13 de mayo de 2012

Desobedecer y Caminar: Hacia un modelo de desarrollo supranacional solidario.

¿Es el euro el principal problema de los países europeos periféricos? ¿Es prioritaria una salida de la moneda común, aunque esta se lleve a cabo de forma unilateral por un solo país? ¿Qué consecuencias conllevaría una decisión semejante? ¿Dado el contexto de regresión social galopante y estancamiento económico, esas consecuencias son preferibles a la situación actual? ¿Existen otras alternativas? ¿Sería posible caminar hacia una salida conjunta y solidaria de esta UE? Estos y otros interrogantes nutren un debate que lleva varios meses desarrollándose en el seno de la izquierda europea. En lo que sigue vamos a intentar sintetizar algunas de las interpretaciones económicas y políticas que se están poniendo en juego en este debate. Trataremos así de identificar un posible rumbo desembarazado de las ataduras a las que nos condena el modelo de la UE y de su gestión política oligárquica. No hay caminos definidos, es el momento de surcar rutas divergentes al túnel sin salida al que nos empujan las políticas europeas en vigor. 1. La UE actual empuja a su periferia al abismo. Diferentes autores como, entre otros, Costas Lapavitsas o Pedro Montes han caracterizado el modelo europeo vigente, señalando sus nefastas consecuencias en términos económicos y sociales. El modelo actual de la UE –establecido en Maastricht y apuntalado con el Tratado de Lisboa, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con el Pacto del Euro– ha promocionado e institucionalizado la libertad de movimientos de capitales y mercancías, en el marco de un mercado único, y una política monetaria al servicio de los países centrales. Todo ello sin observar la heterogeneidad de un numeroso y desigual grupo de países sobre los cuales las mismas políticas no causan los mismos efectos. Además, no se han establecido contrapesos solidarios significativos que pudieran contrarrestar los desequilibrios intrínsecos a la economía de mercado; apenas se han previsto compensaciones para aquellas regiones más dependientes o con menor productividad, no se han desarrollado proyectos de convergencia reales ni inversiones compartidas; y, por último, el modelo europeo se ha dotado de un presupuesto público irrisorio que no supera el 1,2% PIB de la unión. La dependencia estructural, el oligopolio de los capitales y economías centroeuropeas, la divergencia entre centro y periferia, no parecen tener límite en el marco de este modelo de construcción de la UE. La creación de la moneda única, con un tipo de interés también único para países con capacidades productivas de diferente alcance, con una cadena de valor dominada en sus fases estratégicas por los países centrales (Alemania, Francia, Reino Unido, etc...), se ha convertido en una máquina de generar desigualdad a escala continental. Las fuertes asimetrías en términos de productividad y competitividad, ante la falta de mecanismos fiscales o monetarios correctores, han abocado a fuertes desequilibrios en las balanzas de pagos de los distintos países. Además, en ausencia de política cambiaria que permitiese devaluaciones de las monedas nacionales, el Euro ha impulsado las devaluaciones salariales internas como mecanismo fundamental de competencia, determinando una regresión salarial generalizada esta última década que no ha hecho sino reforzar esta creciente asimetría entre los distintos países: la mayor competitividad de las economías centrales –fruto de su mayor productividad, de una contención salarial más intensa y de su posición hegemónica en la cadena de valor– se ha traducido en crecientes superávits comerciales en el comercio intraeuropeo. Frente a ello, la periferia europea se ha visto obligada a financiar sus ingentes déficits comerciales con un creciente endeudamiento (especialmente privado) contraído precisamente con las instituciones financieras de los países centrales. Por consiguiente, éstos se han apropiado de forma paulatina de la riqueza de las regiones económicamente más vulnerables, en connivencia con los capitales oligárquicos locales, aprovechándose de un fabuloso espacio de rentabilidad. Otra UE basada en otros principios económicos sería perfectamente posible, aunque difícilmente alcanzable a partir de la actual, que duda cabe. Es factible un desarrollo supranacional de políticas solidarias, fundadas en un régimen fiscal armonizado, progresivo y directo; con un presupuesto público importante, redistributivo y capaz de proveer servicios; que propicie un modelo laboral convergente al alza; con un sistema de compensación y solidaridad social e integración interterritorial; y dotado de un plan de inversión (social y ecológicamente sostenible) y de cooperación internacional. No obstante, el modelo actual de la Unión Europea, desde su diseño original, ha apostado por un modelo de concentración de privilegios y beneficios para la gran banca y las grandes corporaciones industriales y energéticas, así como de contención, en un primer momento, y posteriormente de erosión del gasto público y social como consecuencia de las presiones de las élites financieras. Con ello, y más aún en el contexto de crisis actual, se ha optado por sacrificar a los y las trabajadoras, asumiendo la regresión salarial, los recortes en los gastos sociales, la destrucción de aquella parte del tejido productivo menos rentable y la relocalización del capital industrial a países emergentes y del Sur. No se hace un balance público de a qué grupos sociales beneficia y perjudica esta estrategia, aunque el balance es evidente: son las élites empresariales, y especialmente financieras, las que han salido particularmente beneficiadas. La Unión Europea con sus planes de rescate y con el Pacto del Euro como hoja de ruta general, conduce al abismo a la propia área euro. Lo estamos constatando de la forma más cruda posible. El endeudamiento masivo nos ha llevado a una durísima crisis económica, y las políticas de austeridad no hacen más que encerrar en una espiral depresiva a aquellos países periféricos a los que se les exige desde Bruselas ajustes draconianos para poder seguir accediendo a la financiación internacional y para no poner en peligro al Euro. Las exigencias de la UE encorsetan el margen de maniobra de las políticas públicas de gasto e inversión, y empujan a que la base para ajustar las economías pase por el recorte de gastos públicos y privados (de las familias que ven empeorar a marchas forzadas su capacidad adquisitiva), y por la permanente degradación de las condiciones laborales. La imposición de una política recesiva que socializa las pérdidas y rescata al capital caracteriza la orientación de este modelo socialmente perverso. Rescates y recapitalizaciones bancarias (con dinero público) se suceden, mientras los bancos europeos no han dejado de repartir fabulosos dividendos durante la crisis. En concreto, en 2010 la banca europea repartió 28.323 millones de euros en dividendos (Público, 13/10/11). Además, el BCE presta dinero sin límite al 1,5% al capital financiero, al mismo tiempo que se le prohíbe prestar directamente a los Estados o –salvo en situaciones desesperadas recientes y sólo en los mercados secundarios– comprar deuda pública. Inmediatamente después la banca adquiere los bonos públicos a un interés sensiblemente superior (por encima del 4%). Una institución pública (el BCE) está gastando dinero público en financiar un negocio redondo para los bancos y que empeora la espiral de endeudamiento de los Estados. No hay justificación ni económica ni social posible para una actuación semejante. En definitiva, esto no es más que una vía de saneamiento del capital financiero privado a costa de los recursos públicos, de todas y todos. Por otro lado, este mecanismo explica –junto con las bajas expectativas de crecimiento y rentabilidad de numerosos sectores saturados–, que no se desbloquee el cortocircuito del crédito hacia la inversión o el consumo. Este mecanismo se ve acentuado por las presiones del capital financiero que, sirviéndose del chantaje permanente de las agencias privadas de calificación de riesgos, se dedica a extorsionar las deudas públicas y chantajear a los Estados. En un contexto de endeudamiento privado colosal, y en un marco de sobreproducción, los capitales financieros hacen de la deuda pública su mejor negocio. A la vez, exigen que los poderes públicos impongan políticas que hagan pagar a la ciudadanía y a la clase trabajadora su crisis (los planes de ajuste) y mitigue su situación de insolvencia. El capital corporativo industrial-energético, no sólo contribuye también a la lógica financiarizada hegemónica, sino que a su vez toma posiciones oligopólicas, en este marco de estancamiento, en los bienes y servicios básicos (energía, alimentación, seguros, sanidad, seguridad, etc...). De esta forma logran blindarse ante la crisis a costa de las condiciones de vida de la población, maltratando la imagen de lo público y apropiándose de los segmentos de actividad que el Estado privatiza o que el resto del capital productivo abandona por su ruina. 