13 de mayo de 2012

LAS DIFERENCIAS EN EL BANDO LATINOAMERICANO PROGRESISTA: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.

James Petras *---- Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el “capitalismo extractivo” y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos “neocoloniales”. Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases “dirigentes” locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre “la cúpula” y “la base” de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales. El bando progresista Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete países de América Latina que constituyen lo que se podría denominar el “bando progresista”: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela. Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países son: 1) la trayectoria política anterior: la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros; 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el ámbito de la política exterior, en especial en lo referente a la intervención y las medidas sancionadoras estadounidenses; 3) la retórica ideológica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en América Latina; 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos; 5) el rechazo vehemente del “neoliberalismo” y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales; 6) la perspectiva estratégica que concibe un proceso prolongado de transformación social que subraya un calendario compuesto de modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales y; 7) la permanencia política en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparándose en la necesidad de completar esa concepción transformadora. El bando progresista tiene de sí mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, según la cual representa una ruptura o quiebra “histórica” con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarquía neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda “estatalista”. En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retórica alusiva al “socialismo del siglo XXI”. La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan políticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor. La “división entre izquierda y derecha” tal como la representa el Bando Progresista (BP) Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varían en función de si emanan de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del BP, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional: 1. NACIONALISMO: a) mediante la renegociación de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudación de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas públicas; b) mediante el aumento de la inversión estatal, convierte empresas de titularidad íntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector público y privado; c) mediante el incremento del pago de regalías suaviza la “explotación extranjera”; y d) mediante una mayor presencia de “tecnócratas locales” acrecienta el control nacional de decisiones estratégicas. 2. POLÍTICA EXTERIOR: El bando progresista ha desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de países imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posición estadounidense en la reunión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas. El BP ha manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense, a las “reformas estructurales” del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crédito. Con la excepción de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportación. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5% de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9%; y Bolivia, el 8,2%. 3. POLÍTICA SOCIAL: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reducción de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mínimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos países ofrecen créditos y financiación asequible para pequeñas y medianas empresas, han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno público sin cultivar al modo de pequeña “reforma agraria”. 4. REGULACIÓN: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos químicos tóxicos y semillas transgénica. Han autorizado la expansión de la minería, la agricultura y la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo “productivo” y limitar la “financiarización” de la economía. 5. POLÍTICA LABORAL: Se ha basado en un “modelo corporativista” de negociación y conciliación empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la de limitar los déficits presupuestarios a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos salariales. En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnización por despido no se ha aumentado. Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a través de la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a la protección de las prerrogativas de la dirección, al tiempo que se respetaba la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestión obrera o la “co-gestión”, salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial. Ha sido necesaria la presión sindical a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de “flexibilidad laboral”, han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de producción. La principal diferencia de política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la “puerta abierta” a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y violenta. Continuidades y semejanzas entre los gobiernos neoliberales del pasado y los progresistas actuales Los autores, profesores universitarios y periodistas de derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales del pasado, sin reparar en que hay semejanzas estructurales políticas y económicas a gran escala. Un análisis más matizado y equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempeñan un papel fundamental en el análisis de las limitaciones y los conflictos emergentes y la crisis que espera a los gobiernos progresistas. Además, estas limitaciones, fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo alternativos propuestos por los movimientos sociales populares. El modelo de exportación agro-mineral ha hecho gala de deficiencias estratégicas profundas en su propia estructura y rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-minerales ha venido acompañado de la entrada a gran escala y largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez determina la tasa de inversión, las fuentes de incorporación de maquinaria, tecnología y conocimiento, así como el control del procesamiento y la comercialización de materias primas. Los “socios” multinacionales de los gobiernos progresistas han condicionado su participación sobre la base de (a) la desregulación en la protección del medio ambiente, (b) el cese del control de precios y la introducción de “precios internacionales” para la venta en el mercado interior y (c) la libertad para gestionar las ganancias del comercio interior y transferirlas al extranjero. También controlan las decisiones relacionadas con la explotación de las reservas mineras. La expansión de la producción se rige por criterios multinacionales propios y no por las necesidades del país “anfitrión”. En consecuencia, a pesar de la “renegociación” de contratos que los gobiernos progresistas celebran como “avance gigantesco” hacia la “nacionalización”, la pérdida acumulativa de los ingresos y el reequilibrio de la economía son sustanciales. Si se observa más allá del entorno agro-minero, el impacto negativo para el desarrollo posterior es importante. El muy limitado impacto que el modelo agro-minero ejerce sobre el conjunto de la economía ha desembocado en abril de 2012 en un conflicto concreto entre la empresa nominalmente española Repsol y el gobierno argentino de Cristina Fernández. La conducta de Repsol ilustra los escollos que presenta la colaboración con empresas extranjeras del sector extractivo. Repsol se negó a aumentar las inversiones aduciendo que la regulación local de los precios reducía sus márgenes de beneficio. En consecuencia, entre 2010 y 2011 la factura energética de Argentina se multiplicó por tres pasando de los 3.000 millones a los 9.000. Además, Repsol repatriaba sus beneficios, pagaba elevados dividendos a los accionistas del exterior y, por tanto, influía muy poco en la creación de industrias en el interior que supusieran aportaciones al proceso o refinerías para procesar el petróleo. La tentativa del fallecido presidente Kirchner de acrecentar las “propiedades nacionales” incorporando a un capitalista local (el grupo Peterson) no tuvo ningún impacto positivo, sino la mera consolidación del control de Repsol. Cuando Fernández se apropió de la mayoría de las acciones con el fin de establecer un control público e incrementar la producción local, la totalidad de los dirigentes de la Eurozona encabezada por el gobierno español y la prensa económica occidental lanzó una campaña furibunda, amenazó con litigar y auguró catástrofes económicas. El problema de “invitar” a multinacionales extranjeras a invertir es que resulta difícil retirarles la invitación. Una vez que entran en un país, al margen de lo defectuosa que sea su actuación, es difícil rectificar o corregir el perjuicio y pasar a un nuevo modelo de desarrollo centrado en lo público. Todos los gobiernos progresistas, con la posible excepción de Venezuela, han firmado contratos de larga duración y a gran escala con multinacionales extranjeras importantes del sector extractivo. Aparte del incremento de las regalías, los acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los gobiernos neoliberales de derechas que les precedieron. Evo Morales firmó un contrato de explotación a gran escala con Jindal, una multinacional india, para explotar la mina de hierro Mutún, importando prácticamente todas las aportaciones (maquinaria, transporte, etc.) y con un grado de “industrialización” muy limitada de la mena de hierro (en su mayoría, simples “pepitas” de hierro). La gran mayoría del gas y el petróleo de Bolivia la explotan “iniciativas conjuntas” del sector público y el multinacional y se envía al extranjero, lo que deja a más del 60% de los hogares rurales sin gas canalizado y significa que Bolivia tenga que importar casi todo su gasoil. El Ecuador de Correa, otro presidente progresista destacado, firmó dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposición de la mayoría de las organizaciones indígenas, entre ellas CONAI. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociación de contratos que supone incrementar del pago de regalías y una mayor presencia de autoridades públicas, conservan una posición privilegiada en decisiones fundamentales relacionadas con la gestión, la comercialización, la tecnología y la inversión. A pesar de que se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas y de las multinacionales no son muy diferentes de lo que se sabía que sucedía bajo gobiernos “neoliberales” anteriores. Además, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los “tecnócratas” y administradores que trabajaron con gobiernos neoliberales anteriores desempeñan un papel destacado en la dirección de las iniciativas mixtas. Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos en la reducción de los niveles de pobreza, lo hacen como consecuencia del crecimiento de la economía, no a través de la redistribución de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado políticas redistributivas: la concentración de rentas y de tierras, con elevados niveles de desigualdad, continúa intacta. En realidad, la jerarquía de la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayoría de los casos, se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre ellos se encuentran muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, así como “nuevos capitalistas” que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista. El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las políticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto público y reducen la tasa de inflación. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Brasil, concretamente, ha atraído grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y la City londinense debido a sus elevados tipos de interés en relación con los de América del Norte y Europa. Junto con la concentración de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las diferencias de riqueza. La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los granjeros, campesinos y jornaleros dedicados a la agricultura de subsistencia. Muchos de estos últimos siguen sometidos a unas condiciones de vida y laborales atroces. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por fortalecer la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrarias mientras los trabajadores quedan expuestos a la fumigación de productos químicos tóxicos no regulados. Si la configuración de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especialización en la exportación. Con los gobiernos progresistas, las economías se han diversificado menos y dependen más de la exportación del sector agromineral y energético, y su crecimiento depende de la inversión extranjera a largo plazo y gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen más de la exportación de productos primarios. Las políticas de libre mercado de los gobiernos progresistas exportadores de productos del sector agro-minero han estimulado el crecimiento de la actividad comercial a gran escala. El sector comercial está cada vez más influido por la entrada masiva de multinacionales de titularidad extranjera, como Wal-Mart, cuyos productos tienen origen en el exterior, lo que perjudica a los pequeños productores locales y a los minoristas. La apreciación de la moneda ha afectado negativamente al sector manufacturero tradicional y a la industria del transporte, lo que ha supuesto una destrucción de empleo significativa, sobre todo, en el sector textil, del calzado y automovilístico de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Además, las medidas de apoyo para favorecer a los exportadores mayoristas del sector agro-mineral han venido acompañadas por una restricción del crédito a los pequeños empresarios locales, en especial a los abastecedores de mercados locales, que han recibido un duro golpe con la importación de bienes de consumo baratos (procedentes de Asia). Los agricultores que producen alimento para los mercados locales han visto reducido su impulso expansivo para ampliar la producción de cultivos de exportación como la soja. En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa pero, en la práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y el poder ejecutivo. Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una práctica de cooptación de dirigentes sociales y de clientelismo mediante los programas contra la pobreza para los sectores más depauperados de la sociedad. Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales a gran escala que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad del BP depende abiertamente del aumento de la demanda de materias primas, del elevado precio de los bienes y de la apertura de los mercados. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones de clase independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas. Los progresistas han conseguido “reformar” o sustituir las políticas caóticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el “capitalismo normal”. Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero desigual. En otras palabras: los “parámetros del neoliberalismo” se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política y diversificación mercantil. La toma de decisiones ejecutivas centralizadas basada en unos acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas se legitima mediante un marco electoral y una coalición política entre muchas clases sociales. Las políticas interior y exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: sus orígenes radicales en las campañas para tomar el poder y la posterior adopción de una estrategia de exportación agromineral desarrollista, propugnada por tecnócratas neoliberales. La “síntesis” de estas dos experiencias aparentemente “contradictorias” encuentra expresión, por una parte, en la adopción de una posición política independiente y crítica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboración económica con los agentes del imperialismo económico, a saber: la firma de contratos a gran escala y largo plazo con multinacionales del sector energético y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han “redefinido” o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y políticas estatales, y no a sus elementos económicos (las multinacionales) dedicados a la extracción de materias primas y la explotación de la mano de obra. Del mismo modo, redefinen el significado de “antiimperialismo” equiparándolo al de oposición a las intervenciones políticomilitares y a la “justa distribución” de los beneficios entre el gobierno y su “socio” multinacional. Esta redefinición permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de la crítica regular a las políticas y prácticas del Estado imperial, mientras que la colaboración y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar los apoyos de los intereses empresariales del interior y el extranjero. Cuando un gobierno progresista, como en el caso de la Argentina gobernada por Cristina Fernández, decide “nacionalizar” o, dicho con más precisión, obtener la mayoría de las acciones de Repsol, la multinacional petrolera de titularidad nominal española, toda la prensa económica, la Unión Europea y Washington denuncian la medida y amenazan con represalias. En otras palabras: el pacto tácito entre el bando progresista y los gobiernos imperiales consiste en que las diferencias políticas son tolerables, pero las medidas económicas nacionalistas no son aceptables. La renegociación de los contratos para aumentar los ingresos del Estado puede producir la suspensión temporal de nuevas inversiones, pero no una confrontación política. Sin embargo, la apropiación pública de una empresa extranjera del sector extractivo hace pensar en una hostilidad previsible y en represalias de los Estados imperiales. La suscripción por parte del gobierno progresista de Argentina a una medida de nacionalismo económico estuvo limitada, no obstante, a una empresa y un sector. El gobierno de Fernández no tenía y no tiene planes para expropiar en el futuro otras empresas del sector extractivo, ni la medida formó parte de una estrategia nacionalista general para avanzar hacia una mayor cuota de propiedad de titularidad pública. Más bien, la negativa de Repsol a aumentar las inversiones y la producción acrecentaba la dependencia de Argentina de la importación de petróleo, lo que estaba deteriorando su balanza de pagos y sus reservas de moneda extranjera. La negativa de Repsol a obedecer la agenda desarrollista de Argentina se basaba en la política de Fernández de mantener el precio del petróleo de consumo para el mercado interior por debajo del precio internacional. El descenso de la producción de Repsol era una forma de presionar al gobierno para que eliminara el control sobre los precios. De todos modos, el aumento del precio del petróleo tendría un impacto negativo sobre los consumidores industriales y locales, elevando los costes y reduciendo la competitividad de los exportadores y productores argentinos. En realidad, la intransigencia de Repsol amenazaba con debilitar el equilibrio de fuerzas social y político entre mano de obra y capital y entre exportadores del sector extractivo y consumidores populares, que sustenta la coalición mayoritaria del gobierno. En resumen, la medida tenía forma nacionalista pero contenido capitalista desarrollista. Aún así, la medida ha polarizado la economía mundial entre el Occidente imperial y la izquierda latinoamericana, en la que los sátrapas latinoamericanos de siempre (Calderón, de México, y Santos, de Colombia) han apoyado a Repsol. Las divisiones entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales Antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los dirigentes progresistas mantuvieron lazos estrechos y apoyaron y participaron activamente con la “acción callejera” y la lucha de masas de los movimientos sociales. Esgrimieron las banderas del nacionalismo económico, la conservación del medio ambiente y el respeto a las reservas naturales de las comunidades indígenas, la igualdad social y la revisión de la deuda externa incluyendo el rechazo de las “deudas ilegales”. Los movimientos sociales desempeñaron un papel importante en la politización y la movilización de las clases trabajadora y campesina para elegir a los presidentes progresistas. Esa convergencia duró poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros económicos ortodoxos para que dirigieran la economía. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economía nacionalista del sector público, concebida para diversificarse, y se pasaron a una “economía mixta” basada en empresas participadas con capital extranjero del sector extractivo. Primero, las comunidades indígenas de Perú, Ecuador y algunos sectores de Bolivia pasaron a la oposición aduciendo que no se tenían en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Luego, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado se arrancaron a demandar salarios más altos y un incremento en el gasto público. Los pequeños campesinos y productores reclamaron estímulos económicos para las explotaciones familiares y las industrias locales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias de explotación basadas en la reducción de los costes laborales y el abandono del mercado interior. Los campesinos radicales sindicados y los dirigentes indígenas de los movimientos sociales pusieron en duda la estrategia extractiva agro-mineral en su conjunto, la distribución y la administración de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social defendiendo la reforma agraria, incluida la expropiación de grandes plantaciones y la redistribución de tierras a campesinos desposeídos. Los dirigentes laborales reclamaban una política industrial que procesara “materias primas” con el fin de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalización de bancos e industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayoría de sus líderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una parte mayor de los ingresos. Los gobiernos progresistas atrajeron a la gran masa de los dirigentes sociales a mesas de conciliación tripartitas para negociar y garantizar cambios progresivos. Los gobiernos progresistas resaltaron su oposición al “neoliberalismo”. Lo redefinieron para calificarlo de capitalismo no regulado y basado en regalías bajas y financiación insuficiente de programas sociales. Los gobiernos progresistas consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales “utópicos” y reformistas progresistas. En época de luchas sociales, los gobiernos progresistas aludían a una “alianza de izquierda y derecha” y acusaban a quienes les criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales con fundamento imperial. Los llamamientos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos con los que se financiaba el creciente gasto social debilitó a la oposición de izquierda. Los aumentos moderados pero sostenidos de los programas contra la pobreza y el salario mínimo neutralizaron los llamamientos de los dirigentes radicales de los movimientos sociales. A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus “raíces igualitarias radicales”, fueron sobradamente capaces de obtener apoyo electoral masivo basándose en el crecimiento dinámico general de la economía y el crecimiento sostenido de la renta. Ambos fueron apuntalados durante largos periodos por un precio elevado de las mercancías. Los presidentes extractivistas populares ganaron elecciones una y otra vez por mayorías sustanciales y fueron capaces de movilizar a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las mercancías y las múltiples oportunidades para la explotación de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez más elevado precio de las regalías. Los inversores extranjeros se sintieron atraídos por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado a base de lazos económicos con las multinacionales y de una alianza electoral con las clases bajas. Estudio de casos del capitalismo extractivo y el Bando Progresista Aunque los siete gobiernos del “bando progresista” comparten una estrategia común de desarrollo basada en la exportación de bienes primarios, hay diferencias significativas en el grado de diversificación de sus economías, en la naturaleza y características de los bienes que exportan, en la intensidad de la polarización y cohesión sociales y en la envergadura y el alcance de la oposición. En consonancia con estas diferencias, también hay diferencias sustanciales en el grado de sostenibilidad del “modelo progresista y extractivo”, o en la medida en que pueden verse sometidos a contestación o regresión. En el bando progresista se pueden realizar distinciones siguiendo muchos criterios: entre los gobiernos basados en dirigentes carismáticos y que tienen una dependencia extrema de la exportación de bienes primarios (Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela) y quienes cuentan con sectores industriales y una dirección política más “institucionalizada” (Brasil, Argentina y Uruguay). También hay diferencias significativas en el grado de conflictos de clase y étnicos: Perú, Bolivia y Ecuador atraviesan por una etapa de resistencia generalizada importante por parte de las comunidades indígenas relevantes, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la población indígena es escasa, solo hay oposición aislada. En términos de lucha de clases, Bolivia ha vivido una generalización de las protestas por asuntos relacionados con la sanidad, la educación, la minería y los obreros fabriles. Venezuela ha tenido que hacer frente a cierres patronales y boicots organizados por la élite económica (“lucha de clases desde arriba”). Ecuador encontró protestas generalizadas por parte de la policía. Casi todos los demás países (Brasil, Argentina y Uruguay) padecieron huelgas limitadas, en buena medida, por cuestiones salariales. Con la excepción de Bolivia, las principales confederaciones sindicales trabajan estrechamente y colaboran con los gobiernos progresistas; en cambio, los movimientos campesinos y de trabajadores rurales de Brasil, Ecuador y Perú han conservado mayor grado de independencia y militancia, sobre todo porque han sido los más perjudicados por las estrategias de exportación agro-mineral. En Venezuela y Brasil, los ejércitos privados de los terratenientes han desempeñado un papel fundamental en la lucha relativamente impune contra los beneficiarios de la reforma agraria. La degradación medioambiental y más persistente se ha producido en Brasil, donde durante la década de gobierno del Partido de los Trabajadores se han “desbrozado” millones de hectáreas de bosque tropical. La explotación agrícola mediante productos químicos es contundente en la mayor parte de los países, en especial en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la