6 de junio de 2012

Coalición de izquierda griega conversa con representantes del G-20

Atenas, 6 may (PL) El líder de la Coalición de Izquierda Radical (Syriza), Alexis Tsipras, se reunió hoy con los embajadores de los estados más industrializados (G-20) en esta capital para explicarles su programa político de cara a las elecciones del próximo 17 de junio en Grecia. Tsipras detalló cuáles serán los principales objetivos de su partido, relacionados con la economía y la política exterior, en caso de alcanzar el gobierno tras los comicios legislativos, poniendo especial énfasis en su vocación pro-europea y su deseo de que este país permanezca en el euro. El dirigente explicó que "el programa de Syriza no busca la salida de la Unión Europea (UE) ni de la Eurozona, sino que persigue una solución negociada para salir de la crisis y transformar a Grecia en un socio igualitario y digno en la UE y la moneda común". Aseguró que la única solución posible pasa por "detener la destrucción en curso, la disminución del PIB de Grecia y el aumento del desempleo", aumentando el nivel de los salarios y del gasto social del Estado pues "es vital para la salud y la seguridad de la población". En materia de política exterior, Tsipras dijo que su partido persigue una diplomacia multipolar y pacífica, busca construir una "cooperación regional en los Balcanes y en el Mediterráneo y conseguir que toda la región de Oriente Próximo sea una zona libre de armas nucleares", precisó. Al término de la reunión, Kostas Issijos, responsable de relaciones internacionales de Syriza, explicó a Prensa Latina que solo los embajadores de los países emergentes que integran el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) se mostraron receptivos a sus demandas. Comentó que por contraste, otras naciones -Alemania, especialmente- continuaron insistiendo en unas políticas que ya han llevado a la ruina al país y que están supeditadas a los intereses de los grupos financieros internacionales. Issijos insistió en que Syriza no va a seguir por ese camino pues su intención es reconstruir un espacio político y social que tenga al ser humano en su centro y la búsqueda de un socialismo con democracia y libertad. Al encuentro no asistieron los embajadores de Alemania, Estados Unidos, Japón, China y Arabia Saudí, y en su lugar asistieron diplomáticos de nivel inferior.ls/ac

Los pueblos del mundo frente a los avances del capitalismo: Rio +20 y más allá

La Vía Campesina--- Los gobiernos de todo el mundo se reunirán en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, para supuestamente conmemorar 20 años de la "Cumbre de la Tierra", la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableció por primera vez una agenda global para el "desarrollo sostenible". Durante esa cumbre, en 1992, se adoptaron tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Lucha contra la Desertificación. Cada una de ellos prometía poner en marcha un conjunto de acciones destinadas a proteger el planeta y la vida sobre él, y contribuir a que todos los seres humanos gocemos de una vida digna. Muchas organizaciones sociales en ese momento saludamos y apoyamos con esperanza las nuevas convenciones. Veinte años después, vemos que las causas reales del deterioro ambiental, económico y social siguen sin ser atacadas. Peor aún, nos alarma profundamente que la próxima reunión de junio servirá para profundizar las políticas neoliberales y los procesos de expansión capitalista, concentración y exclusión que nos tienen hoy envueltos en una crisis ambiental, económica y social de gravísimas proporciones. Bajo el nombre engañoso y mal intencionado de “economía verde” , hoy se anuncian nuevas formas de contaminación y destrucción ambiental, así como nuevas olas de privatización, monopolización y expulsión desde nuestras tierras y territorios. La Vía Campesina se movilizará para este evento, representando a la voz campesina en el debate mundial y defendiendo un camino diferente de desarrollo, arraigado en el bienestar de todos y todas, que garantice los alimentos para todos, que proteja y garantice que los bienes comunes y los recursos naturales estén al servicio de un buen vivir para todas y todos y no de las necesidades de acumulación de unos pocos. 