5 de junio de 2012

En contra de la medida prohibicionista de CiU

Comité Ejecutivo del PSUC-Viu / 04 jun 12--- Ante las medidas aprobadas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya de crear un fichero de mujeres que ejercen la prostitución y de los puteros, en la orden publicada el día 29 de mayo, en el DOGC ( Diari Oficial de la Generalitat), por el cual se creará un fichero que recoja las datos personales, datos especialmente protegidos como la naturaleza sexual de la persona, y el tipo de infracción administrativa cometida, según el artículo 56.4 de la ley de carreteras. Que con la excusa de multar por el comercio sexual en la carretera a estas mujeres, argumentando que es una falta grave la ocupación temporal de las zonas de dominio público de las carreteras para negociar servicios de naturaleza sexual, porque suponen un peligro para la seguridad viaria. Que la multa podrá ser hasta 30.000 euros, tanto para las mujeres, como para los puteros. Que frente la hipocresía del Gobierno de la Generalitat, que por un lado prohíbe la prostitución en las carreteras y por otro fomenta la proliferación de macroprostíbulos. Y ante la medida prohibicionista aprobada por el gobierno de CiU: El PSUC-viu denuncia la creación de este fichero de mujeres muy desfavorecidas con datos muy protegidos de estas personas con fines policiales y recaudatorios, en vez de adoptar medidas legales y socioeconómicas que ayuden a estas mujeres a resolver desde la raíz los graves problemas que las llevan a esta situación de esclavitud sexual y de tráfico, en un país que decidió con sus políticas convertirse en el burdel de Europa. Barcelona, 31 de mayo de 2012

