26 de febrero de 2012

Apple y el comercio con China

Revelaciones recientes en los medios de información sobre abusos de los proveedores de Apple han reavivado el debate público sobre China y los costes humanos de la globalización. Entretanto, el Presidente Obama, preocupado por el empleo en un año electoral, ha pedido que China juegue limpio en el comercio internacional y mejore su comportamiento en derechos humanos. China ha sido un vehículo para la creación de una globalización basada en bajos salarios y bajas normas de trabajo que ha costado muchos puestos de trabajo a Estados Unidos. En años recientes, sin embargo, China se ha esforzado en dar al “made in China” un nuevo significado y rechazar la imagen negativa del país como centro de un capitalismo abusivo propio del siglo XIX en la era de la globalización. China está abandonando gradualmente sus anteriores prácticas laborales a medida que se dirige hacia la creación de un mercado nacional y de una sociedad de clase media. Dado el tamaño de la fuerza de trabajo china y la importancia del país en la economía mundial, cualquier mejora de las relaciones laborales tendrá un efecto substancial sobre los salarios y las normas laborales del resto del mundo. China y la economía mundial se encuentran en una encrucijada histórica. El gobierno chino ha venido apoyando de forma sostenida la mejora de salarios y normas laborales. En la ciudad de Shenzhen, sede de Foxconn, el principal proveedor local de Apple, el salario mínimo establecido por el gobierno se multiplicó por más de tres desde 70$ mensuales en 2005 hasta 240$ en 2012. Los aumentos de salarios han sobrepasado la tasa de inflación y han continuado haciéndolo incluso después de la crisis del 2008. Beijing también ha hecho esfuerzos concretos para mejorar las prácticas laborales en el lugar de trabajo. En abril del 2006, el gobierno sacó a debate público el primer proyecto de Ley de contrato de trabajo. El proyecto de ley fue un paso importante para la protección de los derechos de los trabajadores y para establecer reglas básicas de juego limpio, tal como deseaba el Presidente Obama. El proyecto de ley restringía el uso del trabajo temporal, limitaba la potestad de los empresarios para despedir arbitrariamente a sus trabajadores y concedía a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva respecto a salarios y beneficios. Obligaba a todos los empresarios a dar a sus trabajadores un contrato de trabajo. La Cámara de Comercio americana en Shanghai (AmCham) y el Consejo de Negocios U.S.-China presionaron contra el proyecto en beneficio de muchas grandes corporaciones norteamericanas a las que representaban. Criticaban el proyecto porque reducía la flexibilidad del mercado de trabajo y aumentaba los costes de producción. En un comunicado público, el Consejo de Negocios U.S.-China se oponía al proyecto de ley por reducir las oportunidades de empleo de los trabajadores chinos y por tener efectos negativos para la competitividad de la China y su atractivo como destino de la inversión extranjera. En las décadas de los 80 y 90 las multinacionales norteamericanas utilizaron la amenaza de relocalización hacia China como un recurso en la negociación sobre salarios y beneficios con sus trabajadores de Estados Unidos. Años más tarde utilizaron la amenaza de India, Vietnam y otros contra los trabajadores chinos. La amenaza fue efectiva en parte. Después de meses de presiones y de negociaciones una versión más débil del proyecto se convirtió en ley en Abril del 2007. China ha recorrido un gran trecho desde las tremendamente abusivas prácticas laborales del pasado. El camino hacia una transformación más profunda de las relaciones laborales y la aplicación de los derechos laborales al uso en las democracias occidentales será difícil y tortuoso. Sin embargo, el viaje ya ha comenzado. Es imperativo que las multinacionales norteamericanas no debiliten esta tendencia. El Presidente Obama y la legislación norteamericana pueden jugar un papel constructivo. La política económica de Estados Unidos respecto a China está en gran parte configurada a través del prisma del comercio internacional. Sin embargo, el comercio de los Estados Unidos con la China ha experimentado cambios estructurales profundos en los últimos años. Una parte creciente del aumento de las importaciones y la consiguiente pérdida de trabajos norteamericanos son debidas actualmente a la inversión y producción global de las grandes firmas norteamericanas. Para escapar a la normativa laboral progresista nacional, las corporaciones norteamericanas han ido estableciendo complejas cadenas de suministro globales con diferentes grados de abusos respecto a los derechos laborales. La política comercial convencional es inadecuada para el tratamiento de las pérdidas de trabajo y el comercio generados por la globalización. Al permitir importaciones con prácticas laborales por debajo de la norma, el libre comercio penaliza a quienes cumplen las normas y premia a los otros. Sin embargo, la política proteccionista tradicional penaliza tanto a los violadores como a los no violadores de los derechos laborales. El Presidente Obama puede salvar trabajos norteamericanos y ayudar a la creación de una globalización más justa apoyando la política comercial que se centra en las prácticas del lugar de trabajo de las grandes firmas norteamericanas y de sus proveedores en China y en otras partes. La nueva política será específica para el empleador ya que se centrará en cómo se producen las importaciones. Se impondrán tasas de importación sobre las marcas que violen, en algún punto de la cadena de suministros, las leyes laborales nacionales existentes o los estándares mínimos establecidos por un comité de la OIT. Los Estados Unidos presentarán la nueva política para ser debatida y promulgada por la OIT. Se trata de una política en la que todos ganan, que ayudará a la China a avanzar hacia normas de una mayor aceptación internacional, a reducir la capacidad de las grandes corporaciones para mercadear a través del mundo bajos salarios y normas laborales y a salvar empleos norteamericanos que se perderían a causa de prácticas laborales inaceptables en otras partes del mundo. Behzad Yaghmaian es profesor de economía política en el Ramapo College de New Jersey, y es el autor de Embracing the Infidel: Stories of Muslim Migrants on the Journey West (Aceptar al infiel: historias de inmigrantes musulmanes viajando al Oeste) y el próximo The Accidental Capitalist: A People’s Story of the New China (El capitalista accidental: una historia popular de la nueva China) (Marzo 2012). Traducción para www.sinpermiso.info: Anna Maria Garriga

