17 de septiembre de 2012

DOS ACTORES, DOS MODOS DE VIDA Y UN SECTOR SOCIAL EN ASCENSO: LOS COLONIZADORES. El TIPNIS en el centro del interés global

Sarela Paz *-- El conflicto del TIPNIS, aparentemente, está inscrito alrededor del tema de la carretera e involucra a dos actores, las comunidades indígenas y las comunidades de productores de hoja de coca; pero esa dimensión específica o local se va engranando con asuntos más globales como, por ejemplo, la llamada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), la política de hidrocarburos del gobierno de Evo Morales, así como las perspectivas de procesos económicos extractivos presentes en América del Sur. Para abordar el tema de acceso, control y gestión del territorio, y su relación con los recursos naturales, pienso que es inevitable, en primer lugar, referirse a los modelos de desarrollo que se ponen en juego en las comunidades, en las regiones, en un país, en los Estados y, por supuesto, también a nivel global. Entendiendo que cada uno de esos modelos de desarrollo nos plantean modos, formas y maneras de acceso, control y gestión de los recursos naturales. En segundo lugar, creo que en el análisis de dicha temática es importante partir de una aproximación inicial que nos conecte los modos de desarrollo específicos o locales, para luego, intentar comprender cómo esa dimensión específica o local se va engranando con otros niveles hasta construir un sistema complejo y concatenado que nos explica mejor la gestión política del territorio en toda su dimensión; a su vez, nos permita lograr una mirada más amplia de la gestión del territorio y la gobernabilidad que está en juego. Tomando la dimensión local de la problemática, propongo analizar las relaciones que este primer nivel va tejiendo con otros actores, escenarios e intereses; sujetos que sin estar directamente involucrados con el acceso y control de los recursos naturales en la comunidad o la región, sus iniciativas de desarrollo impactan decisivamente en los modos y maneras de gestión y administración de los recursos naturales de los actores locales. Considero, por tanto, que el análisis de la conflictividad y gobernanza es justamente entender y acercarse a ese complejo concatenado en el que se resuelven, finalmente, temas de acceso, control y gestión del territorio y los recursos naturales. Lo que quiero decir es que si nuestro análisis se sitúa sólo en un punto extremo —lo local—, o en el otro punto extremo —lo global—, no lograremos entender que se trata de un sistema complejo y concatenado. Ciertamente, suele suceder que terminamos creyendo que la resolución de los problemas, y de la propia gobernanza en relación al acceso, control y gestión del territorio y los recursos naturales, pasa por “analizar” el campo global, analizar los grandes supuestos de desarrollo o, en su defecto, situados en el otro extremo, optamos por aferrarnos en el análisis única y exclusivamente a los componentes locales, y con ello asumimos que se ha resuelto la problemática, cuando en realidad la problemática se presenta como ese sistema concatenado en el que muchas veces actores locales entran en sintonía con los intereses globales y, a la inversa, muchas veces son los actores globales los que pueden entrar en sintonía con los intereses específicos o locales, todo ello, mediado por los gobiernos que representan a los Estados. Pienso, por tanto, que lo importante es conocer y saber que existe una relación compleja, concatenada, de actores e intereses sobre los recursos naturales y que dicha relación se requiere entender en sus diversos niveles para pensar la gobernanza, la gestión política y el control territorial de los recursos naturales. En ese sentido, y a partir del esquema de análisis que acabo de proponer, voy a analizar la problemática del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Creo que este tema, tan largamente discutido en el país, es un extraordinario ejemplo de lo que acabo de decir: se lo aborda, muchas veces, desde una sola perspectiva, es decir, como un conflicto entre tres actores: unas comunidades indígenas que no quieren que una carretera atraviese su territorio; otras comunidades, las de los productores de hoja de coca, los colonos, que sí quieren la carretera porque la ven como un gran beneficio; y un gobierno que busca, a través de la construcción de esta carretera, la presencia estatal en la zona y la vinculación departamental. Así, bajo esta única perspectiva, nos es imposible ligar el tema con asuntos más globales como, por ejemplo, su vínculo con la llamada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA). [1] Así, desde la perspectiva exclusivamente local, no necesariamente logramos relacionar qué tiene que ver el gobierno de Brasil y sus empresas con este proyecto, y menos aproximarnos a la problemática desde las dimensiones de la gobernanza y la conflictividad en relación a la gestión de los recursos naturales que se hallan en la zona. Mi esfuerzo en la presente exposición será mostrarles cómo esos vínculos y relaciones concatenadas no solamente ponen en juego a los actores directos del TIPNIS –indígenas y colonos- sino también cómo el conflicto y el juego de intereses en relación a los recursos naturales está más allá de los actores locales, involucra la política de hidrocarburos del gobierno de Evo Morales; así como las perspectivas de procesos económicos extractivos presentes en América del Sur. Dos actores, dos modos de vida Inicialmente, podemos identificar dos actores de la problemática del TIPNIS en el escenario local, dos actores que los bolivianos conocemos bien: por un lado, las comunidades indígenas y, por otro, las comunidades de colonos, es decir, las comunidades de productores de hoja de coca. El conflicto del TIPNIS, aparentemente, está inscrito alrededor del tema de la carretera, pero si nosotros acercamos nuestra mirada desde los modelos de desarrollo y desde