9 de julio de 2012

Adena convoca una reunión extraordinaria para fulminar al Rey de su presidencia honorífica

El safari en Botsuana para cazar elefantes podría costarle la corona al Rey Juan Carlos... Al menos la corona que mantiene como presidente de honor de la ONG WWF-Adena en España. La organización ha convocado una Asamblea General extraordinaria de socios, para que tenga lugar el día 21 de julio de 2012, en el Jardín Botánico de Madrid, con un importante punto en el orden del día: debatir y votar sobre la propuesta de supresión del artículo 6 de sus estatutos y, si procede, aprobar esta modificación estatutaria. El artículo 6 de los estatutos sociales de WWF reza que "es Presidente Fundador y de Honor de la Asociación Su Majestad El Rey D. Juan Carlos I de España". Así, si los socios de Adena votan a favor de suprimir este artículo, don Juan Carlos dejaría de ser el presidente de honor de esta asociación de forma fulminante. Pese a haber sido invitado a la cacería de elefantes en África, el Rey sigue pagando por su aventura cinegética, ya que de aquel viaje se trajo una fractura de cadera, de la que fue operado de urgencia, y una bochornosa disculpa pública ante las cámaras. Asociaciones animalistas, partidos políticos y cerca de cien mil personas en Internet han exigido a la asociación que elimine al Rey de la presidencia de honor. "El Rey caza elefantes y eso es algo que es incompatible con la defensa de los animales", reclamaban en su petición. Por su parte, la Casa Real señala a Público.es que no ha recibido ningún comunicado oficial por parte de Adena y asegura que tramitan habitualmente diferentes peticiones para que el Rey sea presidente de honor de numerosas instituciones. World Wildlife Fund trabaja activamente en la conservación de especies protegidas. Al tratarse de una institución conservacionista (no animalista) no está en contra de la caza. Aunque los elefantes son tratados como una especie en peligro de extinción para el comercio internacional de animales, los convenios establecen excepciones como la caza deportiva y permiten cuotas anuales en diferentes países.Público

España se consolida como el país con más políticos de toda la Unión Europea

Javier Romera/Carmen Obregón -- La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Así resumía el mítico actor norteamericano Groucho Marx la gestión de la cosa pública. Más allá del carácter humorístico de la sentencia, lo cierto es que los partidos y la clase política se han consolidado como el tercer gran problema para los españoles. Crece el desapego a la clase política Según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de mayo, tan sólo el paro y las cuestiones de índole económica generan una mayor preocupación entre los ciudadanos. A raíz de la crisis, ha crecido de forma imparable el desapego ante la clase política, que es citada como el gran problema por un 22,5 por ciento de los encuestados. La mayoría de los expertos y analistas consultados por este periódico coincide en una misma idea: los ciudadanos no entienden cómo se exige a la sociedad continuos ajustes, se recorta en educación y en sanidad, se prolonga la edad de jubilación, se suben los impuestos y, a cambio, se mantienen los privilegios de la clase política. Para empezar, uno de los grandes problemas es que no existe ni siquiera ningún informe oficial que cifre cuál es el número exacto de políticos que hay en España cobrando una nómina de la Administración, sea central, autonómica o local. Cargos públicos Lo único evidente es que la organización del Estado autonómico ha consolidado al país como el primero de la Unión Europea por número de cargos públicos. Las últimas estimaciones realizadas apuntan, en este sentido, que podría haber más de 400.000 en activo si se incluyen asesores y cargos de confianza. Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, de las empresas públicas... y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra, en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y eso en un país con casi cinco millones de parados. En Europa, el segundo Estado con un mayor número de políticos sería de acuerdo con los estudios y estimaciones realizadas, Italia. Pero aun así, tiene, de acuerdo con los cálculos hechos, la mitad que nosotros, unos 200.000. Más o menos en el mismo nivel estaría Francia, y muy por detrás, con poco más de 100.000, Alemania. Y eso en un país federal, dividido en 16 lander, y con un grado de descentralización mucho mayor que España. El aparato del Estado Hay que tener en cuenta que no hay cifras oficiales y que se trata tan sólo de estimaciones, pero aún así, en nuestro país habría alrededor de un cargo político por cada 115 ciudadanos, lo que nos sitúa muy por encima de nuestros vecinos. Entre las grandes economías de la eurozona, el ratio es, de hecho, mucho más bajo. En Italia hay así uno por cada 300 aproximadamente, en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800 ciudadanos. No hay así comparación posible de gasto. Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que frente a la previsible subida del IVA, apunta en este sentido que "se está perdiendo un tiempo precioso" y urge a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los cargos políticos y funcionarios, si es necesario cambiando incluso la ley. No se trataría tanto de bajar los sueldos, que en la mayoría de los casos están ya muy ajustados y han bajado considerablemente en los últimos dos años, como de recortar el número de nóminas con cargo a las arcas públicas. Y en la misma línea se pronuncia también Carlos de Benito, director de la Nebrija Business School. "A partir de ahora, desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado", asegura. "Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos". Una gran parte del problema está ahora mismo en las empresas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de "simplificación y racionalización" tanto en éstas como en las fundaciones, que debe acabar con el cierre o privatización de una buena parte de ellas. Pero aún así no es una tarea fácil porque, de acuerdo con los últimos datos oficiales, hay todavía 2.800 empresas públicas estatales y otras 2.350 más autonómicas. Según informó el diario La Razón, el Ejecutivo estaría estudiando también una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para reducir sustancialmente el número de concejales en los Ayuntamientos españoles. Actualmente hay en la administración local 68.462 cargos electos, lo que supone 2.300 más que en la anterior legislatura. El ranking por provincias lo encabezan Barcelona, con 3.761 concejales; Valencia, con 2.964; Madrid, con 2.287, y Salamanca, con 2.168. En el lado opuesto están Álava, con 431; Las Palmas, con 598, y Cádiz, con 716. Pero a estas cifras hay que sumar además los 8.116 alcaldes, por cada uno de los ayuntamientos existentes en la actualidad. El Gobierno aprobó ya el pasado mes de abril incluir una propuesta para reducir el número de consistorios en el Programa Nacional de Reformas 2012, que se remitió además a Bruselas. "España tiene un número de ayuntamientos muy superior al de otros países del mismo tamaño", reconoció entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos. En el mismo plan se contempla también la reordenación competencial para eliminar duplicidades entre las administraciones y la posible supresión de oficinas comerciales autonómicas o su integración en el Icex, algo que en cualquier caso dependerá en última instancia de lo que decida hacer cada autonomía. Eso claro está, salvo que se cambie la ley a nivel nacional y se les retiren competencias. "¿Qué falla entonces?" El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I Manuel Villoria, asesor de Rodríguez Zapatero antes de que ganara en las urnas, denuncia la existencia de estructuras clientelares y añade que la preocupación del político español es cómo mantener a los suyos en su puesto. Villoria tiene claro que "sobran políticos pagados con fondos públicos". Según dice, "apenas hay unos pocos, concejales de pueblo que trabajan desinteresadamente y que incluso les cuesta dinero desempeñar sus cargos". El resto sigue cobrando del erario público. El problema, además, es que no se trata ya de que haya un número excesivo de políticos, sino, sobre todo, de su falta de cualificación en muchas ocasiones para el puesto