23 de octubre de 2011

Historia de ETA.50 años de conflicto político

Por Miguel Sanz. Para entender la existencia de ETA durante el último medio siglo es necesario ubicar el conflicto entre Euskal Herria y el Estado español en un plano esencialmente político. Para muchos, el conflicto en sí mismo está contenido en la existencia de ETA. Si ETA se acaba, acabará el conflicto. Pero la realidad es que la existencia de esta organización armada no es más que la expresión de la parte más cruda y violenta de un enfrentamiento con profundas raíces políticas y sociales, anterior a su existencia y, posiblemente, que seguirá vivo, en otros términos, después de que ETA abandone la lucha armada. La misma existencia de ETA ha estado influenciada por la evolución y los acontecimientos políticos vividos en Euskal Herria y el Estado español durante los últimos 50 años. Su orientación y posicionamientos no han sido uniformes, y su evolución ha ido produciéndose a medida que el nacionalismo vasco y sus relaciones con el Estado español también se transformaban. Para entender dónde estamos hoy día y cuáles son los caminos de resolución del conflicto, es necesario recorrer históricamente la trayectoria de la izquierda abertzale y la respuesta que el aparato del Estado español, junto con sus fuerzas políticas dominantes, ha ofrecido a sus demand Orígenes A pesar de lo dicho por la misma organización armada en su 50 aniversario, aquel grupo surgido de una escisión en las juventudes del PNV que en 1959 adoptó el nombre de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y libertad) poco tenía que ver, en su orientación política, con la ETA de hoy día; ni siquiera con la ETA de pocos años después. El nacimiento de esta organización estaba vinculado, por un lado, a la pasividad y acomodamiento del PNV y parte de su base social a las condiciones de la dictadura franquista. Por otra parte, no puede desvincularse el surgimiento de ETA y su posterior evolución de los cambios sociales vividos en Euskadi y el resto del Estado español desde los años 50, así como de las luchas de liberación nacional surgidas en el contexto mundial. En esta década comienza la apertura económica del régimen de Franco, y un relajamiento en las condiciones represivas que habían acompañado a los años inmediatamente posteriores al fin de la Guerra Civil en 1939. La generación de trabajadores que había vivido la derrota a manos de los sublevados fascistas, ya no era la misma que trabajaba en las fábricas y vivía en las concentraciones urbanas surgidas al calor de la industrialización de los años 50. El mismo año que el grupo escindido de EGI (las juventudes del PNV) adoptaba el nombre de ETA, se producía la revolución cubana, ejemplo esperanzador para los socialistas y nacionalistas progresistas de la época. Al calor de la huelga general de 1951 –en la que el PNV había participado– y la posterior represión que conllevó, un grupo de estudiantes de la Universidad de Bilbao fundó en 1954 el grupo nacionalista Ekin. Este grupo de jóvenes criticaba la pasividad política del PNV y su acción exclusiva en el ámbito cultural. Sin embargo, a pesar de la radicalidad aparente del grupo, la falta de un planteamiento político diferenciado en sus raíces del expuesto por el PNV le condujo inevitablemente a su órbita. De esta manera, entre 1955 y 1956 Ekin se fusionaba con Eusko Gaztedi (EG), las juventudes del PNV, denominada a partir de ahora EGI. El PNV de la época, a pesar del recorrido de la Guerra Civil, se había movido relativamente poco de los planteamientos de Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco y del mismo PNV a finales del siglo XIX. Este partido oscilaba entre la exigencia de independencia para Euskadi y un planteamiento más cercano a la autonomía en el marco del Estado español. Estas exigencias, aunque ambiguas, se apoyaban en ideas claramente chauvinistas –y hasta los años treinta, también racistas– respecto a los inmigrantes llegados a los territorios vascos desde la década de 1890. Aunque la llegada de inmigrantes había sido constante desde entonces, en la década de 1950 este proceso se intensificó como consecuencia de la recuperación económica del Estado español y la apertura posterior del régimen a la inversión extrajera. El grupo Ekin compartía con el PNV la visión de que la existencia de la cultura vasca estaba en serio peligro de extinción, y, en sus inicios, muchos de los planteamientos despectivos hacia los inmigrantes como causa del peligro para la propia existencia del pueblo vasco. Ekin sin embargo no