8 de octubre de 2010

Carta abierta al Gobernador del Banco de España


Fernández Ordóñez defiende el terrorismo neoliberal

Debería ser detenido por actuar como pirómano de los derechos sociales

Antonio Romero Ruíz
Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República

Señor Gobernador del Banco de España:

Quiero manifestarle mi repugnancia e indignación por el contenido de sus declaraciones con motivo de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Usted ha estado en su línea ultraliberal, pero en esta ocasión ha dado una vuelta de tuerca proponiendo un genocidio de los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Veamos algunas de sus perlas de las que los medios de comunicación se han hecho eco:
-Eliminar de los convenios colectivos la cláusula de la revisión salarial

-Aumentar la edad de jubilación y el periodo del cálculo de la pensión

-Limitar el gasto de los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y entes territoriales.
Llama la atención o más bien escandaliza que sea precisamente usted el que pida que los salarios en España no se revisen en el seno de los convenios colectivos, cuando su salario como Gobernador del Banco de España ha sido un secreto hasta hace muy poco. Ahora los españoles sabemos que cobra cerca de 200.000€ al año, usted sabe que de salario medio de España es de 21.500€ y en la UE es de 27.036€. al tiempo que hay nueve millones de pobres, según Cáritas el 20% de las personas, y un 11% de los trabajadores están en una situación tan precaria que corren el riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión.


Señor Fernández Ordóñez, usted no tiene autoridad moral ni política para pedir austeridad salarial a los trabajadores cuando no ha dicho nada de los sueldos que, como el suyo, reciben las altas instancias del Estado. La Casa Real percibe nueve millones de euros, los Miembros del Tribunal Constitucional más de 140 mil euros, los Miembros del Consejo General del Poder Judicial más de 140 mil euros, así mismo los presidentes de empresas públicas y cargos públicos que superan los cien mil euros anuales . No ha pedido austeridad salarial para los ejecutivos del Ibex 35, de las grandes empresas multinacionales, de los bancos, etc. Usted ha planteado lisa y llanamente el deterioro de los salarios de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento de la mayoría de la población.

En cuanto a las pensiones en España la pensión media es de 781’34€, doscientos euros menos por debajo de la pensión media europea, si aumentamos el período de cálculo de las pensiones serán de menor cuantía en el futuro y la brecha con Europa crecerá, por otro lado, llevar a los 67 años la edad de la jubilación significará cerrar aun más el relevo laboral por la juventud, en un país con las tasas de desempleo juvenil más alta de Europa.

Aquí tampoco ha pronunciado usted ni una sola palabra sobre las pensiones blindadas de los grandes banqueros, ejecutivos y altos cargos, su propio caso señor Fernández su pensión pública será la máxima, de 2.500€ mensuales, además, tendrá usted un fondo de pensiones privado, la indemnización por cese, etc.

Ha hecho desde el congreso una llamada a tutelar desde el gobierno central la autonomía local avalada por la constitución que garantiza la autonomía de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas para aprobar sus presupuestos, en cambio, no se ha referido al pacto local que garantice una financiación justa para los ayuntamientos como viene reclamando las federación española de municipios y provincias (FEMP) desde hace 30 años, así como unos acuerdos económicos sólidos de carácter federal y solidario para las Comunidades Autónomas.

Este ataque último a los salarios, a las pensiones y a los entes territoriales contrasta con el silencio sobre las cuantiosas ayudas a la banca privada y sobre los paraísos fiscales, le recuerdo, que la lucha contra el blanqueo de capitales es competencia del Banco de España. Usted, cierra los ojos ante la Caja B del capitalismo que supone los santuarios del dinero negro y criminal. Los gobiernos dejan de ingresar 255 mil millones de euros anuales por la existencia de estos 60 paraísos fiscales, con 3 millones y medio de sociedades tapadera, en nuestro territorio Gibraltar y Andorra y en Europa un buen puñado ¿Cuántos expedientes de blanqueo de dinero criminal ha abierto el Banco de España en los últimos 5 años y cuántos ha cerrado?

