ingenua promesa de reactivar el crédito a las empresas y los ciudadanos a los que tiene asfixiados. Y, por último,aprovechan la debilidad de los Estados, consecuencia del enorme esfuerzo que ha supuesto dicha ayuda, para colocarlos al borde de la quiebra y forzarlos a desmontar lo poco que queda del sistema de bienestar, empobreciendo injustamente a millones de personas, con la complicidad de las mismas instituciones no democráticas que permitieron aumentar el déficit público en beneficio de la banca.

Las posibles soluciones estructurales a esta situación, además de la apuesta de la sociedad civil por la banca ética, deben venir por cuatro vías: 1ª) la lucha efectiva por la desaparición de los paraísos fiscales; 2ª) la aprobación de una regulación de los mercados financieros que impida y obstaculice los ataques especulativos sobre nuestras propias economías, 3ª) el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras, en el marco de un sistema tributario justo y 4ª) laasignación redistributiva y eficaz del gasto público. Éstas sí serían verdaderas decisiones “valientes”.

Para finalizar, me referiré a las dos últimas mentiras que está proponiendo la Unión Europea: la creación de un impuesto a los bancos y la implantación de un gravamen a los movimientos financieros. ¡Que no nos engañen más, por favor! La segunda medida nunca se pondrá en marcha, al estar supeditada a la aceptación por todos los Estados, incluidos aquéllos que poseen paraísos fiscales, y la primera no puede calificarse como “tributo”, puesto que su recaudación no estará destinada a sufragar los gastos públicos, sino a la creación de un fondo bancario para rescatar a las entidades financieras en apuros, al no existir ya dinero público que las pueda salvar, una vez que se lo hemos dado todo y nos han dejado en bancarrota.

Publicado en Diagonal