tenía dudas sobre la necesidad de la independencia total de las provincias vascas bajo dominio español y francés. Sin embargo, la postura ofrecida por el PNV –apoyada en la exaltación de un pasado idílico pre‐industrial y en los fueros como prueba de la existencia ancestral y superioridad del pueblo vasco– ofrecían muy poca ayuda para la orientación política en la Euskadi industrial de los años 50 y principios de los 60. El grupo Ekin se esciende de EGI y comienza a buscar una orientación propia tras adoptar el nombre de ETA. Al calor de la lucha guerrillera de liberación en los países colonizados, Ekin ya había teorizado que la lucha nacional debería apoyarse en la acción armada, pero este planteamiento no había supuesto una diferencia importante con el PNV, sobre todo porque la teoría nunca acababa de trasladarse a la práctica. En 1961 ETA realiza por fin su primera acción armada –el intento de descarrilamiento de un tren cargado de veteranos franquistas–, que acarrea una enorme represión y la huída de muchos de sus pocos miembros hacia el exilio. Tras su primera y segunda asamblea en 1962 y 1963, ETA va distanciándose cada vez más del nacionalismo chauvinista y reaccionario del PNV. No en vano, la realidad social de Euskal Herria era muy difícil de cuadrar con los planteamientos clásicos del nacionalismo vasco, donde estaba el origen de ETA. El nacionalismo vasco se había construido como expresión del rechazo a los inmigrantes y al socialismo y el sindicalismo que traían con ellos, causa central, a ojos del PNV, de la degradación de la vida social vasca desde finales del siglo XIX. Para ETA, no podía desarrollarse una estrategia política que obviara la realidad de que la mitad de la población no era étnicamente vasca. En torno a la posición hacia los trabajadores inmigrantes surgen las primeras divergencias en el seno de ETA. A lo largo de 1964 y 1965 Zutik, la publicación central de ETA, comienza a exponer artículos en los que se solidariza con aquellos que se ven forzados a abandonar sus hogares, emigrar, y buscar una vida mejor. El progresivo desarrollo de la solidaridad con los inmigrantes conllevó, cada vez de forma más clara, la adopción de ideas socialistas. Los ejemplos de la revolución cubana, la lucha anticolonial en Argelia y, después, la resistencia vietnamita, ofrecían, a su vez, un puente aparente entre las ideas socialistas y nacionalistas. Como veremos, son dos los planos, íntimamente relacionados, los que desde este momento hasta los años 70 dividen a la organización una y otra vez. La adopción de ideas socialistas chocaba, como se ha dicho, con el planteamiento clásico del nacionalismo vasco. No era una cuestión banal o de simple evolución ideológica, pues la base social de ETA y su reclutamiento estuvieron siempre vinculados a las poblaciones de carácter rural, donde la dominancia de la estructura productiva tenía poco que ver con los centros industriales que eran la base teórica de acción del socialismo marxista. Una adopción demasiado explícita del marxismo les alejaba de la base social tradicional del nacionalismo, y por supuesto del PNV, cuyos apoyos residían esencialmente en la pequeña burguesía técnicamente vasca. El segundo plano de división, estrechamente vinculado al conflicto entre nacionalismo y marxismo, se producía en torno a la estructura organizativa de ETA. La adopción del socialismo como base general de orientación política a partir de su IV Asamblea en el verano de 1965, reflejaba el desarrollo de la idea de que la acción de la clase trabajadora, a través de la movilización de masas, era una pieza clave –junto con la lucha armada– para alcanzar la liberación de los vascos y una sociedad socialista. Era consecuente por tanto el que ETA desarrollara una acción política encaminada a la movilización de masas. Pero, como veremos, la lucha armada era difícilmente combinable con la acción política pública o semipública, y en torno a esta cuestión, se produjeron gran cantidad de tensiones, enfrentamientos y, finalmente, escisiones en el seno de ETA. Escisiones y cambios Durante sus primeros años de existencia ETA había prestado poca atención al movimiento obrero creciente en Euskadi y el resto del Estado español. Pero el empuje de las luchas obreras contra el franquismo iba a influir de forma determinante en la evolución de ETA. Asimismo, el círculo vicioso entre acción armada, represión y exilio, ayudaría a profundizar una visión discrepante de los objetivos entre los miembros en el interior del Estado y aquellos refugiados en Francia, Bélgica