20 años después: el planeta y la humanidad en crisis 20 años después de la Cumbre de la Tierra, el conjunto de la vida en el planeta se ha vuelto dramáticamente difícil. El número de personas hambrientas ha aumentado a casi mil millones, lo que significa que uno de cada seis seres humanos está pasando hambre, principalmente niños y mujeres del campo. La expulsión desde nuestras tierras y territorios sigue avanzando de manera acelerada, ya no sólo por las condiciones de desventaja que se nos imponen desde los tratados comerciales y el sector industrial, sino por nuevas formas de acaparamiento de la tierra y el agua, la imposición global de formas de propiedad intelectual que nos roban nuestras semillas, por la invasión de semillas transgénicas, el avance de las plantaciones de monoculivos, los megaproyectos, la minería. Las grandes promesas de Río 92 han resultado una farsa. El Convenio de Biodiversidad no detuvo la destrucción de la biodiversidad y fortaleció y generó nuevos mecanismos destinados a privatizarla y convertirla en mercancía. La desertificación sigue avanzando de la mano de la agricultura industrial y la expansión de los agronegocios y de las plantaciones de monocultivos. El calentamiento de nuestro planeta -con todo los desastres y el sufrimiento dramático que ya está causando- no se ha detenido, sino que se ha acelerado y agravado. El gran engaño de 1992 fue el “desarrollo sustentable”, que inicialmente las organizaciones sociales vimos como una posibilidad de enfrentar la raíz de los problemas. Sin embargo, no fue más un lavado de cara de la búsqueda de nuevas formas de acumulación. Hoy buscan legitimar una nueva fachada, especialmente bajo el nombre de “economía verde”. La “economía verde” y otras falsas soluciones: un nuevo asalto a los pueblos y sus territorios La ganancia capitalista ha generado la mayor crisis del sistema desde 1929. Desde 2008, el sistema hegemónico intenta encontrar salidas a su crisis estructural, buscando nuevas posibilidades de acumulación que mantengan su lógica. Es en este contexto que ocurrió la captura corporativa de los convenios de diversidad biológica y cambio climático y, consecuentemente, el desarrollo de esta nueva ingeniería financiera llamada Capitalismo Verde. Gobiernos, empresarios y los organismos de Naciones Unidas han pasado los últimos años construyendo el mito de la “economía verde” y del “enverdecimiento de la tecnología”. La presentan como la nueva posibilidad de hacer coincidir el cuidado de la Tierra con los negocios, pero es en realidad la vía para lograr nuevos avances del capitalismo, hasta poner a todo el planeta bajo el control de los grandes capitales. Son varios los mecanismos que se impulsarán a través de la economía verde y todos ellos aumentarán la destrucción. Más específicamente: La economía verde no busca detener el cambio climático ni el deterioro ambiental, sino generalizar el principio que quien tiene dinero puede seguir contaminando. Hasta el momento han utilizado la farsa de la compra de bonos de carbono para poder seguir emitiendo gases invernadero. Hoy están inventando los bonos de biodiversidad. Es decir, las empresas podrán seguir destruyendo bosques y ecosistemas, siempre y cuando le paguen a alguien para que supuestamente conserve la biodiversidad en algún otro lado. Mañana posiblemente inventen los bonos de agua, de paisaje, de aire puro. Los sistemas de pago por servicios ambientales se están utilizando para quitarle sus tierras y territorios a los pueblos indígenas y campesinos. El mecanismo que están impulsando con más fuerza gobiernos y empresas es el sistema REDD y REDD plus. Dicen que es un sistema para reducir las emisiones de gases invernadero producto de la deforestación y degradación de los bosques, pero se está utilizando para imponer, por un pago irrisorio, planes de manejo que les niegan a familias y comunidades rurales el acceso a sus propias tierras, bosques y fuentes de agua. Además, garantizan el acceso irrestricto de las empresas a las áreas de bosque colectivo, potencializando la biopiratería. También imponen contratos que amarran a las comunidades a esos planes de manejo por 20 años o más y que dejan las tierras indígenas y campesinas como prenda hipotecaria, lo que crea la posibilidad cierta de que esas comunidades pierdan sus tierras. El objetivos de los servicios ambientales es tomar control de los espacios naturales de reserva y de los territorios que aún están bajo el control de nuestras comunidades. Otra iniciativa de la economía verde es convertir a las plantas, las algas y a todos los restos orgánicos (rastrojos, estiércol, etc) en fuente de energía para sustituir el petróleo; es lo que llaman “uso de la biomasa” . Con los agrocombustibles, esto ha significado que millones de hectáreas que debieran estar cubiertas de bosques o produciendo alimentos hoy se utilizan para alimentar máquinas. Si efectivamente se generaliza el uso energético de la biomasa, veremos que la vida en el mar se reduce aún más porque una parte importante de especies marinas se quedará sin alimento, que nuestros suelos no recuperarán la materia orgánica que es imprescindible para conservar la fertilidad y protegerse contra la erosión y la sequedad, y que será imposible alimentar a nuestros animales porque los alimentos se harán cada vez más escasos y caros. También se agravará la escasez de agua, ya sea por el cultivo de agrocombustibles, ya sea por que nuestros suelos no tendrán capacidad para absorber y retener agua al faltarles la materia