28 de noviembre de 2011

La memoria histórica de CCOO

El histórico sindicalista Miguel Ángel Zamora presentó ayer su libro en Zaragoza “Comisiones Obreras. Artífices del movimiento sindical aragonés”---- J. HERAS PASTOR----- El histórico sindicalista Miguel Ángel Zamora presentó ayer su libro en Zaragoza, una obra que analiza el nacimiento y formación de la central en Aragón y la lucha obrera contra la dictadura “En estos momentos de dificultad sindical y social, la gente tiene que saber que en situaciones también muy malas la clase obrera fue capaz de salir adelante”. Lo dice el histórico sindicalista aragonés, Miguel Ángel Zamora, y sabe de lo que habla. Él fue uno de los diez encausados y encarcelados por el Proceso 1001, el juicio franquista contra los dirigentes de Comisiones Obreras (CCOO). Un pasado de lucha obrera y represión que no quiere olvidar y que minuciosamente analiza y recopila en su libro Comisiones Obreras. Artífices del movimiento sindical aragonés, escrito junto al periodista José Miguel Pérez Bernad. Zamora presentó ayer la edición en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza, acompañado por el líder de CCOO Aragón, Julián Buey, y ante la mirada atenta –y en ocasiones emocionada– de más de un centenar de sindicalistas. En el público también estaban algunos de los que, como Miguel Ángel, cumplieron condena por el Proceso 1001, un pasaje histórico del sindicalismo sobre el que se debatió también ayer en un acto previo a la presentación del libro. “La represión nos frenaba pero no nos paraba”, destacó Zamora, que repasa en el libro el devenir de Comisiones en los “duros años” de la dictadura. Su objetivo es dar a conocer el movimiento social de Aragón contra el Franquismo pero desde la perspectiva de la lucha obrera, una faceta sobre la que cree que existe “un gran vacío”. Además de cubrir ese hueco, con la difusión del legado de CCOO y del movimiento sindical aragonés trata de “dificultar la falsedad de la historia” porque “en estos momentos hay grandes intereses en disimular y manipular que en este país hubo una dictadura muy cruel”, enfatiza. Sobre los orígenes de Comisiones Obreras, recalca que “no surge de la nada”. Frente a la teoría de que esta organización es una “creación espontánea de la clase obrera”, Zamora sostiene que cuando se analiza la trayectoria “se descubren a unas gentes que ya empezaron a luchar en los años 40 y que siguieron en los 50 y 60″. Sobre esas “bases”, dice, y al calor del Partido Comunista de España (PCE) se constituyó formalmente el sindicato. En Aragón, surge en 1966 con motivo de las elecciones sindicales de ese año. “Era una organizaición híbrida: no era legal pero tenía pretensiones de funcionar como tal y por eso participa a las elecciones sindicales”. Para Zamora, el mayor logro de Comisiones en aquella época era mero de “existir”, porque “a pesar de la dictadura y la represión, tenía presencia en las calles y en las empresas y negociaba los convenios colectivos directa o indirectamente”. Y como hitos de CCOO en Aragón, recuerda la huelga general del Metal de 1975, las movilizaciones contra el trasvase o la reinvidicación del Canfranc. Aunque los tiempos pasan, Zamora mantiene que “la lucha de clases sigue existiendo” y frente a las críticas a los sindicatos asegura que estos “son el último baluarte que la queda a la izquierda, no los partidos”. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/la-memoria-historica-de-ccoo_717705.html