Esto no es una utopía: lo nuevo, lo viejo y el futuro en Cuba

Entre los temas de fondo recurrentes en el debate político actual en Cuba se encuentran la diversidad existente en la nación, la amplitud del registro de demandas sociales, la democratización de las prácticas partidistas y estatales, la urgencia de mecanismos de gobierno más eficaces, responsables y transparentes, la necesidad de regularizar la protección de derechos ciudadanos, y, en resumen, la demanda de «actualización» del modelo político.[1] A pesar de que estos temas no se reflejan en los medios, y tienen escasa presencia en los discursos institucionales, es imposible soslayar el movimiento reformista de la política y el alcance real de los cambios experimentados. Lo nuevo La imaginación que impulsa los cambios políticos en curso propone innovaciones notables. El Estado ha renunciado a una parte importante de su monopolio sobre la economía, el empleo y el control de los ingresos personales. Con esto, se han multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que de facto limita el monopolio estatal sobre la actuación política. Un mayor número de personas se independiza del Estado, y queda sometido a la única disciplina de pagar impuestos, una cultura nueva en Cuba. Se introducen otros mecanismos de mercado, formas privadas de organización económica y se potencia un proceder basado en la «eficiencia económica». El nuevo modelo se define más bien por lo que impedirá: «el plan prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la concentración de la propiedad». En este movimiento, se combinan acciones del gobierno, exigencias y críticas de la sociedad. La «economía» se ha convertido en el campo preferente de experimentación de las nuevas políticas. Se han entregado en usufructo casi 1,4 millones de hectáreas a 150 mil agricultores, y se pide ampliar los límites originales del arrendamiento. Se han eliminado instancias estatales en la distribución de productos del agro, anunciando el fin del sistema centralizado de ventas. Se incentiva la producción de alimentos a escala local y se ha demandado potenciar la venta de equipamientos agrícolas e industriales a particulares, con rebajas de precios. Se estimula el «cuentapropismo» —sector privado—, se reducen los impuestos sobre actividades económicas y sobre el costo de las licencias, en determinadas condiciones, para alquilar medios de transporte o renta de habitaciones y casas. Se ha admitido por vez primera la contratación de mano de obra asalariada por parte de propietarios privados de negocios, y se atenúan, o eliminan, los impuestos a pagar según la cantidad de contratados. Los restaurantes privados, que en los 1990 tenían autorizadas solo 12 sillas, ahora pueden situar 50. Se arrendarán locales estatales a privados o a cooperativas; se ha comenzado a otorgar créditos a los nuevos pequeños empresarios, se autorizó la compra y venta de casas y automóviles usados y la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para reparar sus viviendas. Si hace 20 años 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales, el gobierno se ha propuesto que 40% de la fuerza laboral pase al sector no estatal hacia 2015. Se demanda un incremento de las formas cooperativas de producción, su extensión del campo hacia la ciudad, y se espera la posibilidad de aumentar el tipo de su oferta de bienes —hacia sectores de servicios e industria ligera. Ha sido aprobada ya la constitución de cooperativas de segundo grado (creadas por cooperativas ya existentes, pero con fines y personalidad distintos a los de estas). El sistema empresarial estatal debe alcanzar mayor autoridad para dirigir sus propias actividades económicas y tener control sobre parte de sus ganancias y decisiones salariales —renunciando a los rasgos del modelo económico soviético aún vigentes— hasta estructurar una dinámica regulada entre planificación estatal y mercado; y se reclaman certezas que establezcan «hasta dónde» el plan y «hasta dónde» el mercado, fijándole «funciones sociales al crecimiento». Se elevó a 99 años el tiempo en que los inversores extranjeros podrán utilizar tierras estatales para negocios inmobiliarios, lo que permitiría concretar proyectos de construcción de campos de golf y viviendas para extranjeros. El hecho ha desatado críticas tanto en lo político como en lo ecológico sobre sus consecuencias sociales y su sostenibilidad. Hace unos años se calculó en 20% la pobreza urbana, aunque en zonas rurales es mayor. En las últimas dos décadas, ha aumentado la desigualdad social y la polarización del ingreso, lo que se expresa de modo diferenciado entre grupos sociales por color de la piel, género y lugar de nacimiento. El Estado ha declarado que «garantiza el apoyo a los ciudadanos más necesitados, a pesar de las restricciones económicas existentes», pero al mismo tiempo se está liberando de obligaciones hacia productos de primera necesidad que antes subsidiaba—de hecho, ha anunciado la desaparición de la «libreta de abastecimientos» y la introducción de subsidios personalizados. En este contexto, la cuestión central de la igualdad aparece aludida solo mediante la crítica al «igualitarismo», según la cual la igualdad es criticada como si fuese sinónimo de uniformidad. En el campo estrictamente político, también hay novedades, que se expresan en una mezcla de anuncios, prácticas y exigencias