o Latinoamérica. En 1967 se produce la primera escisión de ETA, ETA‐Berri, entre aquéllos que habían desarrollado el planteamiento socialista de la lucha obrera y otros que veían en esta postura un alejamiento progresivo del nacionalismo y una infiltración de las ideas de la izquierda “española”. ETA‐Berri acabaría efectivamente distanciándose radicalmente del nacionalismo –para luego volver– y se transformó, bajo el auge de las ideas maoístas a finales de los años 60 y junto con otros grupos obreristas del Estado, en el Movimiento Comunista de España (MCE) –luego MC. En 1970, en un proceso con muchas similitudes de diferenciación interna respecto a la relación de la lucha armada y la militancia obrera, ETA se divide entre los que reconocen a la dirección surgida de su VI Asamblea y los que no, dando lugar a las denominadas ETA‐VI y ETA‐V. Este proceso merece una mención aparte. Tras la salida de ETA‐Berri en 1967, ETA se había sumido en varias trasformaciones ideológicas y organizativas bajo el mando de una dirección joven que había sustituido a los exiliados fundadores de ETA. El papel central de la lucha de los trabajadores en la oposición antifranquista, el crecimiento de las Comisiones Obreras y todo lo que esto inspiraba, había conducido a ETA a plantear una estrategia que vinculara la necesidad de la lucha armada con un partido marxista‐leninista, dedicado a impulsar la acción de masas. Esto implicaba la organización de comandos bajo un régimen de absoluta clandestinidad y presión militar, encargados de la acción armada, junto a otra sección de la militancia de ETA que realizara un trabajo sindical y de agitación política en las empresas y otros entornos de trabajadores. ETA realizó considerables avances en este campo, llegando a tener núcleos importantes de militantes en algunos centros industriales del Bilbao (era el primer momento que la composición social de ETA iba realmente más allá de personas de clase media étnicamente vascas). Tras la muerte de Txabi Etxebarrieta en 1968, el primer militante de ETA asesinado por la Guardia Civil, la organización había alcanzado un apoyo social y una popularidad sin precedentes. La figura de Txabi era muy ilustrativa de la orientación política de ETA en esta época, pues además de ser uno de los principales ideólogos de la organización, escritor y miembro de la dirección, era activista de Comisiones Obreras, concretamente responsable de propaganda en Bilbao. Sin embargo, la estructura de doble actividad de ETA, armada y pública, era inasumible. Las tensiones en torno a la subordinación de la lucha armada a objetivos políticos ocasionó la salida de ETA‐V en 1970, que apostaba por una dominancia de la lucha armada frente a la política en lo práctico, y el retorno a un nacionalismo más puro en lo ideológico, sin abandonar ciertas posiciones socialistas. En este período la mayoría de la izquierda tanto dentro como fuera de Euskadi no estaba al corriente de las discusiones y divisiones internas de ETA. Tras esta escisión es precisamente cuando se produce el auge de popularidad de la organización más allá de Euskal Herria, en torno a las masivas movilizaciones por el Proceso de Burgos. En él un tribunal militar juzgaba a 16 activistas de ETA, acusados del asesinato del torturador Melitón Manzanas y otras acciones. La solidaridad abarcada en todo el Estado por los militantes de ETA no sólo debilitó al régimen –que acabó conmutando las seis penas de muerte por cadenas perpetuas‐, sino que también contribuyó de forma determinante a ampliar la base de la oposición antifranquista, movilizando y organizando a gente que hasta ahora había permanecido al margen de la lucha. Tras estos sucesos, ETA‐VI –cuyos planteamientos fueron apoyados en este sentido por los “héroes de Burgos” y la mayoría de los presos–, emprende el camino para transformarse definitivamente en una organización marxista revolucionaria, rebajando consecuentemente la importancia de la lucha armada y favoreciendo la acción de masas. En unos años ETA‐VI se fusionará con el grupo revolucionario marxista del Estado español Liga Comunista Revolucionaria (LCR), perteneciente a la trotskista IV Internacional, cuyos herederos, tras la unificación con el MC en 1991 y una trayectoria convulsa, representan hoy a Izquierda Anticapitalista y el colectivo Zutik en Euskadi. ETA‐V (en un principio la minoría de ETA tras la ruptura de 1970) había quedado bastante debilitada, y en cierto modo aislada de la evolución de ETA‐VI hacia el marxismo. Sin embargo, emprende una recuperación que