1.1. La salida del euro como opción y escenario En este contexto, autores como los mencionados Lapavitsas y Montes consideran que no queda otra solución más que romper con el euro y plantear una salida unilateral para los casos griego o español, así como de otros países que puedan encontrarse en situaciones comparables. Según estos analistas, esta vía permitiría recuperar la soberanía sobre la política monetaria y facilitaría la ruptura de una espiral que se está demostrando nefasta. El mecanismo central que plantean pasa por recuperar el instrumental fiscal, de inversiones públicas y gasto social y, en especial, el de la devaluación de la nueva moneda que surgiese. La devaluación propiciaría una mejora de las condiciones de exportación y, con ello, una recuperación económica, e interrumpiría la lógica que arrastra a una regresión constante a los países más débiles de Europa. En tal escenario, los países que rompieran con el euro podrían usar sus monedas para competir entre sí y disputarse el mercado externo en vez de, como sucede ahora, competir en base a rebajas salariales. Esta línea de interpretación se agota en este punto. Porque, a nuestro juicio, el planteamiento no aporta contestaciones ante interrogantes y escenarios que resultan, a nuestro juicio, claves. Seguramente estos autores apoyan soluciones ulteriores, pero si nos quedamos sólo con lo anterior faltaría mucho por resolver. En primer lugar, la deuda, tanto pública como privada, a pesar de la nueva moneda, seguiría nominada en euros. La devaluación implicaría, no sólo un profundo empobrecimiento del poder adquisitivo (debido al encarecimiento de las importaciones, buena parte de ellas energéticas), sino también un agravamiento de las condiciones de endeudamiento (el valor de la deuda se dispararía). ¿Qué hacer con una deuda ahora mucho mayor? Y, ¿cómo afectaría a la población un deterioro de su capacidad de compra, que podría verse reducida a la mitad? Puede que no llegase a esa proporción o incluso podría limitarse a un nivel soportable, pero igualmente debiera anticiparse y abordarse dicha circunstancia, particularmente teniendo en cuenta el deterioro de la capacidad adquisitiva que ya acumulan amplias capas de la sociedad. Ni que decir tiene que, para poder mantener esa situación, se requeriría un respaldo social de la población para soportar el posible sacrificio. Asimismo, si, en un extremo, todos los países confiaran en una salida de la crisis basada en devaluaciones competitivas nacionales para aumentar su espacio en el mercado exterior, se entraría en una pugna terrible, en la que cada Estado trataría de derivar sus problemas a los otros, pero ninguno sería capaz de apostar por medidas internacionalistas ni reactivadoras, y se entraría en una espiral de rivalidades con consecuencias difíciles de manejar. En este sentido, convendría revisar el terrible impacto que tuvo para el movimiento obrero y para sus esperanzas de convergencia a escala internacional la oleada de devaluaciones competitivas de la década de 1930, en plena Gran Depresión. También cabría preguntarse si se están librando de la crisis los países europeos que no están en el euro. La casuística requiere introducir matices, pero lo cierto es que ninguno de estos países se está escapando de la crisis. Los países del Este de Europa que no están en el Euro están atravesando durísimas crisis, con ajustes sociales muy severos. Tampoco el Reino Unido, que mantiene la plena soberanía sobre el conjunto de su política económica (fiscal, monetaria y cambiaria), ha quedado al margen de la crisis y de los ajustes sociales. No obstante, es cierto que el Reino Unido, presentando un nivel de endeudamiento similar al de España, no está recibiendo ataques similares en los mercados financieros internacionales, en parte por la actuación del Banco de Inglaterra (que ha financiado déficits públicos mediante el desarrollo de programas de tipo quantitative easing). Incluso la economía Suiza, que actúa como país refugio de capitales (y paraíso fiscal), se ha visto inmersa en el terremoto de la crisis. En todo caso, la evidencia recuerda que estar fuera del euro, por sí sola, no es una receta mágica en modo alguno. Tanto la salida o la expulsión de la eurozona exigen enfrentarse a un escenario económico adverso, con severos costes sociales e importantes ataques y chantajes de los mercados financieros. No porque sea responsabilidad de “otros” podemos defender esta opción ignorando el reto de cómo afrontarla. Dicho escenario tendría lugar tanto si se ha llegado a él como opción escogida (salida voluntaria del euro) como si es resultado causado por otros (expulsión de la moneda única). Una vez fuera del euro, no sólo acontecería un deterioro importante de la capacidad de compra de la población (deterioro, es cierto, al que en cualquier caso se llegaría igualmente de continuarse dentro del área euro). También sería un escenario en el cual una porción del capital decidiría, presumiblemente, su