sociales. Las estrategias seguidas implican redistribución de poder desde la cúpula estatal hacia la sociedad, buscan generar prácticas de desconcentración y descentralización, transparencia y responsabilidad estatal, y se prometen garantías al pluralismo. En el marco del VI Congreso del PCC, Raúl Castro se pronunció por la limitación del mandato hasta diez años a los máximos dirigentes, defendió la posibilidad de acceder a cargos estatales sin ser militante y reconoció la expresión de opiniones diferentes en tanto «derecho». Asimismo, criticó la aprobación de decisiones a través de la «falsa unanimidad», ratificó la importancia de distinguir entre Estado y Partido, y entre Gobierno y sistema empresarial, y destacó el papel que debe desempeñar la prensa y la consulta ciudadana. En las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque (antigua La Habana) se desarrolla un proceso experimental orientado a la desconcentración del poder estatal, a partir de separar, por vez primera en la historia institucional pos1959, el Estado del Gobierno y favorecer la descentralización local. Los gobiernos provinciales y municipales tendrán control sobre empresas públicas de sus territorios, hasta ahora sometidas a una subordinación centralizada. Los procesos de toma de decisiones se han institucionalizado. Se amplía el número de personas y organizaciones asistentes a reuniones del Consejo de Ministros, cuyas fechas son informadas y sus resultados publicados en síntesis. Se refuerza el carácter institucional del presupuesto asignado a cada acción prevista, como mecanismo de protección sobre decisiones tomadas asociadamente y de control sobre los decisores. La sociedad demanda una reforma migratoria que elimine, entre otras trabas, los permisos de entrada y salida al país, y proteja derechos de los migrantes. El gobierno anuncia que trabaja en ella, sin ofrecer un plazo o adelantar su alcance. Existe, por otra parte, un empeño explícito en la lucha contra discriminaciones antes no reconocidas, o incluso cometidas por el propio poder, como la homofobia. Raúl Castro califica a la corrupción como el principal enemigo del proceso revolucionario y da cuenta de críticas que señalan a la constitución de grupos que desde posiciones estatales acumulan riqueza y apuntalan posiciones hacia el futuro. Su enfrentamiento ha alcanzado a altos cargos, y a un importante número de empresas, aunque el nivel de información sobre estos procesos se mantiene muy limitado. El discurso oficial presenta un tono crítico inédito, en tanto personaliza los culpables de errores en funciones de gobierno y es también autocrítico cuando reconoce, por ejemplo, que los acuerdos de anteriores congresos del PCC se han incumplido inveteradamente, lo que equivale a reconocer que la institucionalidad existente no ha sido el canal determinante para la toma y ejecución de decisiones. El diálogo entre las iglesias y el Estado ha alcanzado niveles sin precedentes. La iglesia católica ha alcanzado el rol de interlocutor del gobierno en lo referente a indultos de presos por causas con un origen político y por delitos comunes. Se han construido nuevas instituciones religiosas, y se han multiplicado sus actividades de difusión y educación. En este contexto, se anuncia la visita del Papa. Se ha elevado la visibilidad y el reconocimiento oficial a las iglesias ecuménicas, así como a la judía. En el último quinquenio se ha estructurado otra «esfera pública» a través del intercambio de correos electrónicos que facilita el intercambio de información y el ejercicio crítico, y han aparecido sitios webs, blogs, revistas, en tanto actores de opinión. Los periódicos, aunque no recogen la mayor parte de este debate, han incorporado líneas críticas estables dentro de su perfil editorial, dando cabida a reportajes críticos y a las cartas de lectores. Se ha criticado el llamado «secretismo», obstáculo para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Ha surgido un pensamiento crítico —de izquierdas— del modelo vigente y de algunas de las nuevas políticas, opuesto a la disidencia, que discute problemas de representatividad respecto a la expresión de la propia diversidad revolucionaria. Por otra parte, ha aparecido una nueva oposición que se considera a sí misma como democrática liberal, con visibilidad internacional y apoyo de gobiernos y otras fuentes extranjeras que se oponen al proceso político cubano. En fin, Cuba se mueve. La ruta y el destino del movimiento es lo que su sociedad tiene en discusión. Resulta obvio que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una renovación. Pero este consenso se mira con mucha dificultad en el espejo de las políticas y de los documentos que las formulan. Los límites y contradicciones de los cambios influyen en su propia posibilidad, y limitan con ello la esperanza que pueden amparar. El proceso de transformaciones comenzó en 2008 con la demanda de «cambios estructurales», pero está resultando una reorganización económica y un análisis del trabajo del Partido. Así, se mantiene una lealtad discursiva a los valores que fundaron el tipo de socialismo construido por décadas en Cuba, pero no un rechazo explícito a algunas de sus prácticas, perjudiciales para la ampliación de la construcción democrática. Ello pone de manifiesto lo incompleto del programa de cambios, y la dificultad para relaborar un tipo de política que tenga como interlocutora a toda la sociedad, capaz de proponer un nuevo horizonte nacional y de definir con claridad el nuevo modelo que se busca construir. Lo viejo A pesar de todo lo anterior, las nuevas políticas no han dejado atrás viejas lógicas y prácticas obsoletas sobre el socialismo, que hoy limitan el proceso de cambios. Es imposible resolver problemas sin cambiar la mentalidad que los creó, como lo es también resolver un problema con medios que no intervienen, transformándola, la estructura del propio problema, o que resultan limitados frente a la escala del dilema que buscan resolver. Asimismo, es insostenible andar el