la hará recobrar la legitimidad como única ETA, heredera de la original. Aún así, volverá a dividirse en 1974, tras haber integrado a las juventudes del PNV (una muestra indudable de su fortaleza y popularidad). Entre este año y mitad de los ochenta, coexistirán ETA‐Militar (ETA‐M) y ETA‐Político Militar (ETA‐PM). Las razones para esta nueva división volvían a ser muy parecidas que en las anteriores ocasiones. La estructura de frentes que había adoptado ETA‐V intentaba dar respuesta a la combinación de algún tipo de trabajo político y cultural con la lucha armada. Con el tiempo, los militantes dedicados al trabajo político y agrupados en el Frente Obrero de ETA‐V, acabarán recelando de la autonomía del Frente Militar y la inconveniencia de sus acciones en el marco de una estrategia política de movilización. El asesinato de Carrero Blanco a finales de 1973 y la primera matanza de civiles achacada a ETA en la cafetería Rolando de Madrid –de turbia autoría– acabarían ocasionando una ola de represión contra el sector político de ETA, mucho más vulnerable que el aparato militar. Como consecuencia, cristaliza organizativamente la división en dos de ETA‐M y ETAPM. Esta última impulsará la creación de un partido político, Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), que, completamente separado de la actividad armada de ETA‐PM, tomará una orientación cada vez más moderada –a través de Euskadiko Ezkerrza– y tendente hacia lo institucional. Durante un tiempo ETA‐PM será la referencia del independentismo vasco, quedando ETA‐M en una posición minoritaria. Pero con los años, ETA‐PM irá decayendo y estará muy cerca de la extinción tras el intento fallido de golpe de estado de febrero de 1981, y tras el que comienza su desintegración. ETA‐M se convertirá en los años 80 en el único referente de la lucha armada para la izquierda independentista, hasta hoy día. Las organizaciones políticas A mitad de los años 70, el problema táctico de la combinación de la lucha armada con el trabajo político bajo el mando de una misma organización se había demostrado irresoluble. ETA‐PM intentó mantener una estructura de dos organizaciones independientes, junto con EIA, una dedicada a la lucha armada y otra al trabajo político, pero ambas orientadas por una misma estrategia. Los lazos entre ambas organizaciones resultaron cada vez más insostenibles, a medida que EIA, a través de su trabajo en el Congreso de Madrid y en el Parlamento Vasco, iba aceptando las limitaciones de la España constitucional y orientándose cada vez más hacia una formación puramente parlamentaria. La decisión más coherente respecto a la combinación de lucha armada y acción política fue la tomada por ETA‐M en 1975, cuando ésta decidió limitarse a las acciones militares, dejando al margen otro tipo de trabajo. Esto no implicaba que la dirección de ETA‐M no considerase necesaria la organización de la actividad política de la izquierda abertzale bajo algún tipo de formación. Así, en 1977 se impulsa a través de la Mesa de Altsasu el diálogo entre la mayor parte de las organizaciones políticas de la izquierda abertzale, para constituir en 1978 la coalición electoral Herri Batasuna (HB). Mientras que ETA‐PM apoya a su filial política EIA –que participó desde el principio en la reforma política impulsada por Adolfo Suárez y el proceso preautonómico– ETA‐M otorga su apoyo a HB, mucho más crítica e intransigente respecto a la conformación del nuevo Estatuto de Autonomía, el problema de la territorialidad de Navarra y la amnistía general de los presos políticos. Al contrario que EIA, Herri Batasuna se apoyará desde ahora en una estrategia de movilización continua, esencialmente en torno a la cuestión nacional y los presos, pero también respecto a luchas sociales y ambientales. Poco a poco, Herri Batasuna evolucionará mucho más allá de una coalición electoral e irá convirtiéndose en el único referente político de la izquierda abertzale. En su interior se producen diferencias respecto al papel dominante de ETA‐M en la orientación de la coalición, pero también en torno al funcionamiento interno y la toma de decisiones (más democrático y asambleario o tendente a una estructura clásica de partido electoral). Algunos de sus partidos fundadores la dejan. Pero su apoyo en las urnas es creciente, y en cierto modo refleja la simpatía de todas las personas que se habían sentido defraudadas con la evolución de la nueva democracia y su aproximación represiva a las demandas de independencia. Herri Batasuna consigue organizar un enorme movimiento en torno