22 de octubre de 2010

CCOO acusa a Aguirre de pretender amputar el 70% de los derechos sindicales


Luis Martinez / nuevatribuna.es

El diálogo social hace aguas en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos rechazaron este jueves la nueva oferta del Gobierno que preside la ‘popular’ Esperanza Aguirre sobre la reducción de representantes sindicales en la función pública. Tras una reunión mantenida hoy, los sindicatos acusaron a Aguirre de intentar reducir “en un 70 por ciento los derechos sindicales”. Así, las posibilidades de acuerdo son “muy difíciles”.

La disputa a cuenta de los liberados sindicales en la Comunidad de Madrid continúa. La reunión de hoy culminó sin apenas avances. Este viernes el Gobierno regional se dispone a entregar una nueva propuesta para reducir el número de sindicalistas en la función pública. Los sindicatos abandonaron la reunión que mantuvieron hoy con el Director General de la Función Pública, Miguel Ángel López, sin alcanzar ningún acuerdo. Según el responsable de CCOO, Javier Díez Toral, la oferta de Aguirre “vulneraría la legalidad” sobre derechos fundamentales, afirmó tras asistir a la reunión.

Los sindicatos ha acusado a Aguirre de hacer “caballo de batalla” de los derechos sindicales y recordaron que es un asunto que está regulado por “la ley, los convenios y los acuerdos colectivos”. El Gobierno regional viene planteando una reducción de los créditos horarios de 75 a 40 horas y ha justifica el pretendido recorte en lo que prevé el Estatuto Básico de la Función Pública aprobado en 2007. Sin embargo, los sindicatos defienden la validez de los acuerdos y convenios firmados en 2004, aún vigentes.

CRITERIOS Y NO NÚMEROS

Aguirre ha cifrado en 3.500 el número de liberados sindicales en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en fuentes de CCOO, la cifra se rebaja hasta 610 efectivos. El sindicato aclara que en Madrid se eligen 1.900 delegados sindicales, por lo que “es imposible que haya 3.500 liberados”, afirma.

Con todo, según el responsable de CCOO, lo importante en la negociación “son los criterios y no los números”. Díez Toral detalló algunos aspectos que reposan sobre la mesa de negociación con la Comunidad de Madrid, como los criterios para fijar los órganos de representación, dónde pueden constituirse secciones sindicales, el número de liberados y cómo se gestionan las bolsas de horas. “El número no es lo importante; son los criterios”, insistió.

Además, el responsable de CCOO acusó a la Comunidad de Madrid de ofrecer una reducción de efectivos superior a lo que dicta el Estatuto de la Función Pública de 2007. “Nos proponen cosas que son inferiores a la ley”, criticó. Por otro lado, CCOO rechazó el “ejército de asesores” que en su opinión mantiene el Gobierno Aguirre. Según el sindicato, Esperanza Aguirre ha ampliado el número de cargos de libre designación desde los 728 existentes a su llegada al poder a los 3.250 actuales, todos ellos “elegidos a dedo”, añadió.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, defendió el martes que el Gobierno Aguirre ha apostado por una aplicación estricta de la ley. “Esto supone una reducción en el número de liberados en 2.000 sobre 3.500”, añadió. Además, Granados amenazó con incluir el ‘tijeretazo’ en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011, en caso de que el acuerdo no llegue antes del 3 de noviembre.

87 PREGUNTAS EN EL CONGRESO

También el PP nacional parece dispuesto a respaldar la cruzada antisindical de Aguirre. Así, la diputada ‘popular’, Celinda Sánchez, formuló este jueves en el Congreso nada menos que 87 preguntas dirigidas a la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, sobre el número de liberados en el sector público nacional. En concreto, la diputada ‘popular’ ha preguntado sobre el “número de liberados sindicales a tiempo parcial o total” en una extensa lista de organismos oficiales. En fuentes sindicales, sin embargo, se recuerda que el concepto de liberado se refiere a aquel delegado que ejerce a tiempo completo su actividad de representación sindical, tras acumular las horas cedidas por otros compañeros.

Asimismo, la polémica sobre los liberados se ha activado esta semana también en el sector privado al conocerse el número de empleados de CEOE. Según las cifras de la propia patronal española ofrecidas por Público, las empresas privadas tienen 35.000 personas dedicadas a defender los intereses empresariales a tiempo completo, frente a los 4.200 liberados sindicales en el sector privado nacional. Según estas cifras, la patronal cuenta con 8 empleados por cada liberado sindical, aunque algunas voces señalan que éstos no son conceptos directamente comparables. Con todo, las cuentas de la patronal afirman que un 83 por ciento de los salarios de sus empleados se pagan con las cuotas que pagan las empresas. El resto se paga con subvenciones públicas.