allí tratamos de entenderlo, como lo señalé al principio, lo que encontramos son, precisamente, algunas dimensiones de un sistema complejo y concatenado que no se agota en la relación indígenas y productores de hoja de coca. Si identificamos el escenario del conflicto con el actor indígena, lo primero que tenemos que hacer es detener nuestra mirada en el mapa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (ver Mapa 1) para observar una primera división que llama la atención. Como vemos, hay una gran línea roja que demarca la superficie total del TIPNIS; dentro de esta superficie total observamos un área demarcada con una línea naranja en la parte sur; esa es la superficie identificada por Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como el Polígono 7 —es esa lengüeta que está entrando al TIPNIS y que se ubica en la región sur—. Entonces, cuando nos acercamos al tema desde la perspectiva de los modelos de desarrollo, estamos hablando de cómo, en el caso de los indígenas, éstos desarrollan un conjunto de iniciativas económicas en ese gran territorio cuya extensión es de un millón 91.656 mil hectáreas, y otras iniciativas económicas emprendidas por los productores de hoja de coca, iniciativas que se desarrollan en la parte sur, en esa lengüeta que está entrando a la región sur del TIPNIS y cuya superficie es de 170 mil hectáreas. Estos dos modelos, apenas separados por esa línea naranja que aparece en el mapa, tienen características sustancialmente diferentes. En el caso de las comunidades indígenas, tenemos un modelo económico que articula dos elementos fundamentales que sirven para entender el tema de gestión y control de territorio: una primera dimensión es lo que se conoce como economía étnica, una economía tradicional basada en la caza, la pesca y la recolección, una economía amazónica con sus patrones tradicionales que está orientada fundamentalmente a la seguridad alimentaria de las familias indígenas. En una segunda dimensión, está la economía étnica que se amalgama a un modelo de desarrollo comunitario que implica iniciativas económicas destinadas al mercado. El modelo de desarrollo comunitario ya no tiene como objetivo único garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, sino desarrollar los vínculos de las comunidades con circuitos mercantiles y que permite –a las comunidades– encarar temas de desarrollo relacionados con la educación y salud, temas que se inscriben dentro de ese gran panorama o gran horizonte del llamado “Vivir Bien”. El modelo de desarrollo comunitario indígena en el TIPNIS se ha desarrollado a partir de 1990, justamente cuando en ese año sus comunidades, junto a otras de Bosque de Chimanes o Ibiato de los sirionós, marcharon a la ciudad de La Paz reivindicando la necesidad de que el Estado boliviano les reconozca sus territorios indígenas. Tenemos, entonces, aproximadamente 22 años de desarrollo del modo comunitario que articula y enlaza a comunidades indígenas que ocupan el espacio de un millón 91 mil hectáreas del TIPNIS. ¿Qué características centrales tiene el modelo comunitario de desarrollo? Estamos hablando de un modelo que tiene como eje fundamental la gestión y administración colectiva de los bienes del bosque. Este es un elemento central que forma parte de la economía étnica y que se extiende al modelo de desarrollo comunitario. Estamos hablando de un modo económico basado en un contrapunteo entre lo que es la dispersión y la concentración poblacional —muy típico de las poblaciones amazónicas— que justamente permite a las comunidades indígenas no solamente acceder a distintos recursos de este gran territorio, sino también a manejar y controlar este enorme territorio. Este patrón de concentración y dispersión es también un modo político de manejar y controlar el territorio, porque está basado en relaciones consanguíneas, en relaciones familiares, en patrones de asentamiento que tienen una memoria larga en distintos lugares dentro del TIPNIS. Estamos hablando, en síntesis, de un modelo comunitario que aunque vincula a las comunidades con circuitos mercantiles, nos propone una manera de acceso, control y gestión territorial en clave indígena porque basa su organización en los fundamentos de la economía étnica: una administración colectiva de los bienes del bosque. ¿Cuál es, entonces, el otro modo de acceso a los recursos y gestión territorial que se desarrolla en las 170 mil hectáreas que se encuentran al sur del TIPNIS, en el Polígono 7? Ese otro modo de acceso, control y gestión del territorio está expresado por las iniciativas de los productores de hoja de coca, por los colonizadores. Ese modo económico tiene como eje la economía agrícola, el desarrollo de la producción de hoja de coca, es decir, la ocupación de la zona de bosque con fines agrícolas, una zona que, en el caso del TIPNIS y como observamos en el Mapa 1, es centralmente de piedemonte. Por tanto, este modo económico tiene como eje primordial garantizar el acceso al bosque para convertirlo en área agrícola, área de producción de hoja de coca; el bien específico y más valioso en este modo de desarrollo es, sin duda, el acceso a la tierra. La tierra es un bien mayor respecto de los otros bienes que componen el bosque; los árboles, los peces, los otros componentes del ecosistema. Un elemento central a destacarse en el análisis de este modo de desarrollo es la administración y gestión de los recursos en términos individuales. Esta es una diferencia fundamental con el otro modo económico o con el otro modo de vida, el modelo comunitario indígena. Hay otro dato igualmente sustancial que diferencia un modelo de otro. El horizonte central que impulsa el modelo de desarrollo y las actividades económicas en la zona conocida como el Polígono 7, es la producción de la hoja de coca con destino central al mercado, a diferencia del otro modelo donde uno de los ejes fundamentales es garantizar la seguridad