evasión del país. En este punto es útil recuperar algunas reflexiones elaboradas por Claudio Katz sobre la experiencia argentina. En el 2001 se dejó de pagar un 48% de la deuda pública contraída, en un marco de paridad dólar-peso, en una situación comparable a la que vive hoy Grecia. Su análisis es ciertamente esclarecedor. El default (suspensión de pagos), de carácter parcial, ocasionado no voluntariamente sino por agotamiento de los fondos –lo cual invita a afirmar que cuánto antes se opte por esta decisión, mejor–, facilitó las condiciones para la recuperación económica del país. La subsiguiente recuperación no sucedió sin un gran coste social, con la extensión de paro, pobreza y hambrunas. Su planteamiento nos lleva a concentrarnos en las medidas para haberlo aminorado. Las claves radican en la necesidad de establecer un fuerte control al movimiento de capitales para evitar su evasión, sin dejar de prever también algún tipo de proteccionismo comercial transitorio. Y, ni que decir tiene, una política redistributiva combinada con una fuerte inversión pública reactivadora de la economía, y que sentase las bases para un cambio de modelo productivo, encaminado a la sostenibilidad. Estas cuestiones, aún así, no permiten asegurar que un sólo país esté en condiciones de salir airoso sin vislumbrar qué lugar ocupa dicha economía en la división internacional del trabajo, con qué producción cuenta, en qué mercados comerciaría, o a qué financiación tendría acceso. Dicho de otro modo: aunque estar en el euro no puede proponerse como línea de continuidad a toda costa, no parece que sea ésta la única pregunta, ni siquiera la primera que haya que plantearse. Resulta imprescindible prever qué problemas pueden venir después y cómo podrán afrontarse minimizando su coste social. 2. Una estrategia para transformar la UE: la salida del euro como elemento estratégico de presión. Michel Husson y Ozlem Onaram, entre otros autores, han venido defendiendo que la primera disyuntiva que debemos afrontar no consiste en preguntarse sobre la salida o no del euro, aún comprendiendo la compleja situación de Grecia y de otros países de la periferia europea. Naturalmente, la unión monetaria, el Euro, multiplica los efectos de los fundamentos económicos sobre los que se sostiene la UE. Son estos últimos los que deben alterarse profundamente en una orientación radicalmente distinta. No es en sí mismo el Euro el que causa la crisis: el Euro es meramente el vehículo. La cuestión fundamental no es salirse, como tampoco lo es quedarse en cualquier circunstancia. Lo idóneo es, a su modo de ver, intentar corregir el rumbo de la UE y, de no poder ser (situación más probable), blindarse ante sus políticas de ajuste para, desobedeciendo el esquema neoliberal, construir Otra Europa. Y, si acaso, emplear la amenaza de salir del euro exclusivamente como última baza, para negociar en mejores condiciones una estrategia alternativa. De todos modos, no se trata de aguardar a una reforma de la UE que pudiera venir por sí sola. Sería una espera ingenua. Mantenerse en el euro podría resguardar a la economía de ataques financieros sobre la moneda y no impediría desarrollar una estrategia de desobediencia de los Tratados con orientación neoliberal. Es esta estrategia de desobediencia la que debería hacer saltar el corsé que impone Bruselas. Esta estrategia de desobediencia debería concentrar sus esfuerzos en oponerse a aquellos tratados que obligan a un ajuste permanente sobre las rentas salariales y las políticas públicas, oponiéndoles medidas expansivas en los el ámbito fiscal, reforzando los servicios públicos y las políticas sociales. Esta desobediencia de los tratados debería no sólo cuestionar las medidas de austeridad, sino ir más allá, avanzando hacia un sistema impositivo progresivo que financie la actividad del Estado, propiciando una fuerte subida del salario mínimo y de los subsidios sociales y legislando una reducción generalizada de la jornada laboral –sin reducción salarial– para repartir el trabajo, crear empleo y redistribuir la renta. Esa desobediencia podría multiplicar sus efectos positivos si fuera seguida por más países, lo que podría exigir iniciativas audaces y ejemplares, para abrir camino a otros y continuarlo de forma colectiva. Una estrategia de desobediencia internacionalista, invitando al resto de países a sumarse a dicha senda de transformación social presionaría para un cambio en Europa, un espacio económico y político de una envergadura importantísima, con un amplio margen para seguir defendiendo (y reforzando) espacios económicos sociales amputados a la lógica de la rentabilidad capitalista (sanidad, educación, pensiones