5 de julio de 2012

Los intelectuales con los mineros

Escrito por Arturo del Villar /UCR--- En abril de 1962 comenzaron unas huelgas en España, lo que constituía un delito según la legislación ilegal de la dictadura. Se prolongaron al año siguiente, y alcanzaron resonancia internacional en octubre, cuando 102 intelectuales escribieron una carta al ministro de Información y Turismo, o de Difamación y Cinismo, como se decía popularmente, para pedirle que investigase las feroces represiones llevadas a cabo por la Guardia Civil contra los mineros y sus mujeres. Era el ministro un fascista chulo y prepotente, Manuel Fraga, eficaz ejecutor de las decisiones genocidas del dictadorísimo. En aquellos momentos la dictadura fascista sufría un colosal descrédito internacional por parte de las gentes, ya que no de los gobernantes, aliados del dictadorísimo desde que en 1953 otros dos países dictatoriales, el Vaticano y los Estados Bandidos de Norteamérica, rompieron el embargo impuesto por la Conferencia de San Francisco y aprobado por la Organización de Naciones Unidas. Del 5 al 8 de junio de 1962 se reunió en Munich el IV Congreso del Movimiento Europeo, al que asistieron políticos e intelectuales del interior y del exilio, con el rechazo del Partido Comunista, pese a ser la única fuerza organizada contra la dictadura. Los congresistas abordaron la manera de devolver la democracia a España, pero sin atreverse a tratar sobre la forma del Estado, porque los socialistas estaban en muy buenas relaciones los monárquicos, y aceptaban la restauración de la monarquía. Esta reunión fue denominada “el contubernio de Munich” en los medios de comunicación españoles, todos controlados enérgicamente por el Ministerio de Información y Turismo, ya que las noticias a divulgar debían provenir de dos únicas agencias informativas, Cifra para las nacionales, y Efe para las internacionales. El fascistísimo Fraga impedía con su red de sicarios que se difundiera nada crítico con la dictadura. Las multas y los arrestos, e incluso las suspensiones de periódicos y su clausura eran una amenaza muy real. En la España del crimen En noviembre de 1962 fue detenido en Madrid el comunista Julián Grimau, llevado a la sanguinaria Dirección General de Seguridad, torturado, tirado por una ventana para tratar de justificar sus heridas, y al fin condenado a muerte. Llegaron peticiones de clemencia de todas partes, incluso del Vaticano, cuyos dirigentes son claros enemigos del comunismo. El dictadorísimo no cedió, y el 20 de abril de 1963 fue legalmente asesinado. Cuando le pidieron informaciones sobre su muerte, el ministro Fraga aseguró desconocer a “ese caballerete”. Hubo manifestaciones de protesta ante embajadas españolas en muchas ciudades de todo el mundo. Por todo ello la opinión pública mundial estaba contra la dictadura, aunque no los dirigentes sometidos a la tutela de los Estados Bandidos de Norteamérica. El 9 de octubre de 1963 el presidente Kennedy recibió con todos los honores en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura, Fernando María Castiella. Los medios de comunicación controlados por Fraga, es decir, todos los radicados en España, jalearon esa noticia como demostración del importante papel desempeñado por la dictadura en la defensa de Occidente. La España dictatorial era refugio de criminales de guerra nazis y fascistas, que descaradamente defendían sus ideas. El 12 de octubre de 1963 se reunió en el Valle de los Caídos la asamblea de la Confederación de Excombatientes Europeos, todos ellos de la extrema derecha, que lucharon y seguían luchando en defensa del nazifascismo. El dictadorísimo envió un mensaje, leído por el ministro del Ejército, en el que con su habitual cinismo aseguraba: “Hemos de defender la libertad, la dignidad y la integridad del hombre, y conseguir para él la justicia social en un orden económico en el que lo material no anule los valores humanos”, que es precisamente todo lo contrario de lo que hacía el régimen, al tener convertida España en una inmensa prisión, con total anulación de la libertad, la dignidad y la integridad de los esclavos que la padecíamos. La carta de los intelectuales Aquel mismo día 12 de octubre de 1963 algunos