19 de julio de 2012

El anticomunismo avanza: Moldavia prohíbe la hoz y el martillo

El parlamento de Moldavia acaba de aprobar la prohibición del símbolo comunista del martillo y la hoz. Con el voto a favor de los partidos de la Alianza Europea, se aprobaba el 12 de julio con 53 votos a favor. Cuando la Ley entre en vigor, el Partido Comunista no podrá realizar propaganda con su propio símbolo. También se prohíben las banderas soviéticas en la celebración del 9 de mayo (día de la victoria del Ejército Soviético contra los nazis). Los premios soviéticos (descuentos en transporte para veteranos de guerra etc) dejarán de tener validez. El secretario general del Partido Comunista Moldavo, Vladimir Voronin, ha afirmado que la intención de la Ley es la eliminación electoral de su partido y ha adelantado que denunciarán la Ley ante el Tribunal Constitucional. Hay que añadir que de los 4 partidos con representación parlamentaria, el Partido Comunista es el más votado, llegando su representación a ser casi como la de la suma de los otros 3 partidos. Con la caída de la URSS el Partido Comunista fue ilegalizado, siendo refundado en 1994. Ese mismo año la derecha intenta integrarse en Rumanía pero el pueblo en referéndum no lo autoriza. En 1998 el Partido Comunista es el Partido más votado, pero no consigue la mayoría reforzada que necesita para gobernar. El resto de Partidos forman un bloque anticomunista que elige gobierno. En 2001, el Partido Comunista gana ampliamente las elecciones, siendo elegido Presidente Vladimir Voronin. En 2005 es reelegido y continúa con las reformas económicas. En 2009, los comunistas vuelven a ganar las elecciones, pero la oposición sale a la calle al más puro estilo de la "revolución naranja". Parte del parlamento fue tomado y quemado, fue un intento de golpe de Estado. Tras estos sucesos se repiten las elecciones, pero Voronin no logra formar gobierno pese ganar las elecciones. Desde noviembre de 2010 hasta finales de 2011, Moldavia estuvo sin gobierno, al no ponerse de acuerdo la alianza anticomunista para elegir gobierno. A finales de 2011, consiguen consensuar un candidato (totalmente fuera del plazo constitucional) y eligen a Timofti. Este es el gobierno que prohíbe la hoz y el martillo. No es la primera vez que ponen importantes trabas y criminalizan al comunismo moldavo. En los últimos 20 años ha superado todo tipo de persecuciones y aún así sigue siendo el partido más votado. El actual gobierno no es legal, en tanto que ha sido elegido sin cumplir escrupulosamente la Ley. Los comunistas saldrán reforzados de esta persecución, como ya hicieron tras su prohibición en 1992.http://culturabolchevique.blogspot.com.es/2012/07/el-anticomunismo-avanza-moldavia.html

El 15-M y los mineros

Carlos Taibo... Aunque, como el personaje de Melville, hubiera preferido no hacerlo, vuelvo sobre la disputa que, a los ojos de algunos, habría enfrentado al 15-M y al movimiento minero. Aunque, como el personaje de Melville, hubiera preferido no hacerlo, vuelvo sobre la disputa que, a los ojos de algunos, habría enfrentado al 15-M y al movimiento minero. Lo hago para salir al paso de un puñado de opiniones --unas aparentemente tranquilas, otras manifiestamente agresivas-- que en sustancia vienen a decirnos lo que sigue: como quiera que el 15-M era un movimiento que no estaba mal pero que, al cabo, resultaba blandito y posmoderno, han tenido que llegar los mineros para poner las cosas en su sitio y recordarnos que no puede ser sino la clase obrera de siempre la que señale el camino de la emancipación. Si lo primero, lo del 15-M, me parece una dramática distorsión de una realidad afortunadamente más compleja, lo segundo, lo de los mineros, tiene todos los elementos de un genuino cuento de hadas. Empezaré, claro, por lo del 15-M. Y lo haré subrayando que muchos de quienes entienden que se trata de un movimiento blando y posmoderno parecen extraer su información de los medios de incomunicación del sistema. Bueno sería que dedicasen una mañana a visitar asambleas populares, porque --sospecho-- tendrían que cambiar pronto de opinión. Lo primero que debo señalar al respecto es que en la mayoría de los lugares, y a lo largo del último año, el 15-M ha experimentado un rápido y afortunado tránsito desde un proyecto que en origen era con frecuencia meramente ciudadanista a otro orgullosamente anticapitalista. No sé que hay de posmoderno en uno de los lemas más coreados en las manifestaciones del movimiento: el que reza ‘se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social’. Tampoco sé, por cierto, que hay de