La necesidad de una segunda transición

Discurso del Profesor Navarro en los actos de graduación de licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el 25 mayo 2012. Queridas Autoridades académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y queridos estudiantes de esta facultad que os graduáis hoy en esta Universidad, de la cual me gradué yo hace medio siglo. Os habla entonces una persona de la generación de los años cincuenta y principios de los años sesenta que habla y da la bienvenida a unos nuevos licenciados que espero compartan un proyecto en el que muchas generaciones anteriores hemos estado envueltos. Pero, antes de hablar de este proyecto, permitidme acentuar qué es un honor para mí que me hayáis elegido como vuestro padrino. Según me han dicho, ser padrino me otorga el deber de aconsejaros en la labor que tendréis que realizar a partir de ahora, cuando la población, a través de su Estado, os ha dado la licencia para que la sirváis, poniendo el conocimiento que esta Universidad os ha dado a su disposición. La vocación de servicio es un elemento definitorio de vuestra profesión. Un instrumento central de vuestro trabajo es la Ley, así como la colección de intervenciones públicas y privadas, a través de las cuales el Estado ejerce sus funciones normativas y reguladoras. Algunos graduados de esta facultad seréis legisladores, otros seréis administradores del bien público, otros seréis jueces, otros seréis fiscales, otros seréis miembros de tribunales que afectarán de manera muy directa el bienestar y calidad de vida de la población. De ahí vuestra enorme responsabilidad. Pero hoy os invito a que reflexionéis sobre qué es la Ley, incluyendo en nuestro país el sistema judicial, y si está o no sirviendo a la población. Y veréis que las respuestas a estas preguntas no son muy halagüeñas. De todas las ramas del Estado, el sistema jurídico es de los que tienen menos prestigio y respeto entre la población que, por cierto, lo financia. Permitidme que subraye esto. Sin infravalorar el sacrificio de vuestros familiares, y muy en particular a vuestros padres y madres –a los cuales quiero saludar y felicitar en este momento feliz de sus vidas- es importante subrayar que es la población la que, a través de los impuestos, os ha financiado estos estudios. Y es también la que financia el sistema judicial. Pues bien, es entre esta población la que, según las últimas encuestas, el sistema judicial es de los servicios menos valorados por la población. Y no sólo por su enorme lentitud –el caso claro de corrupción de Millet en el Palau de la Música es eterno y bochornoso- sino por su sesgo, casi siempre favorable a las estructuras de poder, a costa del ciudadano normal y corriente, que es la que financia el sistema jurídico. Creo que la evidencia científica avala la tesis de que las leyes, sistemáticamente favorecen más a las estructuras del poder que a las clases populares. Y la gente lo sabe. De ahí su escepticismo hacia la Ley y hacia sus gestores. Y de ahí su escasa valoración. La población es consciente de este sesgo profundamente conservador de la Ley. Ejemplos de este sesgo conservador hay muchos. Si un conductor, por negligencia, atropella y mata a un peatón, es más que probable que termine en la cárcel. Si un empresario, por negligencia, es responsable de la muerte de uno o incluso varios obreros, les aseguro que no irá a la cárcel. A lo sumo recibirá una multa. El caso más reciente es el escándalo de la industrial del amianto. El mundo empresarial era consciente del impacto fatal de tal producto. Consecuencia de su producción, miles de trabajadores han muerto y continúan muriendo. Y ni uno de los empresarios ha ido a prisión. La gente lo sabe, y de ahí su escasa valoración del sistema judicial. Y se podría decir que, por desgracia, esta situación ocurre en muchos países. Pero es particularmente acentuada en el nuestro. El descrédito del sistema judicial ¿Por qué? Aquí tenemos que hablar claro. La transición de la dictadura a la democracia se hizo en nuestro país en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparado del Estado. El mantenimiento de la Monarquía era un síntoma de ello. Y las fuerzas democráticas lideradas por las izquierdas apenas salían de la cárcel o habían vuelto del exilio. No era una relación equilibrada, y ella tuvo muchas consecuencias. Una es lo profundamente conservadoras que son las estructuras de este Estado, incluyendo el sistema jurídico y su cúpula, desde el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional. Hay múltiples indicadores de ello. Desde la negación por parte del Tribunal Constitucional del carácter plurinacional del Estado español al hecho auténticamente bochornoso de que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único juez en España que se ha atrevido a juzgar los crímenes de