periódicos publicaron la carta dirigida a Fraga por 102 intelectuales, así como la respuesta del ministro. Con absoluta seguridad fue una decisión del fascista Fraga, aprobada por el dictadorísimo y tal vez tratada en el Consejo de Ministros celebrado el día anterior. No les quedó más remedio que discutir el asunto de la huelga minera en Asturias, porque las principales agencias internacionales de Prensa la comentaban. En un país democrático una huelga no es noticia, pero la dictadura consideraba un delito la incitación a la huelga, achacada siempre a las instrucciones emanadas de la Unión Soviética. El tema era más noticiable, desde que se supo que las mujeres de los mineros habían sido agredidas y detenidas por defenderlos. Sigo la información en el diario madrileño Arriba, órgano oficial del régimen. En sus páginas 14 y 15 se leen estos grandes titulares: “Nueva maniobra a costa de los mineros de Asturias: ni torturas, ni sevicias, ni crímenes. Los comunistas orquestan otra campaña contra España.” La dictadura se consideraba identificada con España, y cuando se organizaban manifestaciones y campañas para reclamar la libertad del pueblo español oprimido, sus medios de comunicación aseguraban que era una campaña antiespañola. Dábamos lástima a los ciudadanos libres del mundo. La carta estaba firmada por 102 ilustres nombres de la intelectualidad española. El primer firmante era José Bergamín, director de la revista catolicorromana Cruz y Raya hasta el golpe militar de 1936, un intelectual comprometido con su ideología basada en el cumplimiento del Evangelio predicado por Jesucristo. El segundo firmante era el poeta Vicente Aleixandre, que en 1977 recibiría el premio Nobel de Literatura, y después figuraban los principales representantes de la poesía, como Gabriel Celaya; la novela, como Juan Goytisolo; el teatro, como Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre en la faceta creadora, y Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez en la interpretativa, y muchos más, incluidos antiguos falangistas desengañados, como Pedro Laín Entralgo y José Luis López Aranguren. La campaña de descrédito El diario fundado por José Antonio Primo como portavoz del fascismo español inició la campaña contra los firmantes al añadir esta apostilla a las firmas: […] en su mayoría son desconocidos. Hasta tal punto, que ni en la Sociedad General de Autores de España ni en la Dirección General de Cinematografía y Teatro ni en otros centros oficiales y privados relacionados con la cultura y el arte han podido dar datos de su personalidad o domicilio cuando ha querido enviárseles la contestación a la carta. Esto muestra hasta qué punto los firmantes no pueden representar en modo alguno ni el criterio ni la actitud de los más calificados grupos de intelectuales españoles. Hace el efecto de que muchos firmantes –algunos de ellos “habituales” en la suscripción de este tipo de escritos— lo que buscan precisamente es salir de su anonimato cultural e intelectual y darse a conocer a través de estos documentos. Los redactores de Arriba ignoraban quiénes eran los más destacados intelectuales de 1963. Es muy lógico que en los dos organismos citados, la Sociedad General de Autores, que agrupa a dramaturgos y músicos, y en la Dirección General de Cinematografía y Teatro, que sindicaba a dramaturgos, guionistas y actores, no tuvieran datos sobre poetas, novelistas, ensayistas, catedráticos de universidades, etc. En el semanario fascista El Español, número 52, fechado también el día 12, que publicó igualmente las dos cartas, se añadía a la información un editorial titulado “El motor oculto de una campaña”, en el que se lee una vez más la obsesión de la dictadura. Al colocar entrecomillada la palabra intelectuales, denotaba que no los consideraba como tales: Es que la carta de los “intelectuales” encaja, como hecha a medida, en la campaña desatada contra España por el comunismo internacional en desahogo del malhumor que les ha producido la conclusión del nuevo acto [sic: errata por pacto] defensivo con Norteamérica. {…} El motor oculto que mueve toda la campaña es el despecho que los éxitos de nuestro Régimen, tanto en el orden internacional, concretados ahora en el