29 de agosto de 2012

QUERELLA CONTRA EL FRANQUISMO: LA JUEZA ARGENTINA VISITARÁ ESPAÑA EN SEPTIEMBRE

Texto: Javier Coria. El 14 de abril de 2010, se interpuso una querella ante un juzgado de lo penal de Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas. La querella fue presentada por víctimas, familiares de víctimas y asociaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas. Los fundamentos jurídicos se asientan en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional. En la Revista Rambla ya informamos de la visita de un grupo de ex presos querellantes a la ciudad de Buenos Aires, y el pasado 2 de agosto publicamos una entrevista con la abogada Ana Messuti, que forma parte del equipo de juristas que están tramitando las denuncias en los tribunales argentinos. Se está haciendo cargo de la querella el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de la República Argentina, y la jueza instructora en la que recayó la investigación fue María Servini de Cubría. En el próximo mes de septiembre, sin que las fechas estén aún concretadas a la hora de redactar esta pieza, la magistrada visitará España para recibir personalmente las querellas, denuncias y testimonios, para ello Servini tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y Bilbao, sin que se descarten otros destinos, ya que son numerosos los ayuntamientos que han cursado invitaciones a la jueza, como es el caso de dos poblaciones con una carga simbólica importante: Otxandio, cuya población fue bombardeada el 22 de julio de 1936, y Guernica, destruida por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana en abril de 1937. Otros ayuntamientos, por petición de las Plataformas Ciudadanas están aprobando mociones de apoyo a la Querella 4591/10. Por toda la geografía española se extienden, como una marea de dignidad, cientos de organizaciones que conforman las diversas plataformas de apoyo a la querella. Además de sindicatos obreros; asociaciones de estudiantes y partidos políticos, son mayoría las organizaciones cívico-ciudadanas como las diversas asociaciones por la recuperación de la memoria histórica; las plataformas contra la impunidad del franquismo; organizaciones de ex presos; entidades culturales y académicas; asociaciones de “niños robados”; fundaciones, uniones de actores; etc., todas ellas forman parte, como hemos dicho, de las Plataformas de Apoyo a la Querella que, con distintos nombres, están empezando a formarse o ya existen en la mayoría de las comunidades autónomas de España. En la Revista Rambla hemos hablado con tres miembros destacados de asociaciones de Madrid, Euskadi y Cataluña. LA COMUNA: EX PRESOS DEL FRANQUISMO “Nuestra mera presencia pone en cuestión los pactos de la transición”.Quien así habla es Manuel Blanco Chivite, miembro de La Comuna, organización de ex presos del franquismo, y una de las organizaciones más activas que forman parte de la plataforma de apoyo a la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo de la Comunidad de Madrid. En conversación reciente con este redactor, Chivite, condenado a muerte y conmutada la pena en los procesos que desembocaron en las últimas ejecuciones del franquismo el 27 de septiembre de 1975, se muestra convencido de que la acción popular y la presión nacional e internacional pueden llevar al banquillo a los responsables franquistas que aún siguen vivos: “El tristemente famoso Tribunal de Orden Público (TOP) era un tribunal fascista y excepcional. Muchos de los integrantes del citado tribunal, así como muchos de los integrantes de los consejos de guerra de los últimos procesos franquistas, no sólo están vivos, sino que, reconvertidos a “demócratas”, siguen ejerciendo en la España actual sin que se haya dado ningún tipo de depuración o petición de responsabilidades”. Dando nombres y apellidos, Chivite ya denunció a los jueces franquistas en un documental dirigido por Adolfo Dufour, “Septiembre del 75”, que fue galardonado en la Semana Internacional de cine de Valladolid en 2009 y que incluso fue emitido por TVE en el programa “Documentos TV”. Unos de los escollos legales con los que se encuentran los querellantes es la Ley de Amnistía de 1977. Dicha ley consagró el silencio y la impunidad de los estamentos franquista a cambio de la excarcelación de varios cientos de presos antifranquistas. Chivite y sus compañeros piensan que, como ocurriera en Argentina con la anulación de la llamada Ley de punto final y de obediencia debida que permitió el proceso de Pinochet y Scilingo, entre otros, aquí también se puede anular dicha ley que fue el eje principal de los pactos de la transición. PRESOS Y REPRESALIADOS VASCOS Goldatu es la asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista en el País Vasco, y forma parte de la recién creada Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo. Este redactor se puso en contacto con Josu Ibargutxi, miembro de la Comisión