22 de diciembre de 2010

Respuesta a los portavoces de la banca sobre las pensiones





Importante artículo de Vicenç Navarro sobre las pensiones

Las reformas de las pensiones públicas propuestas por el gobierno español se han convertido en un tema central en el debate político. El retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años, ha creado, como era de esperar, un gran revuelo, pues tales reformas afectarían de una manera muy marcada los beneficios de los pensionistas. Y naturalmente, hay grupos de presión, como la banca y las cajas de ahorro, que están muy involucradas en este debate, pues sus intereses económicos están también en juego.



Los planes de pensiones privados están en profunda crisis y las decisiones que se tomen sobre las pensiones públicas les afectarían también de una manera muy significativa. En general, desean que los cambios en las pensiones públicas favorezcan la limitación de la cobertura de las pensiones públicas, a fin de facilitar y estimular el trasvase de aseguramiento del sector público al privado, sustituyendo o complementando las pensiones públicas.

La Banca, pues, tiene intereses en juego, y su influencia política, mediática y académica es enorme. A nivel académico, tanto la banca como el Banco de España financian revistas económicas, congresos, grupos de investigación y fundaciones (como Fedea, Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que promueven sus puntos de vista e intereses. Su objetivo es convencer a la población de que el sistema público de pensiones no es viable tal como está y que la única manera de que sobreviva es reduciendo significativamente las pensiones públicas, de manera que la población se asegure privadamente. La Seguridad Social maneja, en cualquier país, la mayor cantidad de dinero que exista en aquel país. De ahí que la banca, ayudada por la presión de los mercados financieros, desearía intervenir en el manejo y gestión de tales fondos.

Una consecuencia del enorme poder mediático y académico de la Banca es que configura en gran manera la cultura económica del país, hecho que es particularmente evidente en España, donde la banca ha sido y continua siendo el poder fáctico con mayor influencia políticas en el país, tal como lo percibe correctamente la mayoría de la población española (Según la encuesta del CIS, la mayoría de la población cree que la banca tiene más poder que el gobierno español). Sus posturas se convierten en la sabiduría convencional promovida a través de los mayores medios de información y persuasión sobre los cuales la banca tienen considerable influencia. En realidad, tal poder determina que apenas existan voces discordes con sus posturas, claramente ideológicas, que se presentan como científicas.

Juan Torres, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, y yo, publicamos un libro de difusión y popularización que titulamos "¿Están en peligro las pensiones públicas? Las pregunta que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan" que, como su título señala, contestaba a las preguntas que millones de españoles se hacen sobre sus pensiones, cuestionando las tesis del capital financiero de que las pensiones públicas eran insostenibles. Publicado y difundido por Attac, se distribuyó ampliamente a lo largo del territorio español.

Apareció, más tarde, un manifiesto "La reforma de las pensiones" firmado por 100 economistas (que habían firmado previamente otro manifiesto a favor de las reformas laborales regresivas), en el que se reproducían las tesis de insolvencia del sistema público de pensiones, subrayando la necesidad de que se hicieran reformas, que reducirían los beneficios a los pensionistas. Tal documento era un manifiesto claramente ideológico, que encajaba con la filosofía neoliberal dominante hoy en la cultura económica del país. El mejor indicador de su carácter ideológico es que no se refería a ninguno de los trabajos, argumentos o evidencia, contrarios a sus tesis (tal como tendría que haber hecho si hubiera sido un trabajo científico). Y previsiblemente, no citaba nuestro trabajo, ni contestaba a ninguna de las críticas que habíamos hecho a los argumentos que sustentaban sus propuestas, argumentos que se han hecho muchas veces en documentos, informes y manifiestos promovidos por Fedea, que era la fundación que patrocinaba y financiaba este manifiesto.

Ello nos forzó a Juan Torres y a mí a escribir un documento en que, punto por punto, y argumento por argumento, presentamos evidencia científica y empírica que cuestionaba cada uno de los supuestos en los que se basaban sus tesis de insostenibilidad del sistema público de pensiones. En nuestra crítica mostramos también los errores metodológicos que hacían en sus cálculos (Ver "La respuesta al manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los 100 economistas", que también se distribuyó por Attac). Esto creó una respuesta, rodeada de gran hostilidad personal (con toda una batería de insultos por parte de algunos de sus portavoces), que apareció en sus propios medios y en los medios televisivos y radiofónicos, que les dieron gran visibilidad.

Y en su intento de desacreditarnos, nos acusaron de "no conocer economía" y otras descalificaciones, que hubiéramos ignorado si no fuera porque las cajas de resonancia que el capital financiero pone a su disposición, aumentaron su eco y fueron utilizadas para descalificar y desacreditar a los argumentos, además de a los argumentadores.