que ocupan. Aunque uno de los recientes estudios del grupo de investigación Democracia y autonomías: sociedad y política (DASP) concluye que, en la actual legislatura, el 87 por ciento de los parlamentarios españoles goza de un alto nivel de estudios, hay otro dato que contrarresta con otro guarismo. Y es que el 88 por ciento de los ciudadanos desaprueba su gestión. "¿Qué falla entonces?", se pregunta el catedrático y experto en comunicación política Xavier Coller: la formación especializada. "Nuestros dirigentes no están preparados para ejercer la política", dictamina. Perfiles políticos "En España nos encontramos con dos perfiles políticos, "el que entiende que es una correa de transmisión de la sociedad, y el que piensa sin embargo que hay que modular las demandas sociales porque a veces los ciudadanos no tienen el conocimiento profundo de las materias". Estas son dos conclusiones genéricas de la encuesta elaborada por DASP, que analiza, con un universo de 600 parlamentarios, la semblanza del dirigente español. Apenas hay cursos especializados que enseñen al político "cómo se debe relacionar con la gente, cómo se lee una encuesta, qué contar en una rueda de prensa, y lo que es más importante, cómo hacer una ley... Muchos de nuestros políticos llegan a las instituciones sin saber cómo se hacen las leyes. No es el caso de Estados Unidos, donde una vez ganado tu escaño recibes cursos de iniciación a la vida parlamentaria", relata Coller, director del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política. La escasa formación especializada no es, sin embargo, el único obstáculo del político español para el correcto desempeño de la cosa pública. En opinión de Coller, a los problemas formativos se suma la ausencia de empatía. "Hay casos clamorosos de desconexión. Los políticos legislan en función de lo que conocen. Reproducen el entorno en el que se han socializado. Son incapaces de desarrollar una sensibilidad social. Se relacionan entre ellos. Se reúnen con sus asociaciones y sus sindicatos afines. Carecen de trasnversalidad", dice. Pero todo eso puede cambiar. Según Daniel Montero, periodista y autor de La casta, el increíble chollo de ser político en España, "ahora sabemos que las carreteras se hacen con nuestro dinero, que los hospitales se levantan con nuestros impuestos... Y en España apenas somos conscientes desde hace unos días de que existe un derecho a acceder a la información pública".http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4103500/07/12/Espana-se-consolida-como-el-pais-conmas-politicos-de-toda-la-Union-Europea.html

Los ciudadanos pagarán por triplicado los activos tóxicos de los bancos

Primero con su hipoteca, después con la renuncia obligada a servicios públicos y en tercer lugar con sus impuestos-- La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron Estados Unidos e Islandia, se descarta en la UE-- Los activos tóxicos son simples ‘pelotazos’ urbanísticos fallidos, por los que han quebrado múltiples empresas, menos las bancarias--- Los ‘pelotazos’ urbanísticos fallidos, en los que participaron la mayor parte de los bancos y cajas españoles, han llevado a la ruina a cientos de empresas y al paro a decenas de miles de ciudadanos, pero dejarán intacto al sistema financiero. Las operaciones especulativas de ayer se han convertido hoy en activos tóxicos, es decir, viviendas y suelos sobrevalorados. El desfase entre su valor real y el expectante que marcaron las tasaciones bancarias será pagada por todos los ciudadanos por triplicado: mediante sus hipotecas, por la reducción de servicios públicos y través de sus impuestos, según coinciden algunos expertos. La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron Estados Unidos o Islandia, no se la plantea nadie en la UE por miedo a que ello propague un “pánico contagioso”. El rescate europeo a la banca española les facilita un crédito de hasta 100.000 millones de euros para ‘limpiar’ sus activos tóxicos derivados del ladrillo. Si se llegará a utilizar o no todo este dinero, y su reparto entre las distintas entidades bancarias afectadas, es todo un misterio. Dependerá de las auditorias externas que el Gobierno español