11 de noviembre de 2012

Operaciones de maquillaje con el problema de las hipotecas


Óscar Chaves (Diagonal)

Debido a sus condiciones restrictivas, iniciativas como el Código de Buenas Prácticas bancarias promovido por el Gobierno del PP o la moratoria hipotecaria a cargo del Instituto de Crédito Oficial del Ejecutivo de Zapatero se han demostrado inútiles ante el incremento incesante de ejecuciones hipotecarias por impagos bancarios.

La sociedad ha tenido que llegar a los 526 desahucios diarios (según datos del Consejo General del Poder Judicial del segundo trimestre de 2012) y encajar más de 350.000 expulsiones forzosas desde el inicio de la crisis para que los dos grandes partidos se sienten a negociar medidas que pongan freno a un problema que despierta una auténtica alarma social.

El drama ha adquirido tales dimensiones y la presión ciudadana, articulada en torno a movimientos como el 15M y las plataformas de afectados por la hipoteca, es tan insistente que nadie duda de que en los próximos días el Gobierno de Mariano Rajoy promoverá iniciativas destinadas a paliar esta situación. Para ello contará con el PSOE, partido que desde hace días desarrolla su particular campaña contra los desahucios, a pesar de que, tal y como indicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, “lamentamos no haber actuado antes, no haber puesto en marcha cuando estábamos gobernando un cambio legislativo que hubiera impedido la situación terrible que hoy viven muchos españoles".

Ni lo hizo el Gobierno de Zapatero ni lo ha hecho hasta la fecha el Ejecutivo del PP. De hecho, ningún gobierno se ha atrevido a reformar en profundidad la Ley Hipotecaria, una norma que data de 1909 y que regula, en beneficio de las entidades financieras, los procedimientos de desahucio. En las dos últimas legislaturas, las de la crisis, los gobiernos del PP y el PSOE se han limitado a introducir pequeños cambios en la norma o a poner en marcha medidas como el Código de Buenas Prácticas de la banca, meras “operaciones de maquillaje” sin apenas repercusión para los hogares, según la valoración de las plataformas de afectados. Con semejantes precedentes, a nadie extraña que los damnificados desconfíen de las buenas intenciones de los “partidos del régimen”, máxime cuando no les han tenido en cuenta para estudiar las medidas a adoptar.

Aunque el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, insista en subrayar que aún es pronto para valorar la eficacia del “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, y otros miembros de su Gobierno se empeñen en negar la mayor, lo cierto es que hasta la fecha ha tenido un alcance que roza el ridículo. Como ya pronosticó la PAH cuando fue aprobado, el pasado mes de marzo, sus condiciones son tan restrictivas que muy pocos hogares han podido o podrán beneficiarse. Según los colectivos de afectados, apenas un 4% de las familias puede acogerse al código, aunque otras fuentes como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada rebajan aún más este porcentaje.

El carácter restrictivo de esta norma, que además es de adscripción voluntaria para los bancos, no solo ha sido criticado por las plataformas de afectados, la oposición política y los movimientos sociales. También lo ha hecho, y de manera contundente, la Defensora del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y hasta el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU .Y es que para acogerse al Código el hogar hipotecado no solo ha de tener a todos sus miembros desempleados. El contrato hipotecario debe carecer de avalistas solventes y el valor de la vivienda no puede ser superior a los 200.000 euros para las grandes ciudades y 120.000 euros para poblaciones con menos de cien mil habitantes. Los inmuebles que ya han sido subastados quedan también fuera de la aplicación de la medida. Pero aunque el hogar cumpla todos los requisitos, este sólo tendrá derecho a exigir la dación en pago, aunque caballo de batalla de las PAH, si la cuota resultante de una reestructuración en la que se amplía el plazo hasta 40 años y se abre un período de carencia en la amortización de cuatro años, sigue siendo superior al 60% de los ingresos de todos los miembros de la familia. Recordemos que en un hecho sin precedentes, a los pocos días de la aprobación del Real Decreto que recoge el código, 84 entidades financieras, la gran mayoría de las existentes en España, asumieron su contenido.

Las medidas de Zapatero

El segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, aprobó dos iniciativas con similares resultados: el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, y, dos años antes, la Línea ICO-Moratoria Hipotecaria. La primera, fruto en buena medida de la presión originada por campañas como Stop Desahucios del 15M y la PAH, aunque no logró frenar el aumento de las ejecuciones hipotecarias ha servido para suavizar ligeramente la situación de las personas que son expulsadas de sus casas. La norma elevó el valor mínimo de adjudicación del inmueble hipotecado en subasta del 50% al 60%, de tal forma que en la actualidad el 40% corresponde al deudor, aunque ya haya sido desahuciado. La arbitrariedad de estos porcentajes, única en Europa, es uno de los aspectos más criticados de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias en España. El Real Decreto también elevaba el mínimo inembargable de los deudores que han perdido su vivienda habitual hasta el 50% del salario mínimo interprofesional y un 30% adicional por cada familiar que convive en el hogar y que no percibe ingresos superiores a dicho salario mínimo.

Al igual que ha sucedido con el Código de Buenas Prácticas Bancarias, la llamada Línea ICO-Moratoria Hipotecaria, para la que se aprobó una partida de 6.000 millones de euros, fracasó rotundamente por sus restrictivas condiciones. De hecho, solo permitía el aplazamiento durante dos años de cuotas de hasta 500 euros en préstamos inferiores a 170.000 euros. Pasados esos dos años, se debía retomar el pago de los 12.000 euros máximos aplazables por hipoteca junto con las cuotas del crédito hipotecario, lo que en la práctica redundaba en un aumento de la carga financiera global de los deudores. El hecho de que en nueve meses de aplicación de esta línea ICO sólo se aplazaron 11.796 hipotecas da muestra del corto alcance de la medida.