15 de noviembre de 2012

¿Y ahora qué, señores del Consejo General del Poder Judicial?



¿Y ahora qué, señores del Consejo General del Poder Judicial?






de Abílix V de Viriato, el jueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 10:54



Hace unas semanas asistimos al enésimo episodio de deslegitimación del “gobierno del pueblo” por parte del poder judicial, al rechazar el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), un informe sobre los desahucios e hipotecas que este mismo Consejo encargó a un grupo de jueces. El CGPJ se deslegitimó a si mismo y a la democracia no por el hecho de rechazar el informe sino por el hecho de inhibirse y "pasar la pelota" al poder legislativo argumentando que hacen falta cambios en la Ley Hipotecaria para que ellos puedan actuar. NO ES CIERTO que no puedan actuar ya, porque una de las funciones del poder judicial establecidas por la Constitución Española de 1978, es la "interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos": esto es, la obligación inexcusable y preceptiva de velar y supervisar de oficio que todas las administraciones públicas sin excepción, en sus acciones legislativas y ejecutivas se ajusten al cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico completamente y sin contradecir ninguna norma que sea de rango superior.



Resulta que nuestro ordenamiento jurídico incluye con carácter vinculante, tanto la normativa comunitaria como los tratados internacionales ratificados por España, en virtud de lo que establece la Constitución en el artículo 10, en su punto 2: "...Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España...". En consecuencia, por encima de cualquier "interpretación y/o legislación de 1909", prevalecen los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español, al ratificar tratados internacionales vinculantes, como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4, -que concreta el contenido del derecho a una vivíenda adecuada- y muy especialmente en la Observación General número 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda. Prevalecen inexcusablemente por encima de cualquier interpretación o argumentación política de carácter legislativo y de las modalidades procesales establecidas por los Estados, y, sin excepción, las normas deben ser interpretadas de conformidad a dichos compromisos jurídicos ratificados por España, y, -repito y enfatizo-: ello, el control de que esto se cumpla así, incumbe exclusivamente a jueces, magistrados y tribunales inexcusablemente.







En el mismo sentido que lo expuesto por servidor en el párrafo anterior, se ha venido a sumar el reciente dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott: el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. En este sentido, la abogada general estima que “la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue” y por ello concluye que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. Señalar por último, que dicho dictamen no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal de Justicia de la UE sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Así que vuelvo a hacer la pregunta: ¿Y ahora qué, señores del Consejo General del Poder Judicial? ¿acaso intentarán escudarse arguyendo qué dicho dictamen no tiene carácter vinculante y hay que esperar la sentencia del Tribunal?: pues no lo necesitan, señores magistrados, para cumplir con sus obligaciones antes descritas.







Tampoco el poder judicial parece haber tenido en consideración, la antijuricidad de ese tipo de argumentaciones que retrotraen a una "legislación de 1909", en virtud de lo que nuestras normas procesales establecen y que, jueces, magistrados y juristas en general, deben conocer y, en consecuencia, no cabe otra presunción que la de "a sabiendas" en cuanto a sus manifestaciones, interpretaciones y/u omisiones públicas en el ámbito de sus competencias: más en concreto, cuando invocan a una obsoleta legislación de 1909, no han tomado en consideración lo que procesalmente, nuestro Código Civil establece en el artículo 3 y en su punto 1, el cual señala de manera inequívoca que las normas se interpretarán según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Y esto es especialmente grave y "doloso" porque este artículo 3 .1 del Código Civil , incumbe exclusivamente al poder judicial en última instancia y no al legislativo. En resumen, el poder judicial, que tiene la facultad y potestad para resolver sobre la "interdicción de la arbitrariedad de las administraciones públicas" y su control judicial, se inhibe de asumir esa responsabilidad, incluso se inhibe de "interpretar" según los principios procesales que la Constitución y nuestro Código Civil establece de cómo han de "interpretarse jurídicamente las interpretaciones" -valga la redundancia-, por parte de jueces, magistrados y tribunales.







Servidor, conociendo mínimamente las normas procesales, no es ajeno a sentir un subidón de indignación y coraje, ante la tomadura de pelo y burla a la inteligencia colectiva de la ciudadanía española en general, que significan las palabras de un representante del Consejo General del Poder Judicial afirmando “que hay que cambiar La Ley Hipotecaria que es de principios del siglo XX y es contraria a los principios constitucionales”. Entonces, señor magistrado, ¿Dónde queda la “Disposición Derogatoria” de la Constitución Española de 1978, que en su punto 3 establece de manera inequívoca que “…Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución…”? no me consta que nadie por parte de ustedes haya hecho mención alguna o invocado “nulidad de pleno derecho” sobre el asunto que nos ocupa en los más de 30 años que hace que se promulgó nuestra Constitución y más de 395.000 desahucios ya ejecutados.







¿Dónde queda también, el control judicial de la administración que establece el artículo 106 .1 de nuestra Constitución? Que dice: “…Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican…”



¿Dónde y cuándo en materia de hipotecas y desahucios han aplicado ustedes de oficio, señores del Poder judicial, la tutela judicial efectiva según lo dispuesto en el artículo 53 .1 de nuestra Constitución? Que dice: “…Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)…”









En definitiva, ustedes, el poder judicial en general, durante todos estos años han olvidado “a sabiendas” lo que el artículo 117 de nuestra Constitución les dicta de manera inequívoca: “… la justicia emana del pueblo…” Y son ustedes corresponsables de esta manifiesta indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva del pueblo español ante los desahucios y quizás, a efectos de “responsabilidad” lo son más si cabe, que el poder legislativo por dejar sin efecto e inhibirse del control judicial de la administración, al menos, en cuanto a materia hipotecaria y de desahucios se refiere. Responsabilidad “a sabiendas” por acción, omisión e inaplicación del simple principio de “jerarquía normativa” y el resto de principios jurídicos que nuestra Constitución garantiza como norma superior en derecho, en virtud del artículo 9 .3 de la misma, así como el resto de disposiciones vinculantes de nuestro ordenamiento jurídico como todas las citadas en este artículo.