Coordinadora de Goldatu. Ibargutxi, que fue uno de los 29 presos políticos que protagonizaron la famosa fuga de la cárcel de Segovia en 1976, viajó a Argentina con el citado Blanco Chivite, Sabin Arana y Chato Galante. Nos explica las tareas que están realizando en Euskadi: “Estamos trabajando en la preparación de querellas y denuncias de los hechos más relevantes de la represión franquista en Euskal Herria, para lo que se ha contactado con muchos familiares de víctimas, testigos y afectados directos (detenidos, torturados, presos, exiliados…). Así, por ejemplo, están preparadas las querellas de los “Curas vascos de Zamora” que fueron encerrados por varios años en la entonces llamada “Cárcel Concordatoria de Zamora” que la jerarquía de la iglesia había autorizado a Franco mantenerla para curas “díscolos y rojos-separatistas”; la querella de los trabajadores asesinados y heridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz; la querella de los 40 marineros del buque vasco “Udondo”, buque de carga (carbón) que fue apresado en aguas gallegas por los sublevados fascistas en el 36 y que fueron fusilados sumariamente, sin más, en las tapias de un cementerio de El Ferrol; las querellas de familiares de una docena de personas de Arrasate-Mondragón que fueron también ejecutadas sumariamente en 1936; las querellas, en fin, de diversos combatientes antifranquistas que en los años sesenta y setenta sufrieron torturas y cárcel”. Sobre las críticas de los defensores de la desmemoria y de “dejar a los muertos en paz”, nos cuenta Ibargutxi: “Tenemos claro que es una primera grieta que se abre en el muro de la impunidad franquista que consagró la llamada Transición. Es sólo una grieta, e intentarán remendarla inmediatamente, pero la visita de la jueza nos permite avivar la memoria y desenterrar toda la infamia de aquella dictadura, a fin de que las nuevas generaciones la conozcan sin falsos relatos y se armen culturalmente para que no pueda repetirse”. EL 1 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA SANT JAUME Como vienen realizando desde hace tres años, los integrantes de la Red Catalana de Apoyo a la Querella Contra el Franquismo se concentrarán el 1 de septiembre a las 12 horas del mediodía en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Felipe Moreno, luchador antifranquista represaliado, participa en la coordinación de los querellantes catalanes y es miembro de la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes: “En la plaza Sant Jaume reivindicamos la anulación de las sentencias y condenas que hubo en los consejos de guerra y otras jurisdicciones franquistas, asi como la rehabilitación pública y social de los militantes antifranquistas que fueron asesinados o sufrieron cárcel y torturas”. Aunque dichas concentraciones se venían realizando a últimos de mes, en esta ocasión se ha atrasado la fecha para que coincida con la visita de la jueza. Como es lógico, las redes sociales, los blog y las páginas en Internet están teniendo una importancia capital en la difusión de estas iniciativas y en la recuperación de la memoria histórica. Felipe Moreno, activista muy conocido de Santa Coloma (Barcelona), nos habla de la importancia de un blog donde, la organización a la que pertenece, van “colgando” las historias personales de los represaliados en Cataluña. El blog se llama “Les nostres víctimes” (nuestras víctimas) y entre otras cosas han realizado un vídeo que se puede ver en Youtube con el título. “Judicis i impunitat, fins a quan?”. LA MEMORIA VIVA: QUERELLANTES Y DENUNCIANTES-- Muchos de los ex presos con los que hemos hablado no se consideran víctimas, sino luchadores antifranquistas represaliados, ya que fueron objeto de una represión planificada que contó con el concurso de toda una estructura cuyo objetivo era aplastar todo atisbo de oposición democrática al régimen. Desde los brazos ejecutores representados en las fuerzas de seguridad; policía político-social, policía armada (los famosos “grises” de triste recuerdo); guardiacivil; servicios de inteligencia; ejército y organizaciones parapoliciales de la extrema derecha, hasta los miembros de la judicatura; de la administración; jerarquía de la iglesia católica; funcionarios y, cómo no, los diversos miembros de los gobiernos franquistas. Por ejemplo, nos informan, que hay alrededor de 170 torturadores vivos que, lejos de ser procesados, fueron promocionados o incluso condecorados por los diversos gobiernos de la Transición, desde la UCD de Adolfo Suárez, pasando por los del PSOE de Felipe González y los gobiernos del PP de José María Aznar. En este caso no tenemos que referirnos a un pasado lejano y brumoso, porque tanto víctimas como verdugos están vivos. Muchos de los querellantes fueron activistas antifranquistas que ahora tienen entre los cincuenta y pocos, hasta los sesenta o setenta años. Ellos son la “memoria viva” porque aún recuerdan los nombres de sus torturadores, de los jueces civiles y militares que los juzgaron en juicios sumarísimos y sin garantías judiciales, como muchas organizaciones internacionales denunciaron en su día. Los promotores de la Querella tienen a disposición de los ciudadanos que lo demanden, los requisitos e impresos para tramitar las querellas o denuncias, así como un texto de apoyo a la querella que cualquier ciudadano puede firmar y que será entregado a la magistrada. ENLACES: www.lacomunapresxsdelfranquismo.org www.goldatu.org http://mesadecatalunya.blogspot.com.es/ http://xarxaquerellarcontrafranquismo.blogspot.com.es- http://lesnostresvictimesmesacatalunya.blogspot.com.es- www.esclavitudbajoelfranquismo.org-