mismo sendero, si lo más «ecológico» resulta caminar en otra dirección. Cuando el documento de la Conferencia Nacional del PCC afirma que es necesario «transformar, con un carácter más flexible y nuevos métodos, la atención» a las organizaciones estudiantiles y «reforzar la atención» a las organizaciones de masas, se repite una fórmula empleada desde hace décadas, no se plantean soluciones distintas. En vez de «perfeccionar» este modelo de relación, se trataría de conceder completa autonomía a dichas organizaciones, constitucionalizarlas en su interior con la obligación de un funcionamiento democrático y procesar políticamente el liderazgo del Partido hacia ellas, creando una combinación de actores efectivos de poder y abriendo canales de representación múltiple de lo social. El mismo documento llama a «fortalecer la unidad nacional en torno al Partido y la Revolución (…), sobre la base de que Patria, Revolución y Socialismo están fusionados indisolublemente» y se critica la «falsa unanimidad». La convocatoria al IV Congreso del PCC, celebrado en 1991, refutaba también la unanimidad. Sin embargo, se sigue reivindicando una doctrina de Estado que determina la existencia de una voluntad política única —la estatal— sobre las voluntades políticas presentes en la sociedad. Por ello, la unidad deviene unanimidad, pues expresa no una voluntad política unificada sino única: una soberanía popular concebida de modo unitario. Por otra parte, se establece una continuidad entre el uso actual del concepto y el contenido que la unidad poseía en 1959. Sin embargo, su plataforma partía entonces de organizaciones con carácter independiente, con una identidad caracterizada en su membresía y medios de comunicación propios. Hoy la convocatoria a la unidad no parte del reconocimiento previo de diferencias sustantivas de origen —en tanto organización político institucional de la diversidad de opiniones—, y termina conduciendo implícitamente al unanimismo, pues reclama la unión no desde la diferencia, sino desde la uniformidad. Sería preferible afirmar el valor de la diversidad para desde ella construir articulaciones unitarias. Simultáneamente, sería revolucionario recuperar el nacionalismo democrático elaborado en Cuba por José Martí, que, sin marcar ideológicamente a la nación, procesa al unísono la inclusión social del pueblo y la igualdad política de la ciudadanía. La formulación de un nuevo proyecto de país supone aprender a procesar los desacuerdos, sin penalizar diferencias expresadas en virtud de un derecho fundamental, y considerar republicanamente el patriotismo: una pasión política que encuentra la patria allí donde se respetan todos nuestros derechos y nos exige lealtad al orden que lo hace posible. Otro antiguo problema recurrente es que se anuncian fines extraordinarios y se propone un conjunto de medios ordinarios para alcanzarlos. Se conmina a la burocracia —calificada de enemiga pública del proceso de cambios— a deponer su poder y rendirse como actor político. Se le define simplemente como exceso de funcionariado, en lugar de encontrar el origen del poder burocrático en la carencia de control social, la cultura limitada de práctica de derechos y la desigualdad sostenida del consumo. Por ello, sería revolucionario «entrar a saco» al repertorio de principios que podrían impedir la reproducción de la burocracia como clase política: rotación frecuente de los ocupantes de cargos, límites temporales de mandato para todo el funcionariado, electividad de los cargos estatales que cumplen funciones públicas, incompatibilidad de funciones, autonomía de poderes públicos, canales de reclamación ante decisiones tomadas por funcionarios, combate contra los privilegios, apertura de la vía judicial para reclamaciones ante el mal desempeño de la gestión o lesión de derechos y, sobre todo, aquellos que atañen al control «externo» de la burocracia: estimular la autoorganización social para experimentar formas liberadas de organización de la vida personal, grupal y social, así como potenciar formas de poder negativo en manos de la ciudadanía que le permitan disputar con éxito decisiones estatales. Se llama a «cambiar métodos y estilos de trabajo» —una demanda surgida hace varias décadas—, pero no se ventila política ni teóricamente la crítica del legado de los partidos «de vanguardia» en el siglo xx. Su desempeño produjo la expropiación por el liderazgo de la vida política en las bases partidistas, la burocratización extrema de su funcionamiento interno, la interacción impositiva con la sociedad, el extrañamiento «de las masas», la ideologización sectaria y excluyente del poder y la dificultad esencial para manejar la diversidad social. El PCC no está sujeto a un deber constitucional de funcionamiento democrático ante toda la sociedad. Frente al incumplimiento de los deberes específicos del Partido, solo sus militantes pueden reclamar derechos. Esta diferencia entre derechos de los militantes y derechos de los ciudadanos respecto a la actuación de «la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado» mantiene una tensión conceptual y política, no resuelta desde 1976, en lo que atañe a la participación política de la ciudadanía en igualdad de condiciones ante la ley. Resolver esta contradicción supone replantearse revolucionariamente las funciones del Partido y el Estado y sus identidades: el Partido debería cumplir una función «político moral» —según la definía Gramsci—, que se legitime en la interacción política igualitaria entre actores empoderados y abra canales eficaces de control sobre su propio desempeño a favor de la ciudadanía; y el Estado debe seguir un criterio institucional de la política —ser un ente público no restrictivamente ideologizado. Se combate la corrupción y es perseguida a través de controles, inspecciones y normativas, pero también sería revolucionario otorgar el control sobre el proceso productivo a los trabajadores, para que sean estos quienes lo produzcan democráticamente en sus propias empresas, a través de un