1 de julio de 2011

IU se solidariza con el pueblo griego y denuncia que se responda con "gas pimienta y represión" a sus legítimas reivindaciones


Miércoles, 29 de junio de 2011 PÁSALO: IU presente en las movilizaciones contra las privatizaciones y el fin del Estado del Bienestar griego.

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, y la diputada por EUPV en las Cortes Valencianas, Marina Albiol, han participado hoy, junto a sindicatos, partidos de izquierda y ciudadanos griegos, en las masivas movilizaciones y manifestaciones que están teniendo lugar en la Plaza Syntagma de Atenas.

"Estamos aquí porque apoyamos completamente las legítimas reivindicaciones del pueblo griego y esperamos que estas movilizaciones consigan detener las medidas que, impuestas desde la UE, quiere aprobar hoy el Gobierno de Papandreu y que supondrían acabar con lo poco que queda de estado de bienestar en Grecia", señaló Meyer.

De esta manera, IU ha querido mostrar su solidaridad con las demandas del pueblo griego que, de Grecia, ha decidido llevar a cabo una huelga general de 48 horas, la más larga de su historia, horas para dejar claro que no están dispuestos a pagar por una crisis económica y una deuda que no han generado.


Asimismo, Meyer y Albiol han denunciado la violenta represión policial contra las movilizaciones y que, hasta el momento, se ha saldado con 40 heridos y alrededor de 270 detenidos. "Es inaceptable que un gobierno, supuestamente democrático, responda con gas pimienta y represión a las demandas de su pueblo", concluyó Meyer.

Por otro lado, Nicolas Chountis, eurodiputado del GUE/NGL por el partido griego Synaspismos, señaló esta mañana en el Parlamento Europeo que "detrás de las privatizaciones que se están llevando acabo con el apoyo y chantaje de la UE, están los multimillonarios intereses de grandes corporaciones alemanas y francesas las cuales, gracias a la especulación sobre la deuda soberana griega, quieren hacer negocio adquiriendo a precios ridículos las empresas públicas griegas".


Laicos y católicos convocan una manifestación la víspera de la llegada del Papa a Madrid


44 asociaciones firman un manifiesto contra la subvención pública de la visita particular del Pontífice

España | Aida M. Pereda - Tercera Información | 29-06-2011
La próxima visita de Benedicto XVI al Estado español, con motivo de la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud Católica el próximo 18 de agosto, ha conseguido unir por una vez a asociaciones laicas y católicas, que han firmado un manifiesto que critica el apoyo político e institucional a este acto, que supondrá un gasto calculado en unos 100 millones de euros del erario público.

Bajo el lema: “De mis impuestos, al Papa cero”, las más de cuarenta asociaciones, entre las que figuran colectivos laicos como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, e incluso católicos, como Redes Cristianas, que se han adscrito al manifiesto, han convocado una manifestación en el centro de Madrid el 17 de agosto, la víspera de la llegada del Pontífice, a las 20 horas.


Y es que, según denuncian los convocantes, se trata de una visita de interés particular que no debe subvencionarse con dinero público porque: "el Papa no viene en visita de Estado ni en representación de los pocos habitantes de El Vaticano, viene en visita pastoral y privada", ha criticado Francisco Delgado, presidente de Europa Laica. Para más inri, Ratzinger será recibido con honores de jefe de Estado, ya que se reunirá con los reyes, y con José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Pero también hay colectivos católicos que muestran su disconformidad con el evento. El teólogo Evaristo Villar, miembro del Foro de Curas de Madrid y representante de Redes Cristianas, asegura que esta convocatoria "ni siquiera representa a toda la juventud católica, sólo a los más fundamentalistas", pues Ratzinger clausurará la Jornada Mundial de la Juventud, organizada por la juventud católica más integrista.

Los firmantes señalan que la visita tendrá un coste de al menos 100 millones de euros, de los que más de tres cuartas partes serán abonados por las administraciones públicas. El Gobierno Estatal ya ha destinado 25 millones de euros para financiar el acto, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid gastarán otros 30 millones, y 25 millones más serán aportados por grandes empresas. Además, calculan que serán necesarios unos 20 millones de euros en labores de seguridad, limpieza y sanidad, sin contar la cesión de espacios y locales públicos para el millón y medio de católicos de todo el mundo que está previsto que participen en la convocatoria.

En la presentación internacional del evento en El Vaticano, el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, destacó de hecho la “colaboración fluida y positiva” del Gobierno español en la financiación del acto, que estimaron de entre 55 y 62 millones de euros.

Sin embargo, el director general de la Jornada Mundial de la Juventud, Yago de la Cierva, ha indicado que las tres cuartas partes del presupuesto serán sufragadas por los propios jóvenes y ha negado que hayan recibido ayuda monetaria de las administraciones públicas porque "no la hemos pedido", asegura, pero ha destacado la respuesta positiva de las administraciones a peticiones como la gratuidad de los visados, la declaración de acontecimiento especial, el funcionamiento de un centro de prensa y el uso de lugares como el aeródromo de Cuatro Vientos o la Plaza de Cibeles.


PSOE y PP hacen pinza contra la memoria histórica


PSOE y PP suman sus votos para echar por tierra la resolucion sobre memoria histórica que pedía declarar "nulas de pleno derecho" las sentencias franquistas contra los demóctratas

España | Tercera Información | 01-07-2011



PSOE y PP han sumado sus votos ayer en el Pleno del Congreso para rechazar la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV para el cumplimiento y desarrollo de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Los socialistas y la derecha parlamentaria –también han votado en contra los nacionalistas de CiU y PNV- han echado por tierra, entre otras cuestiones importantes, la posibilidad de que la Cámara Baja instara al Gobierno a declarar “nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo, y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por los tribunales u órganos penales de la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional de la República.

La iniciativa pretendía también que el Ejecutivo elaborara “un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, prisioneros de campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”.


ERC-IU-ICV solicitaban al Gobierno que fomentara la conservación de la memoria democrática y, en este sentido, pedían que se garantizara “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo”.

La nueva alianza del PSOE con el PP para impedir que se avance en la Ley de memoria Histórica ha impedido también posibilitar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tenga que modificar las normas precisas para que puedan ser beneficiarias de las indemnizaciones las víctimas de la dictadura, los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición al régimen.

La iniciativa rechazada reclamaba también un “informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

De igual modo, pedía trabajar para “reconocer y honrar a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista con las armas” y establecer las “indemnizaciones que les correspondan”.