Vídeo.Intervención de Cayo Lara - Conferencia Política del PCE 2012

Asistimos a un momento de crisis estructural cuyo resultado no está escrito. Se trata de un momento de gran fluidez y alto riesgo debido a la manera caótica de desenvolverse la crisis: - La economía mundial está estancada, no sólo eurozona sino también USA y ahora China … - Existen cada vez más guerras y conflictos por el control de recursos estratégicos como forma desesperada del imperialismo de hacer frente a los problemas de la crisis - Las instituciones internacionales se han convertido en vehículos de propagación de esas políticas imperialistas en lo económico, con el FMI y la OMC, y en lo político con el papel de la ONU - La UE está acosada por las contradicciones de su propio modelo (que venimos denunciando desde 1992 e incluso antes) y, lejos de desempeñar un papel de equilibrio internacional se ha convertido en un exportador de problemas al resto del mundo a través de la globalización financiera - En España, la crisis se lleva por delante avances y conquistas sociales y los fundamentos del modelo de acumulación capitalista del régimen de la transición Esta inestabilidad crea la posibilidad de una intensa transformación de las relaciones sociales por el agotamiento del modo en que el capitalismo se reorganizó tras la llamada revolución neoliberal. Socialismo o neofeudalismo y barbarie. La única salida aceptable pasa por un avance en la socialización y democratización de las relaciones de producción a nivel mundial. El ejemplo latinoamericano, con todas sus contradicciones, señala en la dirección adecuada: una reorientación de la economía al servicio de las necesidades humanas, la cooperación e integración regional como alternativa al imperialismo y una democratización de las estructuras políticas que aumente la influencia de las grandes mayorías oprimidas y explotadas. En nuestro caso tenemos que tener presente: - El agotamiento del régimen socio-económico heredado de la transición. Los poderes económicos españoles pudieron sortear las dificultades y acomodarse con éxito temporal a la evolución de la crisis capitalista de los 70 con el señuelo de la integración en “Europa”. Fueron capaces de generar consensos sociales en torno a la distribución de los “beneficios” derivados de la incorporación a la UE, primero la masiva inversión tanto directa como a través de los fondos europeos, luego con el impacto de los préstamos baratos que financiaron la burbuja inmobiliaria. Todo ello ocultó la destrucción del tejido productivo y, más aún, de la sociedad del trabajo preexistente, con el paro estructural y la precariedad sistemática como herramientas de disciplina para la clase trabajadora. Agotada esta fase, la crisis se revela en toda su magnitud con el paro y la veloz destrucción de las conquistas sociales, asociadas en el imaginario popular al “modelo social europeo”. Pero, lo que es igualmente relevante, se manifiesta la inviabilidad a futuro de la base económica en la que asienta su poder la burguesía española: el sector financiero, la construcción y obras públicas, los grandes servicios, y, en general, aquellas actividades que se apoyan en el Estado como garante y regulador de sus negocios. - El “impasse” en el que se encuentra el modelo neoliberal de construcción europea, con el euro como remate de la misma. Por un lado existe como objetivo común de las burguesías de los países europeos desde el mismo inicio del proceso de la UEM la pretensión de acabar con todas las conquistas fruto de más de 150 años de luchas, mal llamadas “estado del bienestar”, en la región del mundo donde esas conquistas habían llegado más lejos fruto de las circunstancias históricas; ese es el núcleo de las políticas de austeridad. Por otro lado se dan fuertes contradicciones entre esas burguesías, que pretenden resolver hasta ahora manteniendo sus áreas de influencia a través de los respectivos Estados Nacionales. Estas contradicciones se manifiestan en los balances comerciales entre unos países y otros y, sobre todo, en las endiabladas relaciones financieras en las que unos deben a otros y la caída del eslabón más débil puede arrastrar al conjunto. Esta dualidad