orgánica. Después nos hablan de “agricultura climáticamente inteligente”, que sólo busca que aceptemos una nueva Revolución Verde -posiblemente con transgénicos- y que en vez de exigir apoyo efectivo para defendernos de los efectos del cambio climático, aceptemos pagos irrisorios que funcionarán igual que REDD. También buscan imponernos sistemas altamente dependientes de grandes cantidades de agrotóxicos, como la siembra directa a base de pulverizaciones aéreas de Round Up, los que pasan a ser llamados “agricultura baja en carbono.” Es decir, nos obligarán a hacer un cierto tipo de agricultura y podremos perder el control sobre nuestros territorios, nuestros ecosistemas y nuestra agua. Uno de los aspectos más perversos de las falsas soluciones que se impulsan en las negociaciones internacionales es la de restringir el acceso y el uso del agua de riego. Usando como pretexto el hecho que el agua de riego es escasa, proponen que el agua se concentre en “cultivos de alto valor”; es decir que se rieguen los cultivos de exportación, los agrocombustibles y otros cultivos industriales, y que se deje de regar los cultivos para la propia alimentación. El impulso de soluciones tecnológicas que no son solución alguna es parte también de la agenda de las discusiones en Río. Entre las más peligrosas están la geoingeniería y la aceptación de los cultivos transgénicos. Hasta el momento, ninguna de las soluciones propuestas por la geoingeniería ha demostrado tener capacidad real de solucionar los problemas del clima. Por el contrario, algunas de las formas de geoingeniería (como la fertilización de los mares) son tan peligrosas que internacionalmente se ha declarado una moratoria sobre ellas. Para que aceptemos los transgénicos se nos dice que crearán cultivos resistente a la sequía y al calor, pero lo único nuevo en transgénicos es más variedades resistentes a herbicidas, las que además están haciendo que vuelvan al mercado herbicidas altamente tóxicos, como el 2,4,-D. El plan más ambicioso y lo que algunos gobiernos identifican como “el mayor desafío” es el de ponerle precio a todos los bienes de naturaleza (como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la vida silvestre, las semillas, la lluvia, etc), para luego privatizarlos (con la excusa de que conservarlos requiere dinero) y cobrarnos por su uso. A esto se le llama la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB). Es el asalto final a la naturaleza y la vida, pero también a los medios de trabajo y de vida de los pueblos que viven de la agricultura, la caza y la pesca. Este capitalismo “verde” tiene en la mira especialmente los espacios rurales comunes, la agricultura, la tierra y el agua. Ya estamos sufriendo sus efectos en la forma de acaparamientos de tierra, privatización del agua y de los océanos, de los territorios indígenas, de los parques nacionales y las reservas naturales, todos procesos que están siendo acompañados de expulsiones forzadas de comunidades campesinas e indígenas. La solución real: poner al centro las agriculturas campesinas e indígenas Los pueblos campesinos e indígenas somos quienes concentramos los mayores niveles de pobreza, porque se nos ha despojado de la tierra y se nos ha cercado por la ley o por la fuerza para que no podamos cultivar e intercambiar libremente. Sin embargo, somos pueblos que seguimos resistiendo la expulsión desde el campo, y aún somos más del 90% de la población rural. Nuestras formas de hacer agricultura enfrían el planeta, cuidan los ecosistemas y aseguran la alimentación para los sectores más pobres. Toda solución real pasa por detener el lucro desenfrenado del capital, acabar con la complicidad de los gobiernos y apoyar las formas de producción que efectivamente cuiden el planeta. La Soberanía Alimentaria es parte del corazón de los cambios necesarios, el único camino real para hacer posible alimentar a toda la humanidad. Nuestras propuestas son claras y entregan soluciones reales: Debemos cambiar el sistema alimentario industrial agroexportador por un sistema basado en la soberanía alimentaria, que devuelva a la tierra su función social como productora de alimentos y sustentadora de la vida, que ponga en el centro la producción local de alimentos, los circuitos de comercialización y procesamiento local. La soberanía alimentaria permite acabar los monocultivos y los agronegocios, fomentar los sistemas de producción campesina que se caracterizan por su mayor intensidad y productividad, su capacidad para dar trabajo, cuidar el suelo y entregar una producción sana y diversificada. La agricultura campesina e indígena es también la que puede enfriar el planeta; con capacidad de absorver o evitar hasta 2/3 de los gases invernaderos que se emiten cada año. La tierra actualmente en manos campesinas e indígenas es alrededor del 20% de la tierra agrícola a nivel global. Si embargo, con esa tierra las familias