9 de diciembre de 2012

Inspectores de Hacienda dicen que defraudar en España es "muy asequible"

Kaos en la red
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, ha valorado las propuestas realizadas por la Comisión Europea para evitar las prácticas fiscales "abusivas" de algunas multinacionales que consiguen con ello pagar menos impuestos, pero ha lamentado que se hayan quedado sólo en meras recomendaciones a los países de la UE.

Pérez Boga, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, indicó que se trata de propuestas "buenas y necesarias", pero afirmó que "se quedan ahí" y al final no se plasman en medidas legislativas concretas en los países, por lo que quedan en "papel mojado".


En su opinión, es "terriblemente necesario" que los distintos países de la UE solucionen de una vez por todas las "lagunas e incoherencias" normativas que existen en las legislaciones fiscales de estos países y que permiten que algunas multinacionales las aprovechen para reducir su factura fiscal con "economías de opción", que ni siquiera suponen fraude fiscal.

Pérez Boga señaló que la única manera de resolver este problema es armonizar las legislaciones fiscales de los distintos países y evitar hacerse la competencia entre ellos. "La única posibilidad factible es precisamente una armonización de las legislaciones de los distintos países", subrayó.

En cuanto a los paraísos fiscales, valoró de forma positiva la propuesta de Bruselas de crear una lista negra de paraísos fiscales, y recordó que la Organización de Inspectores de Hacienda ya propuso a la Comisión en 2008 medidas concretas para luchar contra los mismos, como la posibilidad de que los contribuyentes con domicilio fiscal en paraísos fiscales no pudieran operar en los estados de la UE o que se estableciera una tasa sobre las transacciones y movimientos de capitales hacia estos paraísos.

Pérez Boga se refirió también a la amnistía fiscal, que concluyó el pasado 30 de noviembre y que ha permitido recaudar unos 1.200 millones de euros, y afirmó que defraudar en España es "relativamente asequible para las grandes empresas y para las personas con recursos elevados". Por ello, demandó más medios materiales y humanos en la lucha contra el fraude, y apuntó que en España existe un inspector por cada 2.000 habitantes, mientras que en Alemania la proporción es de uno por cada 900.

Por último, afirmó que la encarcelación del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, acusado de haber cometido delitos económicos, es "preocupante" porque deja "muy mal a la marca España", pero confió en que sea "ejemplarizante" para otros empresarios que puedan tener la tentación de acudir a prácticas económicas al margen de la ley.