soya se ha convertido en el cultivo de producción preponderante. Todos los principales exportadores agro-industriales (Brasil, Argentina y Uruguay) recurren a productos químicos tóxicos y semillas transgénicas que desencadenan infinidad de casos de perjuicios nocivos para los indígenas y sus hábitats naturales. La cuestión de la toxicidad y la degradación del medio ambiente derivada de las gigantescas empresas mineras y madereras está bien documentada en Perú, Ecuador y Uruguay. En general, cuanto más numerosa es la población urbana y cuanto más dispersas están las comunidades rurales afectadas negativamente, menor es la protesta ecológica y la probabilidad de que las ONG ecologistas desempeñen un papel importante en la protesta. Como las industrias del sector extractivo están en las afueras de los principales núcleos urbanos; como la mayoría de las confederaciones sindicales colaboran con los gobiernos progresistas y consiguen incrementos salariales progresivos; y como la economía en general ha estado creciendo y el desempleo ha disminuido, los desequilibrios macroeconómicos, la dependencia de los bienes y las vulnerabilidades estructurales conexas no se han traducido en confrontaciones importantes entre capital y mano de obra. Los conflictos más discutidos que se han producido se han dado entre las élites neoliberales ortodoxas respaldadas por Estados Unidos y las potencias europeas y los gobiernos progresistas. Nos vienen a la memoria varios ejemplos. El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y España organizó un golpe de estado fallido que fue contenido y un cierre patronal en el sector petrolero que fue derrotado. En el año 2011, un levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de estado abortado en Bolivia fueron desbaratados con éxito antes de que adquirieran empuje. En el año 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en Argentina paralizó el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba contra una tasa impuesta a la exportación y acabó con concesiones del gobierno. En buena medida, estas “luchas de clases desde arriba” operaron a favor de los gobiernos progresistas porque les permitió plantear la cuestión de forma unificada como si se tratara de una lucha entre un gobierno democrático popular y una oligarquía autoritaria y retrógrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporalmente, las críticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de “la derecha” pulió las credenciales del bando progresista y elevó su popularidad. Aunque el apoyo popular era importante para el sostenimiento de los gobiernos progresistas frente a las campañas de desestabilización más derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unión Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo del ejército, de algunos sectores de la élite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo. Los progresistas, adoptando “políticas moderadas” (entre las que se encontraban los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejército) consiguieron dividir a la élite, conservar el apoyo del ejército y aislar a la oposición de derechas. La derecha ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha supuesto un límite muy estrecho para la capacidad de injerencia e influencia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el programa progresista. El grado de “progresismo” en el seno del bando capitalista extractivo progresista varía de manera muy importante. El gobierno de Chávez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo de los golpes de estado, las guerras y el bloqueo de Estados independientes por parte de Estados Unidos: ha apoyado la re-renacionalización del petróleo, el aluminio y otras materias primas, la minería y las fuentes de energía. Su reforma agraria generalizada, que ha beneficiado a 300.000 familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pública y la educación superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de alimentos básicos a través de supermercados de propiedad pública y la vivienda pública de bajo coste y a gran escala para los pobres, junto con las campañas de alfabetización y la formación de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales han profundizado y ampliado el proceso de socialización. A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado políticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas están pensadas para incrementar los ingresos, más que producirse en el marco de una estrategia de transformación a gran escala y largo plazo. No han seguido los pasos de Chávez sobre la reforma agraria y un mayor refuerzo del gasto social en salud, vivienda y educación superior. Presentan como “reforma de las tierras” la gestión de tierras lejanas, públicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de los cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y prestaciones sociales para hacerlos acordes con el aumento de los ingresos derivados de la exportación de bienes y en sintonía con la tasa de inflación; Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y defendido a los principales titulares de terrenos del sector agrario. Los gobiernos menos “reformistas” y con las credenciales “progresistas” más dudosas son los de Brasil, Uruguay y Perú (bajo el gobierno de Humala), que han adoptado un programa de libre mercado; fomentan activamente la gran afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, rebajan la categoría de millones de hectáreas de bosques tropicales (en especial, Brasil), promueven el sector agrario empresarial y se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades y han recurrido a la dispersión de campesinos y personas sin tierra a las ciudades grandes y pequeñas, donde ejercen de reserva de mano de obra para el capital o se suman al sector informal mal remunerado. Estos gobiernos progresistas “moderados” han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo de oposición a las medidas imperiales estadounidenses en Oriente Próximo. Su “progresismo” se ve en el apoyo que prestan a la integración regional, en su oposición a la hegemonía estadounidense en el continente (oponiéndose al golpe de estado de Estados Unidos en Honduras, al bloqueo de Cuba y a las injerencias en Venezuela) y en la diversificación de los mercados exteriores. Brasil encabeza la marcha en la asistencia a los especuladores de Wall Street y en el gasto público contra la pobreza con unas cestas de alimentos básicas. La reducción de la pobreza queda igualada por el espectacular aumento del número de millonarios vinculados a los sectores financiero y de la exportación de productos agro-minerales. Los progresistas “moderados” tienen el historial más imponente (y bien documentado) de degradación medioambiental en curso. En Perú, Humala ha dado luz verde a una explotación minera que amenaza al medio de vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado en una década la destrucción de millones de hectáreas de bosque tropical amazónico y el desplazamiento de montones de comunidades indígenas. En Uruguay, los presidentes Tabaré Vazquez y Mújica, del Frente Amplio, favorecieron que la fábrica de celulosa Botina, muy tóxica, contaminara el río Paraná a pesar de las protestas masivas. En resumen, es difícil generalizar acerca de la actuación del bando progresista, dadas las divergencias de política social y económica. Pero se puede esbozar una especie de “tarjeta resumen”. Todos los gobiernos han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agromineral. Todas han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciación de las monedas y la pérdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportación. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepción de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradación han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión del Estado (Perú). El impacto social de los gobiernos progresistas tiene un abanico de variaciones muy amplio, donde Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance y el resto carece de visión o proyección a largo plazo para redistribuir la riqueza, las rentas o la tierra. Su apoyo común a la integración regional va aparejado de divergencias importantes en el acomodo a la política militar estadounidense. Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, mientras que Brasil, Uruguay y Perú han firmado acuerdos militares con el Pentágono. El rendimiento económico general es desigual. La economía de Brasil, en especial su sector manufacturero, se está estancando en un crecimiento cero o negativo en los años 2011 y 2012; Venezuela se está recuperando pero con una tasa de inflación del 20%, mientras que el resto del BP está experimentando un crecimiento sostenido pero una creciente dependencia de la exportación de bienes al mercado asiático (China). Las alternativas a las economías extractivas vigentes varían enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificación en una alta prioridad; los gobiernos brasileño y argentino están adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un éxito limitado, sobre todo porque sus políticas vienen contrarrestadas por la expansión real de la extensión de tierras dedicada a la producción de soja y bienes de exportación. Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hablan de diversificación, pero han evitado tomar medidas para pasarse a la producción de alimentos y la agricultura familiar y todavía tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local mediante una política de industrialización con financiación pública. * Doctor en Filosofía, fue miembro del Tribunal Russel sobre la represión en América Latina; director del Instituto de Estudios Mediterráneos de Atenas y director del Proyecto de Estudio del Desarrollo Latinoamericano en el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Pennsylvania. Actualmente es profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Texto traducido por Ricardo García Pérez; fuente: http://www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=11&inicio=0

Un nuevo parlamento vasco

Ramón Zallo. Catedrático De La UPV-EHU--- No es mantenible la situación de un gobierno agónico, en minoría, con los puentes rotos en todas direcciones y sin visos de recomposición, haciendo perder el tiempo al país en una época en la que se requieren decisiones. Que el lehendakari López diga ahora que “la prioridad del Gobierno es defender los servicios públicos, combatir la crisis y defender el autogobierno”, y que por eso no disuelve el Parlamento, convocando elecciones, suena a broma. Tiempo ha tenido durante tres años y ha caminado en dirección opuesta con su aliado el PP vasco: tocando servicios públicos, sin liderazgo frente a la crisis y tragando limitaciones al autogobierno. Que ahora quiera capitalizar la oposición a Rajoy, después de un acuerdo largo con Basagoiti, sabiendo como sabíamos todos que Rajoy ganaría las elecciones posteriores a Cortes, es otra broma. Ya se ha perdido el tiempo durante tres años de muy escaso aprovechamiento y con una alianza contranatura que no permitía abordar temas de fondo en una época de gran crisis (actividad económica , fiscalidad, enseñanza, cultura, comunicación, servicios públicos..) como para prolongar aun mas artificialmente el disparate vivido de legislatura. Además no hay bases para que en temas pendientes de enjundia (ley municipal, fiscalidad, electoral, Cajas, Policía ….) haya garantías para salvar los muebles con mayorías cambiantes. Para asumir rumbos complejos tanto en una época de crisis económicas y sociales como de parón en la redefinición del marco de relaciones con España, la Comunidad Autónoma de Euskadi necesita un parlamento nuevo, tractor y completo en su representatividad, en lugar de un parlamento artificial y demediado. Pero es que además no hay margen de tiempo y de perspectivas constructivas para decisiones importantes inmediatas. De los proyectos de ley pendientes (un total de 15 ) y proposiciones de ley (6) algunas requerirían tales ingenierías con socios distintos que parece improbable -si llega el verano sin fijarse fecha de convocatoria electoral- que nadie le de ni agua al Gobierno López para que se prolongue y nos ahorque a todos por conveniencia. Mientras la Ley de Política Agraria y Alimentaria y Ley del Consejo Económico Social pueden aprobarse antes del verano por consensos ya logrados en el trámite, son ya más dudosas la Ley de Cambio Climático y la Ley contra el Dopaje; y mucho más dudosas la reforma de la Ley de Policía del País Vasco, la Ley de Seguridad Pública, la ley de Cajas de ahorros, y ya no digamos Ley de Culto o la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo. Algunos proyectos están simplemente en mantillas (Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, la Ley del Paisaje, Ley de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario y la Ley de no discriminación por motivos de género) y otros -como la tan importante y tan recorrida por intereses- Ley Municipal, aún en fase de enmiendas. Tampoco podrá andar con legitimidad suficiente la Comisión de Paz y Convivencia porque no va a participar la mayoría de la izquierda abertzale y sus promotores han sido reclamados para devolver sus actas parlamentarias por el partido –Aralar- que los nombró en su día. La gestión del tema ha servido para sancionar la división de otro partido, en la tendencia general a cuatro polos. Dejando a un lado los intereses generales, desde los intereses partidarios, a pocos les viene bien una convocatoria para el otoño. Salvo al PP que sabe que, cuanto más pase el tiempo la política de Rajoy, le pasará más factura. El PSE necesita tiempo para capitalizar el nuevo ciclo a la izquierda en algunos países europeos y su oposición a los recortes de Rajoy; el PNV está pendiente de decisiones y empastes; las izquierdas abertzales carecen por razones obvias de estructuras sólidas, programas acordados –aunque ya han cerrado una propuesta socioeconómica-, liderazgos –el Tribunal Supremo colabora ratificando de forma absurda laa sentencia injusta y contradictoria de la Audiencia Nacional contra Otegi, Diez, Zabaleta..- y aun no saben si Sortu será legal o no; solo han pasado dos años para que Ezker Anitza y Ezker Batua puedan suturar su amputación…. Pero en honor a la verdad todos, menos el PSE-EE, han reclamado la convocatoria inmediata. O sea se lo pide la inmensa mayoría política que es el 75% del Parlamento, más la izquierda Abertzale que está fuera de él. ¿Qué legitimidad tiene que un mandatario, en total minoría, se atrinchere numantinamente y sin apoyos en Ajuria Enea?. No es la hora de las conveniencias sino de las decisiones y de las fotos desde la soberanía popular para ejercer los liderazgos. Con este panorama el lehendakari no puede sino anunciar antes de vacaciones unas elecciones anticipadas. Se supone que la responsabilidad y no las conveniencias deberían fraguar las alianzas posteriores a las elecciones para afrontar los tres temas principales: salidas políticas, salidas económicas y salidas sociales. Pudiendo ser las corrientes nacionalistas primera y segunda fuerza, y entre ambas (con un posible colchón social muy mayoritario) pueden acercarse a los 2/3; y siendo, probablemente, tercera y cuarta fuerzas los partidos vinculados a estrategias de Estado, hay una responsabilidad enorme de las corrientes abertzales para priorizar y hacer todos los esfuerzos imaginables, para un acuerdo de país y parlamentario que permita dar un salto cualitativo en todas direcciones. 11/05/2012 http://www.deia.com/2012/05/11/opinion/tribuna-abierta/un-nuevo-parlamento-vasco