LA FORTUNA DE LOS FRANCO: LA FAMILIA TIENE UN PATRIMONIO DE 500 MILLONES

Atado y bien atado. Francisco Franco no sólo intentó asegurar un modelo político en España posterior a la dictadura, sino que buscó además garantizar un futuro para sus descendientes. Ahora, cuando se cumplen 32 años de su muerte, a la hora de hacer balance. Aunque lejos del poder y la relevancia pública que tuvo a la sombra del Caudillo, la familia Franco Martínez-Bordiú controla un extenso conglomerado de empresas y propiedades inmobiliarias, que incluye fincas solariegas, pisos en las mejoras zonas de Madrid y la costa, locales, aparcamientos e incluso palacetes, como la Casa Cornide, en La Coruña, o el Pazo Meirás, en la misma provincia, y objeto actualmente de polémica ante la reclamación del edificio por parte de la Xunta de Galicia como Bien de Interés Cultural. Una gran fortuna Y eso por no hablar de las propiedades que han vendido en los últimos años y que les han supuesto ya jugosos ingresos, como el Palacio del Canto del Pico, en Torrelodones, traspasado en 1988 por más de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) tras años de abandono y deterioro. O la parcela en la Colonia El Bosque, en Pozuelo de Alarcón (Madrid); la finca Cerca de los Monteros, en Marbella; los terrenos de olivares en Mancha Real (Jaén) o los apartamentos en la Playa de Campoamor (Alicante). Franco dejó a sus descendientes directos un herencia asegurada mediante testamento firmado en el Palacio de El Pardo el 20 de agosto de 1968, cuyo legado les ha asegurado una vida sin problemas económicos de ningún tipo. Pero, ¿a cuánto asciende realmente la fortuna de la familia? Es muy complicado saberlo con exactitud. El periodista y escritor Mariano Sánchez, autor del libro Franco, SA y una de las personas que más ha investigado sobre la herencia del dictador, reconoce en su obra las dificultades que existen a la hora de valorar su patrimonio, gestionado por más de 50 sociedades, algunas inactivas y que en la mayor parte de los casos no han sido auditadas por firmas independientes. No obstante, la mayoría de las fuentes cifra la fortuna de la familia Franco entre 500 y 600 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta también que muchos de sus descendientes siguen hoy vidas completamente separadas y apenas tienen contacto entre ellos, salvo en ocasiones muy contadas. La 'central', en Madrid Lo único que se sabe con certeza es que gran parte de su patrimonio está invertido en el ladrillo. Juan Luis Galiacho explica en su libro Los Herederos del Gran Poder que, aunque en muchas sociedades sigue apareciendo como única administradora Carmen Franco Polo, la hija del general, la persona que figura realmente como cabeza visible de la familia es Francisco Franco Martínez-Bordiú, más conocido como Francis, nieto del anterior jefe del Estado, que se cambió el apellido para mantener la estirpe. "Dicen quienes conocen a Francis que es el verdadero ideólogo y administrador de los negocios familiares de los Franco ", asegura Galiacho. A él le acompañaría además su hermano pequeño Jaime, el jurista de la familia. Galiacho cree que "después de varios años de ostracismo parece que la saga despega de nuevo" desde su cuartel general, en el domicilio familiar en la calle Hermanos Becquer, número 8, en el madrileño barrio de Salamanca. Y no se preocupen: no tienen problemas de espacio. Según los datos del Registro de la Propiedad, los Franco tienen en el edificio sótanos, planta baja, cinco pisos altos y áticos. Y es ahí en donde tiene su sede, por ejemplo, la inmobiliaria Fiolasa, creada en abril de 2002 con un capital social de 10 millones de euros, y, según todos los datos, cabecera actualmente del holding. Esta empresa, que cuenta con unos fondos propios de 23,4 millones de euros, tuvo al principio ciertos problemas financieros que ya están completamente solventados. Así, y de acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, los ingresos de esta compañía superaron el año pasado los 5 millones de euros, casi nueve veces más que en 2005. Punta del iceberg Pero lo más significativo es que sus ganancias se han multiplicado por 25, hasta 3,9 millones de euros. Dedicada al alquiler de inmuebles, la empresa logra así un margen absolutamente extraordinario. En teoría gana 78 euros por cada cien que ingresa, aunque como no tiene obligación de auditar sus cuentas, nadie las ha supervisado. Fiolasa no es, sin embargo, nada más que la punta del iceberg del entramado societario. Como accionista único figura una compañía, Sargo Consulting, en la que Carmen Franco aparece también como administradora única y Jaime Franco Martínez-Bordiú como apoderado. Esta sociedad, que cuenta también con unos fondos propios de casi 21 millones de euros, es propietaria del cien por cien de las acciones de Fiolasa, que a su vez participaba, a 31 de diciembre de 2006, en compañías como Cauce, Aparcamientos Atocha, Caspe, Proazca o Promociones del Suroeste. El accionista de referencia de esta última sociedad es Felipe San Román, un polémico ganadero y constructor que ha estado envuelto e imputado en varios escándalos urbanísticos, el último de ellos el de la operación Malaya contra la corrupción en Marbella. El año pasado el juez instructor, Miguel Ángel Torres, le imputó por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación y el empresario llegó a ingresar en prisión. Se había encontrado "una supuesta agenda" en la que se reflejaría un pago de cuatro millones de euros ligados a un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de la localidad y la edificación de una urbanización levantada en suelo rústico. Los orígenes Los Franco desembarcaron en el negocio inmobiliario en la década de los años setenta de la mano precisamente de este constructor, con más de 30 sociedades inmobiliarias y grandes extensiones de suelo en la Comunidad de Madrid, especialmente en municipios como Las Rozas, con un alto poder adquisitivo, pero también en otros más modestos de la zona sur. Tanto Carmen Franco Polo como su hijo Francisco Franco Martínez-Bordiú llegaron a entrar en el Consejo de Administración de Promociones del Suroeste -Francis fue director general- aunque, según han explicado a elEconomista fuentes del grupo San Román, las relaciones se habrían roto. De hecho, según los datos depositados en el Registro Mercantil, los Franco habrían salido del capital en junio del año pasado. Antes, las familias San Román y Franco se habían puesto de acuerdo para desarrollar los terrenos de la finca de Valdelasfuentes, entre las localidades madrileñas de Móstoles y Arroyomolinos, y que fue adquirida en los años sesenta en una operación en la que intervinieron Carmen Polo y su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, el marqués de Villaverde, con el conocimiento del propio Franco . LA Se trata de una finca rústica de unos 10 millones de metros cuadrados, que durante años se dedicó a labores agrícolas y ganaderas y en cuya superficie se ubica ahora el centro comercial Madrid Xanadú, conocido por albergar una pista de esquí artificial y en donde, según denunciaron algunos afectados, la promotora Bitango vendió casas protegidas con sobreprecio y sin informar de que se trataba de VPP (viviendas de protección pública). Tras conseguir importantes recalificaciones, en Valdelasfuentes estaba prevista la construcción de más de 4.000 viviendas. Otros negocios Galiacho detalla, no obstante, que los Franco no sólo se han dedicado al ladrillo, sino quehan invertido también parte de su herencia en la adquisición de garajes por todo Madrid. Francisco Franco Martínez-Bordiú dispondría así de más de una decena, gestionados desde empresas como Comerzia, Estacionamientos Urme o Aparcamientos Atocha. La cabecera de este negocio es, sin embargo otra empresa, Proazca, creada en 1991 con una inversión de 1,2 millones. Menos significativa resulta la incursión de la familia del dictador en otros negocios no tan lucrativos. Francis figura, por ejemplo, como administrador de una clínica, el Centro Médico del Láser Pío XII; de una cadena de restaurantes en La Coruña, controlada por una de sus empresas de aparcamiento, e incluso en el negocio cárnico. Francis creó la sociedad Premohi, dedicada la importación y exportación de carne, junto a Gonzalo Hinojosa, hasta hace dos años principal accionista y presidente de Cortefiel, que rompió ya su alianza. Pero no importa demasiado. El holding de los Franco está más vivo que nunca. (Javier Romera / El Economista. 24 -11-2011)

