9 de enero de 2012

“El inicio del inicio” de los ataques del PP. Declaración de IA

La crisis mundial iniciada en 2008 ha planteado una disyuntiva clara a todos los gobiernos occidentales: o dejar que se hunda la banca o dejar que se hunda el país. La decisión de todos ellos, fueran de derechas o de “izquierdas”, ha sido salvar a la banca al precio que fuera. Tras su victoria electoral el PP ha dado una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección, adoptando de manera inmediata medidas que suponen una reducción brutal del poder adquisitivo de la clase asalariada y haciendo recaer el coste de la crisis sobre el 99% de la ciudadanía, tal como dice la gente indignada de los EEUU. El prólogo de la regresión social más brutal que, si no lo impedimos en las calles, las plazas y las empresas, habrá conocido este país desde la Guerra Civil, consiste en una batería de recortes calculada en 8.900 millones, que supone amplias reducciones salariales y de personal en la Administración; modificaciones fiscales, con las cuales se pretende recaudar otros 6.200 millones y una actuación múltiple en el sistema financiero, con provisión de 100.000 millones en avales para el sistema bancario y la creación del Banco Malo; una nueva Reforma Laboral está también esperando. Un análisis detallado de todas estas medidas se ha incluido como anexo tras esta Declaración. Pretenden hacernos pagar la factura de la crisis a todo el mundo, salvo a las grandes fortunas financieras y empresariales que, al modo de los estamentos privilegiados de pasados siglos de la historia, apenas pagan impuestos. Un grupo reducido de banqueros y grandes capitalistas, si no hacemos que cambien las cosas, van a ser los grandes beneficiarios de esta crisis, acrecentando sus fortunas hasta límites insospechados, convirtiéndose en déspotas políticos, acabando incluso con esta democracia formal y dejándonos al resto en una situación que tendrá poco que envidiar a la de la depauperada y desprotegida clase obrera del siglo XIX. Ante esta situación, la disposición claudicante de las direcciones sindicales mayoritarias- que ha trascendido en la prensa estos días -a aceptar aumentos salariales inferiores a la subida del IPC, a que las empresas puedan convertir a su antojo contratos fijos en contratos temporales y que los empresarios puedan imponer medidas de precarización suplementarias hace pensar que las direcciones de CCOO y UGT se han situado en una vía suicida ante la debacle social y económica que viviremos en los próximos meses y años. Justo en el momento en que se agudiza la lucha de clases y en la que es fundamental contar con instrumentos potentes para organizar el combate. Por ello, los y las sindicalistas honestas de esas centrales deberían rebelarse contra unas orientaciones que convierten a los grandes sindicatos en cómplices del saqueo que las derechas y la burguesía están orquestando. La lucha es el único camino posible ante ataques de tal magnitud. Sólo mediante una movilización lo más unitaria posible, intensa y sostenida en el tiempo podemos poner freno a esta barbarie y a la desvergüenza y prepotencia de banqueros y grandes empresarios. Será preciso volver a las calles y a las plazas y también, cueste lo que cueste, extender el movimiento a las fábricas y centros de trabajo; será necesario recurrir a las huelgas y a cualquier forma de lucha que sirva para fortalecer y darle duración a la resistencia. No lo podremos hacer todo en un día, pero hay que decir bien alto y claro ya: ¡Hasta aquí hemos llegado! Izquierda Anticapitalista 8-1-12 Anexo Las medidas detalladas La primera de las medidas consistirá en una inicial batería de recortes. Se calcula en 8.900 millones de gasto público. Consistirá en: La reducción de las estructuras administrativas de segundo escalón, subsecretarías y direcciones generales, con recortes de gasto del 20%. La disminución de las subvenciones a partidos políticos en un 20% (aproximadamente unos 30 millones de euros) y a sindicatos y patronal en el mismo porcentaje (55 millones de ahorro). En el empleo público, se congelan los salarios del funcionariado y se amplía su jornada laboral a 37,5 horas, lo cual redobla el sacrificio en este colectivo ya golpeado reiteradamente. Se congela la plantilla, con una tasa nula de reposición de las bajas, salvo en el personal docente, hospitales y centros de salud, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, inspección tributaria y laboral, donde se sustituirá el 10% de las bajas. Un clarísimo ataque a los servicios públicos y a la calidad del servicio y de las condiciones laborales de estos y estas profesionales. La renta de emancipación de 210 euros se congela: no habrá nuevos beneficiarios