proceso de descentralización que empodere primero a los trabajadores y luego a los administradores y jefes. Einstein aseguraba que era más fácil romper un átomo que un prejuicio. El prejuicio surge de —y justifica un— complejo material de intereses y una específica distribución de poder en la sociedad. Acabar con los prejuicios y los viejos hábitos necesita romper esa estructura nuclear, y encarar una redistribución del poder dentro de la sociedad cubana que privilegie las acciones encaminadas a —es el único privilegio que puede permitirse la democracia— sostener la política como un espacio abierto para la intervención del conjunto de la ciudadanía sobre las normas que rigen su destino. El futuro El proceso de debate sobre los Lineamientos del VI Congreso del PCC contribuyó a discutir más allá de los medios y de la planificación técnica de las reformas, y motivó el examen sobre la naturaleza de un nuevo modelo socialista. Ese debate apenas se inició, y está lejos de haber producido un consenso sobre el socialismo que se busca, en un mundo donde, por solo mencionar algunos, los casos de China, Venezuela o Corea del Norte recuerdan que no existe una representación única de este concepto. Es necesario continuar esos debates, más allá de una discusión acotada sobre medios, que permitan ampliar intensivamente los contenidos del «pacto social», mediante un ejercicio genuinamente democrático. La política democrática es la construcción colectiva de sentidos y de medios para vivir de acuerdo con ellos. El sentido del «socialismo» debe ser procesado en confrontación con los imaginarios existentes en la Isla, con la historia social vivida por ella y debe ser el primer tema de una discusión abierta a la disputa de alternativas. La imaginación sobre la revolución en Cuba necesita, ciertamente, de una nueva experiencia civilizatoria de la sociedad en relación consigo misma, que se entienda como democratización de todos los órdenes de la vida social. El curso político actual critica las «desviaciones y errores» cometidos por tradición, pero un sistema que debate solo sobre medios está siempre debatiendo a posteriori. No alienta una esfera pública que posibilite discutir los fines del sistema, para fortificar la vida política de la ciudadanía y la autonomía en la elección de sus fines. Sin embargo, la construcción de un espacio democrático supone, precisamente, albergar la lucha social por el sentido de lo político. El lenguaje popular cubano repite con mucha frecuencia estas frases: «no es fácil» y «vamos a ver». Ambas expresan un sentido inscrito en la cultura política nacional: todo lo fácil se convierte en difícil, lo difícil en imposible y se cree únicamente cuando se ve. «No es fácil» asumir con éxito desafíos de la magnitud de los que se debaten en Cuba: defender la diferencia, promover la diversidad y combatir la desigualdad y la discriminación; trasformar el sistema estatal —el último Congreso del PCC que se pronunció sobre esto ocurrió en 1991— para hacerlo más representativo, garante de formas eficaces de participación ciudadana y de toma pública de decisiones; democratizar la propiedad y su gestión; potenciar la economía política popular sobre la economía del capital; establecer una planificación democrática para la economía; separar rigurosamente el Partido del Estado y fortalecer ambos para sus funciones respectivas; delimitar las atribuciones entre órganos elegidos y no elegidos; restituir el peso de las instituciones y de las organizaciones sociales en la vida pública nacional; promover el desarrollo institucional del gobierno; postular una política firme de desarrollo de la infraestructura de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y del acceso masivo a ellas; afrontar el relevo político generacional; estipular una reforma migratoria que defienda los derechos ciudadanos y proteja la seguridad nacional; propiciar que el sector estatal y el no estatal sean responsables social y ambientalmente; organizar formas materiales desmercantilizadas de organización de la cultura y el esparcimiento; descentralizar el poder político de modo que sea posible hacer política nacional desde lo local; recomponer el tejido nacional a través de una nueva relación con la emigración cubana; establecer relaciones soberanas e independientes y al mismo tiempo negociadas con el gobierno de los Estados Unidos; superar el bloqueo norteamericano y evitar la sujeción del país a la cultura mercantil si este fuese levantado; entre muchos otros. «Vamos a ver» si puede radicalizarse democráticamente el socialismo. Pero el nacional escepticismo que contiene la frase puede ser derrotado solo con garantías: «ver para creer». Hasta el momento, no ha habido marcha atrás en las decisiones aprobadas por el VI Congreso y se están tomando a través de un cauce institucional, que impide su retroceso por decisiones unilaterales. Es necesario que la Conferencia Nacional abra un camino más allá de su documento base, hacia todo lo que necesita el país en este momento. Con todo, la democracia es siempre una pedagogía: se «ve» lo que a diario se actúa, se educa y se vive. Una política democrática construye las garantías y auspicia con ellas su esperanza: inscribe su fuerza y construye sus derechos desde abajo, escribe en la ley el contenido de su poder y sus derechos, desarrolla su Constitución según los cambios en las condiciones del proyecto, la reforma democráticamente, se obliga a cumplirla y establece consensos sobre sus retos. Quizás se encuentre aquí un camino para llegar a un nuevo lugar. Esto no es una utopía, es un ideal: ser para creer. Nota: [1]: Este texto se escribió originalmente para la revista Socialism and Democracy, de los EEUU. Esta versión en español ha aparecido en la revista cubana Temas. Julio César Guanche es un jurista y filósofo político cubano, miembro del consejo editorial de SinPermiso, muy representativo de una nueva y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios de una visión republicano-democrática del socialismo.