se refleja en la deficiente arquitectura europea como demuestra la que la ausencia de políticas fiscales comunes o el limitado grado de integración política. Este “impasse” no puede ser indefinido. Las dificultades de la zona euro demuestran que se está llegando al límite. Tarde o temprano se producirán, o un avance en la integración política o la desintegración completa de la UE. En último extremo la salida a la crisis estructural sólo puede tomar el aspecto de una transformación estructural. En el caso español implica entrar a fondo a discutir en tres terrenos que, por la propia naturaleza de la crisis, están íntimamente mezclados: el de la democracia, el de la distribución y el de la producción. O, dicho de otro modo, la cuestión del poder económico. Desvanecidas las ilusiones de tiempos pasados, aparece con toda crudeza la vinculación entre la especialización ecológicamente nefasta del aparato productivo, la cúpula empresarial (banca, ingeniería y construcción, distribución y servicios privatizados), su relación con la monarquía postfranquista y unas relaciones de producción y distribución especialmente regresivas. El denominador común a la situación española y europea en el terreno político es la desaparición de la democracia incluso formal. El neoliberalismo ha sido una fase de retroceso de la democracia representativa en general (el renacer latinoamericano aparece precisamente como un proceso de ampliación de la democracia con la democracia participativa). En estos momentos en Europa la aplicación de las políticas de austeridad y la reorganización del capital a escala europea requiere una vuelta de tuerca más como atestiguan todos los desarrollos recientes: el pacto del euro, la reforma de la Constitución, la supervisión centralizada de los presupuestos y el caso más agudizado, la implantación de gobiernos tecnócratas y los “memorandos” de la troika. Todo ello sobre una matriz esencialmente antidemocrática en cuya cúpula está el Banco Central Europeo cuya “autonomía” está diseñada esencialmente para proteger por encima de todo los intereses del capital financiero aislándolo de la influencia de la lucha de clases. Surge así la necesidad de recuperar, en primer lugar, la democracia. Democracia entendida como la capacidad de los trabajadores y todos los sectores sociales subalternos de influir en el poder formalmente instituido. Esa intrusión debe comenzar por revertir la prioridad que ahora se le ha dado a los mercados y romper con la trampa de la deuda, obligando – como en Islandia – al sector financiero español a cargar con sus propios errores. El modelo democrático-representativo heredado de la transición se ha revelado insuficiente para esa intrusión y se requieren luchas y reformas que sitúen al Estado bajo el control directo de la ciudadanía y permitan iniciativas de democracia directa y participativa que rescaten lo público de los “mercados”. Aquí la reivindicación republicana y los proyectos constituyentes conectan tanto con la resistencia a los recortes como con las demandas de “democracia real ya”. El problema de la construcción europea, con un Estado democrático, adquiere una nueva dimensión. Aparece la posibilidad de intervenir, a partir de la capacidad de actuar unilateralmente que tiene un Estado y con las consecuencias que podría tener para el conjunto de las élites económicas europeas una decisión soberana de impago español. Salvo que se produzca una catástrofe, que no es descartable, de una forma o de otra acabarán por implantarse mecanismos de compensación de los desequilibrios intra-europeos y deberán desarrollarse las instituciones que los gestionen. A eso apuntan las pretensiones actuales de Ángela Merkel cuando pide mayor integración fiscal como condición para seguir aportando fondos. Frente a esa integración antidemocrática y neoliberal hay que oponer un proyecto de integración democrática y cooperativa. Desde la capacidad de maniobra de los Estados y a partir de los núcleos de resistencia que se van construyendo en la oposición a la austeridad y a la salida neoliberal a la crisis se puede plantear, al estilo que se trabaja en América Latina, una integración cooperativa, con intercambios planificados y un sistema monetario y financiero controlado democráticamente. Construir un bloque democrático para una salida social a la crisis, en España y en Europa. Para el PCE, la máxima prioridad debe ser construir la alianza social capaz de imponer una salida democrática a la crisis, salida que se puede expresar como “rescatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos”. Esta alianza deberá enfrentarse con la previsible intervención de nuestro país por los poderes económicos europeos, bien con el disfraz de un “gobierno de salvación nacional” o con una dictadura tecnocrática descarada. Deberá cuestionar los bloqueos legales, institucionales y jurídicos que posibilitan las políticas de austeridad empezando por la estabilidad presupuestaria y siguiendo por las reglas del juego de la UE: libre circulación de capitales, prohibición de financiación a través del Banco Central, etc. El PCE propone estas siete medidas para rescatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos como punto de partida para la construcción de ese bloque extendiéndolo por todos los sectores y territorios: 1. Auditoría de la deuda y rechazo de la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social. 