28 de diciembre de 2010

Zapatero prepara nuevos ataques contra la clase trabajadora





Fruto de la presión internacional, el gobierno del PSOE ha anunciado su voluntad de acelerar una batería de recortes sociales que ya estaba preparando. La reforma de las pensiones o de la negociación colectiva son algunas de las medidas que quiere introducir para “calmar a los mercados”.

Después de unos meses de mensajes esperanzadores de los gobiernos europeos sobre el estado de la economía, la bancarrota de Irlanda ha hecho sonar de nuevo las alarmas. En el Estado español, el gobierno del PSOE se dedica a dibujar una situación positiva, señalando que las cifras de desempleo ya no suben vertiginosamente y recalcando el leve crecimiento del PIB del 0,2% desde el comienzo del año. Lo peor, nos dicen, ya ha pasado. Sin embargo, el anuncio de una batería de recortes por parte de Zapatero desmiente de nuevo los mensajes tranquilizadores. Eso mientras el paro ha aumentado en 300.000 personas los últimos doce meses.

Inestabilidad financiera

Cuando hace tres años estalló la crisis, los diferentes gobiernos europeos realizaron importantes inversiones con el fin de evitar un hundimiento de la economía como el que se produjo después del crac de 1929. Las cajas y, en menor medida, los bancos del Estado español, se encontraron que las constructoras e inmobiliarias, con el estallido de la burbuja del ladrillo, no les podían devolver los préstamos. Así, los bancos que habían tenido grandes beneficios durante la última década en su festival de especulación han recibido decenas de miles de millones por parte del Estado para hacer frente a su endeudamiento. Con eso se ha transferido parte de la deuda privada a las finanzas públicas, a fin de que lo paguemos entre todos y todas. Por su parte, el hecho de que muchas empresas hayan dejado de pagar sus impuestos o la seguridad social, así como el aumento del gasto público a consecuencia de la explosión del paro, también han aumentado la deuda pública.

Se ha señalado que, después de la bancarrota de Grecia e Irlanda, los siguientes serán Portugal y el Estado español. Una quiebra económica del Estado español tendría unos efectos demoledores, ya que se trata de la cuarta economía de la eurozona. El gobierno del PSOE se ha apresurado a desmentir que el Estado español pudiera tener que pedir un plan de rescate.

Zapatero afirma que la deuda pública del Estado español es menor comparada con otros países. En eso tiene razón. En el 2009, Grecia tenía un endeudamiento del 126,8%, Portugal un 76,1% e Irlanda un 65,5%. El Estado español, en cambio, tenía uno de los más reducidos: 53,2%. También la deuda pública española tiene una prima de riesgo menor (es decir, los inversores dicen que es más seguro de que se pueda pagar) que la deuda de Irlanda o Portugal. Pero eso no significa que no haya un riesgo importante.

Aquello que realmente genera inestabilidad en el Estado español no es la deuda pública o el elevado déficit. El gran problema radica en la enorme deuda privada, de bancos, empresas españolas y familias. Si sumamos la deuda pública y privada, llega a una cifra estimada entre el 340% y 400% del PIB, sólo superada por el Reino Unido o Japón. Además, en torno a la mitad de la deuda privada y pública se encuentra en manos de financieros extranjeros; la deuda externa es casi el 170% del PIB. De aquí la fuerte presión de los mercados financieros internacionales, pidiendo planes de austeridad para asegurar que se les devuelvan los intereses de todo aquello que han prestado.

Un signo de la inestabilidad es que el tipo de interés de la deuda española está subiendo. A causa del contagio irlandés, los intereses que el Estado español paga ahora por vender en los mercados sus bonos del Tesoro (pagarés que el Estado intercambia para poder endeudarse) han llegado al 2,6% —el nivel más alto desde julio del 2002—, en parte porque hay dudas sobre si la economía española, que es mayor que las de Grecia, Irlanda y Portugal juntas, sería “demasiado grande para rescatar” para la UE.