Los toreros del fascismo español

El 16 de Agosto de 1936 desembarca el Teniente-coronel Alberto Bayo con 6000 milicianos en la Isla de Mallorca y conquista el pueblo de Puerto Cristo con tropas republicanas, días posteriores cercan Manacor y se sitúan a dos kilómetros. En la ayuda de esta población tomada por los golpistas no solo va la Falange y un cuerpo expedicionario de fascistas italianos mandados por el siniestro Conde Rossi, allí estaban los toreros Juan Belmonte y José Ignacio Sánchez Mejías (Era hijo de Ignacio Sánchez Mejías) dando capote y espada en el ruedo de la plaza de Palma de Mallorca el 12 de Septiembre en apoyo de la causa facciosa Mallorquina. El 3 de Enero de 1937 al son del himno nacional de la Italia Fascista se celebra un festival taurino a Beneficio de Falange Española de San Lucar de Barrameda, donde Sánchez Mejía y Juan Belmonte también intervienen. El 25 de Mayo el primero torea en Córdoba a favor de las tropas del frente sur. El 16 de Julio de 1938 Sánchez Mejía procede también en la isla de San Fernando en honor del ejército franquista y el 30 de Noviembre torea para los mandos de su regimiento de artillería. En Cervera del Río Alhama en la Rioja, el 25 de Julio de 1936, sin que existiera resistencia al golpe de estado, los golpistas obligaron al Ayuntamiento a celebrar las fiestas del pueblo y dos corridas de toros, posteriormente a ellas fueron fusilados varias decenas de simpatizantes y militantes del Frente Popular por irregulares Carlistas, a pesar de la oposición del párroco local. Tras la batalla de Brihuega (1937) , el Ejército Popular de la Republica capturo diverso material de guerra a los franquistas entre las armas usadas había banderillas, según cuentan el diputado del PSOE José Andrés y Manso fue toreado por señoritos en Salamanca días después de ser arrestado el 19 de Julio en Salamanca, mas tarde seria fusilado. En Febrero de 1938 se publican las memorias del torero Marcial Lalanda, que aparte de declararse Falangista y afilarse a ella, arremete contra el Frente Popular al que culpa de su abandono progresivo del arte de matar toros. El 17 de Julio de 1938 se lidian varios toros del ejército franquista de Aragón en Zaragoza y el 19 de Agosto de 1938, se dio una corrida de toro particular para soldados y oficialesNazis Alemanes en Algeciras. Con el segundo aniversario de la ocupación franquista de Málaga, Queipo de Llano presidio una corrida de toros el 8 de Febrero de 1939 En la zona sublevada eran común las corridas de toros, en la del Frente Popular, tuvieron su auge en Madrid y Barcelona entre Agosto y Octubre de 1936 y fueron desapareciendo. En julio de 1937 por voz del Teniente Coronel Ortega, la republica proyecta prohibir todo espectáculo que tenga como base las apuestas y limita las corridas de toros a las becerradas que tengan como único fin finalidades benéficas, en una campaña de moralización de la retaguardia. De las figuras del torero, el más pro fascista era Manolo Bienvenida, uno de los primeros en aparecer en el ruedo con el saludo romano y en la corrida del 27 de Mayo de 1937 en beneficio del auxilio social en Salamanca donde mato un toro, hizo ostentación José Antoniana. Otro era Domingo Ortega, que al casarse con Carmen Ruiz y Pla se transforma en Marques de Amboage y un grande de España y deja atrás su condición de obrero, pero su titulo no le valió para eludir el servicio militar y tuvo que incorporarse a filas del ejército Franquista en Noviembre de 1938. Ortega y Lalanda solicitaron durante la guerra ir a torear a México, pero el gobierno antifascista de ese país no les dio permiso para ello. El primero se fugo a zona facciosa al pasar a Francia y aprovecho para irse a ella e incorporarse a las filas nacionalistas. El famoso “Manolete” sirvió en la artillería franquista con la que bombardeo zonas de Córdoba y Extremadura. A Juan Belmonte que se posiciono después de alguna duda con los golpistas, se instalo en Sevilla y en Febrero de 1937 el mismísimo Queipo de Llano le multo con cincuenta mil pesetas porque se le encontró en su finca con un libro de poesías de Luis de Tapia, republicano convencido además de humorista y periodista, no sabemos si al felón de Queipo le irrito mas el escritor del libro o que alguien leyera versos. Estos diestros empezaron a hacer fiesta nacional en Burgos todos juntos a primeros de Noviembre de 1936, que exceptuando Marcial Lalanda resentido en la pierna por su paso por el frente de Talavera, organizaron una corrida, con la presencia de Manuel Bienvenida, Domingo Ortega y Luis Fuentes Bejerano y como no del Falangista Pepe Amorós luchador con los golpistas en el Alto del León, lo más granado del toreo español ya jubilado se situó en la tribuna apoyando , Ricardo Torres “Bombita”, Rafael Guerra “Guerrita” y Rafael González “Machaquito”, las pesetas recaudadas se destinaron a comprar ropa de abrigo para el ejercito fascista. Quizás el piloto de la aviación republicana que bombardeo la Plaza de toros de esa ciudad el 9 de Mayo de 1937 se acordó de los astados que murieron ese día y de que mientras cundían los aplausos al estoque, en el penal de la localidad morían como esos animales los presos “Rojos”. El 7 de Febrero de ese año FE-JONS organiza una corrida para recoger fondos económicos para el frente de guerra en Sevilla en el cartel están los Lalanda, Belmonte, Sánchez Mejía y Ortega. Uno de los episodios antifascistas anti-taurinos lo dieron los obreros de la ciudad francesa de Béziers que el 10 de Mayo de 1937 que se concentraron primeramente en la corrida que estaba puesta en liza con toros comprados en territorio faccioso español, intentando boicotearla desde dentro de la plaza y posteriormente marcharon en manifestación por las calles de ese pueblo cantando la internacional. Se cuenta que el 14 de Agosto al celebrarse ese día un año de la conquista sangrienta de Badajoz por los paramilitares y Legionarios del Coronel Yagüe, en la plaza de toros del municipio, que fue campo de concentración tras la ocupación, se fusilo a 17 miembros del Frente Popular restos de los apresados en la toma de la localidad. El Jueves 5 de Abril de 1939 los toros regresan a Barcelona, hay están Marcial Lalanda, Juanito Belmonte y Manolete a volver hacer negocio. Recordemos el talante ideológico de las figuras del toreo español, ya en Noviembre de 1905 el matador Luis Mazzantini se enfrento a Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero en las urnas para elecciones a concejal del Ayuntamiento de Madrid, por el distrito de Chamberí y este devoto monárquico llego a Gobernador civil de Guadalajara. Eduardo Andradas Poeta e Investigador histórico de la Guerra Civil española en la Comarca Norte de Madrid Kaosenlared

Las fotos más incómodas de la inauguración de la sede de Banca Cívica en Washington, con Urdangarín de invitado.