posmoderno en la defensa de los derechos de las generaciones venideras y en la contestación de una economía de cuidados que cae en exclusiva a hombros de las mujeres. Lo anterior no significa en modo alguno que falten los problemas en el 15-M. Uno de ellos, principal, es su muy precaria presencia en el mundo del trabajo. Pero ojo que aquí la realidad es, de nuevo, más compleja que lo que retratan los fustigadores, destapados o encubiertos, del movimiento. Si en el momento inicial del 15-M había una franca mayoría de jóvenes parados o precarios, la realidad que ha emergido al calor de las asambleas populares es muy distinta, con muchos trabajadores asalariados de por medio. Repito lo que ya sé que a algunos compañeros no les gusta que diga: lo que ocurre a menudo es que esos trabajadores son quincemayistas de fin de semana o, lo que es lo mismo, se suman a las iniciativas del 15-M pero a duras penas trasladan la perspectiva de éste a los centros de trabajo. Estoy obligado a precisar, con todo, por qué percibo esto como una realidad nada afortunada: en el movimiento hay una asentada y extendida conciencia de que las cosas no discurren como debieran en el mundo del trabajo, y se considera, en paralelo, que éste no puede quedar al margen de la contestación. Ojalá, y en otras condiciones, el 15-M pudiese no tener que plantearse estos problemas: querría decir que los sindicatos que tenemos --que padecemos, dirá alguno, y hablo ahora de los mayoritarios-- están a la altura de las circunstancias. Las disputas correspondientes no han dejado de provocar heridas en el movimiento, en la forma ante todo de una colisión entre posiciones adanistas, que con argumentos tan respetables como cándidos estiman que el 15-M debe moverse en solitario en ese cenagoso terreno, y quienes piensan --me cuento entre ellos-- que hay que anudar lazos con el sindicalismo alternativo y resistente. Si se me permite aquí un comentario personal, agregaré que el mundo sindical que considero, sin dogmatismos, que es el mío, el que configuran organizaciones como la CGT y la CNT, no se caracteriza precisamente ni por su blandura ni por sus guiños posmodernos: a diferencia de otros, y sin ir más lejos, ha dicho siempre no a todas las reformas laborales y a todos los pensionazos. Voy ahora a por lo de los mineros. Lo primero que me siento obligado a recordar es que el 15-M ha estado, con claridad, a la altura de sus deberes. No creo equivocarme cuando afirmo que ha sido la primera instancia de cuantas se han entregado, sin cautelas, al apoyo y a la acogida de las marchas. En unos casos --intuyo-- porque los activistas pensaban que el movimiento minero bien puede ser un fermento de cambio radical en el mundo del trabajo; en otros porque desde hace un año han decidido apoyar, sin dobleces, a quienes resisten frente a los recortes. Una vez certificado lo anterior, no negaré que la protesta minera ha provocado disputas dentro del 15-M. Días atrás señalé cuáles eran, a mi entender, los requisitos que debe satisfacer una lucha para que la hagamos nuestra en plenitud: 1. contestar la lógica de fondo del capitalismo (no se trata de remendar, sin más, uno u otro descosido); 2. promover horizontes de autogestión que rechacen el orden de la propiedad, y de la exclusión, vigente; 3. colocar en su núcleo los derechos de las generaciones venideras, y respetar en paralelo los delicados equilibrios del medio natural; 4. encarar con radicalidad la marginación material y simbólica que, en todos los órdenes, padecen las mujeres; 5. asumir un carácter internacionalista y solidario, con conciencia clara de lo que ocurre en los países del Sur, y 6. tener capacidad de expansión y atracción hacia otros. Me temo que si juzgamos la lucha de los mineros sobre la base de esos requisitos, el balance no es muy halagüeño. Nos hallamos tal vez ante una paradoja. Si en el pasado han menudeado los ejemplos de movimientos en los que la ambición de los objetivos se veía lastrada por la cortedad de los medios, en el caso de los mineros nos hallamos justamente ante lo contrario: el coraje desplegado en los medios se ha visto contrarrestado por unos objetivos que en sustancia eran, llamativamente, los de la patronal del sector --que se preserven las subvenciones al carbón--, en ausencia dramática de proyectos de autogestión --¿no será un remedo de lo que han hecho en los últimos treinta años CCOO y UGT, que con recursos notables no han sido capaces de perfilar otra cosa que una agencia de viajes?