Baztango Ezkerra decide apoyar la apertura del túnel de Magna en Zilbeti



El grupo municipal de Baztango Ezkerra (BE) en el Ayuntamiento de Baztan ha decidido apoyar la desafectación de un terreno y facilitar así que se abra un túnel para la explotación minera que proyecta Magnesitas Navarras (Magna) en Zilbeti, en el Valle de Erro. La decisión se adoptó por unanimidad en asamblea que con asistencia de medio centenar de corporativos y simpatizantes del grupo celebraron en Elizondo, y BE la trasladará al Ayuntamiento de Baztan para su inclusión entre los asuntos a tratar en una próxima sesión de la Junta General.En un comunicado, la organización municipal informó que "a petición de los votantes de Baztango Ezkerra se celebra una asamblea para tratar el tema de la salida del túnel que viene de Zilbeti a Kinto", y que "la Mancomunidad de Kinto (Quinto Real) nos comunicó pidiendo dar salida del túnel a la carretera NA-138 para no pasar el material de Magnesitas por el pueblo de Zilbeti y además acortaría el tramo de los camiones con el material a la planta". Los asistentes a la asamblea "han aprobado que Baztango Ezkerra defienda la postura de apoyar la apertura de dicho túnel", dice el comunicado.De acuerdo con información facilitada por los asistentes, en la decisión se consideraron los "muy difíciles momentos" que se viven, así como la "oportunidad" que supone para Baztan la apertura de la mina de Zilbeti, que garantiza además el trabajo de 170 operarios en Magna, así como los problemas laborales (bajas en Volkswagen y otros) que amenazan en 2012. El grupo BE cuenta con dos concejales y gobierna con Bildu (contrario a ceder el terreno a Magna) en Baztan.Diario de Noticias