aquel régimen dictatorial que dejó en su rastro más de 120.000 asesinados cuyos cuerpos todavía permanecen en lugares desconocidos. El bochorno de esta situación es enorme. Cuando ocurrió esto, el mayor programa de humor de EEUU, Saturday Night Line, hizo un sketch de humor señalando que de la misma manera que Bolivia, un país que no tiene mar, tiene, en cambio un Ministerio de Marina, España tiene un Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo desacreditó enormemente al Estado español, mostrando hasta qué punto ha estado en manos profundamente conservadoras. Hoy en Europa, la existencia de tal Tribunal Supremo es un bochorno. Es impensable que en la mayoría de países democráticos europeos se llevara a los tribunales a un juez que quisiera juzgar los crímenes del nazismo o fascismo. Esta situación, para cualquier persona con sensibilidad democrática, es intolerable. De ahí que vosotros tenéis que ayudar a cambiar esta situación. Es una tarea inmensa la de democratizar España, la de democratizar incluso el sistema jurídico, como parte de la democratización del Estado. Tenéis que ayudar a hacer la Segunda Transición pasando de la democracia muy incompleta que tenemos a una democracia mucho más completa que la ciudadanía se merece. Hay que establecer un sistema judicial al servicio de la población, y muy en especial de las clases populares. Hay que democratizar la ley y la gestión de la ley. Pedir democracia hoy es subversivo Ahora bien, en España exigir democracia hoy es casi subversivo. Se están aplicando políticas como las de austeridad y de recortes, que no han sido aprobadas por un mandato popular, pues no estaban en los programas electorales de ningún partido. Y muchas de ellas son incluso contrarias a la Constitución. Estos recortes, por cierto, están creando una enorme crisis económica además de social, pues disminuyen la demanda y generan la recesión, en camino de transformarse en depresión. En esta lucha me permito aconsejaros que cuestionéis la "sabiduría convencional". ¿Por qué –debéis preguntaros- el derecho de propiedad del capital es sagrado, mientras el derecho al trabajo y a la vivienda es agua de borrajas? ¿Por qué no se conserva el derecho de la vivienda y en cambio se considera sagrada la propiedad? ¿Por qué se protege tanto a la Banca y tan poco al inquilino desahuciado? Y aunque os parezca que la oposición a la democratización del Estado es enorme, sabed que si la causa que defendáis es justa, al final venceréis. Recordad que en esta lucha por la democracia sois continuadores de la lucha de otras generaciones, la de mis padres que perdieron la guerra defendiendo la República y un gobierno democrático, y que fueron brutalmente represaliados por ello, la de los años cincuenta que iniciamos la resistencia pacífica contra la dictadura, la de los años sesenta y setenta, liderada por el mundo obrero que consiguió terminar con aquella dictadura. Y no os olvidéis nunca que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. La agitación social logró tal fin. Pero la lucha por la democracia continuó durante el periodo democrático. Y aquí quiero saludar a los movimientos sociales, a los sindicatos y a los partidos políticos discriminados por una ley electoral que les penaliza, y quiero saludar también al movimiento 15-M, que es un aire fresco en este cambio. Sumaros a ellos porque la situación actual, donde los derechos sociales, políticos y laborales están siendo reducidos, vosotros, trabajadores intelectuales que gestionaréis la Ley, tenéis la oportunidad de que el derecho -que es hoy parte del problema- sea parte de la solución. Y ello se hará siempre que apoyéis a los más vulnerables frente a los más poderosos. Defender a los trabajadores, defender a los consumidores, defender a los usuarios de los servicios públicos y privados, defender a la gente normal y corriente que cada vez tiene menos voz. Hoy la juventud, vosotros, tenéis enormes retos. El 50% de los jóvenes no encuentran trabajo y derechos elementales como la sanidad, los están eliminando. Una persona joven de más de 26 años ya no tiene cobertura sanitaria garantizada por ley. Estamos volviendo a situaciones que creíamos habíamos ya dejado atrás. De ahí que la lucha, y no hay otra manera de decirlo, la lucha por la democracia, por los derechos sociales y por los derechos laborales, por el bienestar del país, son la misma lucha. Y termino ya, sólo para señalar que en los años cincuenta y sesenta, las facultades de la Universidad de Barcelona que más activas eran en la resistencia antifascista eran la de Medicina y la de Derecho. Os invito a que continuéis la lucha de vuestros antepasados, los estudiantes de derecho de entonces. El país ahora os necesita más que nunca, cuando nuestros derechos están amenazados. Seguro que lo haréis. ----------------- Fuente: vnavarro.org