--, con permanente desatención de la cuestión ecológica y con perspectivas muy reducidas de expansión a otros sectores. A los ojos de quienes dilapidan argumentos contra el 15-M, ¿no significa nada, en este contexto, que la marcha que remató en Madrid la cerrasen esos dos tragarreformas laborales llamados Fernández Toxo y Méndez? Creo que en estas condiciones el ejemplo redentor que algunos creen apreciar en la respuesta minera a las agresiones tiene un alcance limitado. Y no lo digo, en modo alguno, con contento. Ojalá pudiese afirmar orgullosamente lo contrario. Acabo con un mensaje ecuménico: rehuyamos las confrontaciones entre trabajadores y procuremos mejorar el registro de cada cual. Es una evidencia que el 15-M se tiene que poner las pilas para hacer lo que esté de su mano en la tarea de trasladar al mundo del trabajo el horizonte anticapitalista que en la mayoría de los casos defiende. Lo es también que el sindicalismo alternativo y resistente debe espabilar para configurar una alternativa real. Como lo es, en fin, que hay que hacer votos para que las bases de los sindicatos mayoritarios despierten de una vez por todas. Nadie sobra en la tarea de contestar unas agresiones que, con certeza, van a ir crudamente a más. Pero esquivemos --todos-- los cuentos de hadas.

Es imprescindible un proceso constituyente

Escrito por José Manuel Lechado--- La constitución española vigente, votada en referéndum en diciembre de 1978, se ha ido convirtiendo en la guinda del pastel de un cuerpo normativo obsoleto. En tanto que refundición maquillada o más bien reconversión de las Leyes Fundamentales de la dictadura franquista, esta norma suprema del ordenamiento legal español, si bien continúa siendo útil a la clase dominante, ha dejado de servir al pueblo, ya que no garantiza sus derechos ni sus libertades ni asegura la soberanía nacional . La constitución de 1978 es en la actualidad un obstáculo para la democracia. Con un articulado vetusto, fuera de época y gestionado por una clase política corrupta e incompetente y una judicatura mayoritariamente conservadora cuando no fascistoide, la única reforma sensata que admite esta mal llamada carta magna, si de verdad se desea un cambio y un futuro para España, es su completa derogación. Por eso la reivindicación primera de cualquier movimiento ciudadano no debería centrarse en reformas parciales o cambios concretos del articulado, sino exigir el arranque de un nuevo proceso constituyente. Proceso que no ha de quedar, como el de 1978, en manos de la oligarquía más inculta de Europa, su clase política sometida y sus obedientes jueces, sino que habrá de ser iniciado, impulsado, dirigido y ejecutado por la ciudadanía. El debate de este proceso constituyente debería ser abierto y flexible y no quedar, en ningún momento, en manos de «profesionales». Como orientación general, el nuevo ordenamiento español debería considerar las siguientes propuestas, mínimas, pero imprescindibles. -Forma del Estado republicana por cuestiones tanto éticas como estéticas. En el mundo actual es intolerable que se privilegie a una familia con la máxima magistratura del Estado sólo por cuestiones genéticas. -Separación de poderes real y efectiva, no como en la actualidad. En este sentido los tres poderes deberían ser elegidos directamente por el pueblo y de forma independiente cada uno. Medidas imprescindibles en este sentido serían la supresión del Ministerio de Justicia y la creación de un órgano de gobierno judicial elegido por el pueblo. -Instauración de un sistema plebiscitario en virtud del cual las grandes decisiones tengan que ser siempre refrendadas por el pueblo. -Limitación legal del carácter «representativo» de los cargos electos, para evitar la justificación de cualquier acto de gobierno por el mero hecho de contar con cierto respaldo en forma de votos. -Supresión del Senado e instauración de un legislativo monocameral. -Supresión del tribunal de excepción conocido como Audiencia Nacional. -Nueva redacción de los códigos legales y sus reglamentos, buscando la simplicidad y la comprensión, así como evitar las contradicciones y las trampas de ley. -Creación de una ley de responsabilidad política y financiera para los cargos electos en el ejercicio de sus funciones. En particular, los programas electorales deberían tener valor contractual y su vulneración ser considerada delito. Si no puedes cumplir las promesas, dimite y convoca nuevas elecciones. -Nuevo reglamento electoral que suprima las diferencias del valor del voto por regiones. Cambio del sistema D´Hondt por otro procedimiento de reparto más justo y equitativo. -Nueva ley de partidos. Supresión de las subvenciones por voto recibido y por