25 de abril de 2012

Expresos del Franquismo, ante la justicia argentina

Escrito por Javier M. González--- Cuatro ex presos políticos españoles ratificaron en Buenos Aires sus denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Lo hicieron en el marco de la causa abierta hace un año, tras la querella presentada por seis personas, entre ellas Darío Rivas, de 91 años, hijo del alcalde de Castro Rei, fusilado en 1936, e Inés García Olgado, sobrina de un desaparecido argentino que se había enrolado en las milicias republicanas. La causa está en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, que a fines del próximo mes de junio viajará a España para tomar más declaraciones. Acompañados por el abogado argentino residente en Madrid, Carlos Slepoy, de destacada actuación durante el caso de la detención de Pinochet en Londres, los cuatro ex presos del franquismo, presentaron a la jueza testimonios y documentación. Los cuatro, Manuel Blanco Chivite, Sabin Arana Bilbao, Josu Ibargutxi y José María Galande, integran el colectivo La Comuna. Este es el primer caso en Argentina de aplicación de la justicia universal. Galante Serrano declaró en Buenos Aires que con este caso en manos de la justicia argentina se ha abierto una grieta en el muro de impunidad del franquismo, "apoyado por la judicatura española y los medios que aplaudían que la justicia española interviniera a nivel internacional, pero se negara a levantar la alfombra y ver qué había debajo en nuestro país". La causa judicial en Argentina se abrió en el 2010, aunque la jueza la cerró al entender que no tenía jurisdicción para intervenir. Pero la Cámara Federal de Buenos Aires le ordenó reabrirla, con el argumento de que los crímenes no habían sido juzgados en España, el país donde fueron cometidos. En diciembre pasado la magistrada envió un exhorto a España pidiendo nombres y direcciones de ex funcionarios y represores del franquismo, incluyendo a mandos de las fuerzas armadas, la guardia civil, policía armada y dirigentes falangistas, que pudieran ser imputados. Hasta ahora el gobierno español no ha enviado su respuesta. En los próximos meses se espera que los tribunales argentinos empiecen a emitir las primeras órdenes internacionales de arresto y se llame a declara a presuntos responsables del franquismo. En la audiencia de Buenos Aires, los cuatro ex presos del franquismo entregaron a la jueza algunos de estos datos. En concreto, el de 23 miembros de tribunales militares y funcionarios torturadores, así como una lista con 128 víctimas que sufrieron torturas. Pero también denunciaron que el Ministerio del Interior en España les niega el acceso a información vital para fundamentar las acusaciones, como los nombres de quiénes les denunciaron y los posibles funcionarios torturadores. A la jueza Servini de Cubría se le entregó una carta de Flor Baena, hermana de José Humberto Baena, uno de los 5 últimos fusilados por el franquismo, en septiembre de 1975. En la misiva explica que no pretende compensaciones económicas, solo que se anule el proceso que condenó a muerte a su hermano y se limpie su nombre. Una carta similar enviaron los familiares de Salvador Puig Antich, muerto en la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de marzo de 1974, asesinado mediante el garrote vil. Carlos Slepoy, colaborador estrecho de Baltasar Garzón y pieza fundamental en diversas causas por los derechos humanos en Argentina, considera que en virtud del principio de justicia universal, los crímenes contra la impunidad deben ser perseguidos por cualquier tribunal de cualquier país y con independencia de cuándo se cometieron los delitos. Y subraya que no es cierto que todos los responsables de los crímenes de la dictadura franquista hayan muerto: "hay muchos vivos, sobre todo de las dos últimas décadas del franquismo". La querella presentada en Argentina se extiende, en cuanto a su pretensión investiga, desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977.