alimentaria, la reproducción de las familias y de las comunidades indígenas ¿Y por qué podemos afirmar esto? Porque estamos hablando de una zona mono productora de hoja de coca y, como comprenderán todos ustedes, no se puede vivir solamente de la hoja de coca, pero sí se la puede comercializar para obtener una fuente de ingreso significativa. Un dato fundamental que se tiene en la región sur del TIPNIS, en el Polígono 7 —no estoy hablando de toda la colonización, no estoy hablando de todo el Chapare, estoy hablando de la colonización del TIPNIS, del Polígono 7— es que el 95 por ciento de los ingresos de las familias que viven en esta zona provienen de los cultivos de la hoja de coca. El dato es muy elocuente como para perdernos en mayores especulaciones. Pero además —y esto es algo que no podemos eludir en el análisis— el destino específico de la hoja de coca que se produce en el Polígono 7 no es precisamente el mercado de consumo tradicional, no es para el acullico: la producción de hoja de coca al sur del TIPNIS, tempranamente ya, desde los años 80, se vinculó con los circuitos del narcotráfico. Por tanto, esta producción que está destinada al mercado, tiene relación no solamente con los mercados locales de la región, sino que tiene una relación con el mercado global que tiene que ver con los circuitos del narcotráfico. Por otra parte, este modelo económico nos muestra una forma organizativa que tiene un patrón de concentración poblacional. Si ustedes entran al Polígono 7, van a encontrar un patrón de concentración poblacional y una organización política que se basa en el sindicato, en los sindicatos de productores de hoja de coca. El epicentro político de este modo de control territorial es el sindicato. El sindicato organiza el acceso y control de la tierra, el sindicato tiene un conjunto de atribuciones políticas determinantes en el control y gestión territorial en el Polígono 7, el sindicato administra el conflicto y produce la gobernanza en el sur del TIPNIS. Dos concesiones petroleras ¿Cómo se articulan estos modos o modelos de desarrollo en el ámbito regional y nacional? El primer elemento que encontramos es, efectivamente, el proyecto del gobierno de construir una carretera que atraviese el territorio indígena y que supone la presencia estatal en la zona y la articulación departamental entre Cochabamba y Beni. Cierto. El proyecto estatal, sin embargo, tiene un componente fundamental para el análisis que normalmente ha sido obviado en el debate, y ese componente es la presencia de dos concesiones petroleras que han sido otorgadas en 2007 en la región del TIPNIS, sobre todo en la región del Subandino (ver Mapa 2). Si ustedes se fijan en el mapa, la concesión marcada en celeste es la que le corresponde a Petroandina [2] (Sécure Zona 20, Chispani y Sécure Zona 19), y la concesión marcada en naranja es la que le otorgaron a la brasileña Petrobras (Río Hondo). Entonces, en este punto empezamos a vincular el proyecto del gobierno de Evo Morales, no con los brasileños, sino con el Estado brasileño y las iniciativas empresariales del Estado brasileño ¿Por qué? Porque el proyecto ya no solamente se reduce a la carretera, a la presencia del Estado en la zona o a la vinculación entre dos departamentos. El hecho de que el gobierno de Evo Morales haya otorgado esas concesiones petroleras —fíjense ustedes en el mapa el trazo de la carretera— nos permite pensar que se trata de garantizar las operaciones petroleras en la zona, lo que nos remite inmediatamente, a su vez, a un propósito de control y gestión territorial para la explotación de los recursos naturales, esta vez desde el plano estatal y nacional, sin tomar en cuenta los modos y maneras de gestión territorial y de los recursos naturales de quienes viven en ese territorio, especialmente de las comunidades indígenas. Entonces, cuando identificamos que el Estado boliviano le ha otorgado una importante concesión de exploración petrolera a Petrobras, no debiera sorprendernos que la construcción de la carretera esté a cargo de una empresa brasileña, y tampoco que el principal financiamiento del proyecto provenga del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el banco más grande de Brasil involucrado en este tipo de proyectos, no solamente en América latina sino también en países de otros continentes. La presencia de esas compañías brasileñas en Bolivia, su claro involucramiento en el proyecto de la construcción de la carretera, expresa lo que señalaba en el principio: otros actores y otros intereses, distantes a las dinámicas del desarrollo local, pero que afectan profundamente la gestión y el control territorial de quienes allí viven, en este caso, las comunidades del territorio indígena del Isiboro Sécure; actores que están mediados por los planes de desarrollo de un gobierno, en este caso, el gobierno de Evo Morales. Podemos ir todavía mucho más lejos, a un escenario mayor, si se piensa en los intereses concretos de Brasil en el contexto geopolítico mundial. Los intercambios políticos y económicos del Estado brasileño con Bolivia no están al margen de la aspiración de ese país de convertirse, hasta el año 2020, en la tercera economía del planeta. Éste es el escenario en el que juega Brasil, un escenario, además, en el que cada día se hace más evidente el descentramiento económico y político en favor de China. Brasil, en este contexto, necesita resolver problemas de energía para el crecimiento de su industria. Lo necesita porque el ritmo de su crecimiento actual indica claramente que en cuatro o cinco años ese inmenso país va a tener problemas de energía, por lo tanto, una condición importante para que Brasil se convierta en la tercera economía mundial es justamente la resolución del tema de energía. Y esto explica la construcción de hidroeléctricas muy cerca de la frontera con Bolivia, Perú, Ecuador; unos proyectos que muy probablemente van a modificar el