De ahí la necesidad de responderles. En cuanto al intento de descrédito de los argumentadores, acusándonos de no saber economía, es suficiente decir que tanto Juan Torres como yo hemos sido (y el Profesor Juan Torres continúa siendo) Catedráticos de Economía. El profesor Juan Torres, en la Universidad de Málaga primero, y en la de Sevilla después, y yo en la Universidad de Barcelona antes de ser Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra. Es de una enorme mezquindad, y también estupidez, hacer este tipo de acusación, pues es fácil de demostrar que es falso. Pero la debilidad de los argumentos de tales portavoces de la Banca es tal que se aferran desesperadamente a cualquier ataque personal, sin ninguna limitación ética que les frene.

Réplica a las críticas

El argumento que constantemente se hace a favor de las tesis de que el sistema de pensiones públicas no es sostenible es el de la transición demográfica, es decir, que debido al alargamiento de la esperanza de vida de la población, habrá cada vez más y más ancianos y que al coincidir con menos jóvenes (en parte consecuencia del descenso de la fecundidad), no habrá suficientes jóvenes para sostener a tantos ancianos.

Tal argumento, sin embargo, ignora varios hechos. Uno de ellos es que en los sistemas de reparto, la relación importante no es el número de jóvenes por cada anciano, sino el número de cotizantes y tamaño de cada cotización por pensionista. El número de cotizantes depende del porcentaje de la población que trabaja y cotiza a la Seguridad Social, un porcentaje que en España es todavía hoy muy bajo, sólo un 52%, cuando el promedio en los países nórdicos de tradición socialdemócrata (que tienen los sistemas de protección social más avanzados) alcanza unos porcentajes mucho mayores, de 72%. Y ello como consecuencia del elevado porcentaje de la mujer adulta que trabaja en el mercado laboral. En España, nos queda mucho por hacer para facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo y con ello aumentar el porcentaje de adultos que trabajan, pagan impuestos, crean riqueza y contribuyen a la Seguridad Social. De ahí, la enorme importancia y urgencia de crear lo que en su día, en el 2000 llamé el 4ª pilar del bienestar, es decir, servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia y servicios a las personas con dependencia, que ayuden a las familias a compaginar sus responsabilidades familiares (tanto la mujer como el hombre) con su trabajo en el mercado laboral. Y ahí también nos hace falta hacer mucho.

Productividad, riqueza y las pensiones

La otra variable que es muy importante para averiguar si el sistema de pensiones públicas es viable en el futuro es el tamaño de las cotizaciones sociales, así como de los impuestos que se generan para el estado a fin de sostener a pensionistas y a no pensionistas. Es decir, que la sostenibilidad de las pensiones depende de la riqueza del país. Y ello depende, además del número de trabajadores, de su productividad, un elemento clave que raramente es analizado por los sostenedores de las tesis catastrofistas de la Seguridad Social. Un ejemplo de esta postura es el informe sobre las pensiones en la UE (y en España) publicando en 2008 por la Comisión Europea, que alarmaba a la población española indicando que en cincuenta años las pensiones pasarían de representar un 8% del PIB en 2007 a un 15% del PIB en el año 2060, porcentaje que se asumía era excesiva, e imposible de sostener. Estas cifras fueron repetidas por el Banco de España, por Fedea y por el manifiesto de los 100 y se han convertido en la "evidencia científica" que apoya las tesis de insostenibilidad de la Seguridad Social.

El problema con esta argumentación es que es profundamente errónea y es fácil de demostrar. Si la productividad del trabajador durante el periodo 2008-2060, aumenta cada año un 1,5% (el aumento promedio en los últimos años), entonces el PIB en 2060 sería 2,23 veces más grande que el PIB del 2007. Es decir que si consideramos el PIB del 2007 como 100, en 2060 será 223. Pues bien, si el número de recursos para los pensionistas en 2007 era 8 (8% del PIB) y para los no pensionistas 92 (100-8), en 2060 sería para los pensionistas 33 (el 15% de 223) y para los no pensionistas sería 190 (223-33). Y todo ello medido en unidades monetarias que tendrían la misma capacidad de compra en 2060 que en 2007. Ni que decir tiene que el PIB en 2060 sería muchas veces más grande que el PIB de 2007 debido a la inflación y otros factores. Pero, las cifras que cito aquí son cifras de monedas de valor constante, es decir que tendrían la misma capacidad adquisitiva. No hay por lo tanto ningún problema.