Nakba. 64 años sin Palestina. Concentración en Iruña, 19.30 Pza. Ayuntamiento, 15 de mayo

En 1948, a través de una campaña militar de intencionada brutalidad, las fuerzas armadas sionistas con el apoyo del imperio británico, expulsaron casi un millón de personas de sus tierras y pueblos para establecer el estado colonialista de Israel en el 70% del territorio de Palestina. En 1948, a través de una campaña militar de intencionada brutalidad, las fuerzas armadas sionistas con el apoyo del imperio británico, expulsaron casi un millón de personas de sus tierras y pueblos para establecer el estado colonialista de Israel en el 70% del territorio de Palestina. Pero el deseo sionista para adueñarse de tierra ajena no estaba satisfecho. 64 años más tarde los gobiernos israelíes siguen buscando la realización del objetivo final sionista: la creación de un estado exclusivamente judío desde el mar mediterráneo hasta el río Jordán, un objetivo que requiere la limpieza étnica de los dos millones de habitantes palestinos de Cisjordania. Este proyecto es de largo plazo y se está llevando a cabo con una variedad de acciones coordinadas: la construcción de cientos de asentamientos para colonos, la erección de un muro de apartheid de 600 kilómetros, el brutal hostigamiento de la población civil y su hacinamiento en guetos, el estrangulamiento de la economía palestina y el encarcelamiento para toda persona que haga frente a dicho proceso. Se estima que un 20% de la población adulta de Cisjordania ha pasado por la cárcel. Hay actualmente 4600 presxs politicxs, muchxs de lxs cuales están bajo la llamada detención administrativa que permite a las autoridades israelíes detener a cualquiera sin cargos y sin límite de tiempo. En respuesta a este ataque frontal a sus derechos básicos la población encarcelada ha respondido con una huelga de hambre masiva. Desde el 17 de abril hay 1600 personas en huelga de hambre. Seis personas llevan hasta 70 días sin ingerir comida y están en riesgo crítico de morir. A pesar de lo dramático de la situación, los gobiernos occidentales hacen caso omiso. Es la misma complicidad para con los crímenes del sionismo que ha permitido que Israel, durante estos últimos 64 años, ha podido seguir cometiendo miles de actos grandes y pequeños contra los derechos del pueblo palestino y contrarios a todos los principios del derecho internacional. Esta inacción gubernamental hace que la solidaridad internacional con Palestina cobre una importancia excepcional. A través de la campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS) una multitud de organizaciones, sindicatos, municipios e individuos se han sumado a la lucha para obligar al estado de Israel a poner fin al sistema de apartheid del sionismo y respetar todos derechos del pueblo palestino a la autodeterminación, soberanía y regreso de la población refugiada.

Recuperación de la Economía Americana Vs Estancamiento y Recesión en la Zona Euro. ¿Es esto realmente así?.

Luis Osorio. Economista---- Con mucha frecuencia leemos declaraciones que oponen la mejora de la situación de la economía americana a la situación de recesión y estancamiento en la zona euro, y explican esta situación simplemente porque las políticas de austeridad lastran el crecimiento en la zona euro, particularmente en los países del sur de Europa, incluido el nuestro, o bien porque la Reserva Federal Americana ha llevado a cabo políticas monetarias mucho mas expansivas que el Banco Central Europeo, por ejemplo con sus políticas de compra de deuda publica masiva emitida por el Tesoro americano, que contribuyen a mantener relativamente bajos los tipos de interés de dichos bonos del tesoro USA ( aproximadamente un 2%). Todo esto sin duda esta influyendo, como seguramente lo esta también que los capitales huyen de países como el nuestro masivamente( Se dice que hemos perdido 200.000 millones de euros de ahorro exterior en el último año y medio), que van a Suiza, Alemania, independientemente de que sus rendimientos sean negativos, y también a América, aunque sus rendimientos sean muy bajos, y que de esta manera el Tesoro americano, encontraría mas facilidades para financiar su deuda, y a menor coste. Sin embargo se hace mucho menos énfasis en que la “recuperación americana”, está siendo tremendamente débil, mucho más débil en términos históricos que las recuperaciones posteriores a las recesiones de 1974-75, y de 1980-82. La cifra de crecimiento USA para el último trimestre de 2011 fue del 1,6% del PIB, y los pronósticos para 2012, se mantienen en torno al 2%. Hace muy poco se han conocido las estadísticas oficiales suministradas por el US Bureau of Economic Analysis, sobre las cifras de beneficios, inversión y crecimiento del PIB, hasta finales de 2011, que nos permiten sacar algunas conclusiones, y tratar de explicar porque la recuperación americana es tan débil. En dichos datos se dice que los beneficios no distribuidos de las empresas americanas han pasado de un mínimo a finales de 2008, de 19.000 millones de dólares a 744.000 millones de dólares a finales de 2011. Según dichos datos por tanto, en dicho periodo los beneficios han aumentado aproximadamente en un billón(europeo, trillon americano) y el 70% de los mismos ha sido acumulado y solo un 30% gastado en inversión. ESTE DATO SI PUEDE EXPLICAR EL PORQUE DE LA DEBILIDAD DE LA RECUPERACION AMERICANA. Y PARECE TAMBIEN RELATIVIZAR LA OPINION EXTENDIDA DE QUE NO SALIMOS DE LA RECESION EXCLUSIVAMENTE POR FALTA DE CREDITO. Las empresas aumentan sus beneficios debido a una reducción dramática de los costes, sobre todo los costes salariales a través de reducciones salariales o bien de incremento de los despidos, pero posteriormente , estos beneficios no se invierten o se invierten en muy pequeña medida en inversión creadora de empleo. Ademas si comparamos el nivel de inversión actual con el nivel de inversión de las empresas americanas antes de la crisis vemos que este no ha alcanzado todavía el nivel que tenia antes de la Gran Recesion.Vemos que el punto mas álgido de la inversión empresarial americana se produjo en los primeros meses del año 2006, en términos reales. Pues bien el actual nivel de inversión estaría un 22% por debajo de aquellas cifras. Si utilizamos términos nominales, es decir en dólares, vemos que tampoco se ha alcanzado aquel punto álgido, si bien en este caso estaría un 8% por debajo del mismo. Estamos muy acostumbrados a que se nos diga permanentemente, que los beneficios de los empresarios hoy, son las inversiones de mañana y los puestos de trabajo de pasado mañana. Sin embargo este no parece ser el caso actualmente en la economía americana. A la hora de encontrar una explicación de porque esto sucede, se citan un buen numeo de razones ue seguramente tienen un peso, desde los factores sicológicos que subrayan la incertidumbre y la falta de confianza en el futuro, la ralentización del crecimiento en China la crisis de la Union Europea, la crisis de la deuda soberana en Europa etc. Seguramente todos estos factores tienen alguna relevancia, pero no parece ser esta la explicación fundamental. Entre los economistas marxistas hay un debate muy vivo si la crisis continua profundizándose debido a la situación de subconsumo de las masas, provocada por décadas de reducción salarial, al menos en términos de PIB, solo enmascarada en el pasado por el crecimiento del crédito y el endeudamiento de las familias, así como una situación en la que se alcanzo una situación de desigual distribución de la riqueza probablemente nunca vista antes en toda la historia del capitalismo, que sin duda alguna merma el consumo y reduce el crecimiento económico. O bien quienes ponen el énfasis en la rentabilidad, es decir el descenso de la tasa de beneficios como desencadenante de la caída de la inversión, que a su vez lleva a un incremento del ejercito de reserva, que asu vez provoca una caída del consumo y al final una redccion de la utilización de la capacidad productiva, con la consiguiente crisis de sobreproducción. Sin que el debate pueda darse por zanjado, en la evolución reciente de la economía americana hay algunos datos que corroborarían este análisis. Parece que la gran Recesión vino precedida de un descenso de la inversión, que a su vez vino precedida de un descenso de los beneficios. En otras palabras aunque la causa desencadenante de la crisis haya sido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de crédito, y por tanto la apariencia de la crisis es de una crisis financiera, la esencia de la misma es de una crisis de rentabilidad, que demostraría claramente que estamos en una crisis económica del modo de producción capitalista originada por la existencia de graves problemas en el proceso de acumulación, que muy probablemente expliquen porque la deuda creció dramáticamente en los últimos treinta años por encima del PIB en la gran mayoría de las economías de los países avanzados. Volviendo a los datos del US Bureau, vemos que la inversión empezó a caer en porcentaje del PIB en los primeros meses de 2006, si utilizamos datos reales, y principios del 2007 si utilizamos datos en dólares. Toco fondo en la mitad de 2009 en términos reales, y a principios del 2010 en términos nominales, para iniciar una senda de recuperación desde entonces. Y la caída de los beneficios, como vimos antes habría precedido, bien es verdad que en muy pocos meses a la caída de la inversión. Por tanto podríamos estar viendo claramente que el ciclo caída de los beneficios, caída de la inversión, incremento del empleo y posterior descenso del consumo es el que se observa en el desarrollo de la Gran Recesión en USA. Si esto es así estaría en total contradicción con lo que piensan los keynesianos que siempre insisten que las crisis se originan, o se desencadenan por una insuficiencia de demanda agregada, tanto de inversión como de consumo, que lleva a una caída de las ventas, que precipita el incremento del paro y al final del consumo. De los datos aportados no podemos extraer ninguna conclusión si la tasa de beneficios, que sin duda se recupero en USA en el año 2010, continua su proceso de recuperación en 2011, ya que una cosa es el aumento de los beneficios y otra muy diferente el aumento de la tasa de beneficios( la tasa de beneficios puede disminuir, incluso aunque aumenten los beneficios). Seguramente más adelante será posible despejar estas incógnitas, y poder trazar una perspectiva para la economía americana, con mas certidumbre. Con los datos disponibles sin embargo si parece muy probable, que el proceso de desapalancamiento, es decir de desvalorización del capital tanto el capital real, como el capital ficticio, distan mucho de haber llegado al nivel en el que se podría afirmar, que una recuperación económica solida y sostenida es la perspectiva mas probable para la economía americana. Por tanto no podemos descartar una nueva recaída en la recesión en USA en uno o dos años, sobre todo si como parece, en el nuevo presupuesto 2012-2013 habrá un acuerdo de reducción drástica del déficit y la deuda, que alcanza cifras consideradas insostenibles en USA, sea quien sea quien gane las elecciones. Una nueva recesión en USA, junto a la debilidad europea y japonesa, y en un contexto de mayor debilidad en China y los emergentes, dibujaría sin duda un escenario realmente negativo para la economía mundial, incluso potencialmente mas negativa que el de la Gran Recesion de 2007-2009. Madrid, abril 2012. --http://daniloalba.blogspot.com.es/2012/05/recuperacion-de-la-economia-americana.html

Desobedecer y Caminar: Hacia un modelo de desarrollo supranacional solidario.