comportamiento de la cuenca amazónica, afectando nuestras sabanas de inundación estacional, especialmente en Beni, hecho que debería preocuparnos a todos, pero especialmente a los benianos, y en particular a los ganaderos. Pero esto no es todo: es necesario incorporar en el análisis la temática del Subandino, denominación generalizada de aquella región intermedia entre el altiplano y llanos del oriente del país, conocida por albergar extensos reservorios de energía fósil, gas y petróleo. El Subandino, además, es una formación que nace en Venezuela y termina en Argentina. Ya hemos visto cómo la necesidad de Brasil de resolver su sed de energía lo ha involucrado en grandes megaproyectos, ya sea hidroeléctricos o de carreteras. En este último caso, y con el apoyo del IIRSA, se busca conectar al Atlántico con el Pacífico para orientar, aún más, su economía hacia China. En esa misma línea, a Brasil le interesa de sobremanera el Subandino, pero no cualquier área de esta formación que guarda inmensas reservas de gas y petróleo. A Brasil no le interesa, por ejemplo, el Subandino de Venezuela, porque tendría que competir con PDVSA, o el Subandino del Ecuador, explorado y explotado desde hace más de 30 años por varias empresas petroleras del mundo. Le interesa el Subandino peruano-boliviano, poco explorado, me imagino por las condiciones técnicas y sobre todo por la falta de acceso que se tuvo a esa región. Hoy en día, parece mucho más probable —sólo hace falta mirar el mapa del TIPNIS y, en especial, el diseño del proyecto de la carretera que pretende atravesar este territorio indígena, y su cercanía con las concesiones otorgadas a Petrobras y PDVSA (Mapa 2)— advertir que estamos viviendo un momento en que el Subandino peruano-boliviano tiene posibilidades de acceso —caminos y carreteras— para su explotación petrolera. Esto, como supondrán todos ustedes, cambia enormemente el panorama global del control, gestión territorial y acceso a los recursos naturales en esta región. Dos preguntas Ahora les propongo abordar la misma problemática, la de las concesiones petroleras en el TIPNIS, pero desde otra perspectiva. Como bien sabemos, el TIPNIS es un área protegida y un territorio indígena al mismo tiempo. Es más, no es un área protegida como por ejemplo un bosque de inmovilización, no. Es un parque nacional. Esta es una de las categorías más restrictivas en cuanto al uso de recursos, si nosotros leemos la clasificación hecha para áreas protegidas en Bolivia y en el mundo. Surgen, entonces, al menos dos preguntas: ¿Qué tiene que hacer el Estado en un área protegida cuando allá se encuentra un recurso no renovable —minero o hidrocarburífero— para explotarlo sin violar los reglamentos y las normas ambientales? La segunda pregunta es: ¿Qué tiene que hacer un Estado como el boliviano cuando en un territorio indígena encuentra recursos naturales no renovables para explotarlo sin violar las normas y las leyes referidas a territorios indígenas? En el primer caso, cuando existen recursos no renovables en un área protegida, el Estado, si quiere otorgar una concesión minera o hidrocarburífera, tiene que evaluar las características de esa área protegida, es decir, la zonificación de dicha área, un concepto fundamental e intencionalmente ignorado en el debate nacional sobre el TIPNIS. En el país, todas las áreas protegidas han desarrollado el concepto de zonificación ¿Qué se entiende por zonificación y por qué el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP [3]) ha zonificado las áreas protegidas del país? Porque, en primer lugar, el SERNAP entiende que categorías como las de Parque Nacional, donde no se puede modificar la naturaleza, son categorías muy cerradas para lugares y regiones donde existen demandas de desarrollo por parte de la población local. Esta es una idea que yo comparto: no podemos permitirnos, como país con grandes demandas de desarrollo, considerar solamente la importancia de la conservación de la naturaleza cuando tenemos poblaciones con problemas de pobreza, muchas veces, extrema pobreza. Por eso, el SERNAP ha desarrollado, desde 1997, un reglamento que establece la zonificación y con ella distintas categorías de manejo en las Áreas Protegidas. Son estas categorías de manejo las que determinan dónde se puede hacer actividades de uso y aprovechamiento de recursos naturales en un área protegida, dónde se pueden hacer actividades productivas y dónde no se las puede hacer porque cumplen un rol fundamental para la reproducción de la biodiversidad en juego en las áreas protegidas. Esta es la idea central de la zonificación y está claramente señalada en el Reglamento General de Áreas Protegidas del SERNAP. [4] Entonces, si el Estado boliviano no quiere violentar sus propias normas, porque el SERNAP es parte del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, y Gestión y Desarrollo Forestal, forma parte del Estado, es el Estado mismo en la temática de áreas protegidas; tendrá que observar esta normativa y ver dónde efectivamente se puede y dónde no se puede otorgar concesiones hidrocarburíferas, desde los criterios de conservación de la biodiversidad. El mapa que ustedes observan (ver Mapa 3) fue elaborado durante los años 2001-2002, cuando el SERNAP junto con la Subcentral Indígena TIPNIS se dieron la tarea de re-zonificar el TIPNIS y formular el Plan Estratégico de Gestión que se constituye en el planteamiento matriz para analizar qué ha pasado en términos de desarrollo en los últimos 10 años en este territorio. En este mapa se establece la zonificación para el TIPNIS ¿Quiénes lo hicieron? El equipo del SERNAP y la Subcentral TIPNIS, la principal organización indígena de la zona. El título de esta Tierra Comunitaria de Origen (TCO) otorga la titularidad de representación de los pueblos yuracarés, chimanes y moxeño-trinitarios a esta Subcentral. Ambas instancias hicieron conjuntamente esta zonificación y elaboraron, además, una