El juicio por las obras en el fuerte de Ezkaba no admite a historiadores

El colectivo Autobús de la Memoria lamentó ayer que dos historiadores, Emilio Majuelo y Pedro Oliver, no pudieran intervenir como peritos en la vista oral celebrada en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona sobre la legalidad de las obras realizadas en el fuerte de Ezkaba. Los trabajos, según la denuncia vista ayer en la Audiencia, han destruido elementos fundamentales de lo que fue cárcel franquista por la que pasaron millares de detenidos y que fue testigo de centenares de muertos. “Se ha intentado ocultar una parte de la historia”, señaló Carlos Otxoa, de Autobús de la Memoria, quien advirtió que si el Contencioso rechaza la denuncia seguirán adelante en otras instancias. La denuncia de Autobús de la Memoria se extiende al Ministerio de Defensa, propietario del fuerte y promotor de los trabajos, al Ayuntamiento de Berrioplano por legalizar las obras y al departamento de Cultura del Gobierno de Navarra por emitir un informe favorable a través de Príncipe de Viana. En la demanda piden asimismo que se restituya el fuerte a su estado anterior, dado que está perfectamente documentado cómo estaba y cómo ha quedado después de las obras. Ayer en la vista, que duró unos 45 minutos, únicamente pudieron intervenir los abogados de las partes, pero no los historiadores. Carlos Otxoa explicó que las obras del Ministerio de Defensa en el fuerte de Ezcaba comenzaron en 2008. En principio estaban previstas labores de limpieza y desbroce, pero después se convirtieron en demolición de muros, lo que supuso la destrucción de parte del espacio físico en el que se desarrollaron los acontecimientos en el penal durante la guerra civil y en los años posteriores. Autobús de la Memoria recurrió en principio al Tribunal Administrativo de Navarra en base a dos argumentos: las obras no tenían licencia ni el informe de Príncipe de Viana necesario al tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. El TAN les dio la razón pero se declaró incompetente y les remitió al Juzgado Contencioso Administrativo. Entre tanto, el Ayuntamiento de Berrioplano solicitó el informe de Príncipe de Viana, que fue favorable, y, con posterioridad, legalizó las obras. “Creemos que el informe de Príncipe de Viana es anulable y, por tanto, también la licencia del Ayuntamiento”, señaló Otxoa. El tribunal sí aceptó ayer las pruebas testificales, recogidas básicamente en el libro Penal de San Cristóbal/Ezkaba: derribos contra la memoria, que el colectivo Autobús de la Memoria editó en primavera y que aporta informes de decenas de historiadores y peritos. Para Carlos Otxoa, “la actuación que se ha hecho en Ezkaba va en contra de la Ley de Patrimonio y de la Ley de la Memoria Histórica y trabajaremos para recuperar la verdad”. “MUTILACIÓN DEL CONOCIMIENTO” Pedro Oliver, de la Universidad de Castilla-La Mancha, reivindicó la importancia de que los historiadores participen en este tipo de cuestiones y señaló que “el patrimonio histórico no puede dejarse en manos de técnicos y administrativos”. Señaló con ironía que tal vez hubieran aceptado “a un historiador no de derecho sino de derechas” y argumentó que “lo que se ha hecho en San Cristóbal es una mutilación del conocimiento, es destruir puentes contra la historia”. Oliver destacó el “meritorio” trabajo realizado que “merecía la pena haber dejado exponer hoy”, y dijo haberse sentido “ninguneado en algunos momentos” porque “hay una guerra de memorias que sigue teniendo asiento en los tribunales de justicia. En Navarra estamos en una etapa de indocumentación, dejar esta cuestión en manos de arquitectos sin que se documente es sorprendente”. Según se recoge en el libro Penal de San Cristóbal/Ezkaba: derribos contra la memoria, en el penal se derribaron tres muros que se construyeron en su día para transformar el fuerte en cárcel: uno cerraba el patio militar para convertirlo en patio penal; la segunda pared derribada es la de la cocina, vital para comprender la historia del fuerte ya que allí se fraguó parte de la fuga de 1938; y el tercer muro es el del locutorio y su derribo desdibuja la sala destinada a las visitas de los familiares. http://www.noticiasdenavarra.com/2011/11/26/vecinos/cuenca-de-pamplona/el-juicio-por-las-obras-en-el-fuerte-de-ezkaba-no-admite-a-historiadores