22 de enero de 2012

Multiplicidad policial en Euskadi.

EL pasado domingo, durante su reelección como presidente de la Ejecutiva Nacional del PNV, Iñigo Urkullu desempolvó una histórica reivindicación de los jeltzales al exigir el final de la presencia en Euskadi de todos los "cuerpos ajenos", en alusión a la Guardia Civil y la Policía española. Un día después, el director general del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Ignacio Cosidó, respondía al burukide advirtiéndole de que esta presencia no solo está garantizada mientras exista ETA, sino que permanecerá en caso de que la organización armada anuncie su disolución. El nuevo responsable de la Policía en la CAV, Fernando del Amo, adelantaba, en este sentido, que uno de los retos que asumió al aceptar este cargo es el de mejorar la coordinación entre los 1.300 agentes que el Cuerpo Nacional de Policía tiene desplegados en el País Vasco y la Ertzaintza, compuesta por 8.000 efectivos. Estas declaraciones en una y otra dirección reabrieron un viejo debate que arrastra como novedad la ausencia de la violencia, un condicionante suficiente, entienden los jeltzales, para que la Ertzaintza asuma íntegra y exclusivamente las competencias policiales en la CAV que ahora comparte con Guardia Civil y Policía española. Pero, ¿sería conveniente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español abandonen Euskadi si no existe la amenaza de ETA? Para el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Euskadi, la respuesta es negativa. "Las declaraciones de Urkullu me parecen irresponsables y desagradecidas. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a la actuación de todas las fuerzas de seguridad, incluida la Ertzaintza. Parece que la gente se olvida con demasiada facilidad de todos los compañeros que hemos dejado en el camino", asegura. En la actualidad, el sindicato cifra en 1.300 los agentes que la Policía española tiene destinados en la CAV, comunidad donde este Cuerpo mantiene en exclusividad las competencias de Documentación y Extranjería. Pese a ello, según ejemplifica, el hecho de que la Policía vasca tenga la competencia de seguridad ciudadana no implica que no puedan actuar en otros campos. "Somos policías 24 horas al día. Si vemos un delito que está fuera de nuestra competencia no significa que no podamos actuar. Todas las policías en Euskadi somos compatibles y necesarias", argumenta. Sin embargo, más allá de la conveniencia de retomar este debate, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Euskadi advierte de que la reciente detención de tres presuntos miembros de ETA en Francia evidencia que "esto todavía no ha acabado". Por ello, en el hipotético caso de que se constate el final de la organización armada, considera que la Policía española debería permanecer en Euskadi para dedicarse a las amenazas "que se han dejado de lado" durante los muchos años de violencia como el caso, asegura, del terrorismo islámico. En un posicionamiento antagónico, los partidarios de disminuir el volumen de "fuerzas ajenas" en Euskadi consideran que, si el Gobierno vasco ha reducido el nivel de escoltas hasta el punto de que los viceconsejeros de Patxi López carecen desde hace escasas fechas de estos servicios de protección, la Guardia Civil y la Policía española "sobran". Es el caso del sindicato de la Ertzaintza ESAN, que defiende que la Policía vasca está lo suficientemente capacitada para hacerse cargo de todas las competencias policiales en el País Vasco. "Somos capaces de realizar cualquier tarea. En materia de lucha antiterrorista, tenemos competencias explícitas, además de una unidad expresamente creada para ello que agrupa gente cualificada para realizar esas funciones. Por lo tanto, Guardia Civil y Policía Nacional sobran totalmente en Euskadi", sostiene Eneko Urkijo, secretario general de ESAN. CONDICIONES LABORALES A este respecto, desde el sindicato mayoritario de la Policía vasca, ErNE, consideran que se trata de un debate de marcado perfil "político" por lo que, según entiende Jesús Uribe, miembro de la ejecutiva rectora de la central, son los políticos los que tendrán que regular quién y cómo se hace cargo de las competencias en las diferentes materias policiales en Euskadi. En cualquier caso, entiende Uribe, la situación de los ertzainas no variará por la salida de la