ha aceptado para nuestro sistema financiero y del seguimiento estrecho de las condiciones del rescate que realizará la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), ante el descrédito internacional del Banco de España como regulador. La auditoria realizada por los privados Wyman y Berger estima que como máximo se necesitarán 62.000 millones, sobre todo para sanear las entidades nacionalizadas, que son Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, pero es sólo una primera aproximación. Por lo pronto el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado ya 13.869 millones al sistema financiero. El problema es que los mercados internacionales, los que prestan el dinero tanto a los bancos como al Gobierno español, creen que la situación está tan deteriorada que las entidades de crédito no serán capaces de devolver el préstamo europeo y, por tanto, buena parte de este dinero se convertirá en deuda pública, puesto que el responsable último de la devolución es el propio Gobierno. De confirmarse esto último, los expertos coinciden en que ésta sería una “década perdida” para España, puesto que la ruina bancaria, resultado de su especulación con valores inflados de productos inmobiliarios, gangrenaría de tal forma la economía española que no sería capaz de comenzar a crear empleo neto hasta al menos 2017, al mismo tiempo que se tendrían que seguir recortando las prestaciones sociales, por lo que las consecuencias de deterioro del nivel de vida de la población ahora mismo son incalculables. De esta forma, son los ciudadanos los que financian a la banca, y no al revés. Y si las entidades no quiebran, gracias a la financiación pública, podrán ‘hibernar’ sus activos tóxicos, sus viviendas y especialmente sus suelos rústicos altamente sobrevalorados, hasta un momento futuro en que puedan revenderlos a mejor precio que el actual. Así se evitaría que estalle del todo la burbuja inmobiliaria y conservarla en cambio para su reactivación en un futuro relativamente cercano. Una burbuja que tuvo como elemento clave de origen la Ley estatal del suelo de 1998, en la que se establecía que el valor de un terreno no se debía medir por su propia naturaleza y entorno (protegido, rústico, urbano o urbanizable), sino por el valor “expectante” de mercado. Como consecuencia las empresas de tasación, vinculadas o pagadas por las propias entidades financieras, comenzaron a atribuir a viviendas y suelos valores cada vez más elevados. Entre 1997 y 2007 el precio de las viviendas aumentó un 288 por ciento, según la Fundación BBVA. A su vez, el 84 por ciento de esta subida se debió a la repercusión del coste del suelo, cuyo precio se quintuplicó en este mismo periodo. Las altas hipotecas que hoy siguen pagando decenas de miles de españoles, y por las que muchos estás siendo desahuciados, proceden de ese proceso. La ley se cambió en 2006, volviendo a la valoración de los suelos por su situación real, pero sucesivas prórrogas en su aplicación a los balances de las empresas han provocado que, a efectos de contabilidad bancaria, nunca se haya revisado en profundidad el valor de los terrenos de su propiedad. Según explican fuentes cercanas al sector, el procedimiento era sencillo: “Un señor de una empresa inmobiliaria invita a comer al propietario de una finca agrícola. Al terminar el almuerzo, le escribe en la servilleta que pueden hacer en sus suelos 1.000 viviendas, y del beneficio que obtengan sólo tienen que quitar 6.000 euros por vivienda. Así juntan seis millones de euros con los que pueden construir un campo de golf, lo que ya de por sí justificaría la recalificación de los terrenos. Y de paso le compraban el coche de bomberos al alcalde. Adquiere la finca con el valor expectante escrito en la servilleta, pero no la paga en el acto, sino que pacta pagos aplazados. Después va al banco con la misma servilleta y pide hipotecar la finca al valor expectante, y resulta que le conceden el crédito aunque el suelo siga siendo rústico. Así había hasta 200 operaciones en marcha en toda Andalucía, en suelos no urbanizables, lo que suponía que se hubieran construido 200.000 viviendas. Pero al final casi ninguna operación salió, y