y comunidades campesinas e indígenas producimos al menos la mitad de la alimentación mundial. En nuestras manos está la forma más segura y eficiente de superar el hambre en el mundo. Para asegurar alimentación para todos y restaurar la normalidad climática en la tierra, es necesario que la agricultura vuelva a ser una tarea en manos principalmente de comunidades campesinas y pueblos indígenas. Para ello debe hacerse de manera urgente reformas agrarias integrales y de gran amplitud, que acaben con la concentración extrema y creciente de la tierra que hoy afecta a la humanidad. Esas reformas agrarias son las que darán las condiciones materiales para que la agricultura cumpla su papel en beneficio de la humanidad entera y por ello la defensa y protección de las agriculturas campesinas e indígenas es hoy una tarea de todas y todos. En lo inmediato, es necesario detener todos las transacciones, concesiones y traspasos que signifiquen concentración o acaparamiento de tierras y/o desplazamiento de comunidades rurales. Los sistemas campesinos e indígenas de agricultura, caza, pesca y pastoreo que ayudan a cuidar la tierra y la alimentación deben ser apoyados adecuadamente con fondos y medios públicos no condicionados. Los mecanismos de mercado -como venta de carbono y servicios ambientales- deben desmontarse de inmediato y reemplazarse por medidas reales, como las que mencionamos más arriba. Detener la contaminación es un deber que nadie puede evadir comprando derechos a seguir destruyendo. El uso legítimo de lo que ahora organismos internacionales y empresariales llaman biomasa es alimentar a los seres vivos y volver a la tierra para restaurar su fertilidad. Las emisiones provenientes del derroche de energía deben reducirse en base al ahorro y el fin del despilfarro. Necesitamos fuentes de energía renovable decentralizados, al alcance de los pueblos. Todos movilizados para desenmascarar Rio+20 y el capitalismo verde Nosotros y nosotras, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos indígenas y migrantes -hombres y mujeres- nos oponemos decididamente a la mercantilización de la tierra, nuestros territorios, el agua, las semillas, los alimentos, la naturaleza y la vida humana. Reiteramos lo dicho en la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia: “La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.” Repudiamos y denunciamos la economía verde como una nueva máscara para ocultar mayores niveles de codicia de las corporaciones y del imperialismo alimentario en el mundo y como una forma brutal de lavarle la cara al capitalismo, que sólo impone falsas soluciones, como el comercio de carbono, REDD, la geoingienería, los transgénicos, los agrocombustibles, el bio-char y todas las soluciones de mercado a la crisis ambiental. Nuestro reto es restituir otra manera de relacionarnos con la naturaleza y entre los pueblos. Ese es también nuestro deber y nuestro derecho y por ello seguiremos luchando y llamamos a seguir luchando incansablemente por la construcción de la soberanía alimentaria, por la reforma agraria integral y la recuperación de los territorios indígenas, por poner fin a la violencia del capital, y por restituir los sistemas campesinos e indígenas de producción basados en la agroecología. NO A LAS FALSAS SOLUCIONES DEL CAPITALISMO VERDE AGRICULTURA CAMPESINA YA!Izquieda Anticapitalista.

CCOO y UGT rechazan el Plan Anual de Política de Empleo 2012

CCOO y UGT han mostrado su oposición al Plan Anual de Política de Empleo 2012 del Gobierno en un escrito remitido por la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, a la ministra de Empleo, Fátima Bañez. "Todas las partidas de políticas activas destinadas a la mejora de la inserción y ocupaciónde los desempleados sufren unos recortes, mientras que la partida para subvencionar las bonificaciones a la contratación tiene un incremento de 150 millones de €, lo que supone una apuesta muy clara a favor de los intereses de la patronal a costa de recortar en los derechos de los trabajadores", afirman. Para CCOO y UGT, el Plan Anual de Política de Empleo 2012 (PAPE) es una mera recopilación de las acciones y medidas que se estaban ejecutando en las distintas Comunidades Autónomas y de algunas de las medidas incluidas en la última reforma laboral impuesta por el Gobierno. La única novedad que aporta el PAPE es articular estas medidas en torno a los seis objetivos prioritarios establecidos en el Plan. En políticas activas la reducción general asciende a un 21%, con especial incidencia en algunas partidas que son imprescindibles para aumentar las posibilidades de inserción y la mejora de la ocupabilidad de los desempleados. Así, en modernización de los servicios públicos de empleo el presupuesto se reduce en un 67’88%, en formación para desempleados en un 25’99%, en formación para ocupados un 32’99%, en la partida de oportunidades de empleo y