Presentación del último libro de Jaime Pastor en Zabaldi: Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda

"(...) la persistencia de una relación de dominación de la nación española sobre las demás (ya sean catalana, vasca, gallega, andaluza...) nos obliga a quienes residimos fuera de los territorios donde prevalecen estas últimas a poner en primer plano la denuncia del chauvinismo español y la exigencia del reconocimiento del derecho de autodeterminación de aquéllas que quieran ejercerlo. Desde un punto de vista democrático la opción más coherente sería la construcción de una unión libre de los pueblos del estado español en torno a un proyecto federal plurinacional, plurirregional y pluricultural que a su vez contribuyera a ir forjando otra Europa de los pueblos. Es sabido que la derecha española no se lleva bien con los nacionalismos «periféricos», como se denomina a las «nacionalidades históricas» del Estado español, pues su proyecto hegemónico a lo largo de la historia, basado en las tres unidades excluyentes —una sola nación, una lengua, una religión— no le permite ceder en ese terreno. Lo que es más difícil de explicar es cómo la izquierda, que en muchas partes del mundo ha apoyado e impulsado procesos de liberación nacional, de emancipación, anticolonialistas, soberanistas…, persiste en tantas ocasiones en negar el derecho de autodeterminación a estos pueblos. . Pero las poderosas resistencias del nacionalismo español a avanzar por ese camino siguen actuando como un factor «separador» que explica que posiciones de tipo «separatista» estén encontrando mayor audiencia en las poblaciones de las Comunidades que se sienten más «diferentes», especialmente entre la juventud." Se necesita un recorrido histórico y un estudio teórico para contrastar las posiciones históricas de las corrientes republicanas, federalistas y de izquierda de ámbito estatal en los siglos XIX y XX y ser críticos ante sus titubeos en la defensa del derecho de autodeterminación. Sobre todo, interesa conocer la trayectoria de los partidos que se definen de izquierda en la reciente historia del Estado español y en el nada ejemplarizante proceso de transición que siguió a la dictadura, que han contribuido a configurar un Estado autonómico que sigue negando la plurinacionalidad y la pluriculturalidad en condiciones de igualdad. En cambio, los análisis y propuestas procedentes de la izquierda alternativa incluyen nuevas reflexiones y críticas sobre los nacionalismos y los Estados que buscan retomar el hilo de una actitud radicalmente democrática e internacionalista que apostó por otra «transición». Hoy el debate es más amplio que el tradicional de la izquierda frente a los nacionalismos. Estamos ya en nuevos parámetros de procesos de construcciones nacionales y soberanismos en el marco de la crisis de los Estados «históricos» y de una Europa en crisis. http://www.laovejaroja.es/nacionalismos.htm