ahora son activos tóxicos de esos bancos que financiaron, y que vamos a pagar todos al menos por duplicado”, sentencia. Un ex trabajador de la quebrada inmobiliaria Aifos, que también prefiere guardar el anonimato, confirma esta tesis: “Se hacían operaciones de 100 o 120 millones en base a castillos en el aire, a un mirlo blanco, como decíamos en el sector”. Un ejemplo claro de activo tóxico hibernado, a la espera de que vuelva a hincharse la burbuja, es la zona de Mangueta, en Vejer de la Frontera (Cádiz), una de las últimas playas vírgenes, completamente libre de construcción, del litoral gaditano. La mayor parte de las 270 hectáreas de este paraje fueron compradas en 2004 por una inmobiliaria vinculada a CatalunyaCaixa por unos 30 millones de euros a pesar de que era suelo rústico. El avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Vejer llegó a contemplar en ese lugar la construcción de un máximo de 400 viviendas, 950 plazas hoteleras y un campo de golf. Sin embargo, la recalificación de los suelos nunca llegó a ser autorizada por la Junta de Andalucía. Al final, el Plan de Ordenación del Territorio aprobado por la Administración autonómica para la comarca gaditana de La Janda declara Mangueta como suelo no urbanizable de especial protección, permitiendo solamente la construcción de un hotel fuera de los primeros 500 metros del frente litoral. Ese suelo, a pesar de que nunca fue urbanizable, es por tanto ahora un activo tóxico. “No sé cómo alguien pudo dar 5.000 millones de las antiguas pesetas por esos suelos, que sólo servían para plantar cebollinos. Para lo único que ha valido es para incrementar el precio de la vivienda en la zona y asfixiar a mucha gente con la hipoteca”, denuncia un dirigente político gaditano relacionado con esta operación. Pero CatalunyaCaixa no renuncia del todo. Según ha manifestado a Periodismo Humano esta entidad financiera, nacionalizada y en proceso de rescate, Mangueta sigue formando parte de su Plan de Gestión de Suelo. “Se trata de un suelo con tutela especial y un grado de maduración urbanística todavía inicial, si bien nuestro objetivo es la consolidación de nuestros derechos urbanísticos”, insisten. Francisco Luis Benítez (J.L.G.) Francisco Luis Benítez, politólogo y experto en redes y estrategias de comunicación relacionadas con el mundo financiero, lo tiene claro: “los suelos tóxicos los tienen en una incubadora, esperando a volver a la burbuja especulativa, sin duda, y en este plan, en diez años volveremos a ese modelo, que es totalmente insostenible”, vaticina. A su juicio, “todavía no se ha pinchado de verdad la burbuja inmobiliaria, y deberían hacerlo. Hay dos millones de viviendas vacías, y su precio tiene que volver casi a los niveles en que estaban los precios de la vivienda en 1996. Porque si no, pasa lo que ahora, que los ciudadanos pagan ese desfase tres veces. Una por un precio inflado de las viviendas y unas hipotecas desmedidas. Dos, porque la inyección a la banca en forma de créditos participativos resta dinero al Estado y a la economía, porque son 5 puntos de nuestro PIB. Y tres, porque al final habrá que financiarlo vía impuestos, subiendo el IVA hasta el 21 por ciento y otros impuestos indirectos que gravan el consumo”. Para que esto no sucediera, haría falta, según Benítez, un mayor control democrático del rescate bancario. “Debe crearse una comisión parlamentaria, con participación de todos los grupos políticos, para hacer un seguimiento exhaustivo del rescate a la banca y comprobar que el dinero que se inyecte sirva verdaderamente para refinanciar las entidades, y que no se meta dinero en entidades que no merecen ser salvadas. Hay que dejar caer lastres como Bankia y restructurar sólo lo necesario. En Estados Unidos dejaron caer a Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y la aseguradora AIG. Si tienen que caer bancos, que caigan, no pasa nada”. “Los accionistas y los acreedores –continúa Benítez- pierden, pero qué le vamos a hacer, eso es el capitalismo. Y los impositores tendrían garantizados sus depósitos hasta 100.000 euros. Qué le vamos a hacer, ése es el riesgo de los bancos. El Estado no debería responder ante los