Guardia Civil y la Policía española. "Nuestras condiciones de trabajo serán las mismas", remarca en declaraciones a DEIA. En el caso de la Guardia Civil, en la actualidad 2.600 agentes de la Benemérita se encuentran destinados en la CAV en alguna de la veintena de casas cuarteles que hay repartidas en sus tres territorios; ocho en Bizkaia -Abanto, Bilbao, Getxo, Galdakao, Mungia, Gernika, Durango y Barakaldo- seis en Araba -Laudio, Santa Cruz de Campezo, Legutiano, Gasteiz, Laguardia y Labastida- y siete en Gipuzkoa -Donostia, Eibar, Irun, Oñati, Zarautz, Ordizia y Tolosa. Entre las competencias que los 2.600 guardias civiles tienen encomendadas destacan aquellas que tienen como objetivo preservar la soberanía del Estado español, que abarca áreas como la lucha contra el terrorismo, el control de armas y explosivos, la conducción de presos y detenidos fuera de la CAV, y la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas, fronteras y aduanas. Dichas tareas delimitan el campo de acción de la Ertzaintza, que centra sus actuaciones en las competencias de orden público, seguridad ciudadana, tráfico, juegos y espectáculos, junto con el terrorismo. Además de realizar estas tareas en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, la Guardia Civil es el Cuerpo con mayor representación policial en Nafarroa (1.800 agentes), donde suma los mismos efectivos que la Policía Foral y la Policía española juntas, con 1.100 y 700, respectivamente. Del mismo modo, dispone de un margen de maniobra mucho más amplio que en la CAV, ya que sus competencias incluyen materias como medio ambiente o tráfico, dos áreas donde su presencia en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa pasa desapercibida. DUPLICIDADES En plena cruzada parlamentaria sobre las supuestas duplicidades que acometen las distintas instituciones de la CAV, el Gobierno de Patxi López encargó a dos consultoras un informe sobre posibles ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas. Dicho estudio, que tuvo un coste para las arcas públicas de 288.000 euros, constataba que las administraciones gastan 403 millones de euros en servicios que las diputaciones, los ayuntamientos y el propio Ejecutivo vasco ofrecen solapándose unos a otros. Sin embargo, este informe no recogía las posibles duplicidades e ineficiencias que podrían derivarse de los servicios, infraestructuras o instituciones vascas que dependen de la administración estatal, como es el caso de la Policía española o la Guardia Civil. Dos Cuerpos policiales que operan por separado en suelo vasco pese a abordar actuaciones conjuntas y cuyas hipotéticas ineficiencias o duplicidades no han sido analizadas en el estudio encargado por el Gobierno vasco.http://www.deia.com/2012/01/22/politica/euskadi/multiplicidad-policial-en-euskadi

Presos antifranquistas se asocian para pedir justicia en Argentina porque en España es imposible

Antiguos presos de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) han formado una asociación, que dieron a conocer hoy en Madrid, para presentarse como parte de la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes cometidos durante ese período en España. A la presentación de la Asociación La Comuna acudió el abogado argentino Carlos Slepoy, uno de los que promueven las demandas de españoles presentadas en los tribunales de Buenos Aires. Según explicó Chato Galante, antiguo preso franquista, el objetivo de la asociación es recabar información y testimonios durante los próximos tres o cuatro meses y con ellos acudir a Buenos Aires y presentarlos junto con la querella que se ha interpuesto contra los crímenes franquistas. "Iremos a Buenos Aires a pedir justicia porque en este país se nos niega", declaró. Según Galante, La Comuna tiene alrededor de 300 socios y está abierta a todas aquellas personas que quieran apoyarles. Esta es la segunda iniciativa similar que se presenta esta semana en España, después de que varias asociaciones de intelectuales y artistas, así como de recuperación de la Memoria Histórica, anunciasen su personación como acusación en la causa abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría. El pasado 26 de diciembre, esta magistrada solicitó, en el marco de la demanda abierta en Argentina por crímenes cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura franquista, nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Contra la impunidad del franquismo”, reza la pancarta. La colocan tres hombres canosos en el escenario del instituto de secundaria Lope de Vega. Es la puesta de largo de la asociación La Comuna, integrada por opositores encarcelados desde los años sesenta hasta 1977. Agrupa a cerca de 300 personas que pertenecieron a organizaciones de izquierda —Liga Comunista Revolucionaria, ETA VI Asamblea, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y diversos partidos comunistas, incluido algún militante del PCE—. Una mezcla de viejos trotskistas, marxistas-leninistas, maoístas, anarquistas... que colmaba ayer en Madrid un salón de actos escolar para emprender la batalla contra el “punto final” que supuso la Ley de Amnistía de 1977 y el “desamparo” en que les deja la Ley de Memoria Histórica de 2007. Los “represaliados” —como los define desde la tribuna Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP condenado a muerte en 1975— tienen más esperanzas en la justicia argentina que en la española. De ahí que se apresten a reunir papeles para hacérselos llegar a la juez que, amparada en la justicia universal, investiga en Buenos Aires la represión franquista desde 1939 hasta junio de 1977. “Queremos pedir allí la justicia que aquí se nos niega”, explica uno de los impulsores de La Comuna, José María, Chato, Galante, ex dirigente de la LCR. “Hemos estado en la cárcel por luchar contra Franco. Reivindicamos una época que no aparece, porque da la sensación de que la represión acabó a comienzos de los años sesenta y no fue así. Entonces fue cuando empezó el Tribunal de Orden Público”, detalla Galante.. El TOP juzgó a 8.943 personas por delitos políticos. El 78% resultaron condenados a un total de 10.146 años, 18.870 meses y 4.758 días de condena, pero hubo unos 50.000 afectados si se suman los detenidos e investigados, enumera en rápido inventario. Este tribunal juzgó los delitos políticos —incluidas las injurias contra el jefe del Estado, que llegaron a costar 10 años de cárcel— entre 1963 y 1977. Sustituyó a los consejos de guerra militares, limitados desde entonces a casos considerados como terrorismo y pródigos en penas de muerte. Muertes hubo también sin tribunal mediante: 214 a manos del aparato del Estado y de la ultraderecha entre 1962 y 1981, según el recuento de La Comuna —lleva este nombre en recuerdo de las comunas que organizaban los presos políticos para compartir, sobre todo comida y libros, en las cárceles de la dictadura—. “En España ha habido terrorismo institucional y de Estado, no solo de ETA”, concreta ante el auditorio Víctor Díaz Cardiel, del PCE. Un bagaje de lucha y represión que quieren airear frente a las polillas de la historia. “Debe formar parte de la recuperación de la memoria histórica. Somos víctimas que hemos desaparecido porque no se ha querido señalar a los verdugos. Ni siquiera se sabe cuánta gente pasó por la cárcel por oponerse a la dictadura”, plantea Galante. “Tan luchadores contra Franco somos nosotros como lo fueron los del maquis, pero mientras estos son ahora héroes, a otros todavía les llaman terroristas”, tercia en la conversación Josefa Martínez Sereno, obrera presa casi un año en Yeserías por pertenecer al FRAP. Una mujer, abuela ya, que al pedir el pasaporte hace seis años se encontró todavía “con una vieja orden de búsqueda y captura”. Además de una investigación a fondo sobre la represión de la época, los miembros de La Comuna piden la derogación de la Ley de Amnistía, que puso a muchos de ellos en la calle. Acabar con aquella ley “de punto final”: esa sería la puerta para conseguir la anulación de sus juicios —la Ley de Memoria Histórica solo los declara “ilegítimos”— y, de paso, la persecución de los culpables de la represión franquista, plantean en La Comuna. Porque defienden que lo de aquella época fueron crímenes contra la humanidad, que no prescriben, y quieren ver a sus responsables ante la justicia, aunque fuera en Argentina. “Me gustaría ver en el banquillo a Billy el niño [el policía Antonio González Pacheco], pero dudo que lo consiga”, tercia Martínez. “A mí me torturó”, lanza Ángela Gutiérrez Suárez, funcionaria y antes obrera trotskista presa varias veces. Ese verbo abre un silencio, una tenaza que solo aflojará cuando el grupo que conversa con este diario haya