a la amnistía de los presos y éste posteriormente será uno de los frentes de mayor importancia de la izquierda abertzale. En torno a lucha contra la dispersión de los presos de ETA –puesta en marcha por el Estado tras las conversaciones de Argel como mecanismo para debilitar la lucha armada y castigar a los familiares‐, la izquierda abertzale consigue aglutinar a más sectores políticos de los influenciados directamente por ella. En 1978 las dos facciones de ETA y la izquierda independentista vasca contaban con 102 presos encarcelados. Entre este año y el comienzo del primer gobierno de Felipe González la cifra alcanza 435, y 531 en 1996 cuando el PP llega el Gobierno. En 2009 ya tienen 738 personas encarceladas, de las cuales muchas, tras la oleada represiva que comenzó con la Ley de Partidos en 2002, no tienen ningún tipo de relación con la lucha armada. Treguas y negociación Todos los gobiernos españoles han combinado la represión constante hacia la izquierda independentista con la negociación con ETA en algún punto de su mandato. La primera negociación con la ETA actual (anteriormente se realizó otra con ETA‐PM bajo el mandato de UCD) se realizan en 1989 en las conversaciones de Argel, en las que ETA declaró dos treguas consecutivas. Estas conversaciones terminaron tres años después, frente a la negativa de ETA a acatar el marco constitucional a cambio de la reinserción. Se abrió posteriormente una nueva etapa de represión contra la izquierda abertzale que se renovó con la llegada del PP al gobierno en 1996, y que tuvo una expresión de cambio cualitativo con el encarcelamiento de la mesa nacional de HB. Pero el Acuerdo de Lizarra entre el PNV, Eusko Alkartsuna (EA) y Ezker Batua (federación vasca de IU), y una tregua indefinida de ETA en 1998 ayudó a frenar la estrategia de criminalización emprendida por el PP, y que culminaría varios años después con la Ley de Partidos. El PSOE y el PP nunca aceptaron el Acuerdo de Lizarra y tras la detención de varios interlocutores de ETA y la falta de gestos de interés por parte del gobierno por el diálogo para alcanzar la paz, el proceso quedó roto. El recrudecimiento de la violencia de ETA (especialmente contra cargos electos) y el seguidismo realizado por el PSOE al PP condujo a la firma del Pacto Antiterrorista en 2000 y a la posterior ilegalización de Batasuna. La tregua en torno al Acuerdo de Lizarra generó enormes expectativas del paz, que al verse frustradas condujeron a una pérdida de apoyo electoral para la izquierda abertzale y al estallido de su coalición Euskal Herritarrok, que había agrupado a más fuerzas políticas además de HB. En este proceso se demostró la inconveniencia de volver a someter la negociación política a la militar, y de apoyarse en las fuerzas del nacionalismo vasco tradicional –el PNV‐ para avanzar en un nuevo marco que rompiese las limitaciones del corsé constitucional. Todo esto tuvo su reflejo posterior en la Propuesta de Anoeta de finales de 2004 realizada por la izquierda abertzale, y que estuvo acompañada de la última tregua indefinida de ETA. En este proceso se intentó la configuración de dos mesas de negociación, una política y otra militar, y a pesar de no haber conseguido avanzar tras meses de negociación por la falta total de voluntad del gobierno español para asumir algún tipo de compromiso, parece que esta propuesta de diálogo separado sigue en pie por parte de la izquierda abertzale tras la presentación de su último documento público de debate en noviembre de 2009. Violencias Desde sus inicios, el grupo precursor de ETA ya había teorizado sobre la necesidad de la lucha armada. Posteriormente, se realizarán intentos por dar un sostén teórico más sólido a este planteamiento –donde destaca el libro “Vasconia”, editado en Buenos Aires en 1962. En parte, como se ha dicho, la necesidad de la lucha armada se inspiraba en los procesos de liberación colonial en el Tercer Mundo. Esta visión estaba alimentada en un inicio por la interpretación de que Euskadi era una colonia del imperialismo español. Las luchas cubana, argelina y vietnamita ocasionarán una fuerte impresión sobre los militantes de ETA, y servirán como fuente de inspiración sobre la necesidad de un movimiento guerrillero. La teorización inicial de la lucha armada se apoyaba en la espiral acción/represión/acción, que se fundamentaba en que cada acción de la vanguardia armada acarrearía acciones represivas por parte del Estado español sobre la población vasca. Esta represión a su vez espolearía la movilización popular, que conllevarían