accionistas, y si ha sido una estafa piramidal, como la de Forum Filatélico, pues que caigan, es lo que tiene la avaricia. Pero parece que aquí los tiros no van por ahí. Parece que lo que se pretende es reactivar el ladrillo y volver a la liberalización del suelo”, lamenta. En su opinión, las soluciones tienen que venir de la mano de la política, no desde el mundo financiero. “Sin una política de gasto público que haga recuperar la confianza, el rescate no servirá para nada”, advierte. Además, “hay que nacionalizar las comisiones urbanísticas de aprovechamiento, con participación de las tres administraciones públicas, para hacerlas más transparentes y evitar que se muevan entre la alegalidad y la corrupción”. Y en la vertiente europea, “la UE está siendo solidaria con España porque es una economía demasiado grande, no se puede hacer lo mismo que con Grecia o Portugal. O se transforma en una auténtica unión fiscal y monetaria o la UE se dinamita. Si hay un problema coyuntural monetario, que Alemania vuelva temporalmente al marco y los demás nos quedemos en el euro, y así se produce una devaluación automática de la moneda”, aventura como posibles soluciones imaginativas. La sobreprotección que Europa está brindando al sistema financiero, ahora en concreto el español, se puede deber al cambio de modelo productivo que se produjo a partir de los años ochenta, a partir de las liberalizaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que repercutieron en todo Occidente con la deslocalización industrial, para trasladar los centros de producción a países en vías de desarrollo, y la fuerte dedicación de las economías desarrolladas al sector financiero, debilitando el resto de su tejido productivo. La crisis bancaria internacional está poniendo en cuestión ese modelo. “China está creciendo a un 5% anual, y eso para ellos no es crecimiento. Si Europa no les compra, se quedan sin mercados donde vender, donde exportar”, recuerda Benítez. Y a su vez, “tiene que haber vallas para los movimientos financieros especulativos. El Parlamento europeo aprobó una tasa para este tipo de movimiento y todavía no se ha aplicado”, lamenta. Actualmente en el mundo, por cada transacción de economía real se dan novecientas de tipo financiero, en las que la especulación hace multiplicarse el dinero, la rentabilidad, de forma artificiosa, “casi ficticia”. Así, esta nueva fase de desarrollo del capitalismo podría fácilmente denominarse “economía de ficción”.http://periodismohumano.com/economia/los-ciudadanos-pagaran-por-triplicado-los-activos-toxicos-de-los-bancos.html

Quienes se apresuraron a celebrar los resultados de la Cumbre del viernes 29 de junio, ni siquiera comprenden la crisis de la política europea

Wolfgang Münchau · · · · · ¿Triunfo de Monti, derrota de Merkel? ¡Ni hablar! En la Cumbre de la UE de la pasada semana, la Canciller no cedió en ninguna posición decisiva. Lo que también significa: la probabilidad de que la Unión Monetaria se desintegre, lejos de disminuir, ha aumentado. Para unos, el viernes 29 de junio trajo el desbloqueo. Se alegran de que Monti pusiera contra las cuerdas a la Canciller en el Consejo Europeo, obligándola a una serie de concesiones. Para otros, fue un viernes catastrófico. Angela Merkel había dibujado en la arena una serie de líneas rojas, dos de las cuales fueron rebasadas. La CSU [bávara] amaga incluso con romper la coalición de gobierno. No estoy de acuerdo con ninguna de estas interpretaciones. Lo que se dio fue un combate de boxeo con sombras. Monti no ha vencido, y Merkel no ha cedido en nada significativo. Las compras de deuda a través del paraguas protector del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), acordadas en la cumbre, carecen de todo sentido mientras el MEE disponga sólo de 500 mil millones de euros. Italia tiene deuda por valor de 2 billones de euros; la de España monta 800 mil millones. La única institución que podría llevar a cabo en Europa compras de deuda por esos enormes montantes es el Banco Central europeo (BCE), porque está en posesión de recursos infinitos. Pero al BCE, salvo en situaciones excepcionales muy definidas, no le está permitido comprar deuda