2. Reforma de la Constitución que fije la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios público esenciales sobre cualquier otro compromiso. Derogación de la Reforma Laboral y de la Reforma de las pensiones. 3. Reforma fiscal progresiva e intensificación de la lucha contra el fraude. 4. Programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio. 5. Garantizar el derecho a la vivienda y llevar a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la dación en pago con efectos retroactivos, la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social. 6. Creación de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor (Cajas de Ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y banca del Estado (deuda pública). 7. Control ciudadano y popular sobre el gasto y la gestión pública. El PCE trabajará a escala europea para ampliar esta convergencia, con todos los medios a su alcance, especialmente entre los partidos, organizaciones y movimientos de los países llamados periféricos.PCE

Los sindicatos empiezan a gestar la gran huelga general del sur de Europa

ANA TUDELA FLORES-- Las fronteras europeas han resultado totalmente porosas a la doctrina de la austeridad, al dogma que impone salvar a la banca mientras se mutilan los derechos de los trabajadores. No ha habido Pirineos, Alpes, ni cadena del Olimpo que hayan frenado el avance del neoliberalismo imperante. Todo es unificar sin que se huela una urna: la política fiscal, las constituciones, alejando cada vez más de los Parlamentos y Gobiernos que eligen los ciudadanos, decisiones cruciales para la vida de estos. Los trabajadores, especialmente los del castigado sur de Europa, no han traspasado al mismo nivel las fronteras para unirse en una gran acción conjunta que mantenga un pulso cara a cara al verdadero poder, que no está en la Moncloa ni en el Palazzo Chigi. Eso es lo que los sindicatos, con los españoles CCOO y UGT en el grupo de cabeza, se han propuesto cambiar. Rápidos, desde luego, no han sido. Pero quizás por eso saben que ha llegado el momento de intentar algo de mucha mayor repercusión que una manifestación conjunta. Es el momento de una huelga general común y ya están trabajando en ella. Así se lo ha confirmado a cuartopoder.es Javier Doz, secretario confederal de Internacional de CCOO. “Creemos que es necesario. No es fácil de conseguir, somos realistas”, añade reconociendo que mantienen también la hipótesis de dejar la acción conjunta en manifestaciones al unísono, “pero este es un momento clave. A Grecia la están empujando fuera del euro y quieren imponer el rescate a España. Esto puede llevar a situaciones de extrema gravedad en las próximas semanas. A mi juicio, eso precisa de una gran movilización”, explica Doz. El líder sindical asume que hace tiempo que debería haberse hecho realidad una acción similar a la que ahora plantean. “Lo que ha sucedido en Europa es para que hubiera habido mucho antes una huelga general simultánea en 12 o 14 países con acciones de apoyo en el resto”, comenta. “Han sido dos años y medio viviendo una política injusta, la de la austeridad, que además se ha mostrado absolutamente ineficaz”. Ahora, más que nunca, el tiempo apremia. “En el pasado ya hubo una decena de países cuyos sindicatos se mostraron de acuerdo”, pero finalmente no salió adelante. “Ahora hay que volver a ver cuál es la situación en cada país. En Francia, por ejemplo, ha habido un cambio de Gobierno (con la llegada al poder del socialista François Hollande en sustitución de Nicolás Sarkozy) y la relación con los sindicatos ha cambiado”. Los motivos están claros, con Europa tan lejos como siempre de emprender políticas que fomenten el crecimiento de la economía con ello el empleo. Incluso a Hollande “ya le han colado el Pacto por el Crecimiento y el Empleo”, comenta Doz. Dicho pacto, de mediados de junio del presente ejercicio, se vendió como una gran victoria de Italia, Francia y España frente a Alemania, escenificada en el gesto de disgusto de Angela Merkel tras la reunión que mantuvo con sus homólogos Mario Monti, Hollande y Mariano Rajoy. Pero, si bastó una semana entre aquel encuentro a cuatro bandas y el de todos los Jefes de Estado de la UE para reducir la cantidad de capital previsto de 130.000 millones de euros a 120.000 millones, el acuerdo final convirtió en “contabilidad creativa la cifra” destinada al mismo, comenta el responsable