5 de julio de 2012

Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis?

Damien Millet, Eric Toussaint--- De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y de la protección social, retroceso de la edad de jubilación.... El coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte, agua, salud, educación...). El recurso a subidas de impuestos indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas. Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger los intereses de los poseedores de capitales. La austeridad agrava claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda pública crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad presupuestaria da su fórmula de triple A. Pero los pueblos soportan cada vez menos la injusticia de estas reformas marcadas por una regresión social de gran amplitud. En términos relativos, son los asalariados, los parados y los hogares más modestos los que más están obligados a contribuir para que los estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las mujeres ocupan la primera fila, pues la organización actual de la economía y de la sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos desastrosos de la precariedad, del trabajo parcial y subpagado |1|. Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que planteamos para esta lógica diferente. La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de la depresión económica. También hay que aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de relanzamiento mediante la demanda pública y la demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor entrada de impuestos. Pero más allá, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión (racial, patriarcal...) y promover los bienes comunes. Para esto, hay que construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, a fin de reunir las energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. 1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas, mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a desobedecer a las autoridades europeas y a derogar los planes de austeridad. 2.- Anular la deuda pública ilegítima La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda. En primer lugar, no se trata de apoyar las reducciones de deuda decididas por los acreedores, particularmente a causa de las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país |2|. Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de deuda concedida por los acreedores privados, ¡el endeudamiento público de Grecia alcanzará el 164% del PIB en 2013! |3| Hay pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte. ¿Porqué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? Primero por razones de justicia social, pero también por razones económicas que todo el mundo puede comprender y asumir. Para salir de la crisis por arriba, no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y a la de las familias. Pues de contentarse con una política de relanzamiento así, combinada con una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería apropiado en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacarían de las obligaciones estatales de las que son de lejos sus principales tenedores y beneficiarios (razón por la que no quieren oír hablar de una anulación de deuda). Hay pues, claramente, que anular una muy gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este nivel, la auditoría ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las actuales movilizaciones y de las que vengan. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para Francia, Bélgica, está a punto de serlo. Y, pronto, el tema será un punto central del debate político en el resto de Europa. Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral de la devolución de la deuda pública. Esta propuesta se está haciendo popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a la realización de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para tal acción soberana unilateral |4|. La auditoría debe también permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o medias. Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente condenados a pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la justicia a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos. En lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de ilegitimidad según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como un alargamiento del período de devolución. Aquí también, será útil realizar una discriminación positiva en favor de los pequeños poseedores de títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar normalmente. Por otra parte, a la parte del presupuesto del estado destinado a la devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del carácter no reducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953 que consistía particularmente en reducir un 62% el stock de la deuda alemana estipulaba que la relación entre servicio de la deuda y rentas de exportaciones no debía superar el 5%. |5| Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada a la devolución de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del estado. Hay también que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales no se pueden reducir y priman sobre los gastos relativos a la devolución de la deuda... Las pistas alternativas no faltan. 3.- Por una justa redistribución de la riqueza Desde 1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las rentas más elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos. Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal.2 El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por entero hasta el 90%) |6|, el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción, trasportes públicos, material escolar...), particularmente por una reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes. Varios países pueden asociarse para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio. 4.- Luchar contra los paraísos fiscales Las diferentes cumbres del G20 han rechazado, a pesar de sus declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos fiscales (que hacen perder cada año a los países del Norte, pero también a los del Sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones) consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo de transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo. El gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser asignados a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los culpables fuertemente sancionados. 5.- Meter en cintura a los mercados financieros La especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas, sobre los alimentos. |7| Las ventas a descubierto |8| y los Credit Default Swaps deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los mercados de productos derivados que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y a toda vigilancia. El sector de las agencias de notación debe igualmente ser estrictamente reformado y encuadrado. Debe estar prohibido a las agencias de notación notar a los estados. Lejos de ser la herramienta de una estimación científica objetiva, esas agencias son estructuralmente parte interesada de la mundialización neoliberal y han desencadenado en numerosas ocasiones catástrofes sociales. En efecto, la degradación de la nota de un país puede implicar una subida de las tasas de interés que el estado debe pagar para lograr tomar prestado en los mercados financieros. Debido a esto, la situación económica del país concernido se deteriora. El comportamiento de rebaño de los especuladores multiplica las dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las poblaciones. La fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios financieros hace de estas agencias un actor importante a nivel internacional, cuya responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de las crisis no está puesta a la luz de forma suficiente por los medios. La estabilidad económica de los países europeos ha sido colocada en sus manos, sin protección, sin medios de control serio por parte de los poderes públicos, por lo que hay que prohibirles continuar haciendo daño. A fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los estados, hay que restaurar un control estricto de los movimientos de capitales. 