3 de mayo de 2012

Cuatro comunidades plantean cobrar los menús en los hospitales

Las autonomías, obligadas a reducir su déficit este año del 2,9% al 1,5%, indagan cualquier fórmula, por impopular que sea, que les permita minorar sus gastos en unos 15.000 millones de euros. Tres comunidades gobernadas por el PP, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha, propusieron al Gobierno abrir el debate sobre la posibilidad de cobrar una parte del coste de los menús a los pacientes de los hospitales públicos, según indicaron fuentes del Ministerio de Sanidad. El coste medio de la manutención de un paciente en un centro médico público en España asciende a 24 euros al día que, en la actualidad, asume de manera íntegra las comunidades autónomas. Una cuarta, Cataluña, es la que más determinación ha mostrado hasta el momento. De hecho, Artur Mas reclamó a principios de abril a Mariano Rajoy que impulsara este recorte en todo el territorio nacional, tal y como ocurre en otros países europeos como Alemania, donde los enfermos aportan diez euros al día, a partir de las primeras 24 horas de hospitalización, para contribuir a su manutención. Madrid desechó la iniciativa y el Govern, pese a que llegó a incluirla en su plan de ajuste, aún no ha puesto en práctica este gravamen en los servicios de hostelería que se presta en los hospitales. «Si uno está en casa, se paga la comida y la calefacción, pero si está en un hospital, no paga nada de esto. ¿Por qué ha de ser así? Esto no pasa en otros países, como Alemania, donde se pagan unos 10 euros diarios por manutención tras un ingreso hospitalario», llegó a declarar el pasado 10 de abril el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. La norma se regiría por el mismo principio de progresividad fiscalque, por ejemplo, ha arbitrado el Gobierno central en el copago farmacéutico. Por lo tanto, quedarían exentos los enfermos crónicos o los de menor poder adquisitivo. Los interesados plantearon esta cuestión en los prolegómenos del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró el 18 de abril, y en el cónclave que mantuvo Mariano Rajoy con los barones autonómicos en la sede nacional de la madrileña calle Génova. Ana Mato, ministra de Sanidad, en una conversación informal con periodistas en el Senado, indicó que su departamento no es partidario de aplicar esta medida, aunque recordó que la competencia sobre la hostelería hospitalaria recae de manera exclusiva en las comunidades autónomas y que, por lo tanto, la última palabra sobre este asunto la tienen los gobiernos regionales. Otras fuentes del Ministerio recalcaron que, en cualquier caso, los dirigentes de Castilla-La Mancha, Valencia y Galicia no concretaron si se trataba de una mera idea en estudio o un proyecto en firme. El Gobierno, por el momento, ha optado por otras vías de ahorro. Tras la publicación en el BOE del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de abril, los pacientes de la Sanidad pública están obligados a desembolsar parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente. Unos productos que, desde entonces, se consideran como «servicios accesorios» sujetos al copago. La iniciativa también incluye que eventualmente los enfermos sufraguen, al menos parcialmente, todas aquellas prestaciones que no sean estrictamente sanitarias como la limpieza de sábanas y toallas o el mantenimiento de las camas. «Si una persona está hospitalizada seis, siete, ocho días, tiene una pensión completa y eso en cualquier pensión de cualquier ciudad tiene un coste», explica un alto responsable del Gobierno gallego. El propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzó su preferencia de cobrar por cualquier prestación no estrictamente sanitaria, «como ducharse, comer o dormir en los hospitales», para preservar la gratuidad y universalidad de las consultas, pruebas diagnósticas, actividad quirúrgica y material sanitario. GESTIÓN PRIVADA La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, había respaldado el copago farmacéutico según la renta de cada ciudadano. De hecho, no cerró la puerta a la posibilidad de implementar una tasa para ciertas consultas médicas, una decisión que dejó en manos de los servicios sanitarios de su región. De momento, se ha decantado por fomentar la gestión privada de hospitales públicos. Las últimas medidas que ha adoptado la Comunidad Valenciana para ahorrar en Sanidad van en esta misma senda. El Gobierno que preside Alberto Fabra hizo público la semana pasada su proyecto para crear un nuevo modelo del sistema sanitario público, que entrará en vigor en enero de 2013, basado en «intensificar el grado de colaboración público-privada» que ya existe en la externalización de algunos de los servicios no sanitarios, y que permitiría ahorrar unos 443 millones de euros al año. El nuevo modelo consistirá en la agrupación dentro de cada departamento de salud de los servicios que ya están externalizados para adjudicarlos a entes gestores que llevarán a cabo la planificación de acuerdo con la Conselleria de Sanidad, sin que esto suponga, según la Generalitat, la privatización de los servicios como la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.Kaoselared