formación, es decir los relacionados con los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, la reducción llega al 36’73% y en Autoempleo y creación de empresas la reducción es del 52%, por encima de la media general en otros programas. "Los programas de empleo y formación son costosos, sin embargo son los que más favorecen la inserción laboral. En cuanto a la formación hay que tener en cuenta que es una garantía para el resto de los trabajadores y trabajadoras y para la competitividad de las empresas", indican los sindicatos. CCOO y UGT también muestran su total desacuerdo porque si bien todas las partidas de políticas activas destinadas a la mejora de la inserción y ocupabilidad de los desempleados sufren unos inasumibles recortes, la partida para subvencionar las bonificaciones a la contratación tiene un incremento de 150 millones de €, lo que supone una deriva muy clara a favor de los intereses de la patronal a costa de recortar en los derechos de los trabajadores, y esto en un contexto en el que el volumen de contratación está bajando sistemáticamente. Además en esta partida se ha suprimido ayudas destinadas a la contratación de mujeres desempleadas, mientras, por ejemplo, se incentiva la contratación de perceptores de prestaciones por desempleo. Los incentivos a la contratación sólo son útiles para colectivos muy específicos y con mayores dificultades de inserción. En relación con el reparto de fondos a las Comunidades autónomas a CCOO y UGT están en desacuerdo con el reparto lineal, sin tener en cuenta la situación del mercado de trabajo de cada una de ellas, ya que penaliza a las CCAA con mayor número de desempleados. No comparten los contenidos del PAPE que hacen referencia a los efectos de la Reforma Laboral, que hasta ahora no ha mostrado ninguna efectividad, sino, muy al contrario, da facilidades para despedir y empeorar las condiciones laborales de las personas ocupadas. En cuanto al Plan de Empleo juvenil, CCOO y UGT consideran que la reforma laboral aprobada por el Gobierno no sólo no generará más empleo, sino que empeorará considerablemente las condiciones laborales de las personas más jóvenes. La nueva normativa condena a los jóvenes a seguir en desempleo en la mayoría de los casos, pues un cambio legislativo en materia laboral, sin hacer fluir el crédito o facilitar estímulos para reactivar la economía, difícilmente va a generar, por sí sola, nuevos puestos de trabajo. Si bien es cierto que se generan nuevos contratos bonificados para la contratación de menores de 30 años, también es reseñable que parte de esas bonificaciones van dirigidas a empresas que contraten a personas en desempleo que cobren prestación. En el caso de los jóvenes tan sólo un 15%, del 1,6 millones que no tiene trabajo, cobra el paro, por lo que se verán fácilmente discriminados respecto a otros colectivos de más edad. Respecto a las modalidades de contratación dirigidas a jóvenes, el nuevo real decreto-ley empeora, si cabe, aún más el contrato para la formación y el aprendizaje, pues eleva el límite de edad a los 30 años hasta que la tasa de desempleo se reduzca al 15%; fija su duración en el tiempo máximo (tres años) y desvincula el contrato de la posibilidad de obtener la titulación correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a través de la formación, para quienes no la tuvieran con anterioridad. Pero no sólo este contrato formativo conduce a la precariedad, sino que la gran apuesta gubernamental sigue siendo la contratación a tiempo parcial para jóvenes en paro, lo que supone, en definitiva, marginar al colectivo a la infraocupación, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas para la emancipación. Y para la juventud que ya tiene un empleo las perspectivas de mantenerlo en unas condiciones dignas, tampoco son muy halagüeñas. Por otra parte, CCOO y UGT valoran la utilización de Fondos Estructurales para focalizar medidas destinadas a jóvenes. Están de acuerdo con las actuaciones que se quieren implementar con la reasignación de 135 millones de Euros, excepto con la propuesta de bonificar el nuevo contrato denominado "de emprendedores" para empresas de menos de 50 trabajadores (es decir el 99% de las empresas españolas), porque entienden que es un contrato que aunque quiere considerarse como indefinido, en realidad tiene un despido libre durante el primer año de vigencia de su relación laboral, y puede ser extinguido por la decisión discrecional del empresario. Es un contrato discriminatorio, pues solo operaría en el caso del trabajador/a que tuviera más de un año de prestación por desempleo, tiempo en que el empresario puede rescatar la bonificación correspondiente. Para el caso de los jóvenes tan sólo un 15%, del 1,7 millones que no tiene trabajo, cobra el paro, por lo que se verán fácilmente discriminados respecto a otros colectivos de más edad. En cuanto a la protección por