más represión, conduciendo así a nuevas represalias por parte del grupo armado, y reiniciando así el proceso. El fin teórico de este planteamiento conduciría en última instancia a la formación de un ejército popular, pues cada vez más gente se convencería de la necesidad de la lucha armada frente al Estado opresor. Pero este ejército popular de vascos nunca llegó a formarse, y la acción de las diferentes ETAs, aunque con gran apoyo popular, siempre estarían restringidas a una minoría. Aunque todas las facciones de ETA incidieron siempre en la necesidad de un movimiento de masas, a partir de 1967 la violencia es el rasgo definitorio de ETA, y no sólo una de sus actividades. Asimismo, los objetivos de ETA han variado según la época y según la facción de ETA que los ejecutase. Estos objetivos fueron ampliándose desde miembros destacados de la dictadura y ultraderechistas conocidos en un inicio, a un gran abanico de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, empresarios, políticos, confidentes policiales y hasta traficantes de drogas. Durante aquellos momentos que la organización estuvo más orientada hacia el marxismo, sus acciones se entendían puramente como una complementación de la acción de masas. De esta forma, durante mucho tiempo tanto ETA‐V, ETA‐VI como ETA‐PM secuestrarían y extorsionarían a patronos implicados en conflictos laborales (algo que no siempre era del agrado de los trabajadores implicados en estos mismos conflictos). Donde el movimiento popular llegaba a su máximo, ETA actuaba para ejercer una presión que el movimiento no era capaz de realizar. Así, algunos asesinatos podían tener el respaldo de mucha gente, pero otros acarreaban el desprecio y la condena de amplios sectores de la sociedad. El PNV, siempre mantuvo una actitud ambivalente frente a la violencia de ETA, hasta bien entrada la democracia parlamentaria y el Estatuto de Autonomía en 1980. La realidad es que, aunque se condenasen los asesinatos, el sector más puramente “sabiniano” del PNV nunca llegó a considerar a ETA y sus organizaciones políticas vinculadas como extraños a la “familia nacionalista”. Esta actitud estaba vinculada al hecho de que el socialismo al que las diferentes facciones de ETA se adherían nunca estuvo explícitamente definido. Se daba la paradoja de que un partido de origen profundamente conservador y católico como el PNV, considerara que al fin y al cabo ETA, aunque teóricamente marxista, perteneciese a la familia de los “patriotas”. Igualmente, el PNV se aprovechó de la presión que ETA ejercía contra el Estado, sus fuerzas policiales y los partidos políticos, por ejemplo en todo el proceso de negociación del Estatuto y su posterior transferencia de competencias. Pero sin lugar a dudas, la violencia ejercida por ETA –en muchos casos de enorme crueldad y perjudicial para la estrategia política general del independentismo‐ ha conseguido perpetuarse y sostener un apoyo popular importante gracias a la monumental violencia ejercida por el Estado español, antes y después de la muerte de Franco, contra el independentismo. La represión está grabada a sangre y fuego en la mente de muchos vascos. Antes del desmantelamiento del franquismo, era habitual que la guardia civil ejecutase impunemente a activistas políticos de izquierdas, independentistas o militantes de ETA. Las torturas, muchas veces hasta llevar a la muerte, representaban un hecho desgraciadamente frecuente para la gente de izquierda en la lucha antifranquista. Pero la necesidad de luchar contra ETA y el odio visceral del régimen al “separatismo” impulsaba a las fuerzas policiales a emplear un plus de brutalidad contra los detenidos vascos, fuesen o no militantes de ETA. En la última etapa del franquismo se sumaron además las acciones violentas contra la izquierda de grupos fascistas, en la gran mayoría de los casos respaldados por el aparato policial de la dictadura. Muchos pensaron que la llegada del régimen constitucional a partir de 1977‐78 conllevaría una disminución de la violencia en torno al conflicto político de Euskal Herria. No fue así, ni por parte del Estado español ni por la de ETA. Los años 80 vieron cómo se recrudecía el ambiente de violencia. Por un lado, la acción pacífica de movilización masiva del independentismo fue siempre reprimida policialmente. Y las detenciones podían acarrear despiadadas torturas. Se calcula que en los treinta años transcurridos entre 1976 y 2006, 7.000 ciudadanos y ciudadanas vascas han sido víctimas de la tortura policial –según testimonios y trabajos de seguimiento