A Banca Cívica todo lo que hace se le vuelve últimamente en contra. Si no se lo creen, pasen y vean Hubo un momento en el que Caja Navarra empezó a perder contacto con el suelo, sentando las bases de su actual caída en desgracia. Debió ser un momento bastante posterior, sin embargo, cuando decidió abrir una sede en Washington a escasos metros de la Casa Blanca. La inauguración de esta sede, de hecho, tuvo lugar cuando Caja Navarra era ya Banca Cívica. Para dar lustre al acto, se contó con la presencia de los Duques de Palma. Hoy en día, ya en plena debacle, la sede permanece inactiva y ni siquiera cuenta con los permisos preceptivos de la Reserva Federal para operar en los Estados Unidos. La presencia de Iñaki Urdangarín para prestigiar y publicitar el acto cosecha más bien ahora, dadas las circunstancias e independientemente de la justicia o injusticia de algunas informaciones, exactamente el efecto contrario. Sin duda en todo esto juega un papel la mala suerte. Alguien podría decir que Banca Cívica está gafada. Pero no menos cierto es que toda esa mala suerte afecta a situaciones que, volviendo al principio, ni siquiera hubieran tenido lugar si no se hubiera perdido, mucho antes, el contacto con el firme, recio suelo navarro. Nuestros políticos acríticos y encantados, claro que ahora sabemos que no podían no estarlo. navarraconfidencial.com http://www.navarraconfidencial.com/2011/12/07/las-fotos-mas-incomodas-de-la-inauguracion-de-la-sede-de-banca-civica-en-washington/

El ALBA y Repsol

Repsol, después de la notable victoria que obtuvo al constituir el primer Fondo de Inversión con un pueblo indígena, por 14 millones de dólares, calificado por los guaraníes de “aporte específico y concreto a las reivindicaciones de las comunidades bolivianas y latinoamericanas”, por las perspectivas que abre a futuros convenios entre transnacionales y “naciones” precolombinas, ha logrado otro avance inimaginable, al apadrinar una lujosa fiesta, a la que asistieron 400 invitados, para celebrar el séptimo aniversario de creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA). El evento tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de la capital española y estuvo presidido por los embajadores Carmen Almendras, de Bolivia; Alejandro Gonzáles, de Cuba; Aminta Buen año, de Ecuador; Augusto Zamora, de Nicaragua; y Bernardo Álvarez, de Venezuela. El invitado de honor y centro de atenciones fue el presidente de la petrolera, Antoni Brufau El periodista Pablo Ximenez de Sandoval considera que la recepción social fue, en realidad, una culminación de acuerdos logrados por Repsol con gobiernos del ALBA. En Bolivia, luego de haber invertido 900 millones de dólares en años precedentes, anunció que desembolsará otros 475 millones, para desarrollar campos de gas destinados a la exportación, varios de los cuales son parte del territorio que controla la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guazú (APG IG), que, asesorada por la ONG Nizkor, vinculada a Soros y Rockefeller, suscribió el Fondo de Inversión, del que los indígenas reciben una rentabilidad del 10 % del capital, es decir 140.000 dólares mensuales. Repsol anunció inversiones en Venezuela por 1500 millones de dólares en meses venideros. En Ecuador, la cifra ascenderá a 134 millones. En Cuba se apresta a explotar el petróleo del Golfo de México en aguas territoriales cubanas.No resulta fácil conciliar los duros discursos antiimperialistas de Evo Morales, Raúl Castro, Rafael Correa y Hugo Chávez con convenios suscritos por Repsol que es, a su vez, socia en importantes emprendimientos con la estadounidense Exxon Mobil y la inglesa British Petróleum, ambas consideradas principales responsables de invasiones y bombardeos a Irak, Afganistán y Libia, a fin de consolidar su control sobre reservas de hidrocarburos. Paradójicamente, el argumento central para crear el ALBA, la CELAC, UNASUR, el MERCOSUR y la CAN residió en el anhelo latinoamericano de detener, mediante políticas de integración, el abuso de petroleras, articulas a Paraísos Fiscales, fabricas de armas y tráfico de drogas. Si bien podría sostenerse que el acontecimiento no rebasó los límites protocolares, vale la pena recordar que el coordinador del Espacio Económico del ALBA (ECOALBA), Diego Borja, sostuvo que el tratado bolivariano no se reduce a buscar una integración comercial, “sino que está vinculada con voluntades sociales, políticas y comunicacionales”, que buscan compartir una visión de futuro. Añadió que el ALBA está inmersa en una disputa simbólica, en una lucha de ideas, en la que “no se puede ceder terreno… en términos de profundizar una transformación” (ALAI – AMLATINA, 22-02-12). Vale la pena evaluar si las fotografías difundidas por los medios de comunicación de los embajadores del ALBA y Brufau fortalecen o debilitan la voluntad social de nuestros pueblos de construir espacios alternativos en el conflictivo mundo moderno. Desde la óptica indigenista, los acuerdos con Repsol tampoco son fáciles de armonizar con sus postulados. El sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos, acaba de acusar a los Movimientos de Liberación Nacional de la América morena, de haber sido “muy dependientes de la cultura y de la modernidad occidental”. Su condena está dirigida a esos nacionalistas que pretendieron rescatar recursos naturales estratégicos de manos del capital financiero internacional, como Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en la Argentina, Juan Velasco Alvarado en Perú, Alfredo Ovando en Bolivia o Salvador Allende en Chile. Frente a esa tendencia, Boaventura enarbola un indigenismo que, según dice, rescate “otras formas de pensar”, “otras formas de imaginar el mundo”, “otras cosmogonías”, “otras cosmovisiones”, que estaban suprimidas y silenciadas”. (“Rebelión”, 22-02-12). El desafío pasa por saber si esas metas son susceptibles de ser alcanzadas a través del fortalecimiento de estados nacionales en vías de consolidación o mediante su atomización, como pretenden las petroleras y las ONG.http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012022506 