de los Estados. Ni tiene tampoco voluntad de hacerlo. La otra decisión tomada en Bruselas consistió en permitir que el paraguas protector del MEE pueda ayudar directamente a los bancos. Pero eso sólo podrá ocurrir cuando se haya acordado una supervisión bancaria común. Lo que tampoco se logrará antes de 12 meses. Yo apuesto a que Angela Merkel tiene ideas muy distintas a las de sus colegas meridionales sobre lo acordado entre todos. Es lo más seguro que quienes se apresuraron a celebrar los resultados de la Cumbre del viernes 29 de junio, ni siquiera comprendan la crisis de la política europea. Tampoco quienes salieron decepcionados. El paquete de medidas acordadas en las primeras horas de la mañana del viernes fue un triunfo del parecer sobre el ser. La positiva reacción de los mercados el mismo viernes no debería sorprender a nadie. Hasta ahora, los mercados han reaccionado alegremente ante casi todas las cumbres, hasta que han empezado a leer la letra pequeña de los acuerdos, o a reflexionar un poco sobre los mismos. Por lo demás, los agentes de los mercados, como los reyes del esquí, se las prometen felices con los descensos de intereses del BCE y de la Fed estadounidense. La cumbre de la UE no era, así pues, la única invitación a la euforia. En los tres últimos años habría podido ganarse mucho dinero apostando a una subida de los mercados tras cada cumbre europea seguida de una fase de retraimiento. Esa fase ha empezado ya esta misma semana. Los intereses de la deuda italiana y española vuelven a subir, y mi predicción es la siguiente: la fase de aguda de la crisis volverá este mismo verano. Si el jueves el BCE vuelve a bajar los tipos de interés [como efectivamente ocurrió; T.], entonces no habrá ya nada más que pueda alegrar a los mercados. Habrá, entonces, mucho tiempo para reflexionar. Los mercados han reaccionado a menudo con retraso en la euro-crisis; pero cuando lo han hecho, han sido siempre inclementes. La probabilidad de una desintegración del euro ha aumentado Cuando regrese la crisis, ¿podrá Monti volver a presionar a Merkel? ¿Se rebasará la siguiente línea roja y dará Merkel una licencia bancaria al MEE, permitiéndole hacerse con todo el dinero del BCE que precise? ¿Cederá también en el asunto de los eurobonos? Me parece improbable. El problema es que la Canciller federal ha terminado por quedar encajada en un rincón del que apenas hay posibilidad de escapar. La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, cuando llegue, no hará verosímilmente sino enquistar la posición alemana. No quiero decir que el alto Tribunal vaya a declarar inconstitucional la ley del MEE. Podría ser, pero no lo espero. Sí espero, en cambio, que el Tribunal reduzca todavía más el margen de maniobra del gobierno federal. Con la política de rescate nos hallamos ya desde hace mucho tiempo en la zona gris del derecho constitucional alemán. Yo ni siquiera excluiría que el Tribunal entrara a limitar retroactivamente las decisiones tomadas en la cumbre. Me sorprendería, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional se tragara sin más la recapitalización bancaria directa por parte del paraguas protector. Tampoco se ensanchan los márgenes de maniobra políticos, como se infiere de las reacciones de los liberales y de los cristiano-sociales bávaros. Y precisamente en esa coyuntura se debilita la economía mundial, desde los EEUU hasta la China. Eso significa un empeoramiento inmediato de la dinámica de la crisis. En los Estados con problemas de la UE fracasarán todos los objetivos presupuestarios fijados para este año, y las deudas seguirán creciendo. Yo no veo otra solución que la de la introducción de los eurobonos, o cuando menos, una ampliación del paraguas protector. No habrá ninguna de las dos cosas mientras no cambie el estado de la opinión jurídica y política en Alemania. Infiero, entonces, que la probabilidad de una desintegración del euro ha aumentado todavía más después de la Cumbre. Wolfgang Münchau es coeditor del Financial Times en Londres y columnista estrella del más importante semanario alemán, el Spiegel de Hamburgo.Sinpermiso--- Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss