11 de marzo de 2012

En contestación al Editorial del diario El País, de 4 marzo 2012 : El "caso Urdangarín" y el futuro de la Monarquía.

Escrito por Enrique Santiago,Hugo Martínez Abarca, Miguel Pastrana y José María Coronas / UCR ----- No es casualidad que mientras mas arrecia la critica a un modelo constitucional obsoleto –el de la Constitución de 1978, con 34 años de antigüedad en los que el único cambio en profundidad ha sido realizado para proscribir las políticas keynesianas- incapaz de garantizar el Estado Social y de Derecho que lo legitimaba, mas sonoras sean las voces que desde los poderes económicos que precisamente se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la mayoría de la sociedad, proliferen las voces en defensa de dicho modelo político, y en especial de la persona que su cúspide lo personifica, representa, y garantiza: el Jefe de Estado nunca elegido de forma directa ni refrendado, Juan Carlos I, el Rey de España coronado por las Cortes franquistas. Confundir la "cerrada ovación" al Rey en la inauguración de la X Legislatura, ovación procedente de las mismas fuerzas políticas que han entregado la soberanía de España al dictado de los mercados, del Eje Franco-Alemán, y del Banco Central Europeo con trágicas consecuencias sociales y económicas para todos los ciudadanos, -fuerzas políticas que gozan de mayoría debido a un sistema electoral claramente injusto y antidemocrático- , con un mayoritario y cerrado apoyo a la Monarquía, es un error de apreciación grave sino una burda falacia. Ocultar el cada vez mas extendido cuestionamiento de la Monarquía, es simplemente ocultar una realidad que se acredita cada mes en las encuestas del CIS, ya de por si "precocinadas", a pesar de lo cual en cada nueva publicación ponen de manifiesto el creciente rechazo social a una Monarquía cada día mas innecesaria, costosa, anacrónica y alejada de la realidad social. En esto, como en tantas otras cosas, la opinión del Legislador elegido mediante la antidemocrática Ley Electoral en vigor, cuestionada incluso por el Consejo de Estado, no parece que represente fielmente la opinión popular. Evidentemente, no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Son mas "iguales" quienes cuentan con mas recursos para contratar buenos abogados defensores y quienes cometen delitos económicos o de "cuello blanco", sensiblemente menos penados que los delitos mas frecuentes entre los sectores sociales excluidos, como los pequeños robos o hurtos, delitos comunes mas habituales. Mientras que las clases sociales elevadas muestran en todos los estudios criminológicos mayor tendencia a no respetar la ley, son las clases más bajas las que mayoritariamente pueblan las cárceles. Respecto a la Casa Real, no solo el Rey, inviolable y no sujeto a responsabilidad alguna por sus actos según el articulo 56 de la CE , -caso único entre las Jefatura de Estado en Europa- debido a tales exorbitados privilegios disfruta de trato diferenciado en las leyes respecto a los demás ciudadanos. También el Príncipe heredero y demás ascendientes y descendientes del Rey (incluida la esposa de Urdangarin, la Infanta Cristina) disfrutan de una protección desmesurada que impide una abierta crítica a sus actos, toda vez que por mor de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, cualquier crítica a sus actuaciones puede ser considerada injuria o calumnia. El Rey, sus ascendientes, descendientes y su esposa, no son iguales al resto de españoles ante la ley, al menos a los anteriores efectos. Y a efectos prácticos, recordemos que los casos de investigación por corrupción, las esposas o esposos de imputados que han participado o sido utilizados en el ocultamiento o desvío patrimonial por parte del esposo o esposa imputado, suelen ser citadas a declarar para al menos aclarar su grado de conocimiento o participación en los hechos delictivos investigados, como recientemente hemos podido ver, por ejemplo, respecto a la esposa del Tesorero del PP, Sr. Barcenas, investigado en su día en el marco del caso Gurtell. Resulta irónico que no habiendo optado ni la fiscalía de Mallorca ni el juez instructor por citar a declarar a la esposa de Urdangarin, -accionista, miembro de órganos de administración y receptora de dividendos de las empresas investigadas en la trama Noos- aun haya voces que tachen a ambos funcionarios judiciales de excesivamente celosos en la investigación del caso Noos, como si tuvieran una especial inquina contra la monarquía por cumplir con su obligación minima de investigar apropiaciones de dinero publico por mas de 10 millones de euros realizados presuntamente por el Sr. Urdangarin y su socio Sr. Torres, a través de sus conglomerados fundacionales y empresariales. Y no solamente la Infanta Cristina, sino los mismísimos hijos de ambos y nietos del Rey han aparecido en los organigramas de las empresas investigadas, evidentemente haciendo realidad aquello que en su día el también presunto latrocina Sr. Matas, manifestó con claridad: no se pregunta cuando los contratos o beneficios los pide un miembro de la Casa Real. Y sino, recordemos como ha adquirido gratuitamente el Rey de España sus muy ostentosos yates, pasando la bandeja entre los mayores empresarios de las Baleares y la Comunidad Valenciana, los mismos que se enriquecieron con contratos públicos que han arruinado a ambas comunidades autónomas. Los pedagogos dicen que los niños aprenden lo que ven