propuesta de manejo estratégico. El mapa y esta propuesta de manejo fueron discutidos con todas las comunidades y se convocó a un encuentro territorial para ser aprobado. En este tipo de encuentro se toman las decisiones políticas más importantes dentro del TIPNIS, es el espacio donde se reúnen los representantes de todas las comunidades y sus corregidores, las principales autoridades del territorio. El encuentro territorial, en suma, es una institución propia de los indígenas y es el nivel de decisión mayor dentro del TIPNIS. El mapa que ustedes observan fue discutido a ese nivel y fue aprobado en ese nivel. En el mapa se pueden observar claramente tres áreas: la “Zona Núcleo”, la “Zona de Uso Tradicional” y la “Zona de Uso de Recursos”. Así se zonificó al TIPNIS durante los años 2001-2002. El área que aparece en el mapa con el color naranja es la Zona Núcleo. Esta es la zona que goza de una extrema protección y figura con ese nombre en la propuesta o Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS. En el Reglamento General de Áreas Protegidas, este tipo de áreas se denomina “Zona de Protección Estricta”, es decir que la Zona Núcleo del TIPNIS es una zona de extrema conservación, [5] no se la puede tocar, no se la puede modificar. Después, como observamos en mapa, el área de color amarillo, situada alrededor de la Zona Núcleo, es el área que se la ha definido como Zona de Uso Tradicional. Justamente en esta zona se realiza la economía étnica de la que hablé anteriormente. [6] Finalmente, en color café verdoso, está la Zona de Uso de Recursos, donde pueden desarrollarse actividades económicas con fines comerciales, donde puede desarrollarse el modelo de desarrollo comunitario. [7] La categorización y los distintos usos de las zonas fueron aprobados por el SERNAP desde 2002 y, en base a ello, el mismo SERNAP-MAPZA impulso el modelo de desarrollo comunitario a través de programas como: 1º Aprovechamiento Forestal, 2º Aprovechamiento de Cuero de Saurios, 3º Ecoturismo–Pesca Deportiva, 4º Manejo de Chocolate Nativo, 5º Módulos Ganaderos Comunitarios. Si el Estado boliviano y el gobierno de Evo Morales respetaran sus propias normas, antes de otorgar concesiones petroleras en el TIPNIS tendrían que haber considerado este mapa, tendrían que haber sopesado y valorado los criterios con los se estableció la Zona Núcleo del TIPNIS; por lo menos, tendrían que haber identificado que las concesiones petroleras que otorgaron, en la mayor parte se ubican en la Zona Núcleo. Las normas desarrolladas en país señalan claramente que en esta área no se pueden hacer obras de infraestructura, no se pueden hacer obras de uso público y, por supuesto, menos se puede hacer exploración y explotación hidrocarburífera. Así lo determina el Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS en apego al Reglamento General de Áreas Protegidas. [8] Entonces, aquí se ha vulnerado completamente una norma que es del propio Estado, una norma que ha sido discutida con las propias comunidades indígenas del TIPNIS y con sus autoridades. Reitero: la zonificación realizada en este Parque Nacional es producto de ese diálogo, pero también es producto de la norma ambiental del Estado boliviano, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). [9] Digámoslo clarito y sin vueltas: el Estado boliviano ha violentado su propia norma. Analicemos ahora la segunda pregunta: ¿Qué tiene que observar el Estado boliviano cuando en un territorio indígena encuentran recursos naturales no renovables para no vulnerar las normas y las leyes referidas a territorios indígenas? El Estado boliviano, en este caso, está obligado a hacer una consulta a los pueblos titulares del derecho antes de otorgar esas concesiones petroleras. Nadie ha hecho esa consulta. El Estado boliviano, por tanto, ha violado también esa norma que protege los derechos colectivos de los pueblos indígenas porque ha otorgado dos concesiones petroleras en la zona. Y en esto, tenemos que referirnos al tema de la intangibilidad. Paradójicamente, el tema de la intangibilidad —se nos dice— es un tema que se introdujo a la hora de la negociación de la Ley 180, la ley de protección al TIPNIS nacida luego de la Octava Marcha Indígena en octubre de 2011. Se nos dice igualmente que a la categoría de intangibilidad la introdujeron los dirigentes en el momento de la negociación con las autoridades del gobierno. Y se nos dice también que, a título de intangibilidad, todos los planes de desarrollo comunitario que son fruto de la zonificación del TIPNIS y que se desarrollan fuera del área núcleo —las áreas de aprovechamiento forestal y el ecoturismo están fuera de la Zona Núcleo— simplemente tienen que suspenderse. El razonamiento del gobierno en el tratamiento del tema de la intangibilidad, como vemos, se basa, primero, en que fue una idea introducida por la dirigencia indígena en la negociación de la Ley 180 y, segundo, en que al declarar intangible el territorio del TIPNIS no puede haber desarrollo comunitario en la zona. Es decir, se afectan sustancialmente los planes de manejo o los proyectos de desarrollo comunitario en la zona. Este razonamiento, revelador de las verdaderas intenciones del gobierno, ignora premeditadamente que ya entre 2001-2002, antes de la Ley 180, las comunidades y sus autoridades definieron a la Zona Núcleo del TIPNIS como intangible, en apego al Reglamento General de Áreas Protegidas que señala, como ya hemos visto, la categoría “Zona de Protección Estricta” a toda zona que no se puede tocar, que no se puede modificar, que merece protección absoluta. La verdadera intención del gobierno queda clara, además, en la Ley 222, la ley de una supuesta consulta a los pueblos indígenas, en la que introduce el tema de la intangibilidad de manera tal que las comunidades tendrían que decidir si quieren que todo el TIPNIS se mantenga como intangible, es decir, es como preguntarles si