6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público A causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los bancos hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles un acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas del juego agrava el problema. Hay que volver a lo fundamental. Los bancos deben ser considerados como servicios públicos, debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. El oficio de la banca es demasiado serio para ser confiado a banqueros privados. Como utiliza dinero público, goza de garantías por parte del estado y hace un servicio de base fundamental a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público. Los estados deben encontrar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera. Deben igualmente disponer de instrumentos para realizar inversiones y financiar los gastos públicos reduciendo al mínimo el recurso al empréstito ante instituciones privadas. Para esto, hay que expropiar sin indemnización a los bancos para socializarlos transfiriéndoles al sector público bajo control ciudadano. En ciertos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que han conservado. El coste en cuestión debe ser recuperado sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las sociedades privadas que son accionistas de los bancos y que les han llevado hacia el abismo a la vez que hacían jugosos beneficios tienen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Hay pues que hacer una punción sobre el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo socializar las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático, la forma en que la nacionalización del Allied Irish Banks ha sido efectuada es inaceptable pues se ha hecho a costa de la población. La opción que defendemos implica la eliminación del sector bancario capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de depósito) como en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de inversión). En esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos: bancos públicos con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano) y bancos cooperativas de talla moderada. Incluso si su estado de salud está menos mediatizado, el sector de los seguros está también en el corazón de la crisis actual. Los grandes grupos de seguros han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como los bancos privados con los que numerosos de ellos están estrechamente ligados. Una gran parte de sus activos está constituida de títulos de la deuda soberana y de productos derivados. A la búsqueda del máximo de beneficio inmediato, han especulado peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguro de vida o de cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación complementaria. La expropiación de los seguros permitirá evitar una debacle en este sector y protegerá a ahorradores y asegurados. Esta expropiación de los seguros debe ir pareja con una consolidación del sistema de jubilaciones por reparto. 7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980 Una característica de estos treinta últimos años ha sido la privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los bancos del sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, a la energía y los transportes, los gobiernos han entregado al sector privado sectores enteros de la economía, perdiendo de paso toda capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, salidos del trabajo colectivo, deben volver al dominio público. Se tratará de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población, por ejemplo para responder a la problemática del cambio climático por la creación de un servicio público de aislamiento de las viviendas. 8.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han aumentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación de la protección social y de los regímenes de jubilación. Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica otro ritmo de vida, una manera diferente de vivir en sociedad alejándose del consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y la creación cultural. Hay igualmente que subir significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, sean privadas o públicas, remuneraciones que alcanzan niveles absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones “doradas” y demás ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada. Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas (como recomendaba Platón hace ya 2400 años) con una globalización del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto. 9. Empréstitos públicos favorables a la mejora de las condiciones de vida, a la promoción de los bienes comunes y que rompan con la lógica de la destrucción medioambiental. Un estado debe poder pedir prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas afirmadas, pero empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del “todo automóvil” a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, crear o reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el territorio comenzando por el territorio urbano y semi urbano, o también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y poniéndoles comodidades de calidad. Hay que definir con toda urgencia una política transparente de empréstito público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por lo que proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas. 10. Cuestionar el Euro El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal y también para España. Si no le concedemos la misma atención que a las demás propuestas de alternativas, es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente lo que nos divide. 11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad Numerosas disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y el BCE deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en dificultades. Hay también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado. Además, hay que reemplazar los actuales tratados por unos nuevos en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático a fin de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para el empleo y el medio ambiente. Hay que revisar completamente la política monetaria así como el estatus y la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para imponerle crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por encima de los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea tomó una opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en lugar de a la inversa. Cuando numerosos movimientos sociales denunciaban estatutos demasiado rígidos y profundamente inadaptados, el BCE ha sido obligado a cambiar planteamientos en el momento más fuerte de la crisis modificando con urgencia el papel que le fue concedido. Desgraciadamente, ha aceptado hacerlo por malas razones: no para que los intereses de los pueblos sean tenidos en cuenta, sino para que los de los acreedores sean preservados. Es claramente la prueba de que las cartas deben ser barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de los estados deben poder financiar directamente a estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integren perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones. Hoy, actividades económicas muy diversas, como la inversión en la construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos. Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran “hacia abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución “hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables, lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa diferente. Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: refuerzo de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y reducción radical de los gastos militares, opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo nuclear, rechazo de los organismo genéticamente modificados (OGM). Debe también, resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada hacia los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario de los pueblos del sur del planeta. El primer paso en este sentido debe consistir en anular la deuda del tercer mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un denominador común a todas las luchas que es urgente llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur.http://www.cadtm.org/Europa-Que-programa-de-urgencia-- Traducido por Alberto Nadal