públicas, etc.).. No obstante, aunque esta estrategia no obliga a la sincronización perfecta entre las prácticas políticas de los países europeos desobedientes, en nuestra opinión, tampoco sería óptima por sí misma. Sería aún mejor el despliegue de iniciativas proactivas de cooperación y alianza supranacional. Esta opción, en caso de darse, no se produciría, presumiblemente, sin sanciones y políticas de aislamiento. Probablemente, podrían terminar conduciendo igualmente a la expulsión del euro. Y en tal caso, hay que prever también qué hacer. Entonces, cualquier línea de medidas de izquierda sólo sería sostenible socialmente en el marco de la cooperación solidaria de varios países capaces de resistir los embates del aislamiento político, financiero y comercial, y con una envergadura mínima para iniciar un desarrollo endógeno que, para ser viable y justo, debe ser redistributivo y con una participación ciudadana radicalmente democrática en su diseño. 3. Una estrategia proactiva y cooperativa para construir un área económica solidaria. Decir no a las líneas políticas neoliberales de la UE y caminar hacia otro modelo invitando a todo aquel que quiera sumarse es, a nuestro juicio, una línea de actuación imprescindible y factible. Ya sea dentro o fuera de la eurozona o la UE. Este es el papel de la izquierda para, sea desde el gobierno o desde la presión política pero, sobre todo, desde la calle, hacer virar las políticas país a país. Antes de plantearse una solución cualitativamente superior, esta es la forma de emprender un cambio. Pero una vez que fuera posible (en un escenario menos desfavorable), los gobiernos desobedientes a la UE neoliberal debieran complementar las políticas internas de redistribución e inversión con políticas de cooperación internacional. Cooperación antes que nada en los planos de complementariedad comercial, financiera y de inversión común; pero a renglón seguido también de integración de los aparatos económicos institucionales, para conformar un área económica que, sin dejar de estar abierta al mundo, permita afianzar lazos y apoyos mutuos entre los países de orientación alternativa. No hay que esperar a un cambio improbable de toda la UE (aunque tampoco despreciar esa posibilidad), ni que todos los países acuerden un viraje de forma simultánea. Mucho menos cuando la mayoría, si no todos ellos, están encasillados bajo el control de gobiernos al servicio del capital financiero y las grandes corporaciones privadas. En cuanto algún Estado, nacionalidad o región se atreviese a desarrollar una política solidaria, de cooperación y convergencia, no debiera demorarse un proyecto de integración entre los que se comprometan con dicha iniciativa. Los capítulos clave para integrarse, antes incluso que la aparición de una “nueva moneda común”, debieran contemplar una línea de inversión e intercambios cooperativos preferentes, medidas redistributivas, de armonización fiscal y de convergencia en las políticas y marcos laborales, en materia de infraestructuras, servicios públicos, políticas energéticas y alimentarias, o de políticas sociales. Pero también, el establecimiento de una política financiera de protección solidaria ante la evasión fiscal, o el ataque de fondos especulativos. Lo cual tiene como condición sine qua non construir una banca pública, expropiando a los bancos que causaron y se aprovecharon de la crisis. Esto puede implicar iniciar la construcción de un nuevo banco central dirigido políticamente, para aplicar una fuerte regulación del sistema financiero, estableciendo en su caso una política monetaria, comparativamente expansiva con otras áreas monetarias pero que, inexcusablemente debe interrumpir la lógica favorable a la hipertrofia financiera y el endeudamiento masivo de la economía, regulando las pautas de gestión financiera – coeficientes de caja, reservas obligatorias, etc.– y provisión del crédito. Es más, debiéramos huir de estereotipos eurocéntricos. En este nuevo club que sugerimos debiera caber todo aquel país comprometido con los parámetros pactados, sin mirar el origen de su continente. Si, por ejemplo, estamos pensando en la periferia europea (surde Europa, Irlanda o cualquier otro país –como Islandia–), también debiera aceptarse a países del Este o del Magreb. En suma, no podemos simplemente plantear la salida del euro, sin más, o quedarnos con desarrollar medidas a escala nacional. Es preciso idear un proyecto proactivo, supranacional y solidario, abierto a quien se comprometa con el mismo, sin mirar su origen, sino únicamente las prácticas que lo impulsen. 