No deben superar según nuestro grupo parlamentario los 15, es una vergüenza.

Finalmente, señor gobernador hay que tener la cara tan dura como el cemento armado para plantear lo que usted ha planteado, su actuación es de un pirómano de los derechos sociales y laborales de los trabajadores, la de un genocida de lo social, sólo le ha faltado decir que los obreros sean fusilados a las 6 de la mañana.

A usted le tendrían que detener por apología del terrorismo neoliberal, por causar alarma en la población, ahora que los gobiernos están informando de alertas a los ciudadanos en previsión de ataques terroristas abría que crear una alerta para extremistas gobernadores de bancos como usted. Reciba un saludo Antonio Romero miembro de la ejecutiva de iulv-ca y coordinador de la Red de Municipios Por la 3º República.



Antonio Romero Ruíz
Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República

La Iglesia no pierde la fe en las aulas


Grillerno Cid Felpeto / Profesor de Bachillerato y activista social

Más de 7.000 millones. Esta es la cifra con la que el Estado español financia a la iglesia católica y varios millones más son los destinados a otras religiones. La orientación hacia una sociedad laica y pública es una idea que se desvanece en el mundo de las palabras para los diferentes gobiernos del Estado, tal y como se ve reflejada en el abandono estos días de la iniciada Ley de Libertad Religiosa por parte del ejecutivo de Zapatero.

Pero quizás donde mejor se ve el destacado papel que se le da a la iglesia por parte del Estado es el sistema de financiación a través del 0,7% del IRPF y la enorme presencia de la religión y de la iglesia dentro del sistema educativo.


Objetivo: evangelizar
El sistema educativo público se caracteriza por apoyarse en una red de centros concertados, la mayoría católicos. “No tenemos ninguna pretensión de ganar dinero, sino de aportar nuestra labor a la sociedad y a la Iglesia. Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad”, reconocía en El País Manuel de Castro, ex secretario general de Escuelas Católicas.

Algunos de estos concertados separan en función del sexo, lo que vulnera el principio de igualdad en el aula y que, además, ayudan a consolidar prejuicios entre géneros. A situaciones como esta hay que añadir casos de centros en los que se obliga al alumnado al rezo, como denuncia Europa Laica o la presencia de símbolos religiosos en las aulas. Según resolvió un juzgado de Valladolid, éstos hay que retiralos de oficio, incluídos en los centros concertados. “La apología de una determinada fe religiosa en el sistema público de enseñanza pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución”, según esta sentencia.

Nombramientos a dedo
Para ejerce de docentes en un centro público debes presentarte a un concurso-oposición, salvo si vas a impartir conocimientos teológicos. Estos profesionales son elegidos por las autoridades eclesiásticas, pero sus ingresos provienen de los organismos públicos, de esta forma existe un sistema de adjudicación arbitrario que dilapida los principios de acceso a la función pública de imparcialidad y de igualdad.

A esta situación, hay que añadir la elaboración del curriculum educativo por parte de la jerarquía eclesiástica; una evaluación equiparable a las demás áreas educativas; y la obligatoriedad de los centros públicos y concertados de ofertar la materia de religión (mientras que para el alumnado es optativa). Esto contrasta con la materia de Atención Educativa que deben cursar quienes no elijan religión. Esta asignatura ni es evaluable, ni debe figurar en las actas, ni tiene curriculum desarrollado, ni el profesorado es especialista.

La férrea defensa de la religión católica como un pilar del sistema educativo por parte de la Iglesia contrasta con la belicosidad que muestra frente a la inclusión de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Una amenaza para el dogma, como se deduce de declaraciones como las del monseñor Cañizares en 2007: “quien enseña Educación para la Ciudadanía colabora con el mal”, a lo que además añadía “[la escuela] debe hablar al hombre del sentido de su vida, de la verdad, y ayudar a los hombres a encontrarse a sí mismos (por lo tanto) la enseñanza religiosa es algo fundamental en la formación de la persona”.