hechos por organismos internacionales. En no pocos casos, las víctimas de la tortura eran víctimas mortales, y las secuelas psicológicas y físicas ocasionadas han sido un recordatorio permanente de la actitud de la policía y sus mandos políticos hacia el problema. La incapacidad del Estado –ya con el PSOE al mando del Gobierno a partir de 1982– para avanzar en una solución política al conflicto nacional, llevó a la organización de la “guerra sucia”, que consistía en terrorismo de Estado puro y duro, aplicado contra activistas de ETA, de la izquierda independentista y algunos ecologistas. Las bombas, ejecuciones, ametrallamientos y secuestros de los Grupos de Liberación Antiterrorista (GAL) organizados por el Estado, costaron la vida o hirieron a más de sesenta personas. La trayectoria de la actitud del Estado español formalmente democrático hacia el conflicto político, desde finales de los ‘70 hasta hoy día, ha sido siempre la de la represión, combinada con momentos puntuales de negociación. En ningún caso se ha permitido rebasar los límites establecidos en el marco de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía. No ha habido gobierno en el Estado español que no haya declarado varias veces que la solución al problema en Euskadi es puramente policial, y que el fin de ETA está cerca. Sin embargo, la pervivencia del conflicto muestra que las raíces del movimiento independentista están firmemente asentadas, y que el problema incumbe a un sector social que va mucho más allá de los militantes de ETA, precisamente el más activo en el resto de la vida pública y reivindicativa del país. A pesar de contar con todo el peso del aparato policial de Estado –durante un tiempo también con el de grupos paramilitares organizados por éste– y de leyes de excepción que han ilegalizado la acción pública de la izquierda abertzale, ETA ha conseguido regenerarse, al igual que las organizaciones políticas y frentes del independentismo. Avanzar en busca de una solución La capacidad de regeneración de la izquierda abertzale, tanto en su vertiente armada como política, es una muestra de las hondas raíces sobre las que está asentada el conflicto. Sin embargo, también es cierto que la estrategia de lucha armada de ETA ha acabado conduciendo a un callejón sin salida –ha sido un debate permanente, como hemos visto, desde su nacimiento. Desde los años 80, la izquierda abertzale cuenta con un apoyo social y una capacidad de movilización única en toda Europa. Ha conseguido que el panorama político de Euskal Herria vire hacia la izquierda en multitud de cuestiones, influyendo incluso sobre el carácter reaccionario del PNV a favor de la modernización de sus posiciones, especialmente en asuntos sociales. Se hace necesario pues, para superar la actual etapa de bloqueo del conflicto y apartheid político en el que vive la izquierda abertzale un cambio de estrategia. La conformación de un bloque soberanista parece ser una salida. Pero la experiencia muestra que las alianzas con el PNV pueden ser un fiasco para la izquierda. Este partido ha demostrado que sólo le interesa el mantenimiento de su propio estatus como regidor de la vida política vasca, y se atiene a razones con el resto de fuerzas abertzales sólo cuando ve peligrar su legitimidad como principal motor del avance de la construcción nacional. Fuera de esta situación, ha estado siempre dispuesto a pactar y aprovecharse de la estrategia represiva del Estado central. No existe otra vía para alcanzar la paz que el reconocimiento legítimo de las aspiraciones democráticas del pueblo vasco por parte del Estado español. Asimismo, la izquierda abertzale necesita reinterpretar qué caminos son los más adecuados para hacer que esto sea posible. Se hace necesario pues un reagrupamiento de fuerzas a la izquierda del PNV, que combine las demandas sobre el derecho a decidir con una base política más claramente de clase. Desde mediados de noviembre, la izquierda abertzale está presentando una nueva iniciativa política. Sin duda esta propuesta se apoya en la experiencia adquirida en los últimos años de represión, y parece buscar una nueva configuración de fuerzas soberanistas. La respuesta a las detenciones de dirigentes de la izquierda abertzale cuando preparaban esta iniciativa ha sido la de la movilización de muchos miles de personas. En esta manifestación quedaba evidenciado que existe la posibilidad de un cambio en la situación, donde el planteamiento estratégico de la lucha armada puede estar cuestionándose definitivamente. Miguel Sanz es militante de En lucha