pacto con Norteamérica, como en el nacional, representado por la paz, la prosperidad y el desarrollo económico, producen en quienes movidos por los intereses imperialistas de Moscú o por sectarismo propio, desearían que España se hundiera en el caos de la ruina económica y de la subversión civil. Al ser El Español expositor de las consignas de la dictadura, solamente lo leían sus secuaces. Por eso se podía permitir mentar la paz, la prosperidad y el desarrollo económico, en aquella España encarcelada, hambrienta y mendicante. Los que desearon hundirla en el caos fueron los militares monárquicos sublevados, porque cortaron de raíz todos los avances logrados por la República en todas las materias, con sus casi tres años de devastación y guerra derivada de su golpe. El pacto con los Estados Bandidos sí era un apuntalamiento internacional del régimen, pero deducir de ello que el comunismo estaba enrabietado era una estupidez. Lo mismo que llamar imperialista a la Unión Soviética, cuando el único imperialismo entonces como ahora es el de los Estados Bandidos de Norteamérica. En el número siguiente, fechado el 19 de octubre, el director del semanario, coronel de la Guardia Civil y expedicionario de la División Azul en apoyo del nazismo, Ángel Ruiz Ayúcar, uno de los supuestos intelectuales del régimen, utilizaba la última página para publicar su bombita fascista “Intelectuales de firma”, en la que dividía a los intelectuales en hipócritas, arrivistas y tontos. Y no podía faltar la deposición abyecta del diario madrileño monárquico y fascista Abc. Su editorial del 16 de octubre, inserto según moda de entonces en la página 48, se titulaba “Los intelectuales y la política”, con estas atrocidades más sobresalientes: En primer lugar, no se es intelectual por oficio, sino de condición. Autocalificarse intelectual no sólo es un gesto petulante y, en cierto modo, ridículo, sino muy impropio del que lo es de verdad. […] El hecho es que en su inmensa mayoría se trata de personas posiblemente sapientísimas, pero prácticamente desconocidas, no ya para el gran público, sino incluso de las minorías inquietas por los problemas del espíritu. Esto agrava la petulancia de la autodefinición. […] En suma, la carta que comentamos es un raro ejemplo de antiintelectualismo constitutivo: petulancia, politización, mediocridad, falta de rigor, inconsecuencia e irresponsabilidad. Al repasar la nómina de colaboradores entonces de Abc, encabezados por el gran fascista José María Pemán, representante de los peores tópicos andaluces, se comprende que considerase una petulancia que los firmantes se declarasen intelectuales. ¿Y cómo se es “intelectual de condición”? Según el Diccionario de la Real Academia Española, dirigida en la inmediata posguerra por el infecto Pemán, un intelectual es alguien que está “Dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y letras”, lo que hacían absolutamente todos los firmantes de la carta, pero no los colabores del Abc, empezando por la caterva de la familia propietaria entonces del diario, los Luca de Tena, escritores de obras con fondo ideológico integrista, para difundir su ideología ramplonamente monárquica y fascista, jaleada fervorosamente en las páginas de su periódico. Faltaría más. Me consta, aunque en esa época yo estaba estudiando todavía, pero después trabajé en un diario provinciano, que la Dirección General de Prensa remitió editoriales de obligada inserción a los periódicos. La frase tópica era “los llamados intelectuales”, con intención de negar que lo fueran realmente. Ningún medio de comunicación podía negarse a cumplir las instrucciones emanadas del Ministerio de Información y Turismo dirigido por el fascistísimo Fraga. Pude comprobarlo. Los hechos denunciados La carta enumera en diez puntos las detenciones, humillaciones y torturas sufridas por los mineros, y menciona a los verdugos: el capitán de la Guardia Civil Fernando Caro, y el cabo después ascendido a sargento Pérez. Se dan los nombres de los mineros que padecieron el salvajismo de los represores. Además se añaden las sevicias infligidas a algunas mujeres por defender a sus maridos, golpeadas y peladas al cero para que sirvieran de escarnio a la población. Incluso