quieren o no quieren desarrollo comunitario en su territorio. Este es el grado de manipulación y distorsión de la información que maneja el gobierno en el tratamiento de este tema. Los planes de desarrollo comunitario no recaen sobre la Zona Núcleo, por tanto, no violentan la intangibilidad de la Zona Núcleo que fue ya definida en un pasado, lo que violenta la intangibilidad de la Zona Núcleo son los planes de desarrollo del gobierno de Evo Morales porque sobre esa zona que es intangible se proyectan dos concesiones petroleras y una carretera (punto 3º del Plan Estratégico de Gestión que formula la prohibición de construcción de infraestructura y explotación de hidrocarburífera). Así, la intangibilidad, antes que afectar al modelo de desarrollo comunitario, afecta al modelo de desarrollo impulsado por el gobierno de Evo Morales. Pero además, yo creo que la intangibilidad no tiene por qué ir a la consulta, porque la consulta es un procedimiento en que el Estado pregunta al pueblo indígena acerca de sus proyectos ¿Es la intangibilidad, acaso, un proyecto del Estado? Si la intangibilidad es un proyecto del Estado entonces tiene que ir a la consulta, pero si no lo es, y si dicen que la intangibilidad es un proyecto de los dirigentes indígenas que ha sido introducido por las ONG ¿por qué la intangibilidad tiene que ir a la consulta si no es un proyecto del Estado? Si las comunidades consideran que tienen que arreglar esa cuenta con su dirigencia ¿por qué no dejan que se desarrolle la deliberación mediante formas propias, mediante usos y costumbres, mediante sus propias instituciones? Entonces ¿qué le interesa realmente al gobierno en este tema de la intangibilidad? Lo que realmente le interesa al gobierno es modificar la zonificación establecida por las comunidades, las autoridades del TIPNIS y el SERNAP en el proceso de 2001 a 2002. El gobierno necesita modificar la zonificación de la Zona Núcleo como “Zona de Protección Estricta”, tal como establece el Reglamento de Áreas Protegidas, para construir la carretera y legalizar las concesiones petroleras otorgadas en la zona. Hoy día, claramente, y en base a las normas y leyes vigentes, tanto las concesiones petroleras como el proyecto de construcción de la carretera, son ilegales, desde la normativa ambiental. Quiero referirme ahora, brevemente y antes de terminar, a las denuncias del gobierno que acabamos de leer en los periódicos y que señalan que en el TIPNIS existen concesiones forestales, empresas de turismo y aprovechamiento indiscriminado del cuero de saurio. Primero debemos decir al respecto que en el TIPNIS no hay ni una sola concesión forestal, lo que hay es un contrato de venta de producto forestal. Existe una diferencia jurídica muy grande entre una concesión forestal y un contrato de venta de producción forestal ¿Cuál es la gran diferencia? En una concesión forestal se le entrega a una empresa maderera un área para que la aproveche y se la obliga a hacer un plan de manejo para preservar el bosque. Un contrato de venta de producto forestal, en cambio, debe ser suscrito por las propias organizaciones del TIPNIS, por sus propias comunidades y sus corregidores; es una decisión colectiva, una alianza intercomunal basada en una propuesta de aprovechamiento forestal y en un plan de manejo para vender madera, en determinado porcentaje y tiempo de explotación, a una empresa maderera. Según ese contrato, cada año la empresa puede entrar al TIPNIS y sacar sólo una determinada cantidad de madera, porque el plan de manejo está en manos de las comunidades. Pero además, y esto es lo interesante en este asunto, estos planes de manejo forestal requieren obligatoriamente la aprobación del gobierno, se necesita la aprobación de las entidades estatales. Y en este caso, la aprobación de los planes de manejo forestal comunitario está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Por eso, es sencillamente vergonzoso que las autoridades del actual gobierno manipulen la información y la presenten en forma de denuncia, porque ellos mismos están comprometidos con el permiso que fue otorgado en 2007 por la ABT. Les invito a que revisen con cuidado la información que preparó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en relación al TIPNIS. En su propia información está el contrato de venta de producto forestal y el permiso de la ABT de 2007. Una figura como esta resulta hasta desbordante en la manipulación. Lo mismo sucede en el caso del ecoturismo. Efectivamente, la empresa de ecoturismo que opera en el Alto Sécure es una empresa extranjera, es una empresa argentina que, además, dicho sea de paso, ofrece este tipo de turismo de pesca deportiva en Madagascar, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, al sur de la Patagonia, en Argentina y en Bolivia. Efectivamente, esta empresa ha firmado un convenio con la Subcentral Sécure para hacer ecoturismo —pesca deportiva, en específico— en el Alto Sécure ¿Qué implica la pesca deportiva en la zona? Yo he tenido la oportunidad de estar en la zona y de entrevistar a la gente de la empresa, a los turistas y a los propios comunarios, incluso visitar sus instalaciones. A partir de esas entrevistas, puedo afirmar, efectivamente, que esta empresa gana, y gana muy bien. Gana siete mil dólares en seis días por cada turista que ingresa a la zona. Este monto, es importante señalarlo, incluye el costo del pasaje del turista, es decir, el costo de su traslado hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Santa Cruz, y de Santa Cruz al Alto Sécure (Oromomo o Asunta). Ésta es la ruta establecida para este tipo de turismo. Acá una digresión, la ganancia de siete mil dólares es en bruto, pues de dicho monto habrá que descontar el costo del pasaje y costos de estadía que pueden acercase a dos mil quinientos, el resto es ganancia neta. Decía que la empresa argentina gana bastante bien. Estas son las cifras: son aproximadamente 420 