desempleo, CCOO y UGT manifiestan su preocupación por la bajada en la partida económica de la prestaciones por desempleo por un valor de 1.637 millones de € y por la forma alarmante en que está bajando el nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo, pasando de una cobertura del 79% en 2010 a un 65¿5% en el mes de Abril de 2012, y que está incidiendo tanto en el número de beneficiarios como en el importe de la base reguladora y el periodo de tiempo concedido, en un panorama de aumento constante del número de desempleados registrados en las oficinas de de los servicios públicos de empleo. CCOO y UGT piden que se facilite el acceso a la Renta Activa de Inserción, ampliando los colectivos que puedan acceder a dicha prestación y rebajando la exigencia de los requisitos. Y, además, ante la finalización de la última prórroga del programa PREPARA en el mes de agosto y ante la continuidad de los altos índices de desempleo, solicitamos al gobierno la continuidad del programa PREPARA. Sobre el Programa de lucha contra el fraude CCOO y UGT ponen de manifiesto, en primer lugar, y como no puede ser de otra forma, que defenderán la necesidad de que sólo perciban las prestaciones por desempleo aquellas personas que hayan generado el derecho y continúen en esa situación. Sin embargo, muestran su preocupación en que en la presentación del Plan se haga especial énfasis en controlar el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo, cuando la realidad es que, según los datos facilitados por el SEPE, el número de bajas por incumplimiento por negarse a participar en acciones de políticas de empleo asciende en tres meses a 868, lo que equivale a un 0’021% del total de perceptores. Entendiendo la necesidad de arbitrar medidas que garanticen que sólo cobre las prestaciones quien debe de cobrar y que haya una mayor coordinación entre los distintos Servicios Públicos de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, ambos sindicatos solicitan que se eliminen del documento determinadas aseveraciones como la falta de actividad en la búsqueda de empleo de los perceptores de prestaciones, ya que el Plan contra el Fraude da la sensación de culpabilizar al desempleado de estar parado, cuando la realidad es que más del 35% de los expedientes tramitados por las oficinas de Empleo son reanudaciones de prestaciones, es decir, trabajadores que vuelven a solicitar el desempleo después de haber tenido una colocación. Por lo tanto, los sindicatos dice "control del fraude sí, pero sin dar por hecho que determinados colectivos, precisamente los que están sufriendo con más crudeza las consecuencias de la crisis, tienen una tendencia especial a defraudar". Esta idea no se corresponde con algunas medidas que ha tomado el Gobierno en materia de política fiscal como la de facilitar, sin ningún tipo de rubor, que los defraudadores fiscales puedan sacar a la luz el dinero no declarado sin ninguna penalización, es decir blanqueo de dinero a través del boletín oficial del estado. CCOO y UGT piden que se haga un esfuerzo, por parte del Gobierno, para garantizar durante todo el año 2012 la continuidad del los 1.500 promotores de empleo, ya que a nivel presupuestario, su contratación finaliza el 30 de Junio. Desde su punto de vista no tiene sentido que, cuando a través de todo el PAPE 2012 la orientación profesional es un elemento básico para mejorar la ocupabilidad de los demandantes de empleo y mejorar sus posibilidades de inserción, se suprima la actuación de este colectivo, que sin duda es muy necesario, tanto para los desempleados, como para acercar a los empresarios a los servicios públicos de empleo. Ante la falta de presupuesto que se alega para justificar la eliminación de la figura de los promotores de empleo UGT y CCOO solicitan que del incremento de la partida de bonificaciones a las empresas, se destine una mínima parte para garantizar, por una parte los puestos de trabajo, y por otra y fundamental, la continuidad de la labor que ha venido realizando este colectivo con los desempleados y con las empresas. Por último, insisten en la necesidad de una evaluación continua del PAPE y las medidas propuestas, tanto cuantitativa como cualitativamente. El Servicio Público de Empleo Estatal tiene que saber qué se está haciendo con los fondos y para qué está sirviendo el Plan.http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio%3A361670#.T89dL1flwgI.facebook

El tijeretazo de Barcina suma lo mismo que pagará por el TAV este año