¿Es el euro el principal problema de los países europeos periféricos? ¿Es prioritaria una salida de la moneda común, aunque esta se lleve a cabo de forma unilateral por un solo país? ¿Qué consecuencias conllevaría una decisión semejante? ¿Dado el contexto de regresión social galopante y estancamiento económico, esas consecuencias son preferibles a la situación actual? ¿Existen otras alternativas? ¿Sería posible caminar hacia una salida conjunta y solidaria de esta UE? Estos y otros interrogantes nutren un debate que lleva varios meses desarrollándose en el seno de la izquierda europea. En lo que sigue vamos a intentar sintetizar algunas de las interpretaciones económicas y políticas que se están poniendo en juego en este debate. Trataremos así de identificar un posible rumbo desembarazado de las ataduras a las que nos condena el modelo de la UE y de su gestión política oligárquica. No hay caminos definidos, es el momento de surcar rutas divergentes al túnel sin salida al que nos empujan las políticas europeas en vigor. 1. La UE actual empuja a su periferia al abismo. Diferentes autores como, entre otros, Costas Lapavitsas o Pedro Montes han caracterizado el modelo europeo vigente, señalando sus nefastas consecuencias en términos económicos y sociales. El modelo actual de la UE –establecido en Maastricht y apuntalado con el Tratado de Lisboa, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con el Pacto del Euro– ha promocionado e institucionalizado la libertad de movimientos de capitales y mercancías, en el marco de un mercado único, y una política monetaria al servicio de los países centrales. Todo ello sin observar la heterogeneidad de un numeroso y desigual grupo de países sobre los cuales las mismas políticas no causan los mismos efectos. Además, no se han establecido contrapesos solidarios significativos que pudieran contrarrestar los desequilibrios intrínsecos a la economía de mercado; apenas se han previsto compensaciones para aquellas regiones más dependientes o con menor productividad, no se han desarrollado proyectos de convergencia reales ni inversiones compartidas; y, por último, el modelo europeo se ha dotado de un presupuesto público irrisorio que no supera el 1,2% PIB de la unión. La dependencia estructural, el oligopolio de los capitales y economías centroeuropeas, la divergencia entre centro y periferia, no parecen tener límite en el marco de este modelo de construcción de la UE. La creación de la moneda única, con un tipo de interés también único para países con capacidades productivas de diferente alcance, con una cadena de valor dominada en sus fases estratégicas por los países centrales (Alemania, Francia, Reino Unido, etc...), se ha convertido en una máquina de generar desigualdad a escala continental. Las fuertes asimetrías en términos de productividad y competitividad, ante la falta de mecanismos fiscales o monetarios correctores, han abocado a fuertes desequilibrios en las balanzas de pagos de los distintos países. Además, en ausencia de política cambiaria que permitiese devaluaciones de las monedas nacionales, el Euro ha impulsado las devaluaciones salariales internas como mecanismo fundamental de competencia, determinando una regresión salarial generalizada esta última década que no ha hecho sino reforzar esta creciente asimetría entre los distintos países: la mayor competitividad de las economías centrales –fruto de su mayor productividad, de una contención salarial más intensa y de su posición hegemónica en la cadena de valor– se ha traducido en crecientes superávits comerciales en el comercio intraeuropeo. Frente a ello, la periferia europea se ha visto obligada a financiar sus ingentes déficits comerciales con un creciente endeudamiento (especialmente privado) contraído precisamente con las instituciones financieras de los países centrales. Por consiguiente, éstos se han apropiado de forma paulatina de la riqueza de las regiones económicamente más vulnerables, en connivencia con los capitales oligárquicos locales, aprovechándose de un fabuloso espacio de rentabilidad. Otra UE basada en otros principios económicos sería perfectamente posible, aunque difícilmente alcanzable a partir de la actual, que duda cabe. Es factible un desarrollo supranacional de políticas solidarias, fundadas en un régimen fiscal armonizado, progresivo y directo; con un presupuesto público importante, redistributivo y capaz de proveer servicios; que propicie un modelo laboral convergente al alza; con un sistema de compensación y solidaridad social e integración interterritorial; y dotado de un plan de inversión (social y ecológicamente sostenible) y de cooperación internacional. No obstante, el modelo actual de la Unión Europea, desde su diseño original, ha apostado por un modelo de concentración de privilegios y beneficios para la gran banca y las grandes corporaciones industriales y energéticas, así como de contención, en un primer momento, y posteriormente de erosión del gasto público y social como consecuencia de las presiones de las élites financieras. Con ello, y más aún en el contexto de crisis actual, se ha optado por sacrificar a los y las trabajadoras, asumiendo la regresión salarial, los recortes en los gastos sociales, la destrucción de aquella parte del tejido productivo menos rentable y la relocalización del capital industrial a países emergentes y del Sur. No se hace un balance público de a qué grupos sociales beneficia y perjudica esta estrategia, aunque el balance es evidente: son las élites empresariales, y especialmente financieras, las que han salido particularmente beneficiadas. La Unión Europea con sus planes de rescate y con el Pacto del Euro como hoja de ruta general, conduce al abismo a la propia área euro. Lo estamos constatando de la forma más cruda posible. El endeudamiento masivo nos ha llevado a una durísima crisis económica, y las políticas de austeridad no hacen más que encerrar en una espiral depresiva a aquellos países periféricos a los que se les exige desde Bruselas ajustes draconianos para poder seguir accediendo a la financiación internacional y para no poner en peligro al Euro. Las exigencias de la UE encorsetan el margen de maniobra de las políticas públicas de gasto e inversión, y empujan a que la base para ajustar las economías pase por el recorte de gastos públicos y privados (de las familias que ven empeorar a marchas forzadas su capacidad adquisitiva), y por la permanente degradación de las condiciones laborales. La imposición de una política recesiva que socializa las pérdidas y rescata al capital caracteriza la orientación de este modelo socialmente perverso. Rescates y recapitalizaciones bancarias (con dinero público) se suceden, mientras los bancos europeos no han dejado de repartir fabulosos dividendos durante la crisis. En concreto, en 2010 la banca europea repartió 28.323 millones de euros en dividendos (Público, 13/10/11). Además, el BCE presta dinero sin límite al 1,5% al capital financiero, al mismo tiempo que se le prohíbe prestar directamente a los Estados o –salvo en situaciones desesperadas recientes y sólo en los mercados secundarios– comprar deuda pública. Inmediatamente después la banca adquiere los bonos públicos a un interés sensiblemente superior (por encima del 4%). Una institución pública (el BCE) está gastando dinero público en financiar un negocio redondo para los bancos y que empeora la espiral de endeudamiento de los Estados. No hay justificación ni económica ni social posible para una actuación semejante. En definitiva, esto no es más que una vía de saneamiento del capital financiero privado a costa de los recursos públicos, de todas y todos. Por otro lado, este mecanismo explica –junto con las bajas expectativas de crecimiento y rentabilidad de numerosos sectores saturados–, que no se desbloquee el cortocircuito del crédito hacia la inversión o el consumo. Este mecanismo se ve acentuado por las presiones del capital financiero que, sirviéndose del chantaje permanente de las agencias privadas de calificación de riesgos, se dedica a extorsionar las deudas públicas y chantajear a los Estados. En un contexto de endeudamiento privado colosal, y en un marco de sobreproducción, los capitales financieros hacen de la deuda pública su mejor negocio. A la vez, exigen que los poderes públicos impongan políticas que hagan pagar a la ciudadanía y a la clase trabajadora su crisis (los planes de ajuste) y mitigue su situación de insolvencia. El capital corporativo industrial-energético, no sólo contribuye también a la lógica financiarizada hegemónica, sino que a su vez toma posiciones oligopólicas, en este marco de estancamiento, en los bienes y servicios básicos (energía, alimentación, seguros, sanidad, seguridad, etc...). De esta forma logran blindarse ante la crisis a costa de las condiciones de vida de la población, maltratando la imagen de lo público y apropiándose de los segmentos de actividad que el Estado privatiza o que el resto del capital productivo abandona por su ruina. 