turistas los que entran a hacer turismo al Alto Sécure en el periodo que va de abril a octubre, asumiendo que el tiempo no les juegue una mala pasada. Por cada turista, la empresa deja a la comunidad 200 dólares líquidos, lo que quiere decir que las comunidades, ya desde el 2010, reciben cerca de 84 mil dólares; y si cada turista le paga a la empresa siete mil dólares —incluidos los pasajes hasta el Alto Sécure— y son 420 los turistas que entran al año, la empresa, por tanto, gana desde 2010 casi tres millones de dólares, de los cuales hay que descontar 2500 dólares en costos de operación y también descontar los 84 mil dólares que son dejados a las comunidades, quedando un monto aproximado de 1.889.916 dólares; esto es, un aproximado de dos millones de dólares. Sustancial diferencia para que el Estado boliviano ayude a replantear proyectos de esta naturaleza y para que los beneficios puedan quedarse en su mayor monto en las comunidades y el propio Estado, no así, en las empresas transnacionales. Aún así, no se puede decir que las comunidades no se benefician con este proyecto, tampoco se puede afirmar que las comunidades del TIPNIS están haciendo tráfico con el turismo, como lo afirma el gobierno. Lo primero que aquí hay que saber —y el gobierno lo sabe— es que al tratarse de un proyecto de ecoturismo en un parque nacional, en un área protegida, el proyecto necesita una ficha ambiental, es decir, la autorización del Estado —a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para que este proyecto siga su curso. Y, efectivamente, así fue. Este proyecto de ecoturismo en el Alto Sécure tiene la autorización del SERNAP y la ficha ambiental respectiva fue firmada por la actual viceministra Cintia Silvia en 2009. Hay que decirlo también: esta viceministra quien, a título de intangibilidad, acaba de ordenar la suspensión de este proyecto de ecoturismo en el Alto Sécure. Es necesario, entonces, que las autoridades, si quieren ingresar a un debate amplio y transparente, sin manipulación de la información, superen estas evidentes contradicciones. Para cerrar, a manera de síntesis y bajo este panorama global del control y gestión territorial de los actores locales que he mencionado, es casi obvio decir que para el modo de vida indígena, basado en formatos de economía étnica, en modelos de desarrollo comunitario y en un patrón político que tiene como eje la concentración y la dispersión poblacional, la iniciativa que supone abrir una carretera en medio de su territorio, para favorecer la explotación petrolera en el Subandino y la posible expansión agrícola de los cultivos de hoja de coca, debilita profundamente su forma de vida. En cambio, y con gran diferencia, el modo de producción de los colonizadores, de los productores de hoja de coca, se integra, potencia y expande con la construcción de la carretera y la explotación de los recursos naturales; no existe una marcada contradicción entre explotación de petróleo y procesos agrícolas mercantiles, ambos requieren de carretera para sus operaciones. El mejor ejemplo lo tenemos en Carrasco, región productora de petróleo en el Chapare que convive con la colonización ubicada en la zona de Ivirgarzama. Es más, deberemos decir que en Bolivia y en la región –así lo registran los datos de Ecuador– la apertura de caminos en el Subandino viene por iniciativa de la empresa petrolera, mismos caminos que son aprovechados por la colonización para ocupar zonas de selva alta. El TIPNIS no es una excepción. El camino existente en el Polígono 7 y que fue usado por los productores de hoja de coca para ocupar la región sur del TIPNIS en la década del 80, fue construido por la Shell en la década del 60. Decir, para terminar, que el control de los recursos y la gestión del territorio en el modelo de desarrollo de los productores de hoja de coca se basa en la concentración poblacional, en la consolidación de caminos y en el control político que hace de ambas variables –concentración y caminos– el sindicato de productores de hoja de coca, expresado en su nivel macro que es la Federación de Colonizadores del Trópico de Cochabamba, instancia organizativa de la que el presidente Evo Morales fue y es su presidente. La apertura de una carretera por el TIPNIS terminará vertebrando un eje de control político territorial que está en manos de los sindicatos de colonizadores en Bolivia, la ceja de selva y el pie de monte que viene inmediatamente después de la cordillera oriental de los Andes, un territorio que atraviesa transversalmente Bolivia, un territorio que empieza en Ixiamas (departamento de La Paz) y se proyecta por Amboró cuando ingresa al departamento de Santa Cruz. Es posible que este sea un momento en que el Estado, representado por el gobierno de Evo Morales, ha empezado a representar los intereses de un sector social en ascenso, los colonizadores. Notas: 1. En diciembre de 2000 la reunión en Montevideo de los ministros de Transportes, Telecomunicaciones y Energía de Sudamérica recomendó la aprobación de un plan de acción en materia de infraestructura regional. Este plan, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata, contenía proyectos prioritarios y líneas generales para su implementación, orientados en torno a 12 ejes de integración, que más tarde se redujeron a 10. En la actualidad, consta de una cartera de 31 proyectos, aprobada en 2004, que se considera prioritaria y abarca transporte, comunicaciones y energía, con una inversión estimada de 10.188,20 millones de dólares, de los cuales sólo 2 están concluidos y 18 en ejecución. Según la CAF, se destacan proyectos como la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, principal conexión entre Bolivia y Brasil, que forma parte del Eje Interoceánico central, cuyos 2.800 kilómetros vincularán los puertos peruanos de Ilo y Matarani y los chilenos de Iquique y Arica, pasando a través de Bolivia, con los puertos brasileños de Río