Sarkozy bajo asedio


Philippe Marlière
Cuando entró en el Palacio del Elíseo en el año 2007, Nicolas Sarkozy soñaba con un destino glorioso. Comentaristas entusiastas predijeron que su eventual populismo modernizaría el derecho bonapartista, y que el estilo galo de sus políticas neoliberales vendería el “sueño americano” a una población desconfiada. Las cosas no se han ajustado a ese plan. Sarkozy quería ser el JFK francés; pero a quien hoy se parece más es a Luis XVI esperando juicio en 1793. Puede que se escape de la guillotina, pero su presidencia está ahora bajo asedio.
Los franceses se sienten profundamente descontentos por la forma en que les ha gobernado, pero su queja principal es por la reforma de las pensiones, que se considera como una cínica estratagema para conseguir que la gente normal y corriente trabaje más a cambios de menos derechos, mientras los banqueros reflotados y los ricos consiguen rebajas de impuestos y siguen disfrutando de la buena vida. A lo largo del mes pasado, seis manifestaciones nacionales reunieron a una media estimada de 3,5 millones de personas en cada uno de los días de la protesta. La más reciente, el pasado martes, fue de nuevo un gran éxito.


El movimiento es popular: el 69% de la nación apoya las huelgas y las manifestaciones; el 73% quiere que el gobierno retire la reforma. Y los alumnos de enseñanza secundaria se han incorporado ya a la lucha. Alrededor de 1.000 institutos están en huelga mientras los adolescentes toman las calles para protestar contra el desempleo masivo y el aumento de la edad de jubilación. El gobierno les calificó condescendientemente de “niños manipulados”, pero esos comentarios han sido contraproducentes y sólo han servido para galvanizar a los jóvenes, que han endurecido su resistencia y se han interesado mucho más por la reforma. Cuando los medios les entrevistan, los alumnos transmiten una posición articulada y bien informada. Los padres están preocupados por el futuro de sus hijos, por tanto, no van a impedirles que luchen.

En Francia se valoran las huelgas y manifestaciones como una vía civilizada y eficaz para ejercer y desarrollar la propia ciudadanía. Se espera que los estudiantes se incorporen a las marchas desde edades tempranas, recibiendo también de ese modo “educación política”. Los gobiernos de Francia han tenido siempre miedo de los jóvenes debido a sus potenciales ideas radicales. Las últimas manifestaciones de estudiantes han sido invariablemente muy populares porque la gente sabe que los jóvenes se están viendo muy afectados por el desempleo desde hace treinta años.

Los estudiantes de las universidades se preparan también para luchar. Sarkozy, como Luis XVI en 1789, no parece captar que la situación es tremendamente volátil. Debería darse cuenta. Desde mayo de 1968, todos los gobiernos se han visto contra las cuerdas cada vez que los jóvenes han participado en un movimiento social. Esta vez podrían resultar cruciales para ayudar a alcanzar un punto de inflexión: una etapa en el conflicto en la que el equilibrio del poder se traslade del gobierno hacia quienes se oponen a la reforma de las pensiones.

La pasada semana, Sarkozy tuvo que enviar a la policía antidisturbios para reabrir los depósitos de combustible bloqueados por los huelguistas en diversos lugares. Sin embargo, varios cientos de estaciones de servicio tuvieron que cerrar porque se habían quedado sin suministros. Los conductores de camiones y de trenes están también iniciando acciones de lucha.

¿Cómo puede interpretarse la situación actual? Parece indudable que la situación va a prolongarse y que no se limita a la cuestión de las pensiones. La reforma ha desencadenado una red de acciones colectivas que se están extendiendo a toda velocidad. El descontento está siendo alimentado por los bajos ingresos y el desempleo, pero también por el impacto de la crisis en la vida diaria de la gente, por la arrogancia de la presidencia de Sarkozy, por los casos de corrupción y por la brutalidad de la policía.

Hay un sentimiento de indignación moral ante la imposición de una medicina neoliberal para curar una enfermedad causada por las mismas políticas neoliberales. Los franceses no se muestran hostiles a las reformas: sólo piden que se utilicen para redistribuir la riqueza y asignar recursos a quienes más los necesitan. Sin embargo, cualquier comparación con Mayo del 68 puede ser apresurada. Entonces, Francia experimentaba un período de prosperidad económica. Actualmente, los acontecimientos se producen en el contexto de una profunda depresión económica. Esta es la razón por la que la situación política es potencialmente explosiva. Los trabajadores y los jóvenes radicalizados están obligando a los sindicatos a unirse a sus posiciones. El normalmente inofensivo Partido Socialista ha prometido restaurar la edad de la jubilación a los sesenta si consigue volver al poder en 2012.

Uno puedo contemplar dos posibles escenarios. Que se endurezca la oposición a la reforma, en cuyo caso Sarkozy puede tener que suavizarla o retirarla. Esto marcaría la primera victoria popular importante en Europa contra el orden neoliberal post-2008. O bien, que Sarkozy siga a piñón fijo e imponga una reforma profundamente impopular, en cuyo caso el precio político a pagar por el actual presidente podría ser muy alto si decidiera presentarse de nuevo a las elecciones en 2012.

Philippe Marlière es profesor de Francés y Política Europea en el University College de Londres. Puede contactarse con él en: p.marliere@ucl.ac.uk