20 de diciembre de 2012

CEAR celebra el auto del Tribunal Constitucional que avala la atención sanitaria a todas las personas migrantes.

CEAR celebra el auto del Tribunal Constitucional que avala la atención sanitaria a todas las personas migrantes.


Aunque recuerda que aún queda mucho por hacer en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en el Día Internacional del Migrante.



España
Tercera Información
20-12-2012




En espera de la sentencia, el auto anuncia una doctrina que reconocerá el derecho a todas las personas residentes en España a acceder a la sanidad pública. Noticia que CEAR celebra enormemente por garantizar el derecho a la salud a todas las personas, independientemente de su procedencia o situación administrativa.





Aunque el auto avala la decisión del Gobierno Vasco de dar atención sanitaria a las personas inmigrantes sin papeles, su alcance es mayor e implica la obligación de garantizar el derecho a la salud en todo el territorio del Estado Español. En este sentido, CEAR ha apoyado a las comunidades autónomas, que junto al País Vasco, han continuado prestando atención sanitaria a las personas migrantes en situación de irregularidad (Andalucía, Asturias y Cataluña) e insta a que se garantice el acceso a la sanidad pública del colectivo en el resto de autonomías y a que el Gobierno retire las medidas de exclusión de las personas sin papeles.



CEAR coincide con el Alto Tribunal en considerar que el derecho a la salud debe prevalecer sobre el supuesto beneficio económico que supondría para las arcas públicas el ahorro de no atender a sin papeles. El derecho a la salud es un derecho humano del que no se puede excluir a ninguna persona. Sin embargo, estamos asistiendo a un momento histórico dónde muchos derechos se ven limitados, recortados o negados con la excusa de salir de la crisis económica, siendo las personas migrantes uno de los colectivos más golpeados.



Los denominados sin papeles son personas en situación de vulnerabilidad, muchos procedentes de países africanos, que son utilizados como chivos expiatorios para justificar recortes en el gasto social ante un supuesto abuso del sistema de salud. Un abuso inexistente, cuando la media de personas migrantes que acuden a los servicios de salud es menor que la del resto de la ciudadanía.



Precisamente ayer fue el Día Internacional del Migrante, efeméride que nos recuerda que la inmensa mayoría de los países desarrollados, entre los que se encuentra España, se niegan a ratificar la Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Una convención que posibilitaría un mínimo de vida digna para las personas migrantes, frente a las situaciones de discriminación y desigualdad de derechos que sufren en tantos países. Los derechos humanos no son negociables.