Urdangarín se quita el marrón acusando a Diego Torres e implicando a Rita Barberá y Camps

La llegada de Iñaki Urdangarín en los juzgados de Palma fue recibida por una multitud de personas convocadas por los Joves d'Esquerra Unida, Unidad Cívica por la República (UCxR) y la asamblea de estudiantes de la UIB que agolpada detrás una barrera de seguridad instalada por la Policía Nacional en la calle Parellades increpaban al yerno del rey cantando y lanzando consignas en contra de Urdangarin y de la Monarquía y a favor de la República. Los manifestantes, portaban pancartas con distintos lemas, como 'Nóos has robado'; 'Iñaki Urdangarin nos debe dinero'; 'Cristina suelta la pasta'; Urdangarin que curre en Burger King'; 'La monarquía es una porquería' y 'Tanto privilegio y tanta nobleza, el pueblo en la pobreza' al tiempo que coreaban "Que viene Urdangarin, cuidado con la cartera", "No están todos, falta Cristina", "Devuelve el dinero Urmangarín", "No hay dos sin tres, República otra vez" o "Fuera ladrones de los Países Catalanes" mostrando su protesta ante las irregularidades presuntamente cometidas por el Duque de Palma al frente del Instituto Nóos. En un plano más artístico, alguno de los congregados han elaborado monigotes de Urgandarin, con un cartel de ?Nóos forramos?, y del fornido y musculoso guardia de seguridad de los Juzgados de Instrucción de Palma de Mallorca, que las televisiones han convertido en una pequeña celebridad. También se podía ver a manifestantes portando coronas de cartón o enarbolando banderas independentistas y hasta una "performance" en la que varios actores, caracterizados de jueces y corruptos, han hecho una representación. . En su comparecencia ante el Juez, en calidad de imputado, Iñaki Urdangarín se ha defendido de las acusaciones que pesan contra él por el desvío de una parte de los casi seis millones de euros que el Instituto Noós recibió de los gobiernos populares de Jaume Matas y Francisco Camps cuando el yerno del Rey y su entonces socio, Diego Torres, dirigían esta entidad sin ánimo de lucro. El duque de Palma ha implicado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el caso Noós. Preguntado por el juez, Urdangarin ha revelado como se gestó el convenio para que el Instituto Noós organizara tres ediciones de la Valencia Summit. Un acuerdo que supuso para esta entidad sin ánimo lucro ingresar más de tres millones de euros. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, el yerno del Rey ha explicado que se reunió con Barberá para proponerle el proyecto y que ella le organizó una reunión con el President Camps. Esa cita fue todo un éxito y Francisco Camps dio luz verde al proyecto. Tres días después de ese encuentro, el Instituto Noós y la Generalitat firmaron los convenios. Eso sí, Urdangarín ha querido despejar dudas y ha subrayado que quien redactó el documento y se encargó de las cuestiones económicas fue su ex socio, Diego Torres. Urdangarín descarga la responsabilidad en su ex socio Diego Torres Según fuentes jurídicas, Iñaki Urdangarín ha señalado a Diego Torres, su socio al frente de Noós, como el último responsable de los hechos que se investigan. Ha asegurado que él no tenía capacidad para administrar ni para emitir facturas y que su papel era meramente institucional. Durante las cuatro horas y media que ha durado la declaración, que esta previsto que se reanude esta tarde, solo ha respondido a las preguntas del juez José Castro. Una de ellas ha servido para que admita que en marzo de 2006 la Casa Real le apartó de sus negocios y señalar que a partir de ese momento no ha tenido vinculación alguna con el Instituto Noós. El juez también le ha preguntando por su participación en las sociedades investigadas pero todavía no ha empezado a pedirle que aclare cual era su participación en los convenios firmados entre Noós y los gobiernos de Baleares y Valencia. Siempre según estas fuentes, Iñaki Urdangarín ha estado aparentemente tranquilo y ha respondido a todas las preguntas. Match Point en Marivent El yerno del Rey ha confirmado, además, que se reunió con Jaume Matas y el exdirector de deportes de Baleares, José Luis 'Pepote' Ballester en el Palacio de Marivent. Antes, Matas y Ballester habían jugado un partido de paddle en la residencia de verano de los Reyes. El objeto de la reunión fue hablar del patrocinio del equipo ciclista Banesto. José Castro ha preguntado a Iñaki Urdangarín por una segunda trama de empresas en el exterior, vinculadas a él, a través de las cuales se habrían desviado, presuntamente, cientos de miles de euros. Esta nueva línea de investigación es producto del interrogatorio practicado el viernes en Barcelona a un abogado de la Ciudad Condal. ----------------------- Fuente: Agencias y Cadena Ser