de Janeiro, Santos y Sepetiba. Otros proyectos financiados en el eje Perú-Brasil-Bolivia son el puente del río Acre y la carretera entre Acre (Amazonía brasileña) y Cusco (Perú), además de otra entre Puerto Maldonado (Perú) y la capital del estado brasileño de Rio Branco. En ese mismo año (2000), durante la Reunión Cumbre de Presidentes de América del Sur en Brasilia, se aprobó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIIRSA), con dos objetivos: profundizar la integración entre los países sudamericanos y constituir una plataforma exportadora regional. [Fuente: http://www.fobomade.org.bo/art-1837] 2. YPFB Petroandina SAM es la sociedad conformada por la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). En 2008, el Congreso Nacional de la entonces República protocolizó los contratos de exploración y eventual explotación petrolera con YPFB Petroandina. En ese momento se anunció también la inversión de cerca de 300 millones de dólares por parte de esta empresa en poco más de tres millones de hectáreas del Subandino Norte, y más específicamente en los bloques Lliquimuni, Sécure, Madidi, Chispani y Chepite. El bloque Sécure, con una extensión de 723.502,20 hectáreas es, precisamente, una de las dos concesiones petroleras otorgadas por el gobierno nacional en el TIPNIS. “De todos los bloques bajo reserva fiscal, el Sécure es el que presenta mayor información geológica, razón por la cual presenta mayores posibilidades de próxima intervención”, señalaba la nota informativa que anunciaba la referida protocolización de contratos: http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/25066-us-300-millones-seran-invertidos-en-el-subandino-norte.html. Otra nota informativa, mucho más reciente, del pasado 6 de Agosto de 2012, anunciaba un “Futuro brillante en hidrocarburos” para el Beni: http://energypress.com.bo/index.php?cat=283&pla=3&id_articulo=1968 3. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) es una entidad desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Depende funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal. Sus principales atribuciones son: proponer normas y políticas para la gestión integral de las áreas protegidas del SNAP; planificar, administrar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas de carácter nacional; garantizar la conservación de la biodiversidad y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social; normar y regular las actividades de las áreas protegidas del SNAP de acuerdo a sus categorías, zonificación y reglamentación; promocionar la protección y conservación de los recursos naturales, la investigación científica, recreativa, educativa y de turismo ecológico. [Fuente: http://www.sernap.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=98] 4. El Reglamento General de Áreas Protegidas, Decreto Supremo Nº 24781 de fecha 31 de julio de 1997. En el artículo 31 de este decreto (Título II “Del Sistema Nacional de Área Protegidas, Capítulo IV) se señala: “Se entiende la zonificación como el ordenamiento del uso del espacio en base a la singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de los recursos naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos, estableciendo zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de la unidad, guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del AP [Área Protegida]”. Inmediatamente después, en este mismo artículo, se describen las categorías de las Áreas Protegidas. http://www.sernap.gob.bo/images/marcolegal/ds_24781.pdf 5. En el artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas se denomina “Zona de Protección Estricta (zona intangible y zona de protección integral)” a aquella zona que “Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizando su evolución natural y su estado prístino. Esta zona está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación alguna al ambiente natural. Al efecto, no se permitirá actividades de uso público a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las actividades de guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas”. 6. Siguiendo el artículo 31 del Reglamento se denomina “Zona de uso moderado (extensivo no extractivo)” a la zona de uso tradicional, porque es una zona donde se requiere mantener el ambiente natural con un mínimo de impacto humano. 7. En el artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas se denomina “Zona de aprovechamiento de los Recursos Naturales (uso intensivo extractivo)” aquella zona donde hay proyectos de manejo y uso sostenible de recursos naturales, se permite aprovechamiento de los recursos naturales conforme a las limitaciones previstas en la legislación ambiental 8. El documento Plan Estratégico de Gestión del TIPNIS menciona en su página 94 “Las normas que rigen la Zona Núcleo son: 1º se prohíbe cualquier tipo de explotación directa y comercial de los recursos naturales, 2º se prohíbe actividades de uso público con fines turísticos, educativos o recreativos, 3º se prohíbe cualquier actividad o infraestructura que altere o modifique el hábitat (construcción de infraestructura, explotación hidrocarburífera), 5º se permiten actividades de vigilancia, 6º se permiten actividades esporádicas de monitoreo e investigación científica, 7º se permite uso especial tradicional exclusivamente (cacería, recolección)”. 9. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue creado en 1992, en el marco de la Ley de Medio Ambiente que define a las áreas protegidas como patrimonio del Estado y de interés público y social. Si bien antes de esta fecha ya existía un número de áreas protegidas en el país – el primer Parque Nacional ya se creó en 1939 –, su organización y manejo no respondían a un enfoque sistémico, ni se articulaba con políticas y normas ambientales de manera integral.. [Fuente: http://www.sernap.gob.bo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=112] * Sarela Paz es antropóloga