M.DIAZ-A.INTXUSTA---- Después de la esperada reunión de la Ejecutiva Regional del PSN para analizar la «crisis de Gobierno» anunciada por el propio partido, no habló Roberto Jiménez. «La Ejecutiva del PSN-PSOE hace responsable a UPN de la ruptura del acuerdo de Gobierno», proclamaron ayer vía nota. A renglón seguido el tono del PSN se desinflaba para hablar de reformulación del acuerdo de Gobierno, aunque mantiene la exigencia a sus socios de retirar el nuevo recorte de 132 millones, que equivale a lo que se va a gastar este año el Gobierno navarro en el TAV. El PSN demanda a Yolanda Barcina «certidumbres, especialmente en el ámbito económico, y lealtad». Asimismo, el aire de ultimátum quedó deslucido por las declaraciones de Barcina previas a la reunión, en la que aseguró que no habrá concesiones. Aunque el PSN sostiene que, «sin esta certidumbre en el ámbito económico, el Gobierno de Navarra está abocado a la ruptura», no se siente cómodo con la postura que adoptó ayer. La muestra de su incomodidad está en la fórmula elegida para dar a conocer este pretendido ultimátum. El PSN primero avisó a los medios para que pudieran fotografiar la reunión de su Ejecutiva al inicio. No se permitieron preguntas. Unas dos horas después, se envió una nota y un corte de voz con las conclusiones. Resulta significativo que no fuera el vicepresidente Jiménez el que habló ante los micrófonos de su propio partido, sino Santos Cerdán, el nuevo secretario de Organización. La crisis abierta aún parece lejos de cerrarse. Hasta ahora, el PSN había vendido ante la opinión pública su integración en el Ejecutivo de Barcina como la mejor medida de parar los recortes y para dulcificar las iniciativas neoliberales de sus socios. Sin embargo, después de que su portavoz parlamentario, Juan José Lizarbe, admitiera en público que UPN ha decidido recortar 132 millones sin consultarlo a sus socios, Jiménez tiene muy complicado justificar su continuidad como vicepresidente. Está previsto que esta tarde el líder del PSN se reúna con Alfredo Pérez Rubalcaba en Ferraz para tratar sobre la situación del Gobierno navarro. El encuentro, que estaba ya previsto, sí que se ha adelantado a raíz del anuncio de la «crisis», según fuentes del PSN. A la espera del resultado del encuentro en Ferraz, el Gobierno navarro se encontraría en una especie de «impasse», según la propia terminología empleada por los correligionarios de Jiménez. En realidad, esta es la segunda vez que el PSN anuncia oficialmente una crisis de Gobierno. La primera de ellas se produjo cuando UPN decidió reeditar el pacto con el PP para acudir a las elecciones estatales. Pese a ello, esta vez la grieta abierta entre los socios parece más grave, en gran medida, por el eco que han tenido las declaraciones de Lizarbe en los medios, pero también por la creciente presión popular en Nafarroa (tres huelgas educativas y una de toda la función pública en dos semanas y un sinfín de encierros contra los recortes en educación y en los servicios sociales). Según ha podido saber GARA de fuentes del PSN, hay motivos para el enfado. UPN habría bloqueado, desde la Hacienda navarra, el programa informático mediante el cual se procede a efectuar los pagos inmediatamente después del anuncio del recorte. Además, el nuevo tijeretazo llega apenas dos semanas después del último «ajuste» anunciado por ambos partidos y cuyo coste fue de 53 millones de euros. La diferencia entre este último recorte y el decreto que anunció de sopetón el consejero de Economía, Álvaro Miranda, difiere no sólo en la cantidad (prácticamente el triple), sino también en las formas. Yolanda Barcina y Roberto Jiménez anunciaron el anterior tijeretazo en una rueda de prensa conjunta en la que el vicepresidente se vanaglorió de haber echado para atrás la amnistía fiscal y admitió estar disconforme con el aumento de las horas de los funcionarios que, hasta entonces, había constituido una de las líneas rojas del acuerdo entre partidos. Ahora, esta sintonía se da por finiquitada. El PSN cree que las cifras que se les presentaron para el anterior recorte no eran reales y culpa abiertamente al consejero Miranda de esta ocultación. Cerdán indicó que es «necesario» que se les dé a conocer «la situación real de la economía como condición previa de la reformulación de un pacto de Gobierno». Barcina parece no inmutarse Antes de la reunión de la Ejecutiva del PSN, la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, ya dejó claro que no tenía intención alguna de suspender el recorte de 132 millones de euros. «Hay que cuadrar las cuentas», justificó. Asimismo, desveló que Roberto Jiménez no acudió a una cita que tenía concertada previamente. «Me ha dicho que me llamará», dijo. «Confío en que el Partido Socialista no rompa la estabilidad de nuestra comunidad», declaró Barcina. «Nos queda mucha tarea por hacer y espero y deseo que sea con el acuerdo y el consenso de UPN y PSN. En eso es en lo que me voy a empeñar como presidenta sabiendo que somos dos partidos diferentes, con discrepancias en muchos temas», añadió. Patxi Zabaleta, portavoz de NaBai, calificó lo ocurrido como «un espectáculo bastante patético sobre la situación de un gobierno que no es el que Navarra necesita ni merece», al tiempo que consideró como «una cadena de frivolidades» la