de esta paga, y los beneficiarios actuales la mantendrán sujetos a los límites de cuatro años de percepción y edad máxima de 30 años. Esta tibia medida para la emancipación juvenil al retirarse la sufrirán los colectivos juveniles más humildes. Se aplica una moratoria de un año en la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de dependencia, en la categoría de dependencia moderada. El pilar de la atención a la dependencia sin haber nacido del todo sigue siendo abortado, posiblemente con el propósito de hacer de esta actividad un negocio plenamente privado. Se retrasa la ampliación impuesta por la UE del permiso de paternidad. Se congela el salario mínimo interprofesional. Se modifican aspectos del régimen fiscal, y se prevé que con ello se recaudarán 6.200 millones de euros más: Se implanta un incremento temporal del Impuesto sobre la Renta(IRPF). Tendrá un carácter, sorprendentemente, progresivo. El primer tramo tendrá un gravamen adicional del 0,75%; de ahí salta a un 2%, el siguiente el 3%, luego el 4%, el 5%, el 6% y hasta el 7% a partir de los 300.000 euros de base liquidable, en lo que llaman, sarcásticamente, un “recargo de solidaridad”. La subida del IRPF a los rendimientos del trabajo aprobada por el Gobierno el día 30 de diciembre afectará, sobre todo, a las clases medias, en retroceso en la estructura social, que aportarán en torno a dos tercios del nuevo esfuerzo recaudatorio. De haber algún tipo de solidaridad, el cambio fiscal debiera haberse orientado a perseguir el fraude fiscal (por el que se podrían haber recaudado 30.000 millones, tal y como afirma GESTHA) y del que está en mayor parte a cargo del empresariado y las grandes fortunas, haber hecho iniciativas que bloqueasen o gravasen al 100% las transacciones con paraísos fiscales (que disponen entre una cuarta y una tercera parte del capital internacional), o contra figuras como las SICAV, o, mejor aún, el Impuesto de sociedades. El incremento de los impuestos, aunque sea progresivo y directo, si luego no se destina a inversiones y gastos favorables a las necesidades de la mayoría, no se puede respaldar. El IRPF recupera la deducción por la compra de la vivienda que había eliminado el anterior gobierno, y mantiene el IVA reducido para la compra de inmuebles. Esta medida no sólo será ineficaz en medio de la crisis vigente, sino también injusta por lo regresivo de la misma, y por desincentivar el alquiler, así como su estímulo a continuar una burbuja que ya pinchó hace cuatro años. En materia de vivienda también se incrementa el Impuesto de Bienes Inmuebles, afectando al 50% de los inmuebles de mayor valor, vistos municipio a municipio, lo cual comporta que no afectará a ricos que viven en municipios muy ricos y sí afectará a clases medias que viven en municipios bastante menos ricos. En cuanto a las rentas de capital, el recargo impositivo va desde los dos puntos extra en el primer tramo, cuatro puntos a partir de 6.000 euros y hasta seis puntos en la base liquidable a partir de 24.000 euros. Siendo también una modificación progresiva, queda lejos la referencia de equiparar el gravamen, cuanto menos, de las rentas del capital respecto a las del trabajo. Parece que también próximamente, aparte de éstas, se modificará al alza el IVA, según anunció Cristóbal Montoro, Se apunta a una actuación múltiple en el sistema financiero. Se ha provisto 100.000 millones de avales para el sistema bancario. Se va a conformar un Banco Malo que reunirá, a costa del erario público mediante un préstamo concedido de Bruselas, que podría superar los 100.000 o incluso ascender a 175.000 millones de Euros, activos tóxicos de la banca. En este caso se prevé que sea sólo el suelo. A cambio, la banca tendrá que provisionar una pérdida de valor del 50% del suelo, algo posiblemente ajustado a la realidad, y tan sólo de un 20% de sus inmuebles, algo claramente muy por encima de lo que valen. El banco malo es una iniciativa de socialización de pérdidas, que por artificios no se sumará al déficit público pero que nada podrá impedirse para que aumente el volumen de la deuda pública del Estado. Como bien sabemos, hay una Reforma Laboral sobre negociación en la recámara del nuevo gobierno. Aunque su agenda de contenidos no se conoce con detalle, podría repercutir en el mayor peso para los convenios de empresa frente a los estatales, –a pesar de los acuerdos sectoriales en contrario - la desaparición progresiva de los provinciales y la simplificación de contratos. Nada descarta que el nuevo gobierno quiera seguir erosionando los derechos de indemnización por despido y que tenga en el punto de mira las prestaciones por desempleo, si no ahora, sí en un plazo no muy lejano. Anticapitalistas.org