8 de julio de 2012

Los policías que asesinaron a Germán Rodríguez en la plaza de toros de Pamplona siguen impunes 27 años después del crimen

Jesús Prieto-- Insurgente--- El 8 de julio de 1978, al finalizar la tradicional corrida sanferminera, una compañía de policías antidisturbios entró en el ruedo pamplonés tras haberse desplegado una pancarta reivindicativa en los tendidos. Lo hicieron salvajemente, a sangre y fuego, cargando contra quienes se disponían a salir, disparando a discreción y arrollando a cualquiera que se les pusiese por delante. La gente se refugió de nuevo en las gradas y desde allí se defendió como pudo, lanzando botellas y almohadillas a los agresores uniformados, hasta que las Fuerzas de Seguridad del Estado (del Estado, no del pueblo) se retiraron. Para entonces, ya habían asesinado a Germán Rodríguez, que yacía con un balazo en la cabeza. Germán Rodríguez militaba en la LKI (Liga Comunista Revolucionaria). Cuando la gente consiguió salir de la plaza, la noticia de su asesinato ya había corrido como un reguero de pólvora y los incidentes con la Policía fueron constantes. Hubo alrededor de cien heridos, diez de ellos de bala y los sanfermines se suspendieron. Jamás se supo quién dio la orden de entrar en la plaza ni quién mató a Germán. Supuestamente, se inició una investigación, que nunca dio resultados. Como tantas veces, nadie fue castigado ni destituido: ni los mandos policiales ni el gobernador civil. El de Germán es, todavía, un crimen impune. Murió de muerte matada--Artículo de Sabino Cuadra--- Germán murió de muerte matada, que se dice por allá, en México. Porque lo suyo no fue un accidente, ni una enfermedad, sino un crimen. Pero como fue el poder y sus fuerzas los responsables del mismo, no fue su muerte ni sus matadores los declarados ilegales, sino su persona: Germán fue condenado a la cadena perpetua de la muerte silenciada. Con la excepción honrosa del Ayuntamiento preconstitucional (¿será por eso?) de aquel año 78, el de los Martínez Alegría-Muez-Velasco, ninguna otra institución, ni judicial, ni foral, ni municipal, ha reconocido posteriormente, ni señalado con el dedo a los culpables de aquellos hechos: el gobierno de UCD y la Policía a sus órdenes. La agresión sufrida por el pueblo de Iruñea y de Nafarroa entera aquel ocho de julio no ha tenido parangón en la historia reciente de nuestro pueblo en las últimas décadas. Que la Policía entre a los postres de una corrida sanferminera, con premeditación y alevosía, disparando fuego real sobre los miles de personas que llenaban la plaza, y que siembre el pánico con total impunidad por las calles de la ciudad en las horas posteriores, agotando municiones de todo tipo y dejando a Germán muerto matado en cualquier lugar, solamente puede explicarse por la existencia de una operación política previa planificada, impulsada y amparada desde el poder. No eran fechas casuales aquellas. En el Aberri Eguna de aquel año 1978, todas las fuerzas nacionalistas, democráticas y de izquierdas vascas, incluidos PSOE y PCE, habían reclamado unitariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la exigencia de un Estatuto de Autonomía conjunto para los cuatro herrialdes (provincias). Incluso la UGT, en la realización de su primer Congreso de Euskal Herria, acababa de pronunciarse en favor de la autodeterminación. CCOO lo venía haciendo desde su propio nacimiento. Los niveles de reivindicación y exigencia de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de Euskal Herria superaban con mucho el rasero que la UCD y el poder habían establecido para la negociación del borrador de la Constitución. En esta coyuntura, la agresión brutal del 8 de julio de 1978 fue, sobre todo, un fuerte puñetazo dado sobre la mesa (hubo más, si bien no tan visibles) para advertir a todos los comensales constitucionales, principalmente al PSOE, pero también al PNV, que «hasta allí habíamos llegado». Se había acabado el juego: o se cogía lo que se daba, o la