de Internacional de CCOO. “Solo se prevé aportar 10.000 millones nuevos del Banco Europeo de Inversiones, el resto (60.000 millones) es endeudamiento. En cuanto a los 55.000 millones procedentes de fondos estructurales no utilizados, al no haberse modificado las condiciones para su uso (que exigen que el país beneficiario aporte al proyecto de destino una cantidad igual que la de los fondos comunitarios) hacen que los más necesitados, como Grecia, no puedan utilizarlos, porque no pueden cofinanciar nada”. Por eso sostiene Doz que lo de junio “no fue un plan, fue un engaño”. Como ya informó cuartopoder.es, a los poderes europeos no les puede pillar de sorpresa la movilización. Los sindicatos europeos han mandado una carta a la troika para avisar de la inminente toma de “medidas drásticas”, según explicó el director general del sindicato griego de empleados públicos (Adedy), Elías Eliopoulos. Una historia de intentos--- La crisis ha traído consigo “el periodo de mayor número de movilizaciones desde la Segunda Guerra Mundial”, comenta Doz. Realizar acciones conjuntas no ha sido fácil. En los últimos cuatro años, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha promovido diversas fórmulas de acción conjunta en diferentes países. Así fue en mayo de 2009, cuando tuvieron lugar manifestaciones en varias ciudades europeas, entre las que estaba Madrid. La capital española celebró el 14 de mayo de aquel año la llamada Euromanifestación, con el lema “Combatir la crisis. Lo primero el empleo”. La tasa de desempleo era entonces del 7,7% en Grecia. En España, del 18%. Lejos de atender a aquella petición de los sindicatos, lo que vino fue la conocida política de austeridad que ha hecho que la tasa de desempleo sea ya del 22,5% y el 24,8% en Grecia y España respectivamente, según los últimos datos de Eurostat. La destrucción de empleo sigue imparable debido a que, junto a la austeridad, se han sucedido toda una serie de reformas laborales destinadas a lo que llaman flexibilizar el mercado laboral, que es la forma eufemística para hablar del abaratamiento del despido, la reducción de salarios y el ataque a la negociación colectiva. Si en Grecia las huelgas generales se han sucedido a golpe de recorte de la troika (en 2011 se celebraron ocho, algunas de ellas de 48 horas), en España ha sido ese proceso el que ha hecho que se hayan convocado dos huelgas generales durante la crisis, en concreto, como consecuencia de sendas reformas laborales, una del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y la última la “tremendamente agresiva”, en palabras del ministro Luis de Guindos, reforma del Partido Popular. La primera de esas dos huelgas generales, celebrada el 29 de septiembre de 2010, a pesar de los diferentes tempos entre ambos países, se convocó en una jornada de acción conjunta acordada por los sindicatos españoles con los dos grandes sindicatos griegos: el de los trabajadores públicos, Adedy, y el del sector privado, GSEE. Incluso entonces, comenta Doz, “no era fácil hacer coincidir las acciones”. Coincidir con Francia, por ejemplo, “ha sido complicado porque, aunque se convocaron hasta nueve huelgas contra el Gobierno de Sarkozy por la reforma de las pensiones, nunca fueron generales”. Las cifras ya no permiten esperar. En el primer trimestre de 2008, con la crisis aún despertándose, en la Europa de los 27 había 16 millones de personas desempleadas. En abril de 2012, esa cifra era ya de 25,1 millones, 17,8 millones en la zona del euro. Calendario-- La fecha que se baraja como posible para realizar la movilización conjunta, ya sea esta finalmente una huelga general o manifestaciones simultáneas, es la primera semana de octubre, en el entorno del día 7 (que este año cae en domingo) que es cuando cada año la Confederación Sindical Internacional celebra la jornada mundial por el trabajo digno. El próximo 10 de septiembre, avanza Doz, se definirá mucho mejor la posible acción a realizar. Ese día se reúne el Comité de la Confederación Europea de Sindicatos. Lo que se decida podrá perfilarse en el seminario del 25 de septiembre. Entre los países que es probable que se sumasen a una huelga general común, Doz incluye a “España, Grecia, Portugal e Italia, así como a Rumanía, Bulgaria y Hungría. Los alemanes podrían incorporarse pero no mediante una huelga general por que su Constitución prohíbe las huelgas solidarias”, sin embargo, según Doz, los sindicatos alemanes están demostrando cada vez más que se sienten más cerca de las tesis de los sindicatos del sur de Europa. “La Confederación Alemana de Sindicatos”, explica, “está respaldando acciones de países del sur. Hay proximidad con ellos. De hecho, fueron los que propiciaron la reunión de los líderes de los dos grandes sindicatos españoles con la canciller Merkel, reunión que sirvió de aldabonazo al Gobierno español y desembocó en una reunión del presidente, Mariano Rajoy, con