La sorprendente respuesta de los portavoces del manifiesto de los 100 economistas que nos han respondido, es negar que aumentar la productividad sea significativo para calcular el aumento de los recursos de los pensionistas y no pensionistas dentro de 50 años. En realidad, uno de los más estridentes (con mayor cantidad de insultos en su argumentación) es Jesús Fernández Villaverde (próximo a la banca, que ha recibido un premio de la misma por su labor académica, sosteniendo las posturas de la banca), que niega que el aumento de la productividad sea significativo para discutir la viabilidad de las pensiones negando, además, que hubiera habido un aumento de la productividad en los últimos años (antes de la crisis) o que habrá un incremento en el futuro. Es fácil de demostrar que tal economista está equivocado. Según Groningen Growth and Development Center (que es el documento más utilizado por el mundo empresarial estadounidense) la productividad (GDP per hour worked) en España creció un 6.4% entre 1997 y 2007, y un 10% entre 1997 y 2009.Y más importante todavía, tomando periodos más largos (para poder ver el crecimiento independientemente de los ciclos económicos), entonces vemos que de 1979 a 2009, el crecimiento de la productividad laboral fue de un 77%. Asumir que el crecimiento de la productividad será cero o cerca de cero en los próximos cuarenta o cincuenta años es absurdo. Si ello fuera cierto, España tendría un problema gravísimo. Los críticos parecen asumir que España será más pobre dentro de cuarenta o cincuenta años que ahora. Esto no es sostenible.

Otros errores de los portavoces del manifiesto de los 100

Algunos economistas de este manifiesto dudan, por otra parte, de que los crecimientos de productividad puedan ser más altos que los actuales. Dicen: "a la vez, es difícil ver crecimientos de la productividad mucho más altos que el 1.5%. Por ejemplo, en EEUU, la tasa más alta de crecimiento de la productividad en un ciclo completo entre 1966 y 1973, 'una edad de oro' de la productividad, fue un 2.2% anual".

Esta frase traduce un desconocimiento de la evolución de la productividad en los últimos sesenta años. El crecimiento de la productividad en la mayoría de países en Europa fue mayor que el de EEUU durante el periodo final de la II Guerra Mundial a mediados de los años noventa, y ello como resultado de la enorme destrucción de las economías europeas y su necesidad de "catching up" con EEUU, y también, más tarde, por la utilización y desarrollo de las nuevas tecnologías, muchas de ellas basadas en la investigación básica realizada en EEUU. Asumir que el nivel de productividad de EEUU es el máximo que puede alcanzarse es profundamente erróneo y es resultado de la ignorancia de cómo ha evolucionado la productividad en los países capitalistas desarrollados. España está todavía muy retrasada, y por lo tanto, es más que probable que tenga mucho por mejorar. Su capacidad de "catch up" es considerable.

Otros errores por no considerar la variable productividad

Otro error que otros voceros de la banca hacen es que indican que resultado de una reducción del número de cotizantes por pensionista, las pensiones del futuro no podrán sostenerse. Esta tesis es equivalente a asumir que el descenso del número de trabajadores en el campo español (pasando de representar el 18% de la población adulta hace cuarenta años a 2% en la actualidad) ha representado un descenso del alimento producido en España. Hoy, se vería el ridículo que habían hecho cien economistas si, hace cuarenta años, hubieran indicado que, consecuencia de que habrían menos trabajadores en el campo en 40 años a partir de entonces, la gente pasaría hambre porque no habría suficiente alimento. Tal ridiculez estaría basada en la ignorancia de tales economistas, al no darse cuenta de que un trabajador ahora produce lo que 9 hacían antes.

Pues igual de ridículo están haciendo los 100 economistas cuando ahora están diciendo que, dentro de 40 años habrá la mitad de trabajadores por pensionista, ignorando que en 40 años, un trabajador sostendrá más del doble de pensionistas que ahora. Como hemos indicado Juan Torres y yo en varias ocasiones sería aconsejable que se hicieran cambios en el sistema de pensiones públicas, pero precisamente en sentido opuesto al que están proponiendo voces próximas a la banca. Entre estas medidas debería haber medidas que aumentaran la progresividad de las cotizaciones sociales y otras que hemos acentuado en estos escritos. No hay evidencia de que el sistema de pensiones públicas requiera una disminución de los beneficios para garantizar su sostenibilidad. Los argumentos que sostienen lo contrario no tienen credibilidad científica

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Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Ex Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona

Felipe González, Hipercor y la responsabilidad del estado español




Lo ha vuelto a hacer. Tiene muchas razones para no hablar de terrorismo de estado, pero Felipe González ha metido una vez más el dedo en la llaga. Esta vez, aunque ha negado haber ordenado ningún acto de guerra sucia, señala que probablemente habría ordenado volar el coche de los militates de ETA responsables del atentado de Hipercor. Estamos ante una justificación de la guerra sucia en tono hipotético cuyas implicaciones hasta el más lerdo comprende perfectamente. Sobre todo tratándose de un personaje sin escrúpulos como él.