En definitiva, cuanta menos confianza tienen los inversores en la situación económica, más alto es el tipo de interés, más es el dinero que tiene que devolver el Estado en intereses, más recortes se tienen que hacer y, cerrando el círculo vicioso, peor va la situación económica.





Recuento de los ataques hechos
La batería de recortes antisociales de Zapatero es larga. El pasado mes de junio se recortaron los salarios de los empleados públicos en un 5%. En verano subió el IVA dos puntos, lo cual supone reducir los salarios reales casi un 2%. En el mes de septiembre se introdujo la reforma laboral, que favorece y abarata el despido y rebaja los derechos laborales. Esta reforma generaliza un tipo de contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado (en vez de 45 días). Eso ni creará puestos de trabajo ni reducirá la temporalidad. Los contratos con una indemnización de 33 días han pasado del 15% de los nuevos contratos al 30%. Los contratos temporales no se han reducido.

Mientras tanto, el paro se mantiene en cifras altísimas, con más de 4 ‘6 millones de parados. El desempleo de larga duración llega ya a dos millones (un 43% del desempleo total). Y los parados que llevan más de seis meses en paro ven reducida su prestación en un 60%. Estas cifras de desempleo elevado y centenares de miles de parados viviendo en una situación de pobreza se pueden mantener durante años.

La ofensiva que se nos viene encima
Pero todo eso es insuficiente para “calmar los mercados financieros” y seguir los objetivos que marca la UE de reducir el déficit al 3% en el 2013 (en el 2009 se encontraba en el 11,1%). El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, lo expresaba claramente: “Nunca se puede decir que ya hemos acabado con las reformas”. Este señor defiende las reformas hechas hasta el momento, a la vez que pide una reforma de las pensiones y hacer más ‘eficaz’ el servicio de empleo (es decir, presionar a los parados para que acepten cualquier trabajo).

El Gobierno continúa su ofensiva a dos grandes niveles. Por una parte, bajará drásticamente la inversión social en los presupuestos generales. Por otra, el PSOE plantea realizar los próximos seis meses una batería de leyes que pasan por la trituradora los servicios públicos y las prestaciones sociales.

Unos presupuestos antisociales
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011, que tendrán que ser aprobados este diciembre, prevén una drástica reducción del gasto público en un 7,9%. Se reduce un 8,1% el dinero destinado a educación, un 8,2% a sanidad y un 31% a medio ambiente. La aplicación de estos presupuestos comportará batallas importantes los próximos meses para llevar a cabo reducciones de partidas en todos los servicios públicos.

Los presupuestos también congelan los salarios de los empleados públicos para el 2011. Las pensiones mínimas crecen un ridículo 1%, pero el resto se congelan.

Si bien el paro es uno de los principales problemas, se reduce un 5,5% la partida para políticas activas de empleo. Parece una broma de mal gusto, pero se destinará menos dinero al empleo en el 2011 que en el 2007, cuando dos millones de personas todavía no habían perdido su trabajo. Y de este dinero, una gran parte se destinará a bonificaciones, que no tienen muchos resultados y que suponen un regalo a las empresas que reciben dinero para unas contrataciones que harían igualmente.

Con la idea de la austeridad, la administración pública del ejecutivo de Zapatero cerrará 14 empresas públicas y fusionará 24. No ha dicho todavía cuántos trabajadores se irán a la calle.

Reforma de las pensiones: trabajar más y cobrar menos
La reforma de las pensiones es el principal caballo de batalla del gobierno del PSOE. Los detalles concretos se están trabajando en la comisión del Pacto de Toledo y se hacen públicos este diciembre. Pero la propuesta anunciada por el Gobierno hace unos meses muestra que esta reforma será un ataque durísimo contra los trabajadores y trabajadoras como no se veía en décadas.