confrontación sería abierta. Y a partir de entonces comenzó la rebobinada de la izquierda estatal (aceptación de la monarquía, de la indivisible unidad española, del tutelaje militar de un Ejército no depurados) y del nacionalismo moderado, quien pasó a conformarse con el plato de lentejas vascongadas y las referencias lírico-constitucionales a los «derechos históricos» vascos. A pesar de la gratuidad y brutalidad de la agresión, las distintas instituciones relacionadas con aquel ocho de julio no dudaron desde un principio en echar tierra sobre aquellos hechos, con el fin de hacer desaparecer sus huellas, activas o pasivas, del escenario del crimen. Los distintos gobiernos estatales, forales y ayuntamientos posteriores a aquel ocho de julio, hayan sido del PSOE, de UPN o progresistas tripartitos, han tenido todos, en el fondo, un comportamiento similar: «mejor no meneallo». Y eso es así porque, habiendo aceptado plenamente aquel punto de partida constitucional, visibilizar de alguna manera el crimen cometido, pondría nuevamente sobre la mesa el papel desempeñado por estos partidos durante la Transición. Su renuncia a las reivindicaciones planteadas por los mismos hasta aquellos momentos (República, disolución de la Policía y la Guardia Civil, autodeterminación,..), y el trague consiguiente de los sapos constitucionales derivados de lo anterior: monarquía, unidad indivisible e indisoluble de España, intocabilidad del Ejército y configuración del mismo como garante de la unidad patria. La democracia española fue, desde sus mismos orígenes, bastante más española que democracia. Con el transcurso del tiempo, este carácter se ha acentuado mucho más, sobre todo en lo que hace referencia a Euskal Herria, donde las ilegalizaciones de todo tipo de grupos políticos, juveniles y sociales, los cierres de medios de comunicación y los recortes de derechos y libertades se han convertido en el pan de cada día de los últimos años. La democracia española se ha convertido, en esta medida, en una democracia anoréxica, a la que, a los ojos del PP ­-también del PSOE, en muchos aspectos-, siempre le sobran kilos de libertades democráticas y nacionales. Lo decíamos al principio: Germán fue condenado a la cadena perpetua de una muerte silenciada. Al igual que se hizo con las más de 2.000 personas fusiladas en Nafarroa en los días inmediatos al alzamiento fascista del 36, para quienes la única losa que el poder puso sobre su tumba fue la del olvido; al igual que ha sucedido con Ángel Berroeta, panadero de Donibane, Iruñea, muerto matado también por la criminalización mediática del 11-M del gobierno del PP y sus pistolas y cuchillos ejecutores y al igual que está ocurriendo con esos grupos políticos y sociales que hoy están siendo legalmente muerto-desaparecidos por la política del PP-PSOE y sus jueces y fiscales. El ocho de julio del 78 no consta en ningún calendario políticamente correcto, ni tampoco aparece en lista alguna de víctimas de nada. Por eso han tenido que ser sus antiguos compañeros y compañeras, familiares, miembros de peñas y, sobre todo, los miles de personas que a lo largo de estos años han participado en los distintos actos en recuerdo y denuncia de aquellos hechos los que han mantenido viva la llama del recuerdo y, junto a ella, la de la reivindicación y la exigencia. Recuperar la memoria no sirve para dar vida a ningún muerto matado, pero sí para que la historia sea idéntica a si misma y, en esa medida, el presente y el futuro puedan escribirse sobre bases de dignidad y justicia. Por eso volveremos el día ocho de julio, a la una del mediodía, frente al monolito de Germán, y a la tarde, tras la salida de los toros, a soplar una vez más sobre los rescoldos del recuerdo, con la esperanza de echar abajo el manto de silencio con el que se ha cubierto aquella muerte matada y a recordar al poder la frase de Zorrilla que, en su «D. Juan Tenorio», afirmaba: «los muertos que vos matáis, gozan de buena salud». En eso estamos.