CCOO y UGT de La Rioja rechazarán la propuesta de Educación y convocan a los docentes a un referéndum

CCOO y UGT han anunciado esta mañana que se opondrán a la propuesta de aplicación del ‘Decreto Wert’ presentada por la Consejería de Educación al entender que “no ofrece garantías suficientes ni sobre calidad y sobre empleo”, destacó Mikel Bujanda (CCOO). En este sentido Bujanda recalcó que “no recoge nuestras propuestas sobre la no ampliación de la ratio en Infantil, en atención a la diversidad o en los PCPI y, respecto a la sustitución de profesores en situación de baja “no se garantiza que sea el primer día”. Junto a estos dos aspectos, los dos sindicatos coincidieron en que “no se garantiza el horario lectivo de los docentes. No se amplía para mayor docencia”. No obstante, y para conocer la opinión de los docentes de La Rioja UGT y CCOO han convocado a todos los docentes a un referéndum que tendrá lugar el próximo 14 de junio y que, si bien se celebrará una vez que se cierre la negociación, permitirá “que los profesores se pronuncien”. “Es el cumplimiento de lo que se acordó en las Asambleas de Profesores”, explicó Bujanda que adelantó que para que el resultado sea vinculante se exigirá la participación de “al menos, el 50% de los profesores riojanos”. Las dos organizaciones reiteraron que para poder aceptar un acuerdo es necesario, “además de introducir un preámbulo en el que la Consejería se comprometa a respetar todos los acuerdos que ya están vigentes, reformar la redacción de las ratios además de modificar la ampliación de los periodos lectivos”. En este sentido consideran que el acuerdo podría ser más factible si “se considera lectiva la hora de guardia”. “La Consejería ha desperdiciado la oportunidad de llegar a un acuerdo y demostrar la excelencia de la Educación riojana”, recalcó Bujanda que cree que el consejero se equivoca “amenazando con la aplicación del ‘Decreto Wert’. No lo ha valorado. No tiene una actitud responsable”, consideró.http://www.larioja.com/20120605/local/region/ccoo-rechazaran-propuesta-educacion-201206051210.html

El Gobierno extiende la amnistía fiscal incluso al dinero procedente del crímen organizado

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno ha entrado este lunes en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se extiende esta medida al uso de dinero en efectivo no declarado, es decir, dinero de dudosa procedencia que podría ser fruto incluso de actividades criminales. Según la orden ministerial que publica el BOE y que desarrolla el Decreto Ley aprobado por el Gobierno, podrán acogerse a la amnistía aquellos contribuyentes que manifiesten ser titulares de dinero en efectivo no declarado con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Para regularizarlo, los ciudadanos sólo tendrán que depositar la cantidad en una cuenta a nombre del declarante antes de presentar la declaración tributaria especial diseñada para este fin. Según la orden ministerial, podrán acogerse a la regularización extraordinaria los contribuyentes de IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto de la Renta de no Residentes titulares de bienes o derechos de rentas no declarados. La titularidad de estos bienes y derechos deberá haberse adquirido antes del 31 de diciembre de 2010 y podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, excepto en el caso de cantidades en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, que se declararán por el importe total del saldo al 31 de diciembre de 2010. La cuantía que tendrán que pagar aquellos que se acojan a esta regularización extraordinaria será del 10% del importe declarado y sobre la cuantía ingresada no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos. La declaración especial tendrá que presentarse antes del 30 de noviembre de 2012 y los datos relativos a la presentación serán de carácter reservado. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar hasta 2.500 millones de euros. Por otro lado, el BOE ha publicado también otra orden ministerial por la que se aprueba el gravamen especial de dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en España. Agencias.http://www.larepublica.es/2012/06/el-gobierno-extiende-la-amnistia-fiscal-incluso-al-dinero-procedente-del-crimen-organizado/