4. Un vehículo de movilización popular: la auditoría ciudadana sobre las Deudas Es preciso luchar por otro marco supranacional solidario, con un esquema de políticas redistributivas, solidarias e integradoras que hagan pagar a los capitalistas su crisis. Es necesario luchar por un modelo económico internacionalista en el que los inversores financieros no puedan seguir chantajeando a los gobiernos y parlamentos, ni empleen como títeres a las instituciones europeas para presionar gobierno a gobierno. Pero mientras ese puede ser un proyecto por el que luchar, ante el giro a la derecha en Europa y el secuestro antidemocrático de las instituciones europeas por parte de las oligarquías financieras, es conveniente encontrar un espacio para abrir brecha a favor de políticas progresistas y rupturistas. Un espacio que sólo puede levantarse desde abajo, desde el movimiento obrero y social. Una campaña que podría propiciarlo es el desarrollo de una Auditoría Ciudadana de las Deudas con un carácter participativo, abierto y pedagógico, para que la ciudadanía pueda disponer de la información y de un análisis que identifique los problemas de fondo. Esta auditoría debería esclarecer, como así se aclaró recientemente en el caso de Ecuador con efectivo éxito posterior, quiénes son los acreedores, el peso de la deuda pública y privada, cómo se contrajo esa deuda, sus condiciones de pago y plazos, la legitimidad de la misma, así como los usos de esta financiación (Toussaint, 2011). Esa campaña perseguiría la transparencia en las cuentas y dimensionaría la situación, abordando la principal losa que ahora atenaza a la economía y la sociedad: el brutal endeudamiento, especialmente el privado. Ese ejercicio pedagógico permitiría a la mayoría social entender no sólo el por qué de este obstáculo a cualquier salida, sino también arrojar luz sobre las posibles soluciones. Permitiría aclarar cómo se escogió promocionar el endeudamiento del sector público frente a la opción de financiarse con una justa fiscalidad de las rentas del capital. Veríamos entonces que gran parte de los acreedores han actuado con un sin fin de privilegios y ventajas. Se vería cómo esta política monetaria, especialmente desfavorable para los países periféricos, abocó a una política financiera –en un contexto de desregulación políticamente dirigida– totalmente laxa e irresponsable. Esta política financiera, para estimular la demanda vía deuda y no vía salarios o inversión y servicios públicos, concedía préstamos y créditos condicionados a garantías y avales que hacían soportar todo el riesgo de las operaciones en los endeudados. La lucha de clases adopta hoy una forma singular: acreedores contra endeudados. Y, por tanto, si la crisis la han de pagar los capitalistas hay que determinar cómo los acreedores van a afrontarla, asumiendo las reestructuraciones que sean necesarias, de forma que respondan por haber provocado una crisis como ésta. Por tanto, una primera idea fuerza es la de exigir una fuerte quita sobre las deudas. Primero la deuda pública contraída en condiciones odiosas o empleada ilegítimamente. A continuación, una segunda quita sobre la deuda privada para atribuir ponderadamente el sacrificio en función de la responsabilidad de cada parte, lo cual implica que la gran banca debiera asumir gran parte del coste, pues abusó de su posición de dominio. En este capítulo cabría además una regulación sobre las deudas entre el sector público y el privado o viceversa, o entre empresas, normalmente con relaciones asimétricas que debiera compensar los abusos monopólicos. Pero también en el capítulo hipotecario es necesario avanzar, no sólo con la reclamación de la dación en pago sino también con una regulación fiscal fuerte sobre las viviendas vacías y en desuso. Sería necesario impulsar la expropiación de las viviendas no debidamente mantenidas o adaptadas ecológicamente a un modelo urbano sostenible, así como la constitución de un parque público de alquiler a partir del stock de viviendas mantenido por las instituciones financieras. Todo ello debería garantizar el derecho universal al usufructo de un espacio habitable en régimen de alquiler socialmente asumible, en base a una proporción de los ingresos personales y a un mínimo exento. Creemos que otro mundo es posible, y que es necesario empezar por algún sitio a construirlo. Éste que se propone puede ser un buen camino aunque, de seguro, no esté exento de grandes obstáculos y conflictos. Lo importante, como casi todo en la vida, es atreverse a dar el primer paso. Referencias Toussaint, Eric y Damien, Millet (dirs.) (2011): La deuda o la vida. Europa en el ojodel huracán, Icaria.---Documento de la Comisión de Economistas de IA presentado en el Segundo Seminario de Economía sobre la Crisis Global IIRE. Publicado en la revista Viento Sur nº 119.