menguado: entonces vuelve aquel policía de Vitoria —luego víctima reconocida del terrorismo de ETA— que se llevaba un grifo de su casa para introducir el dedo del detenido en él e ir apretando en busca de una confesión; la barra de la DGS en la que se golpeaba a los detenidos, los monos mojados “estilo Guantánamo”, el “sadismo”... “Las torturas no se pueden pagar. Ni los años de cárcel, pero hay medidas para reparar a un inocente al que se ha metido en prisión. Como mínimo, tendríamos que tener derecho a eso”, apunta Sabin Arana, militante en la primera ETA y luego de la VI Asamblea —trotskista—, preso durante nueve años. Miembro de La Comuna, también forma parte de otra asociación similar en Euskadi, Goldatu (Remover), que abarca hasta la Transición. La derogación de la Ley de Amnistía daría paso al derecho a una reparación pública, defienden en La Comuna. Pocos de sus miembros la han conseguido: eran demasiado jóvenes, según la normativa de reparación aprobada hasta ahora para los expresos políticos. Víctor Díaz Cardiel, de 77 años, sí lo logró: 6.000 euros por sus ocho años de cárcel. “Y el 40% se lo llevó Hacienda”, apostilla con ironía este veterano del PCE. Agencias/El País

La mayor manifestación de protesta online en la historia de la Red .El día que Internet rugió

El miércoles 18 de enero tuvo lugar la mayor manifestación de protesta online en la historia de Internet. Hubo un “apagón” de sitios web, grandes y pequeños, en protesta contra proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos que podrían transformar profundamente a Internet. Los dos proyectos presentados, SOPA en la Cámara de Representantes y PIPA en el Senado, aparentemente pretenden poner fin a la piratería de material con copyright en Internet realizada a través de sitios web alojados fuera de Estados Unidos. Quienes se oponen a los proyectos, entre ellos los fundadores de Google, Wikipedia, the Internet Archive, Tumblr y Twitter, sostienen que limitarían la innovación y la inversión, rasgos típicos de la Internet libre y abierta. El gobierno de Obama ha manifestado algo de oposición a estas leyes, pero como muchos de sus seguidores aprendieron con dolor, lo que el Presidente Obama cuestiona un día, lo convierte en ley al día siguiente. En primer lugar, los conceptos básicos. SOPA , por sus siglas en inglés, es la Ley de Cese a la Piratería en Internet y PIPA , también por sus siglas en inglés, refiere a la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual. Ambos proyectos de ley son muy parecidos. SOPA permitiría a los titulares de derechos de autor entablar una demanda ante la fiscalía general de Estados Unidos contra cualquier sitio web extranjero que según ellos “comete o permite cometer violaciones penales” de las leyes de derechos de autor. Esto apunta sobre todo a la piratería de música y películas. La Ley SOPA permitiría a la industria cinematográfica, a través de los tribunales y del fiscal general de Estados Unidos, entablar un amplia serie de demandas para que proveedores de servicios de Internet y compañías de motores de búsqueda bloqueen el acceso a los sitios de los presuntos infractores, y hasta para que se impida establecer vínculos hacia esos sitios web, lo que los tornaría “inaccesibles”. La ley prohibiría además que las agencias de publicidad por Internet efectúen pagos a sitios web acusados de cometer violaciones de los derechos de autor. La Ley SOPA podría dar lugar, entonces, a la clausura de sitios web abiertos y de uso público como YouTube si tan solo uno de sus millones de usuarios fuera acusado de violar un derecho de autor estadounidense. Como publicó en su blog David Drummond, director del departamento legal de Google: "Teniendo en cuenta solo al año pasado, dimos aviso de incumplimiento de derechos de autor a más de cinco millones de sitios web”. Y agrega: “PIPA y SOPA van a censurar la red, pondrán en riesgo el historial de innovación y creación de fuentes de trabajo de nuestra industria, y no pondrán fin a la piratería.” Corynne McSherry, directora de propiedad intelectual de la Fundación Fronteras Electrónicas ( EFF .org), me dijo: “Estos proyectos de ley proponen otorgar nuevos poderes al gobierno y a los actores privados para que creen listas negras de sitios web que presuntamente estarían vinculados a algún tipo de violación online, para