actuación de Miranda, Lizarbe y Barcina estos días. «Hay una falta de seriedad en la gestión pública», añadió. Maiorga Ramírez, de Bildu, destacó que «nada ha cambiado» y subrayó que «UPN y PSN siguen unidos e impidiendo que las propuestas desde la oposición puedan prosperar». «Para que la ciudadanía no piense que es una milonga el PSN tienen que abandonar inmediatamente el Gobierno de Navarra», añadió Ramírez. Enrique Martín, que ayer se estrenó como portavoz del PP, mostró su apoyo a los recortes anunciados por Miranda el viernes amparándose en «el compromiso de cumplir el objetivo de déficit, ya que no se puede gastar lo que no se tiene y no se puede no hacer nada». «El PSN tiene que dejar de lado las demagogias y las cuestiones partidistas y aunar esfuerzos en esta difícil situación», dijo. José Miguel Nuin, portavoz de I-E, rechazó el nuevo recorte y reclamó «otra política presupuestaria y fiscal, de manera que los que más ganen más paguen, pero UPN y PP no quieren recorrer este camino». «Este nuevo hachazo confirma que en Navarra quien toma las decisiones es Yolanda Barcina-PP y el PSN se limita a dar su apoyo», añadió Nuin. Alcaldes de Bortziriak rechazan el tijeretazo en asistencia sanitaria Alcaldes de Bortziriak rechazaron rotundamente los planes del Gobierno navarro de recortar la asistencia sanitaria, que calificaron de economicista. Junto a ello, acusaron a UPN de actuar de manera partidista, ya que ha permitido la asistencia de afiliados a este partido a las reuniones informativas sobre el nuevo modelo asistencial mientras ha restringido el acceso a representantes municipales. «Es inaceptable que se pretendan justificar los errores en la gestión cuestionando la labor de profesionales. Nos parece vergonzoso que en las reuniones la consejera [Marta Vera] se refiera a las libranzas derivadas por las guardias y a la compensación económica que se percibe por las mismas como si fueran privilegios y el motivo por el cual el sector se ha manifestado contrario a esta reforma poniendo en tela de juicio su profesionalidad», subrayaron, al tiempo que añadieron que la asistencia sanitaria debe ser una prioridad. GARA http://www.gara.net/paperezkoa/20120605/345345/es/El-tijeretazo-Barcina-suma-mismo-que-pagara-TAV-este-ano

Este es el presidente más pobre del mundo

Escrito por Dino Capelli--- Ser presidente de un país le cambia la vida a más de uno, pero existen pocos (muy pocos) que prefieren mantener la vida de siempre, en una casa sencilla, con la ropa y los amigos de toda la vida. Es el caso de José Mujica, ‘El Pepe’, presidente de Uruguay, quien es considerado el mandatario más pobre del mundo. ¿Qué lo ha hecho obtener tan noble título? Mujica percibe por ley 12.500 dólares mensuales. Sin embargo, dona el 90% de sus ingresos a fondos de ayuda social, con lo que solo le restan alrededor de 1.250 dólares (20 mil pesos en moneda nacional) para sus gastos personales. “Con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos”, dijo alguna vez, según recuerda en un reciente perfil el diario El Mundo de España. Su esposa, la senadora Lucía Topolansky, también dona un porcentaje de su salario. Mujica y Topolansky, que son pareja desde el 2005, viven en una chacra modesta a las afueras de Montevideo, en Rincón del Cerro, junto a la simpática Manuela, una perrita sin pedigree y un poco coja. Fuera de la chacra, el único patrimonio que ha declarado es un viejo Volkswagen color celeste (un ‘escarabajo’), valorizado en 1.945 dólares. Es el mismo que propone donar las jubilaciones presidenciales –esas astronómicas cifras que permanecen cobrando los ex presidentes constitucionales del país- y el mismo que utiliza un simple Chevrolet Corsa como vehículo de transporte oficial. A muchos años de la moto Vespa que utilizó para llegar al Parlamento a la salida de la dictadura, ya ungido como diputado, Mujica ha mantenido su perfil. Más acicalado que en épocas de proselitismo político, igualmente el protocolo es algo bien alejado de sus intenciones habituales. La última muestra de la humildad de Mujica se produjo el pasado miércoles, cuando salió de casa para comprar una tapa nueva para su inodoro. Lo acompañaba, por supuesto, la infaltable Manuela. De pronto, un grupo de jugadores del club del barrio, Huracán del Paso de la Arena, lo vio y le pidió que los arengara antes de un partido muy importante. Mujica no dudó en aceptar y cuando llegó al local del club, le dio una charla motivacional al plantel. Además, accedió a tomarse todas las fotos que los hinchas, jugadores y cuerpo técnico le pidieron, y hasta prometió asistir al asado de festejo si el equipo lograba el ansiado ascenso a la Primera B (Segunda División). Luego, como un hombre común y corriente, subió a su modesto auto, cargó a Manuela y volvió a casa. ¿Habrá instalado ya la tapa nueva de su inodoro? Seguro que sí. -------------------- Fuente: Publimetro Perú