González, que a partir de ahora añadirá a sus abundantes fuentes de ingresos los correspondientes a su nuevo cargo en Gal, perdón – ¡qué despiste tan tonto! – Gas Natural Fenosa, parece haber olvidado que el estado español fue condenado por los propios tribunales españoles como responsable civil subsidiario de las muertes de Hipercor. Nadie duda de la responsabilidad de quienes colocaron las bombas, pero, significativamente, el Tribunal Supremo de España llegó a la conclusión de que “se produjo una cierta pasividad o por mejor decir conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad -a buen seguro determinada por la subjetiva impresión de que se trataría de una simple alarma, como tantas otras veces, pues nunca se había atentado con anterioridad, en actuación indiscriminado contra establecimientos mercantiles-, en cuanto la Policía no consideró conveniente o factible la evacuación del edificio ni se impidió la entrada de vehículos al aparcamiento ni en fin acudió el Servicio de detección de explosivos, a pesar de que según los Bomberos eran suficiente para el desalojo del recinto diez minutos, lo cual puede interpretarse, al modo que lo hace la Sala de instancia, que no se adoptaron las debidas precauciones, máxime cuando la explosión se demoró desde las 15.40, límite superior señalado por los terroristas y en cuyo momento se reintegró al servicio normal una de las dos dotaciones policiales, hasta las 16.08″.

Este tribunal apreció “cierta relación de causalidad entre la constatada conducta omisiva, por no adaptarse las debidas precauciones (que pudieron, en su caso, aminorar los efectos nocivos), y el dramático desenlace”.

González no ha hecho referencia alguna a todo aquello, pero sí ha querido recordar el atentado para alimentar sentimientos de venganza. No es la primera vez que lo hace y posiblemente no será la última. Ya vemos cómo unos y otros van preparándose para el nuevo ciclo político.
Floren Aoiz Monreal
http://www.facebook.com/home.php#!/notes/floren-aoiz-monreal/felipe-gonzalez-hipercor-y-la-responsabilidad-del-estado-espanol/485206832356

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La Guerra Civil española y el cine



Algunas películas de la época del franquimo en el siguiente enlace

http://miscartelesdecine.blogspot.com/2010/04/distintas-miradas-sobre-la-guerra-civil.html

Toda vez que el cine se consolidara como un fenómeno social sin precedentes, tanto en España como en el resto del mundo, se empezó a dotar de naturaleza jurídica. De este modo, podía responder legítimamente a los impulsos de las diversas formaciones políticas. Está demostrado que la guerra no sólo enfrentó a nacionales contra republicanos en el frente, sino también, en la sala de exhibición. Todas las películas de este período tienen un fuerte contenido ideológico. Compruébalo por ti mismo.

Una de las primeras dificultades a las que el Gobierno -integrado por una mayoría de miembros de la CEDA-, debe hacer frente, es el estallido de la revolución en Asturias el 5 de octubre de 1934. La UHP (Unión de Hermanos Proletarios), formada por la CNT y la UGT, se rebela contra el gobierno conservador, porque teme que se revoquen las medidas sociales promulgadas antes de la llegada de la derecha al poder. El general Franco será el responsable de sofocar la revuelta. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular gana las elecciones. La derecha percibe como una amenaza para sus intereses de clase la victoria de su rival político. Calvo Sotelo, fundador del Bloque Nacional, es asesinado por la Guardia de Asalto el 13 de julio, como venganza por el asesinato del teniente José Castillo el día anterior. Y el día 18, Franco y Mola se levantan en armas contra el régimen político vigente. Estalla la Guerra Civil española.