los líderes sindicales, que había sido negada a estos últimos hasta ese momento. “En caso de que se alcance un acuerdo para realizar una huelga general común, los alemanes pueden apoyarla manifestándose”, comenta Doz. Entre tanto, se celebrarán unas cuantas movilizaciones. El día 8 de septiembre tendrá lugar la primera gran manifestación griega tras el descanso estival. Los sindicatos Adedy y GSEE han convocado a manifestarse en la ciudad de Tesalónica. El día 15 de septiembre, se manifestarán en España los integrantes de la llamada Cumbre Social, en la que se encuentran los dos grandes sindicatos (CCOO y UGT). Según Javier Doz, “se espera que se manifieste en España un millón de personas”. ¡Excelente! Esta “serpiente de verano” de la que vengo oyendo hablar se convierte en el horizonte de esperanza para un otoño de resistencia y ofensiva popular. En medio de una larga campaña de desprestigio mediático a CC.OO y UGT por parte de los poderes económicos y de comunicación (¿o son los mismos?), con el aplauso y el eco, profundamente injusto, de quienes desde la margen izquierda (clásica o novísima) contribuyen, por sus propios intereses organizativos (verticales y horizontales) disfrazados de “espontaneidad popular”, y también, por quienes dentro de las propias estructuras sindicales de CCOO y UGT con su mala praxis alientan estos vientos que no van sólo contra las organizaciones que “sí nos representan”, sino que van contra nosotros y nosotras, contra el conjunto de la clase obrera, activa o desocupada, CCOO y UGT, y el resto de sindicatos europeos demuestran que su estrategia de acumulación sostenida de fuerzas, con responsabilidad, determinación y propuesta alternativa, nos permitirá derrotar primero las políticas neoliberales de ajuste y después reconstruir la Unión Europea desde los pueblos y la ciudadanía. ¡Bravo, y adelante!http://www.cuartopoder.es/montandoelnumero/los-sindicatos-empiezan-a-gestar-la-gran-huelga-general-del-sur-de-europa/419 <

Del 15-M al 25-S

Escrito por José López / UCR---- El necesario salto en busca de la democracia perdida. El surgimiento del movimiento 15-M en España supuso el inicio de un cambio de tendencia. Por fin, un amplio (aunque todavía no mayoritario) sector de la ciudadanía empezó a desprenderse de las telarañas de la apatía y el miedo que le atenazaban. Sin embargo, el 15-M tiene grandes retos que superar para revitalizarse, para, por fin, pasar de la casi inevitable indignación a la necesaria (pero nunca garantizada) revolución. Demasiados ciudadanos siguen apoyando en las urnas a los principales partidos de esta falsa democracia. Del gobierno “socialista” hemos pasado al gobierno “popular”. El sistema involuciona cada vez más. Las clases altas siguen su hoja de ruta de ataques cada vez más agresivos e indiscriminados a la mayoría social. La democracia retrocede hasta puntos harto peligrosos. Frente a esta situación surgió recientemente la iniciativa de “ocupar” el Congreso de los diputados el 25 de septiembre, de rodear el parlamento para conseguir la dimisión del gobierno y de la jefatura de Estado, e iniciar un proceso constituyente. Como era de esperar, dicha convocatoria del 25-S ha generado mucha polémica, incluso división de opiniones dentro de los distintos movimientos populares, como el 15-M. Algunas asambleas la apoyan mientras otras no. Los errores cometidos al organizar tal evento han generado demasiadas dudas. Por otro lado, la búsqueda del consenso o de mayorías demasiado amplias impide que ciertos colectivos vinculados al 15-M apoyen explícitamente las movilizaciones del 25-S, aun siendo apoyadas por más del 70% de sus integrantes en algunos casos. Las contradicciones organizativas del 15-M le empiezan a pasar factura, en forma de desmovilización, de división, de eternas discusiones (cada vez menos concurridas). El 15-M, por lo menos una parte de él, corre el serio peligro de encerrarse en sí mismo y no seguir avanzando. El buscar consenso o mayorías muy amplias, aun siendo deseable inicialmente, no debe convertirse en un obstáculo que impida tomar cualquier decisión, en una herramienta que facilite que ciertas minorías obstaculicen las acciones. ¿Es democrático que una organización se desvincule de cierto evento porque tan sólo el 30% de sus “afiliados” no lo apoyan? ¿No pesa más en este caso la opinión de la minoría frente a la de la mayoría? Como mínimo, la Plataforma ¡En Pie! ha logrado ya generalizar el debate acerca de la cuestión del proceso constituyente. Este tema, por fin, ha entrado en la agenda de las discusiones de la ciudadanía movilizada. Surgieron voces acusando a dicha plataforma de antidemocrática y ultraderechista. Afortunadamente, los organizadores del 25-S reaccionaron con un nuevo manifiesto para aclarar sus posiciones. Ciertos políticos y periodistas del sistema comparan la iniciativa “ocupa el congreso” con el golpe de Estado del 