a su alrededor. Quien sabe si Urdangarin quiso imitar lo que había visto a su alrededor, en una sociedad donde la cultura del pelotazo y el enriquecimiento fácil ha alcanzado a todos, mientras la monarquía española ha escalado puestos año a año en la clasificación de las grandes fortunas europeas publicada por "Eurobussines". Es un insulto a la inteligencia decir que el Rey cortó los negocios ilegales de Urdangarin. Una vez que supo de ellos, ni acudió a la justicia a denunciarlos ni mucho menos conmino al ahora imputado a que devolviera el dinero desviado –lo que habría posibilitado que ahora se encontrara en un situación procesal sustancialmente mejor que la actual-, dinero con el que él y su esposa habían comprado un nada discreto palacio en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes. La intervención del Rey, lejos de ser ejemplar, consistió en intentar que pasaran desapercibidas a la opinión publica las hipotéticas fechorías cometidas por el yerno y en enviar al Duque lo mas lejos posible de España, con un nuevo millonario salario, esta vez en Telefónica. Incluso el abogado de confianza del Rey, José Manuel Romero, intervino en la disolución de una de las Fundaciones manejadas por Urdangarin y ahora investigadas por la justicia, firmando el traspaso del patrimonio fundacional no a obras de beneficencia precisamente, sino a otra fundación controlada también por el Sr. Urdangarin y sus socios que posteriormente igual se vio implicada en apropiación y desvío de recursos públicos a cuentas bancarias controladas por el Duque en paraísos fiscales. Que cada quien valore si se trató de una operación de ocultación de rastros criminales o por el contrario de la reparación del daño causado al erario publico. No es frivolidad cuestionar que la Casa Real no es transparente en sus finanzas. Solo a consecuencia de los últimos escándalos ha incorporado a su plantilla a un auditor, pero no hace publicas las auditorias. El Rey reparte a su discreción entre sus descendientes el dinero público que recibe la Casa Rea, mientras que sus hijas además disfrutan de otros salarios y rentas de capital,- al menos en el caso de los dividendos percibidos por la Infanta Cristina, procedentes de la empresa Aizon, con origen en negocios presuntamente nada claro. Los españoles no asumieron libremente la forma política monárquica durante la transición. Nunca hubo opción de un pronunciamiento popular separado entre democracia republicana o monárquica, y existía una importante presión del ejercito y el bunker franquista para mantenerlo todo "atado y bien atado". La legitimidad originaria del Rey es la de la dictadura franquista, legitimidad que recibió al ser nombrado rey y Jefe de Estado por las Cortes franquistas, sin que hasta la fecha haya estado dispuesto a someterse al veredicto de las urnas. Hoy día, más de la mitad de los actuales electores nunca votaron la Constitución del 78, porque no habían nacido o porque no tenían 18 años en Diciembre de 1978. El Rey no ha rendido ningún servicio impagable a España, ni los españoles le debemos la democracia. Los españoles le hemos rendido un servicio impagable al Rey, al permitir que el sucesor de Franco adquiriera legitimidad constitucional como Jefe de estado democrático. Es el rey y su familia quienes deben mucho a los españoles y no al revés. En el 23F, la mas que cuestionable actuación del Rey – no se pronuncio hasta 7 horas después de ocupado el Congreso de los Diputados, siendo su preceptor, el General Armada, el organizador y máxima autoridad del golpe.- ha quedado aclarada tras la desclasificación de los archivos del Ministerio de Exteriores de Alemania. Así, hemos conocido las cartas del embajador alemán de la época, al que apenas unos días depuse del 23F, el Rey expreso más que simpatía por los militares golpistas –actitud muy poco respetuosa con el pueblo español y la democracia- además de manifestarle su intención de intervenir para que las penas a los anteriores fueran lo más leves posibles. El Rey no es ninguna argamasa del estado autonómico. De hecho, la monarquía borbónica representa la imposición del centralismo español sobre las nacionalidades históricas como catalanes y vascos, además de suponer un elemento de desencuentro entre estas y el resto de España. Su papel como jefe de los Ejércitos continúa otorgando a esta institución un carácter desvinculado de los ciudadanos y sitúa en su cúspide al único cargo institucional no sometido a control político. Para los responsables de la crisis económica y de la pérdida de soberanía de España frente a los mercados, nunca es ni será momento de cuestionar la jefatura del estado, porque siempre habrá otros problemas, que previamente ellos se encargarán de crear para su mayor enriquecimiento, como el desempleo, los desahucios, la crisis económica, etc. Por eso quienes defendemos como modelo de estado una República democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas no defendemos esta opción simplemente para poder elegir un Presidente como jefe de estado, sino para rescatar a nuestro país del secuestro permanente de su soberanía al que se encuentra sometido por mercados, oligarquías e instituciones no democráticas como la Iglesia o la misma Monarquía. Madrid 8 de Marzo 2012 Nota. El editorial delde "El País" al que se hace referencia en el título del artículo es: "El ‘caso Urdangarin’ y el futuro de la Monarquía" de fecha 4 de marzo de 2012