Con el desencadenamiento del conflicto fratricida, la industria cinematográfica nacional sufrió un duro revés [1]. No obstante, la rivalidad que ambos bandos se profesaron mutuamente, alentó la producción de películas con un fuerte contenido ideológico y una clara finalidad propagandística, sobre todo, a partir de 1937. Barrios bajos (Pedro Puche, 1937) retrata cómo las divisiones que evidenció la izquierda tras los hechos de mayo de aquel año en Barcelona ensombrecieron la lucha por un ideal común [2]. Pero no todo fue negativo, porque el "antifranquismo" militante se expresó a través de la defensa de los valores del proletariado, entre otras cosas, cuestionando las tradicionales estructuras sociales. El Sindicato de la Industria del Espectáculo de la CNT-FAI, -al que se hace alusión en la película Las bicicletas son para el verano (Jaime Chavarri, 1983) -, fue desde sus orígenes el máximo órgano de difusión del ideario anarquista. Castilla se liberta (Adolfo Aznar, 1938) es uno de tantos ejemplos del activismo propio de un ideal de inspiración popular. Este filme, en particular, demuestra que la colectivización de las tierras se podía haber llevado a cabo en su momento -de no haberlo impedido, evidentemente, intereses partidistas, de uno u otro color-. El comunismo, sin embargo, aun en su vertiente más revolucionaria se alejaba de los postulados del anarquismo más combativo, limitándose a criticar, como mucho, decisiones políticas de alcance internacional como la No-Intervención, a través de obras como Y cuando Líster llegó..., sin renunciar a la obediencia de Stalin.

Por otro lado, en la España franquista, se creaba el 18 de noviembre de 1937, la Junta Superior de Censura Cinematográfica (en adelante, Departamento Nacional de Cinematografía). Por Orden Ministerial, el 2 de noviembre de 1938, se establece en Sevilla el Gabinete de Censura Cinematográfica Más adelante, se crearán sucursales en La Coruña, Burgos y Barcelona, algunos de sus principios reguladores fueron:

La producción cinematográfica no es exclusiva del Estado, aunque sí debe, sin embargo, promover la iniciativa privada. El Estado está obligado a proteger la cinematografía nacional y a difundir los valores patrios. El Estado se preserva, además, la producción de Documentales y Noticiarios.
Como era de esperar, la censura fue el paso previo a la exaltación de la gesta militar del general Franco y de sus acólitos. Romancero marroquí (1938-39) es una alabanza de las costumbres y tradiciones de este pueblo magrebí, cuyas tropas regulares -no hay que olvidarlo- prestaron su apoyo al general insurgente para derrocar al gobierno de la República. Una vez que la Guerra Civil española se internacionalizó y Franco contó con la colaboración de Hitler y de Mussolini, el cine franquista desacreditó denodadamente al bando derrotado. A este respecto, el profesor Caparrós identifica el poder de seducción que la protagonista Carmen la de Triana (Florián Rey, 1939), una mujer libertina, ejerce sobre un ex-brigadier desposeído de su cargo, con la República como agente de todo tipo de desórdenes morales. La defensa que el franquismo hacía de la unidad de la patria escondía rencillas preexistentes entre la burguesía y el proletariado. De ahí que el anarquismo sedujera a los más desfavorecidos, que propugnaban, cómo no, un reparto equitativo del bien común. Filmes como Tierra española (Joris Ivens, 1937), Heart of Spain (Paul Strand y Leo Hurwitz, 1937) o Espoir / Sierra de Teruel (André Malraux, 1938-39), así lo demuestran.

A pesar de la oposición internacional que la Guerra Civil concitó entre la clase trabajadora mundial, Franco se alzó con la victoria y declaró el fin de las hostilidades el 1 de abril de 1939.

[1] En 1935, un año antes del estallido de la Guerra Civil, se produjeron 40 películas en España. Algunos de los títulos más destacados fueron: La verbena de la paloma (Benito Perojo), El malvado Carabel (Edgar Neville), La hija de Juan Simón (José Luis Sáenz de Heredia) o El niño de las monjas (José Buchs). Los perjuicios económicos que la guerra causó, excitaron el ánimo de ambos bandos por buscar otros medios de producción. El bando nacional encontró en sus aliados el apoyo necesario para rodar en estudios extranjeros, fundamentalmente, alemanes e italianos -regímenes ideológicamente afines-, mientras que el bando republicano recurrió al asociacionismo. La CNT creó, como se menciona más adelante, el Sindicato de la Industria del Espectáculo. Las películas que el Sindicato producía y distribuía, se exhibían en la zona ocupada por republicanos, muchos de cuyos principales destinatarios eran milicianos destinados a los distintos frentes, entre otros, al frente de Aragón.

[2] Se recomienda ver el filme Tierra y Libertad (Ken Loach, 1995). En él se debate el justo reparto de las tierras durante los intentos fallidos de colectivización agraria, y además, se reproducen los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas durante los días 3 y 4 de mayo de 1937.
http://www.mailxmail.com/curso-historia-cine-espanol/guerra-civil-espanola-cine