una embarazada fue golpeada repetidamente en el vientre, y el citado capitán resumió así su acción: “¡Un comunista menos!” Los firmantes solicitaban respetuosamente al ministro ordenase una investigación sobre los hechos denunciados. En su respuesta Fraga aprovechó la oportunidad para insultar a Bergamín, por algunos de sus escritos durante la guerra, desde luego todos en defensa del Gobierno legítimo y del Ejército del pueblo. Conforme a la obsesión del dictadorísimo por “la conspiración judeomasónica orquestada desde Moscú”, su ministro mantuvo la misma línea argumental: Las orquestaciones propagandísticas, basadas en razones humanitarias, coreadas por prensa y radio de partido, con conciencia de su inexactitud, pero sabiendo que arrojan un cierto saldo positivo en cuanto siembren inquietud o dudas, las estamos viendo realizar en todos los países donde el comunismo busca unos objetivos de agitación. A continuación examinó los casos denunciados, para reconocer que los mineros habían sido efectivamente detenidos, siempre por realizar actividades comunistas, pero siempre tratados con todo respeto, sin que jamás de los jamases se les infligiera ninguna tortura, por lo que concluía que las denuncias “son fruto de una mendaz utilización del hecho de haber sido detenidos e interrogados y puestos después en libertad sin ninguna de las brutalidades” enumeradas en la carta. No obstante, admitía que quizá fuera posible que tal vez sí se hubiera cortado el pelo a algunas mujeres, “acto que de ser cierto sería realmente discutible”, escribe el ministro con un absoluta falta de sentido común, porque si era cierto no podía ser discutible: o lo uno o lo otro, pero no dos posibilidades antagónicas. Sucesos del pasado Las agresiones de la Guardia Civil contra los mineros y sus mujeres ocurrieron hace cincuenta años, en plena dictadura fascista. Es una terrible estampa del pasado, durante la más tétrica etapa de la historia de España. ¿Hace cincuenta años? El 22 de junio de 2012 partió una marcha a pie de mineros desde Mieres, Villablino, Bembibre y Andorra, en dirección a Madrid, para reclamar la continuidad de su rudo trabajo. En todos los lugares por los que pasan son recibidos con vítores, mesa puesta para que repongan fuerzas, y albergues para que descansen. El pueblo español está con ellos, y los apoya decididamente en sus reivindicaciones. Sin embargo, la Policía Nacional y la Guardia Civil cargan violentamente contra ellos, hay muchos detenidos, se les trata como a terroristas, en vez de reconocer que son trabajadores que solicitan únicamente seguir siéndolo, en un oficio que no tiene nada de envidiable. Es mucho más cómodo el de los policías, bien protegidos por cascos y escudos y armados con porras, pelotas de goma y pistolas. El 3 de julio de 2012 las mujeres de Ciñera (León) se manifestaban pacíficamente en apoyo de sus maridos, cuando la Guardia Civil cargó contra ellas. Otras mujeres que intentaron hacerse oír en el Senado para reclamar el mantenimiento de los puestos de trabajo de sus maridos fueron enérgicamente desalojadas. El dictadorísimo murió, pero había dejado el recambio para continuar su régimen vivo: todo quedó atado y bien atado, como él mismo anunció. Su ministro Fraga murió, pero dejó en marcha un partido fundado por él para continuar su ideología viva. Ninguno de los servidores de la dictadura ha sido juzgado, a pesar de ser culpables de un genocidio sistemático contra los españoles de izquierdas. Aquí no ha cambiado nada. Por eso la historia se repite. Por eso los intelectuales debemos volver a manifestarnos en apoyo de los mineros, porque tienen razón en sus reivindicaciones. Igual que hace 50 años. Entonces estaba vigente el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, que en su título I, artículo 5 declaraba: “El trabajo, como deber social, será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos los españoles no impedidos, estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional.” Ahora está vigente la Constitución de la monarquía del 18 de julio, promulgada en 1978, que en su artículo 35 declara: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” Se les olvidó añadir: “Quedan exceptuados los mineros.”