1.1. La salida del euro como opción y escenario En este contexto, autores como los mencionados Lapavitsas y Montes consideran que no queda otra solución más que romper con el euro y plantear una salida unilateral para los casos griego o español, así como de otros países que puedan encontrarse en situaciones comparables. Según estos analistas, esta vía permitiría recuperar la soberanía sobre la política monetaria y facilitaría la ruptura de una espiral que se está demostrando nefasta. El mecanismo central que plantean pasa por recuperar el instrumental fiscal, de inversiones públicas y gasto social y, en especial, el de la devaluación de la nueva moneda que surgiese. La devaluación propiciaría una mejora de las condiciones de exportación y, con ello, una recuperación económica, e interrumpiría la lógica que arrastra a una regresión constante a los países más débiles de Europa. En tal escenario, los países que rompieran con el euro podrían usar sus monedas para competir entre sí y disputarse el mercado externo en vez de, como sucede ahora, competir en base a rebajas salariales. Esta línea de interpretación se agota en este punto. Porque, a nuestro juicio, el planteamiento no aporta contestaciones ante interrogantes y escenarios que resultan, a nuestro juicio, claves. Seguramente estos autores apoyan soluciones ulteriores, pero si nos quedamos sólo con lo anterior faltaría mucho por resolver. En primer lugar, la deuda, tanto pública como privada, a pesar de la nueva moneda, seguiría nominada en euros. La devaluación implicaría, no sólo un profundo empobrecimiento del poder adquisitivo (debido al encarecimiento de las importaciones, buena parte de ellas energéticas), sino también un agravamiento de las condiciones de endeudamiento (el valor de la deuda se dispararía). ¿Qué hacer con una deuda ahora mucho mayor? Y, ¿cómo afectaría a la población un deterioro de su capacidad de compra, que podría verse reducida a la mitad? Puede que no llegase a esa proporción o incluso podría limitarse a un nivel soportable, pero igualmente debiera anticiparse y abordarse dicha circunstancia, particularmente teniendo en cuenta el deterioro de la capacidad adquisitiva que ya acumulan amplias capas de la sociedad. Ni que decir tiene que, para poder mantener esa situación, se requeriría un respaldo social de la población para soportar el posible sacrificio. Asimismo, si, en un extremo, todos los países confiaran en una salida de la crisis basada en devaluaciones competitivas nacionales para aumentar su espacio en el mercado exterior, se entraría en una pugna terrible, en la que cada Estado trataría de derivar sus problemas a los otros, pero ninguno sería capaz de apostar por medidas internacionalistas ni reactivadoras, y se entraría en una espiral de rivalidades con consecuencias difíciles de manejar. En este sentido, convendría revisar el terrible impacto que tuvo para el movimiento obrero y para sus esperanzas de convergencia a escala internacional la oleada de devaluaciones competitivas de la década de 1930, en plena Gran Depresión. También cabría preguntarse si se están librando de la crisis los países europeos que no están en el euro. La casuística requiere introducir matices, pero lo cierto es que ninguno de estos países se está escapando de la crisis. Los países del Este de Europa que no están en el Euro están atravesando durísimas crisis, con ajustes sociales muy severos. Tampoco el Reino Unido, que mantiene la plena soberanía sobre el conjunto de su política económica (fiscal, monetaria y cambiaria), ha quedado al margen de la crisis y de los ajustes sociales. No obstante, es cierto que el Reino Unido, presentando un nivel de endeudamiento similar al de España, no está recibiendo ataques similares en los mercados financieros internacionales, en parte por la actuación del Banco de Inglaterra (que ha financiado déficits públicos mediante el desarrollo de programas de tipo quantitative easing). Incluso la economía Suiza, que actúa como país refugio de capitales (y paraíso fiscal), se ha visto inmersa en el terremoto de la crisis. En todo caso, la evidencia recuerda que estar fuera del euro, por sí sola, no es una receta mágica en modo alguno. Tanto la salida o la expulsión de la eurozona exigen enfrentarse a un escenario económico adverso, con severos costes sociales e importantes ataques y chantajes de los mercados financieros. No porque sea responsabilidad de “otros” podemos defender esta opción ignorando el reto de cómo afrontarla. Dicho escenario tendría lugar tanto si se ha llegado a él como opción escogida (salida voluntaria del euro) como si es resultado causado por otros (expulsión de la moneda única). Una vez fuera del euro, no sólo acontecería un deterioro importante de la capacidad de compra de la población (deterioro, es cierto, al que en cualquier caso se llegaría igualmente de continuarse dentro del área euro). También sería un escenario en el cual una porción del capital decidiría, presumiblemente, su evasión del país. En este punto es útil recuperar algunas reflexiones elaboradas por Claudio Katz sobre la experiencia argentina. En el 2001 se dejó de pagar un 48% de la deuda pública contraída, en un marco de paridad dólar-peso, en una situación comparable a la que vive hoy Grecia. Su análisis es ciertamente esclarecedor. El default (suspensión de pagos), de carácter parcial, ocasionado no voluntariamente sino por agotamiento de los fondos –lo cual invita a afirmar que cuánto antes se opte por esta decisión, mejor–, facilitó las condiciones para la recuperación económica del país. La subsiguiente recuperación no sucedió sin un gran coste social, con la extensión de paro, pobreza y hambrunas. Su planteamiento nos lleva a concentrarnos en las medidas para haberlo aminorado. Las claves radican en la necesidad de establecer un fuerte control al movimiento de capitales para evitar su evasión, sin dejar de prever también algún tipo de proteccionismo comercial transitorio. Y, ni que decir tiene, una política redistributiva combinada con una fuerte inversión pública reactivadora de la economía, y que sentase las bases para un cambio de modelo productivo, encaminado a la sostenibilidad. Estas cuestiones, aún así, no permiten asegurar que un sólo país esté en condiciones de salir airoso sin vislumbrar qué lugar ocupa dicha economía en la división internacional del trabajo, con qué producción cuenta, en qué mercados comerciaría, o a qué financiación tendría acceso. Dicho de otro modo: aunque estar en el euro no puede proponerse como línea de continuidad a toda costa, no parece que sea ésta la única pregunta, ni siquiera la primera que haya que plantearse. Resulta imprescindible prever qué problemas pueden venir después y cómo podrán afrontarse minimizando su coste social. 2. Una estrategia para transformar la UE: la salida del euro como elemento estratégico de presión. Michel Husson y Ozlem Onaram, entre otros autores, han venido defendiendo que la primera disyuntiva que debemos afrontar no consiste en preguntarse sobre la salida o no del euro, aún comprendiendo la compleja situación de Grecia y de otros países de la periferia europea. Naturalmente, la unión monetaria, el Euro, multiplica los efectos de los fundamentos económicos sobre los que se sostiene la UE. Son estos últimos los que deben alterarse profundamente en una orientación radicalmente distinta. No es en sí mismo el Euro el que causa la crisis: el Euro es meramente el vehículo. La cuestión fundamental no es salirse, como tampoco lo es quedarse en cualquier circunstancia. Lo idóneo es, a su modo de ver, intentar corregir el rumbo de la UE y, de no poder ser (situación más probable), blindarse ante sus políticas de ajuste para, desobedeciendo el esquema neoliberal, construir Otra Europa. Y, si acaso, emplear la amenaza de salir del euro exclusivamente como última baza, para negociar en mejores condiciones una estrategia alternativa. De todos modos, no se trata de aguardar a una reforma de la UE que pudiera venir por sí sola. Sería una espera ingenua. Mantenerse en el euro podría resguardar a la economía de ataques financieros sobre la moneda y no impediría desarrollar una estrategia de desobediencia de los Tratados con orientación neoliberal. Es esta estrategia de desobediencia la que debería hacer saltar el corsé que impone Bruselas. Esta estrategia de desobediencia debería concentrar sus esfuerzos en oponerse a aquellos tratados que obligan a un ajuste permanente sobre las rentas salariales y las políticas públicas, oponiéndoles medidas expansivas en los el ámbito fiscal, reforzando los servicios públicos y las políticas sociales. Esta desobediencia de los tratados debería no sólo cuestionar las medidas de austeridad, sino ir más allá, avanzando hacia un sistema impositivo progresivo que financie la actividad del Estado, propiciando una fuerte subida del salario mínimo y de los subsidios sociales y legislando una reducción generalizada de la jornada laboral –sin reducción salarial– para repartir el trabajo, crear empleo y redistribuir la renta. Esa desobediencia podría multiplicar sus efectos positivos si fuera seguida por más países, lo que podría exigir iniciativas audaces y ejemplares, para abrir camino a otros y continuarlo de forma colectiva. Una estrategia de desobediencia internacionalista, invitando al resto de países a sumarse a dicha senda de transformación social presionaría para un cambio en Europa, un espacio económico y político de una envergadura importantísima, con un amplio margen para seguir defendiendo (y reforzando) espacios económicos sociales amputados a la lógica de la rentabilidad capitalista (sanidad, educación, pensiones públicas, etc.).. No obstante, aunque esta estrategia no obliga a la sincronización perfecta entre las prácticas políticas de los países europeos desobedientes, en nuestra opinión, tampoco sería óptima por sí misma. Sería aún mejor el despliegue de iniciativas proactivas de cooperación y alianza supranacional. Esta opción, en caso de darse, no se produciría, presumiblemente, sin sanciones y políticas de aislamiento. Probablemente, podrían terminar conduciendo igualmente a la expulsión del euro. Y en tal caso, hay que prever también qué hacer. Entonces, cualquier línea de medidas de izquierda sólo sería sostenible socialmente en el marco de la cooperación solidaria de varios países capaces de resistir los embates del aislamiento político, financiero y comercial, y con una envergadura mínima para iniciar un desarrollo endógeno que, para ser viable y justo, debe ser redistributivo y con una participación ciudadana radicalmente democrática en su diseño. 3. Una estrategia proactiva y cooperativa para construir un área económica solidaria. Decir no a las líneas políticas neoliberales de la UE y caminar hacia otro modelo invitando a todo aquel que quiera sumarse es, a nuestro juicio, una línea de actuación imprescindible y factible. Ya sea dentro o fuera de la eurozona o la UE. Este es el papel de la izquierda para, sea desde el gobierno o desde la presión política pero, sobre todo, desde la calle, hacer virar las políticas país a país. Antes de plantearse una solución cualitativamente superior, esta es la forma de emprender un cambio. Pero una vez que fuera posible (en un escenario menos desfavorable), los gobiernos desobedientes a la UE neoliberal debieran complementar las políticas internas de redistribución e inversión con políticas de cooperación internacional. Cooperación antes que nada en los planos de complementariedad comercial, financiera y de inversión común; pero a renglón seguido también de integración de los aparatos económicos institucionales, para conformar un área económica que, sin dejar de estar abierta al mundo, permita afianzar lazos y apoyos mutuos entre los países de orientación alternativa. No hay que esperar a un cambio improbable de toda la UE (aunque tampoco despreciar esa posibilidad), ni que todos los países acuerden un viraje de forma simultánea. Mucho menos cuando la mayoría, si no todos ellos, están encasillados bajo el control de gobiernos al servicio del capital financiero y las grandes corporaciones privadas. En cuanto algún Estado, nacionalidad o región se atreviese a desarrollar una política solidaria, de cooperación y convergencia, no debiera demorarse un proyecto de integración entre los que se comprometan con dicha iniciativa. Los capítulos clave para integrarse, antes incluso que la aparición de una “nueva moneda común”, debieran contemplar una línea de inversión e intercambios cooperativos preferentes, medidas redistributivas, de armonización fiscal y de convergencia en las políticas y marcos laborales, en materia de infraestructuras, servicios públicos, políticas energéticas y alimentarias, o de políticas sociales. Pero también, el establecimiento de una política financiera de protección solidaria ante la evasión fiscal, o el ataque de fondos especulativos. Lo cual tiene como condición sine qua non construir una banca pública, expropiando a los bancos que causaron y se aprovecharon de la crisis. Esto puede implicar iniciar la construcción de un nuevo banco central dirigido políticamente, para aplicar una fuerte regulación del sistema financiero, estableciendo en su caso una política monetaria, comparativamente expansiva con otras áreas monetarias pero que, inexcusablemente debe interrumpir la lógica favorable a la hipertrofia financiera y el endeudamiento masivo de la economía, regulando las pautas de gestión financiera – coeficientes de caja, reservas obligatorias, etc.– y provisión del crédito. Es más, debiéramos huir de estereotipos eurocéntricos. En este nuevo club que sugerimos debiera caber todo aquel país comprometido con los parámetros pactados, sin mirar el origen de su continente. Si, por ejemplo, estamos pensando en la periferia europea (surde Europa, Irlanda o cualquier otro país –como Islandia–), también debiera aceptarse a países del Este o del Magreb. En suma, no podemos simplemente plantear la salida del euro, sin más, o quedarnos con desarrollar medidas a escala nacional. Es preciso idear un proyecto proactivo, supranacional y solidario, abierto a quien se comprometa con el mismo, sin mirar su origen, sino únicamente las prácticas que lo impulsen. 4. Un vehículo de movilización popular: la auditoría ciudadana sobre las Deudas Es preciso luchar por otro marco supranacional solidario, con un esquema de políticas redistributivas, solidarias e integradoras que hagan pagar a los capitalistas su crisis. Es necesario luchar por un modelo económico internacionalista en el que los inversores financieros no puedan seguir chantajeando a los gobiernos y parlamentos, ni empleen como títeres a las instituciones europeas para presionar gobierno a gobierno. Pero mientras ese puede ser un proyecto por el que luchar, ante el giro a la derecha en Europa y el secuestro antidemocrático de las instituciones europeas por parte de las oligarquías financieras, es conveniente encontrar un espacio para abrir brecha a favor de políticas progresistas y rupturistas. Un espacio que sólo puede levantarse desde abajo, desde el movimiento obrero y social. Una campaña que podría propiciarlo es el desarrollo de una Auditoría Ciudadana de las Deudas con un carácter participativo, abierto y pedagógico, para que la ciudadanía pueda disponer de la información y de un análisis que identifique los problemas de fondo. Esta auditoría debería esclarecer, como así se aclaró recientemente en el caso de Ecuador con efectivo éxito posterior, quiénes son los acreedores, el peso de la deuda pública y privada, cómo se contrajo esa deuda, sus condiciones de pago y plazos, la legitimidad de la misma, así como los usos de esta financiación (Toussaint, 2011). Esa campaña perseguiría la transparencia en las cuentas y dimensionaría la situación, abordando la principal losa que ahora atenaza a la economía y la sociedad: el brutal endeudamiento, especialmente el privado. Ese ejercicio pedagógico permitiría a la mayoría social entender no sólo el por qué de este obstáculo a cualquier salida, sino también arrojar luz sobre las posibles soluciones. Permitiría aclarar cómo se escogió promocionar el endeudamiento del sector público frente a la opción de financiarse con una justa fiscalidad de las rentas del capital. Veríamos entonces que gran parte de los acreedores han actuado con un sin fin de privilegios y ventajas. Se vería cómo esta política monetaria, especialmente desfavorable para los países periféricos, abocó a una política financiera –en un contexto de desregulación políticamente dirigida– totalmente laxa e irresponsable. Esta política financiera, para estimular la demanda vía deuda y no vía salarios o inversión y servicios públicos, concedía préstamos y créditos condicionados a garantías y avales que hacían soportar todo el riesgo de las operaciones en los endeudados. La lucha de clases adopta hoy una forma singular: acreedores contra endeudados. Y, por tanto, si la crisis la han de pagar los capitalistas hay que determinar cómo los acreedores van a afrontarla, asumiendo las reestructuraciones que sean necesarias, de forma que respondan por haber provocado una crisis como ésta. Por tanto, una primera idea fuerza es la de exigir una fuerte quita sobre las deudas. Primero la deuda pública contraída en condiciones odiosas o empleada ilegítimamente. A continuación, una segunda quita sobre la deuda privada para atribuir ponderadamente el sacrificio en función de la responsabilidad de cada parte, lo cual implica que la gran banca debiera asumir gran parte del coste, pues abusó de su posición de dominio. En este capítulo cabría además una regulación sobre las deudas entre el sector público y el privado o viceversa, o entre empresas, normalmente con relaciones asimétricas que debiera compensar los abusos monopólicos. Pero también en el capítulo hipotecario es necesario avanzar, no sólo con la reclamación de la dación en pago sino también con una regulación fiscal fuerte sobre las viviendas vacías y en desuso. Sería necesario impulsar la expropiación de las viviendas no debidamente mantenidas o adaptadas ecológicamente a un modelo urbano sostenible, así como la constitución de un parque público de alquiler a partir del stock de viviendas mantenido por las instituciones financieras. Todo ello debería garantizar el derecho universal al usufructo de un espacio habitable en régimen de alquiler socialmente asumible, en base a una proporción de los ingresos personales y a un mínimo exento. Creemos que otro mundo es posible, y que es necesario empezar por algún sitio a construirlo. Éste que se propone puede ser un buen camino aunque, de seguro, no esté exento de grandes obstáculos y conflictos. Lo importante, como casi todo en la vida, es atreverse a dar el primer paso. Referencias Toussaint, Eric y Damien, Millet (dirs.) (2011): La deuda o la vida. Europa en el ojodel huracán, Icaria.---Documento de la Comisión de Economistas de IA presentado en el Segundo Seminario de Economía sobre la Crisis Global IIRE. Publicado en la revista Viento Sur nº 119.

1939 Las últimas resistencias del Ejército Popular de la República

por Eduardo Andradas---- Entre los días 24 y 31 de Marzo de 1939, muchos soldados del ejército republicano y oficiales del mismo, pusieron resistencia militar a las ofensivas finales de las tropas franquistas. A pesar de la desidia o derrotismo de sus mandos o de los dirigentes principales de la junta del Coronel Casado. 24 de Marzo la Defensa Antiaérea republicana daña o derriba un Fiat italiano sobre la localidad de Ademuz (Valencia). El 26 de Marzo de 1939 en el sector de los Carabancheles está registrada la última ráfaga de ametralladora del Ejército Popular de la Republica en Madrid contra el ejército faccioso. Un soldado franquista se acerco a confraternizar con elementos del ERP y se aproximo a las líneas de trinchera que protegen la capital del fascismo y según parece un comisario político le disparo sin más consecuencias que su huida. La aviación de Franco ataca el día 27 puerto de Alicante y es repelida por baterías antiaéreas de la DECA sin conseguir derribar ningún aparato enemigo. Ese día de Marzo las unidades golpistas inician una ofensiva en las posiciones republicanas del rio Tajo, las brigadas navarras del General Solchaga solo encuentran resistencia en el pueblo de Arges de Toledo. Hay fuego cruzado de fusilería alrededor de las 10.00 h y algunos soldados franco-fascistas resultan heridos, existen encontronazos de artillería en la que resulta muerto un medico de las tropas del Gobierno de Burgos. La Legión Cóndor bombardea posiciones desde primera hora de la madrugada sin toparse con la aviación del Estado republicano. El frente se derrumba y cesa la oposición armada en el frente de Toledo antes del mediodía. El 27 de Marzo sobre el Levante español es abatido en combate un alférez italiano de la Aviación Legionaria Italiana (Posiblemente Sagunto). En el Frente Sur de la provincia de Córdoba, el General Queipo de Llano desencadena una ofensiva sobre la población de Hinojosa del Duque, al amanecer la artillería y la aviación dispara y bombardean contra las trincheras y parapetos del EPR, que resiste y responde con descargas de cañón y mortero. A las 8.00h unidades fascistas avanzan hacia las líneas republicanas y se producen tiroteos aislados, se derrumba la defensa Frente Populista. En el pueblo de Alcaracejos un edificio está ardiendo antes de la llegada de las brigadas de Franco. Dos horas más tarde cae sin enfrentamientos Pozoblanco. La ultima obstrucción al ataque fascista se da en el pueblo de Almadén, donde en sus afueras se dan refriegas de fusilería y ametralladora. El 28 de Marzo de 1939 pasado el mediodía, el escritor Anarquista Mauro Bajatierra Moran, es abatido en la calle Torrijos del Madrileño barrio de La Guindalera, después un tiroteo desde su casa con paramilitares Falangistas que iban a detenerle. El corresponsal de guerra de la CNT los esperaba con su pistola. El 29, un destacamento de FET-JONS armado a primera hora de la mañana desarma a un piquete de Carabineros que todavía custodiaba el Ministerio de Hacienda para la II Republica y se da por completa la conquista de Madrid por las huestes de Franco y sus aliados Nazi-Fascistas. El 31 de Marzo el Minador Vulcano de la flota franquista desembarca tropas en los alrededores del puerto de Alicante rodeando a los refugiados republicanos que se encontraban allí esperando su salida al exilio. Desde el barco se dispara a la multitud y algunos elementos armados republicanos responden con pistolas y unos cuantos fusiles. Los concentrados se rinden, dejando la acción muertos y heridos entre ellos. El 1 de Abril el estado mayor franquista da por concluidas las operaciones militares y hasta mediados de Abril, harán intervenciones de limpieza, lo que produce en pueblos menores todavía no tomados por el ejército fascista, conatos de resistencia aislada y varias víctimas por refriegas de armas, hasta la ocupación de Ibi y Tibi (Alicante). El proyecto del General Menéndez jefe del Ejercito de Levante de organizar un baluarte de resistencia republicana en Cartagena o de miembros de la CNT de montar columnas o grupos de guerrilla, fueron anulados por el infame Coronel Segismundo Casado. A partir del 1 de Abril, la resistencia armada pasaría a la guerrilla o maquis. Desconocemos por no estar documentada si existió más resistencia bélica al ejército Franquista. Recogí el testimonio directo de un vecino de Madrid que el día 28 de Marzo manifiesta que una tanqueta italiana, posiblemente una tanqueta L3/L35 Ansaldo por la descripción y que disparo sus dos ametralladoras al sentirse “paqueada” al entrar a la capital. Pero ningún libro o historiador recoge este acto que conozca o parte de guerra encontrado. Conclusión Como se desprende de los partes de Guerra en los periódicos de época de la zona republicana, la Junta del Coronel Casado, no dan ninguna importancia a la ofensiva franquista sobre los sectores de Toledo y Córdoba, ni disponen ordenes de defensa alguna, es mas dan una circular de izar bandera blanca y disponerse las unidades republicanas a rendirse a 10 km de sus líneas a las tropas fascistas. El mismo día que el ejército del Gobierno de Burgos penetraba en territorio republicano, el Coronel Casado entregaba la aviación “Roja” a Franco. Los puntos de defensa republicano carecían de vehículos acorazados y carros de combate, porque ellos habían sido usados en las ciudades como Madrid y Ciudad Real para reducir la resistencia de los partidarios del Gobierno de Juan Negrín. Queda de manifiesto que existiendo tropa y oficialidad el día 27 de Marzo que tenía pretensión de resistencia y con ello, se hubiera ganado tiempo, primero para organizar la máxima evacuación posible de personal a represaliar y de montar unidades guerrilleras. La junta de Casado con Julián Besteiro y Casado principalmente no tuvieron jamás ninguna voluntad de hacer frente a Franco sino de concederle la parte de España que se resistía a su dictadura. Eduardo Andradas Poeta e investigador Histórico de la Guerra Civil española---http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/18074-1939-las-%C3%BAltimas-resistencias-del-ej%C3%A9rcito-popular-de-la-rep%C3%BAblica.html

¿Será América Latina el nuevo Medio Oriente?

por Raúl Zibechi--- Todos los años la región latinoamericana escala posiciones en el ranking geopolítico mundial por el constante incremento de sus reservas de recursos estratégicos. Cuando Petrobras difundió en 2006 el descubrimiento de la capa pre-sal de petróleo, que puede albergar hasta 100 mil millones de barriles de crudo, el peso de Brasil en el mundo creció notablemente, ya que en 2020 será el cuarto productor mundial de crudo. La pasada semana se supo que posee también enormes reservas de gas natural en las regiones de Mato Grosso y Minas Gerais. El ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, aseguró que en cinco años el país tendrá autosuficiencia y se convertirá en exportador aunque seguirá importando gas boliviano (O Globo, 29 de abril de 2012). Hasta ahora Brasil es un modesto productor de gas con reservas de 340 mil millones de metros cúbicos, puesto 36 en el mundo. Las cifras que difundió el gobierno de Dilma Rousseff elevan las reservas a 7 billones de metros cúbicos, lo que coloca al país entre las cinco principales reservas de gas del mundo, detrás de Rusia, Irán y Qatar y a la par de Arabia Saudí. Un salto espectacular, similar, según Lobão, al que se dio con la capa pre-sal. En suma, la sexta economía del mundo se coloca como potencia gasífera y petrolífera, en una región cuya importancia en materia de recursos minerales y energéticos no deja de crecer. Apenas un año atrás, Venezuela había desplazado a Arabia Saudí como la primera reserva de petróleo. Además posee la tercera reserva de bauxita, la cuarta de oro, la sexta de gas natural y la décima reserva de hierro del mundo. En 2007 se supo que Perú contiene enormes reservas de uranio, disperso en 13 de sus 25 regiones, que ya se comienza a explotar en la provincia sureña de Carabaya, en Puno. A eso debe sumarse que Chile es el mayor productor mundial de cobre, y Brasil el mayor de hierro. Un reciente informe de Metals Economic Group señala que la caída del mercado de acciones favorece las inversiones en minería que crecieron 44 por ciento en 2010 y 50 por ciento en 2011, luego de una fuerte caída en 2009 (Tendencias de la exploración mundial 2012). La región latinoamericana es el primer destino de las inversiones mineras en el mundo, con 25 por ciento del total, donde destacan Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Argentina, los tres últimos por ser grandes productores de oro. En 2003, apenas 10 por ciento de la inversión minera mundial se dirigía hacia América Latina. Perú es el primer destino de las inversiones mineras en la región, seguido por México, Chile y Brasil. En 2010 la región proveía 51 por ciento de la plata del mundo, la mitad del litio, 45 por ciento del cobre, 27 por ciento del molibdeno, 25 por ciento del estaño, 23 por ciento del zinc y la bauxita, 19 por ciento del oro y 18 por ciento del hierro (Reuters, 16 de abril de 2012). Hasta 2020 el sector minero recibirá 300 mil millones de dólares de inversiones. Un verdadero desastre, ya que consolida la dependencia de la región a la explotación y exportación de sus recursos naturales. El periodista peruano Raúl Wiener sostiene que 30 por ciento de los ingresos fiscales de su país se originan en la minería y que la única forma más o menos rápida de incrementar estos fondos en el corto plazo y poder llevar adelante los programas sociales que todo candidato promete para ganar las elecciones, es con más inversiones en minería, por lo que pelearse con este sector sería hacerse el harakiri (La Primera, 12 de abril de 2012). La región ocupa un lugar destacado no sólo en reservas de gas natural y gas de esquisto (shale gas), petróleo, mineral de hierro, sino también en los más diversos metales. Para las multinacionales es el momento de hacer negocio. ¿Cómo evitar esta avalancha de inversiones que depredan la naturaleza y remachan nuestra dependencia? ¿Cómo hacer para que las riquezas no se conviertan en una maldición, como señala el ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta? El primer punto es que en los gobiernos no existe clara conciencia de que la región es un nuevo Medio Oriente. Atados a una mirada de corto plazo para aumentar la recaudación fiscal, ni siquiera saben cómo harán para defender esas riquezas. La segunda cuestión es que la resistencia de los movimientos, vigorosa y valiente, no tiene aún la potencia suficiente para frenar este proceso. Por cada emprendimiento que se frena o aplaza, como el proyecto explotación aurífera Conga, en Perú, decenas de otros siguen adelante. En tercer lugar, el único país de la región que tiene la capacidad tecnológica y financiera para encarar proyectos de extracción e industrialización de los recursos es Brasil, a través de Vale (segunda minera del mundo), Petrobras (cuarta petrolera), Braskem (quinta petroquímica) y sus grandes constructoras como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão. Y cuenta con el mayor banco de fomento del mundo, el BNDES, para financiar cualquier proyecto. El fracaso de la refinería que decidieron construir en Manabí las estatales Petroecuador y PDVSA, que crearon una empresa binacional para desarrollar el proyecto, muestra los límites de las iniciativas regionales. El proyecto fue anunciado por el presidente Rafael Correa en 2008 y nunca se concretó. A mediados de abril Correa informó que China estaría dispuesta a financiar los 13 mil millones de dólares de la Refinería del Pacífico que podría estar terminada en 2016 (La Hora, 21 de abril de 2012). Ecuador debió recurrir a China ante la crisis y ruptura con las empresas brasileñas en 2008. La sensación dominante es que más allá de la voluntad de los gobiernos de la región, que apuntan hacia la profundización del modelo extractivo con mayor presencia estatal, no hay condiciones para eludir a las multinacionales. La buena nueva, relativa por cierto, es que el menú se ha ampliado: a las tradicionales megaempresas del norte se suman ahora las chinas y las brasileñas. Los que crean que son mejores, les pueden preguntar a los pueblos –y también a los gobiernos– que las sufren. Fuente: Jornada.com