La consejera navarra de Salud, Marta Vera, ha afirmado que el Gobierno Foral "debe aplicar" los recortes sanitarios planteados por el Gobierno central

Asegura que se implantarán por "responsabilidad" y "haciendo uso de nuestra autonomía para desarrollarlos de la mejor manera" La consejera navarra de Salud, Marta Vera, ha afirmado que el Gobierno Foral "debe aplicar" los recortes sanitarios planteados por el Gobierno central, ya que "no invaden nuestras competencias" y "con los informes jurídicos que hasta el momento contamos, estamos obligados a asumirlos". No obstante, la consejera ha subrayado que se implantarán "haciendo uso de nuestra autonomía y desarrollándolas de la mejor manera posible". En comisión parlamentaria, a petición de Bildu e Izquierda-Ezkerra para informar sobre la posición del Gobierno de Navarra ante los recortes sanitarios del Gobierno central, Vera ha reconocido que "se podrá plantear el acierto o el fallo de las modificaciones" contempladas en el Real Decreto Ley del Ejecutivo del PP, pero ha remarcado que "se han producido en aspectos que tenían y tienen un claro aspecto básico". Según Marta Vera, "la responsabilidad y corresponsabilidad que con el resto del país el Gobierno de Navarra ha asumido siempre" le lleva "a ser consciente de la enorme responsabilidad que tenemos todos con la situación en la que nos encontramos", si bien ha matizado que el Ejecutivo "ejercitará el derecho de su autonomía para aplicar estas medidas de la manera más favorable posible a todos los ciudadanos". "Siempre nos ha guiado un ejercicio de responsabilidad y por eso UPN ha apoyado medidas realistas encaminadas claramente a salir cuanto antes de esta situación", ha sostenido Vera, para incidir en que Navarra "adoptará estas medidas porque es nuestra responsabilidad garantizar el mejor servicio a los ciudadanos". Marta Vera, que ha detallado las características del Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, aprobado por el Congreso de los Diputados, ha explicado que esta norma "ha modificado normas que ya tenían carácter básico y que eran aplicadas por las comunidades autónomas". Según la consejera, en lo expuesto en el Real Decreto "se deduce claramente que lo que se pretende es una regulación uniforme de distintos aspectos que afectan de forma sustancial al Sistema Nacional de Salud, reforzando las medidas de cohesión, entre los que figura la regulación de la condición de asegurado, que será quien tenga un derecho a la prestación sanitaria en el sistema vinculada a la Seguridad Social". Igualmente, ha destacado que con la nueva regulación "no se define la cartera de servicios, ni, por supuesto, se restringe". "Únicamente se establecen los niveles de prestaciones y se instaura la sistemática para entrar y salir de dicha cartera", ha señalado Vera, para incidir en que "se mantiene el sistema sin que pueda hablarse de que se restringen las competencias de las CCAA". En cuanto a la regulación de la prestación farmacéutica, la consejera ha explicado que "es competencia exclusiva del Estado", por lo que, en su opinión, "si alguna comunidad no aplica este nuevo sistema de aportaciones creará un perjuicio a algunos ciudadanos porque les obligará a tener una aportación superior a personas de otras CCAA". I-E, BILDU Y NABAI CRITICAN LOS RECORTES En el turno de los grupos parlamentarios, Marisa de Simón, de I-E, se ha preguntado "hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo foral" en este ámbito y ha lamentado que el Gobierno está demostrando que "aprueba y apoya las políticas del PP en el Estado". Además, ha considerado "indigno" aprovechar la crisis "para negar la asistencia a los inmigrantes irregulares". Por su parte, Bakartxo Ruiz, de Bildu, ha considerado "bastante preocupante" la "ofensiva de recortes en el sector público" que está poniendo en marcha el Gobierno central, con "el apoyo de UPN". En su opinión, se trata de una "política neoliberal para desmantelar el sector público haciéndonos creer que hemos tenido una sanidad por encima de nuestras posibilidades". En representación de UPN, Antonio Pérez Prados ha defendido que "ahora no nos podemos permitir la sanidad que hemos tenido" y ha pedido a los grupos de la oposición que "no aprovechen esta grave crisis" para criticar al Ejecutivo. Desde las filas socialistas, Mari Carmen Ochoa ha explicado que su grupo ha pedido un informe jurídico para analizar si el Real Decreto Ley invade competencias de Navarra y ha asegurado que, en caso de que sea así, "defenderemos nuestro autogobierno". Asimismo, Asun Fernández de Garaialde, de Nafarroa Bai, ha considerado que "la responsabilidad con la ciudadanía del Gobierno foral no es aplicar los recortes" y ha defendido que el sistema de salud "necesita reformas, no recortes", para hacerlo sostenible.EUROPA PRESS | PAMPLONA Finalmente, la 'popular' Amaya Zarranz ha dado las gracias a la consejera "por su ejercicio de responsabilidad al apoyar las medidas que está tomando el Gobierno central para salir de la crisis", unas medidas "absolutamente necesarias" ante un Sistema Nacional de Salud que "no podía seguir así".