obligar así a los proveedores de servicios de Internet a impedir el acceso a esos sitios. Es por eso que los llamamos 'los proyectos de ley de la censura'”. Según McSherry, estos proyectos son creación de la industria del entretenimiento y de “producción de contenidos”: “En especial, la Ley SOPA fue negociada sin consulta alguna al sector tecnológico, que fue específicamente excluido”. La exclusión del sector tecnológico generó alarma no sólo entre los ejecutivos de Silicon Valley, sino también entre los conservadores como el Congresista republicano de Utah Jason Chaffetz, uno de los preferidos del movimiento de derecha tea party. Chaffetz dijo en diciembre durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes: “Básicamente, vamos a reconfigurar Internet y cómo va a funcionar en adelante sin consultarles a los nerds.” Uno de los promotores de la Ley PIPA , Patrick Leahy, el senador demócrata y progresista de Vermont, dijo en un comunicado de prensa: “Mucho de lo que se ha dicho [sobre PIPA ] es simplemente erróneo y parece que pretende sembrar temor y preocupación en vez de esclarecer o alentar soluciones viables.” Lamentablemente, el enojo de Leahy suena asombrosamente parecido al de su ex colega del Senado, Christopher Dodd, que tras su retiro se convirtió en el presidente y director general del poderoso grupo de presión Motion Picture Association of America (según dicen, con un salario de 1,2 millones de dólares al año) y es uno de los principales impulsores de las leyes SOPA y PIPA , si no es en realidad uno de sus creadores. En referencia a la amplia protesta de base diseminada por Internet, Dodd dijo: “Es peligroso y problemático cuando las plataformas que sirven de portales a la información tergiversan intencionalmente los hechos con el objetivo de incitar a sus usuarios para, en realidad, favorcer sus intereses corporativos". McSherry, de la Fundación Fronteras Electrónicas, afirmó: “Nadie le preguntó a Internet y bueno... Internet está hablando ahora. Vemos todo tipo de oposición a lo largo y ancho de la red. La gente se está poniendo de pie y diciendo: ‘No toquen la infraestructura básica de Internet. No lo vamos a tolerar.’” Al mismo tiempo que se desarrollaba la protesta del apagón de Internet el 18 de enero, y a pesar de la presión ejercida por Dodd, los legisladores comenzaron a retirar su apoyo a estos proyectos de ley. Internet rugió y los políticos escucharon, algo que nos remite al levantamiento popular de 2003 contra la concentración de la propiedad de los medios propuesta por el entonces presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Michael Powell, hijo del General Colin Powell. La información es el sustento de la democracia y el pueblo no va a quedarse sentado mirando cómo intereses adinerados le impiden acceder a ella. En el noticiero internacional de Democracy Now presentamos un debate sobre el tema. Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, explicó: “Estos proyectos están muy mal redactados. Está muy bien hablar de la necesidad de hallar algún tipo de solución a las conductas delictivas en Internet. Pero no está bien establecer un régimen de censura en respuesta a ello. No está bien implantar procedimientos que harían que las compañías financieras de tarjetas de crédito bloquearan emprendimientos legítimos ante una simple queja. Es necesario volver a la redacción y repensar todo el tema de manera de que la libertad de expresión se ubique al frente y como tema central.” Cuando los usuarios de Internet visitaban el sexto sitio web más popular del mundo durante el apagón, Wikipedia.org, en la sección en inglés hallaban este mensaje: "Imagínense un mundo sin libertad de conocimiento. Durante más de diez años hemos dedicado millones de horas a la construcción de la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad. En este momento, el Congreso de Estados Unidos se encuentra debatiendo proyectos de ley que podrían perjudicar profundamente a la Internet libre y abierta." En un mundo con revoluciones recientes impulsadas desde Internet, parece que los políticos estadounidenses están comprendiendo el mensaje. Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. © 2011 Amy Goodman Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Fuente: http://www.democracynow.org/es/blog/2012/1/20/el_da_que_internet_rugi Rebelión