Se tendrá que trabajar dos años más, ya que la edad de jubilación subirá de los 65 a los 67 años. La jubilación anticipada también subirá de los 60 a los 61 años. Además, las prestaciones serán menores, ya que se plantea aumentar el periodo de cotización de los últimos 15 años trabajados a los últimos 20 años. Dado que al principio de su vida laboral un o una trabajadora tiene peores salarios, eso comportará una reducción de las pensiones de un 5,5% por término medio, en torno a 50 euros (!). Si se sube el cómputo del periodo de cotización a 25 años, las pensiones bajarán un 10%. Actualmente, para cobrar una prestación entera hace falta haber cotizado 35 años; eso se podría elevar a 38 años.

El Gobierno pretende implantar la reforma de las pensiones de forma escalonada, para hacer un ataque más suave. Se introduciría a lo largo de 12 años, aumentando la edad de jubilación en dos meses de vida laboral cada año. El Pacto de Toledo de las pensiones lo está negociando el PSOE con el PP, lo cual ya muestra el carácter derechista de la medida. El Gobierno ya ha anunciado, también, que tirará adelante la reforma con o sin acuerdo con los sindicatos y ha puesto como fecha límite para aprobarla el próximo mes de abril.

Zapatero impulsa la reforma de las pensiones “para garantizar que quien se jubile de aquí a una década tenga sus prestaciones aseguradas”. Pero el argumento de que falta dinero por el envejecimiento de la población es falso. No  se trata de un problema demográfico, sino de voluntad política, ya que el trabajo cada vez es más productivo y por lo tanto genera más riqueza con la que pagar las pensiones. Sólo en los últimos 30 años la productividad ha subido un 77%. Por otra parte, retrasar la edad de jubilación profundizará el ya actualmente grave problema del paro.

El impulso contrareformista del PSOE
Además de la reforma de las pensiones, el ejecutivo pretende realizar hasta 14 nuevas leyes hasta el próximo junio. La estrategia del PSOE, en línea con su carácter social-liberal, consiste en combinar leyes que realicen algunos pequeños avances en leyes sobre la igualdad de trato o de cuidados paliativos y muerte digna con leyes altamente regresivas. Estas últimas tienen todas nombres progresistas, ocultando los ataques previstos. Se pretende aprobar rápidamente, sin dar detalles con antelación, para evitar que crezca la oposición y las posibilidades de movilización.

El próximo enero está previsto tramitar la Ley de reforma de las Políticas Activas de Ocupación, que posiblemente endurecerá las condiciones para recibir la prestación o se presionará a los parados para aceptar cualquier trabajo a riesgo de sufrir sanciones.

En marzo, el Gobierno sacará adelante la Ley de negociación colectiva, continuando el camino de la reforma laboral. La negociación colectiva se encuentra encallada este año por la dureza de la patronal; sólo se han firmado el 40% de los convenios. Cuando no se firma de nuevo un convenio, se mantiene el anterior. Ésta es una de las cuestiones que la patronal quiere cambiar, para así poder desbloquear una línea de defensa del derecho laboral y poder realizar ataques laborales directamente por sectores y empresas, por debajo de los convenios existentes actualmente.

El próximo abril está prevista la Ley de Universalización de la cobertura sanitaria. Detrás de este nombre se esconde una propuesta para introducir el copago en la sanidad —una sanidad que ya está sufriendo procesos de privatización importantes en muchas comunidades autónomas, especialmente en Madrid.

Ofensiva del gobierno, ofensiva de luchas

Lo visto en Grecia e Irlanda es muy claro: se tienen que hundir los niveles de vida de la clase trabajadora hasta donde haga falta con el fin de satisfacer a los mercados financieros internacionales. En el Estado español, la lógica del gobierno del PSOE es la misma. Zapatero está haciendo una declaración de guerra a la clase trabajadora. La única salida es una movilización masiva y creciente, siguiendo la estela de la huelga general del 29-S.




Joel Sans