escaño. Eliminación de las limitaciones legales para participar en los comicios. Severo control de la financiación de los partidos. Los objetivos principales son la supresión del bipartidismo, de la corrupción y del clientelismo. -Reforma del sistema penitenciario para que cumpla una función reintegradora, no vengativa. -Nueva legislación impositiva que aumente la presión fiscal sobre los más ricos y dé lugar a una distribución equitativa de la renta. -Lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales. Supresión de las sicav y otras argucias que permiten a las grandes fortunas evitar sus responsabilidades fiscales y la participación en el fondo común. -Lucha decidida contra la corrupción y el despilfarro en la administración pública. -Supresión del acceso a puestos públicos por libre designación y por concurso-oposición. -Limitación intensa del número de cargos públicos electos. La administración podría funcionar de hecho sin apenas cargos electos, por lo que sería interesante reducir su presencia (y el peso que suponen para las arcas públicas) al mínimo imprescindible. -Reorganización de los recursos públicos para asegurar su máxima eficacia y quitar facilidades para la corrupción y el despilfarro. -Reorganización del cuerpo de funcionarios del Estado para distribuir y aprovechar con la máxima eficiencia el trabajo de las personas. -Revisión del Estado de las Autonomías. Referéndum para elegir entre una organización federal de verdad u otro sistema. Abolición de la doctrina del “café para todos”: implantación de gobiernos autónomos sólo donde la población lo desee realmente (que es lo que se planteó tras la muerte de Franco y fue rechazado de plano por los españolistas acérrimos). -Supresión de las leyes de privilegio. Por ejemplo, los tratamientos de respeto para ciertos cargos, las exenciones de impuestos a ciertos colectivos, las prebendas y la impunidad de ciertos cargos electos, el delito de atentado a la autoridad o la propia existencia de una familia real. -Reforma a gran escala de la policía y el ejército. La fuerza armada, tanto policial como militar, debe estar al servicio del ciudadano y no actuar como pretorianos a las órdenes de los ricos y sus políticos a sueldo. En este sentido sería interesante que las funciones policiales dejaran de depender del Ministerio del Interior y fueran asumidas por los ayuntamientos (seguridad ciudadana, tráfico, proximidad, etc.) y el poder judicial (investigación criminal, etc.). El ejército, a su vez, debería contar con una mayor integración en la sociedad, no vivir aislado en sus cuarteles, e integrar a toda la población en la defensa nacional. Las unidades dedicadas al control social, como la UIP (antidisturbios), o las decorativas (caballería, guardia real, etc.) deberían ser disueltas. -Revisión en profundidad de la relación de España con la Unión Europea. Establecimiento de una política que permita la recuperación de la soberanía nacional. Esto debería incluir un riguroso análisis sobre la conveniencia o no de mantener en España la moneda internacional denominada euro. -Revisión en profundidad de la deuda pública, dividiéndola en legítima e ilegítima y anulando el pago de esta última. En particular el nuevo Estado Español debería incluir en su carta constitucional una mención expresa contra las políticas criminales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los dudosos dictámenes de las agencias de calificación financiera. -Estricto control público de la actividad financiera, bursátil y bancaria. Imposición de normas y regulaciones que impidan la especulación, la creación de burbujas, las estafas y la proliferación de productos y derivados de carácter dudoso o poco ético. En fin, sólo algunas sugerencias para solucionar los gravísimos problemas creados por la avaricia de los ricos y la incompetencia y mediocridad de los políticos profesionales que les sirven. Sin embargo, salir de la eterna crisis requiere algo más: una acción decidida sobre el gran pilar carcomido de la sociedad, que no es otro que la pasividad cómplice del pueblo. Si siempre miramos hacia otro lado dejando pasar las cosas y sólo nos movilizamos cuando nos tocan el bolsillo, no vamos a ninguna parte. Tampoco si, al llegar las elecciones, un gran número de ciudadanos irresponsables, interesados o mal informados siguen apostando por los dos partidos dinásticos: PP y PSOE. La democracia no es fácil, como no lo es la justicia. La democracia requiere esfuerzo y dedicación, además de vigilancia. La pereza sólo proporciona esa tranquilidad que otorgan al esclavo sus cadenas y su ignorancia.