Investigación revela que los bancos occidentales se llevan la mayor parte del negocio de la cocaína

Investigadores muestran que casi la totalidad del negocio del narcotráfico es cosechada en los países que consumen las drogas; lo cual sugiere que los grandes bancos de países occidentales operan una gigantesca red de lavado de dinero La investigación más extensa hasta la fecha ha confirmado la intuición popular de que el negocio de la droga recae fundamentalmente en los países que consumen sustancias como la cocaína, más que en los países que las producen. ¿Por qué nunca o casi nunca se detienen capos en Estados Unidos? ¿Acaso los narcotraficantes mexicanos y colombianos dominan a sus anchas uno de los negocios más jugosos del planeta? La repuesta parece ser que los capos de países consumidores como Estados Unidos son los bancos que lavan el dinero y las autoridades que permiten que florezca el narcotráfico. El diario británico The Guardian reporta sobre el estudio Anti-Drugs Policies In Colombia: Successes, Failures And Wrong Turns, realizado por Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, al parecer el más completo hasta la fecha en lo que se refiere al análisis de los mecanismo financieros que operan en el tráfico de drogas, específicamente la cocaína colombiana. El estudio revela que sólo el 2.6% del valor que genera la cocaína producida en Colombia permanece en ese país, mientras que el restante 97.4% es capitalizado por sindicatos criminales y bancos que lavan el dinero en países consumidores de primer mundo. Esta minúscula derrama económica contrasta con la gran cantidad de violencia que se genera en los países donde se produce la droga — y donde se centra la guerra contra la droga. Gaviria, uno de los autores, hace una provocadora analogía: “que pensarían los estadounidenses si los índices de homicidios se dispararan en Seattle porque el consumo y el negocio de la cocaína estuviera migrado a Canadá”. Se calcula que la cocaína colombiana es un negocio de 300 mil millones de dólares al año, de los cuales sólo 7.8 mil millones se quedan en Colombia. “Si los países como Colombia se beneficiaran económicamente del tráfico de drogas, habría un cierto sentido en todo esto. Sin embargo, hemos pagado el precio de las ganancias de otros –Colombia recientemente, y ahora México”, recalcó Gaviria. Daniel Mejía añade que existe una gran diferencia entre la regulación en los bancos colombianos y los bancos en países como Estados Unidos, donde no se investiga el lavado de dinero con el mismo escrutinio. “Todo el sistema operado por las autoridades en las naciones consumidoras está basado en ir detrás del pequeño productor, el más débil en la cadena y nunca detrás del gran negocio y de los sistemas financieros donde están las grandes cantidades de dinero… Es tabú perseguir a los grandes bancos. Es suicidio político en este clima económico porque las cantidades de dinero reciclado son tan altas”. Hace dos años se inició una investigación al banco Wachovia (ahora Wells Fargo) por lavar 380 millones de dólares del narco mexicano. El banco admitió haber transferido 110 millones de dólares de México a Estados Unidos y no monitorear 380 millone de dólares. Dos años después el banco ha sido absuelto y nadie ha ido a la cárcel. Esta es la imperante impunidad de estas instituciones que son “demasiado grandes para caer”. [The Guardian] http://pijamasurf.com Related posts: Además de corromper, el poder es tan adictivo como la cocaína, asegura investigador Ian Robertson, neurocientífico del Trinity College de Dublín, asegura que el poder despierta en las zonas de recompensa del cerebro efectos similares a los de la cocaína: un placer inmediato... “Hacer llegar nuestra música a la mayor parte de gente posible es una de las mejores maneras de hacer patria”: pianista argentina Marcela Roggeri Por Andrés Bermúdez Liévano | Con piezas de Chopin, Liszt y Satie, pero también con obras de tres leyendas de la música argentina, debutó el fin de semana pasado en... Una investigación periodística revela cómo los ‘felipistas’ se forran Por LUIS DíEZ | Dice Javier Chicote en el libro Socialistas de Elite (Felipe y los felipistas, De Suresnes al club del millón de euros), que muchos políticos...---http://www.luzdelevante.com/?p=19929

Carlos Slepoy: "Hay razones para ser optimistas, los crímenes del Franquismo van a ser juzgados"

Argentina tiene abierta una querella para juzgar los crímenes del Franquismo. Su impulsor fue el abogado Carlos Slepoy, que reclamó a su país devolver al Estado español ’el favor’ que permitió acabar con la impunidad. Carlos Slepoy, abogado experto en derechos humanos, lleva años luchando para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. Al inicio de la dictadura argentina, en marzo de 1976, fue secuestrado y torturado, y estuvo preso más de un año. Tras su liberación se exilió a España y ha ejercido como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador argentino Rafael Videla y otros miembros de la dictadura. Consiguió que se juzgara al militar Adolfo Scilingo en el Estado español, condenado por el Tribunal Supremo en 2007 a 1.084 años de prisión. En 2010, Carlos Slepoy fue el promotor de la apertura de una querella para juzgar los crímenes del Franquismo en Argentina. Dos años después, un grupo de abogados españoles y argentinos, coordinan la causa que instruye la jueza María Romilda Servini, que vendrá a España en unos meses para tomar declaración a familiares y víctimas del Franquismo. Represaliados de La Comuna, ya han viajado a Argentina para aportar documentos y testimonios. DIAGONAL: ¿En qué momento está el movimiento de recuperación de la memoria histórica? CARLOS SLEPOY: Creo que en España se ha producido algo magnífico. En estos últimos años se empieza a abrir las primeras fosas, se crea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Foros por la Memoria y diversas organizaciones. A partir de ese momento, la lucha por la memoria histórica adquiere unas dimensiones cada vez mayores. Lo que parecía que estaba olvidado y que no había ninguna posibilidad de ser recuperado tiene una pujanza social muy grande. Se inicia un fenómeno parecido al de Uruguay, Argentina o Chile: homenajes a desaparecidos, apertura de fosas y movilización de la sociedad civil, sin apoyo institucional. Esto es atribuible a las víctimas, a sus familias y a las personas que se solidarizan con ellas. Pero, aunque la independencia es importante, es el Estado quien tiene la obligación de reparar a las víctimas, asegurar la memoria y enjuiciar a los responsables. D.: ¿Cómo valora que se haya apartado al juez que quiso investigar los crímenes del Franquismo? C.S.: Es bochornoso, llena de descrédito a lamagistratura española. Está muy claro que todo comienza cuando Garzón intenta investigar los crímenes del Franquismo. Además, es condenado en la trama de corrupción del PP, ahora en el Gobierno, y lo es por unas escuchas, una medida de prueba que ordenan muchos jueces sin que ninguno se haya visto jamás sometido por eso. Garzón al intentar investigar los crímenes del Franquismo traspasó una línea roja y en ese mismo momento fue condenado. Luego el estrategia de absolverlo en la causa del Franquismo, pero a la vez aprovechar esa sentencia para decir que fue un error y que los hechos de la dictadura no pueden ser investigados... Eso vulnera el derecho internacional y el español, es dictar una resolución contraria a la doctrina del Tribunal Supremo. No olvidemos que el Supremo condenó al militar Adolfo Scilingo a más de 1.000 años de prisión por crímenes de la misma naturaleza cometidos a 12.000 km de distancia y no había españoles implicados. Además, en la sentencia se dice que no se puede investigar los crímenes por la Ley de Amnistía, la prescripción de delitos... Los recursos que se van a interponer en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminarán diciendo que el Supremo vulnera el Derecho Internacional. También tenemos confianza en la causa argentina. D.: ¿Cuál ha sido su papel en la querella abierta en Argentina? C.S.: Soy uno de los redactores e impulsores de la misma. La idea de la querella surgió en un viaje a Argentina; en ese momento se iniciaban las actuaciones contra el juez Garzón, en marzo de 2010. Planteé en una entrevista que sería muy importante que Argentina devolviera el favor que hizo la Justicia española para que se pudiera terminar con la impunidad en Argentina y Chile. Hechos como la detención de Pinochet, el juicio y condena a Scilingo, la detención y extradición de Cavallo... La propuesta tuvo un efecto inmediato y me empezaron a llamar abogados. Ahora somos un equipo y hay muchos denunciantes. Al principio el fiscal dijo que estimaba que se estaban investigando estos delitos en España y como no impulsaba la causa, la jueza la archivó. Lo recurrimos ante el Tribunal Superior y la Cámara de Buenos Aires y la Cámara Federal ordenó que se iniciaran las investigaciones y se requirió a las autoridades españolas que informaran si se estaban investigando los crímenes. Después de enviar un exhorto al Gobierno español, el fiscal general del Estado, entonces Cándido Gómez Pumpido, dijo que había muchos procedimientos en marcha. Contestamos diciendo que eso era una falacia y pedimos al Estado nombres de torturadores, empresas que utilizaron a presos políticos como esclavos, etc. Aún no han respondido. Los crímenes del Franquismo se van a juzgar. Igual pasó en Argentina: se pensaba que era imposible, surgió un juez que empezó y el proceso fue irreversible. Hay razones para ser optimistas. "El número de niños robados en España es infinitamente mayor que los registrados en Argentina" DIAGONAL: ¿El robo de bebés se va a investigar en la causa abierta de Argentina contra los crímenes del Franquismo? CARLOS SLEPOY: Sí. Cuando las Abuelas de la Plaza de Mayo denunciaron la existencia de unos 500 niños secuestrados por la dictadura, esto causó un tremendo estupor en España. Lo que no estaba presente en la sociedad española era que el número de niños robados en España era infinitamente mayor qu en Argentina. Garzón registró en sus autos que había 30.000 niños apropiados hasta finales de 1951. Unos hechos que constituían un plan, una práctica legalizada con decretos que establecían que las mujeres republicanas sólo podían tener a los niños en las prisiones hasta los tres años. Luego, los menores eran retirados para ser entregados a afectos al régimen. Se legalizó la apropiación de niños, con la idea de que había que extirpar el “virus marxista”, así se legalizó la práctica del secuestro y apropiación de niños. Se naturalizó esa práctica durante toda la dictadura franquista y aún durante la democracia. Miles de niños fueron apropiados ya no por la naturaleza política sino porque empezó a ser un negocio. A las madres pobres se les decía, como es conocido ahora, que sus hijos se habían muerto, pero el bebé era entregado a familias que estaban apuntadas para adoptar, entre comillas, saltándose todas las prescripciones legales. Es muy grave y llama la atención que el Tribunal Supremo, cuando se adoptan las resoluciones contra la investigación de los crímenes del Franquismo no haga la más mínima alusión a estos niños. Si una persona fue privada de su identidad cuando era pequeña, el delito se sigue cometiendo porque esa persona sigue con su identidad sustituida, y los que se apropiaron de él o ella, siguen cometiendo el delito. Por tanto, el crimen se sigue cometiendo, es un delito permanente, lo mismo que la desaparición forzada de personas, no ha prescrito. El robo de bebés en España es un verdadero escándalo. ------------- Fuente: Diagonal