23-F. Nada sorprendente. Hacen su trabajo. El sistema se defiende. Cunde cierto miedo “escénico” en algunos sectores del movimiento 15-M. Hay miedo a que el sistema reaccione violentamente, tenga la excusa buscada para hacerlo. Existe el riesgo de que el 25-S se convierta en una trampa, de que se busque demasiado demasiado pronto. Ciertos intelectuales que llevan tiempo combatiendo el neoliberalismo imperante se desmarcan de tal iniciativa o permanecen distantes, a la expectativa, en vez de mojarse. Yo les pregunto a quienes se desmarcan del 25-S: ¿Cómo creéis vosotros que hay que presionar al sistema para cambiarlo? ¿Es posible cambiarlo simplemente rogando a las élites que lo controlan? ¿Es posible cambiarlo sin presionarlo? ¿Es posible llevar a cabo las interesantes ideas alternativas discutidas en ciertos sectores populares sin una democracia que merezca tal nombre? ¿Es posible transformar radicalmente el sistema sin la democracia real? Las revoluciones nunca se han hecho pidiendo permiso al sistema establecido. Siempre se han hecho enfrentándose a la legalidad vigente. Lo legal no es siempre lo justo. Las revoluciones han sido siempre ilegales. Y lo seguirán siendo por mucho tiempo. Pero gracias a ellas tenemos algo de ley, no estamos del todo en la jungla. Debemos aprovechar las posibilidades legales para luchar legalmente contra la legalidad vigente, pero, inevitablemente, la ley se puede volver contra nosotros. Quienes controlan el Estado, controlan la ley, su aplicación. Si es necesario, se la saltan a la torera, la aplican arbitrariamente. Mientras sobre los pobres cae todo el peso de la ley, los ricos se enriquecen, precisamente, por su impunidad legal. La ley hecha por las élites es inherentemente contradictoria. Quien hace la ley hace la trampa. Basta con fijarse en nuestra actual Constitución monárquica que al mismo tiempo que dice que todos somos iguales ante la ley, pone al Rey por encima de ella. Por tanto, debemos procurar actuar legalmente, pero no debemos obsesionarnos por ser escrupulosamente legales. Pues, si es necesario para el sistema, para quienes lo controlan, lo que es legal puede dejar de serlo. A medida que el sistema involuciona el simple hecho de manifestarse en las calles pacíficamente se acerca cada vez más a la ilegalidad. Hasta la resistencia pasiva se intenta convertir en grave delito, similar al terrorismo. Lo legal no es necesariamente democrático. Esto es obvio en las dictaduras sin disfraz, pero lo es menos en las que tienen un disfraz de democracia, sin el cual no podrían subsistir mucho tiempo. Como decía Gandhi, en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. O como afirmaba Montesquieu: No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia […] Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. En nuestro actual sistema lo legal todavía dista mucho de lo justo. Si estuviéramos en una democracia auténtica no necesitaríamos recurrir a las huelgas, a las manifestaciones callejeras. El propio sistema democrático haría innecesarios semejantes actos de expresión popular porque él mismo encauzaría eficazmente la voluntad popular, no sólo de la mayoría sino que también de las minorías. La democracia es el gobierno de la mayoría respetando a las minorías, incluso a cada individuo. En la lucha por la democracia lo que debemos evitar a toda costa es la violencia física, es no respetar a las personas, es emplear métodos antidemocráticos. Pero, inevitablemente, perjudicaremos a unos pocos (aunque sólo sea por cuestionar su “chiringuito”, por ponerlo en peligro de extinción). La lucha por la democracia beneficia a la gran mayoría pero atenta contra los intereses de ciertas minorías. Consiste en que todos (incluso las minorías que nos oprimen) puedan acceder a ciertos derechos humanos básicos, pero también consiste en que unos pocos pierdan ciertos privilegios a todas luces injustos, que atentan contra el más elemental sentido común. Toda la historia de la humanidad nos enseña, sin ningún género de dudas, que el poder nunca cede si no se le presiona, que es necesaria una presión sostenida e intensa desde abajo para cambiar las cosas a mejor (para el conjunto de la sociedad). La poca democracia que tenemos en la actualidad (la cual, sin embargo, se está desnaturalizando) existe gracias a la presión ejercida en el pasado, desde abajo, por amplias capas populares. Creo que sobre esto no puede haber muchas dudas. Las dudas pueden surgir en cuanto a las estrategias a emplear, en cuanto a los objetivos a buscar a corto, medio y largo plazo. Para poder hacer el viaje hacia una sociedad nueva, mejor y no peor, necesitamos primero, prioritariamente, proveernos, cuanto antes, del vehículo adecuado. Dicho vehículo no puede ser otro que la auténtica democracia. Dicho vehículo deberemos irlo mejorando en el tiempo, pero primero debe tener ciertas prestaciones básicas, mínimas, sin las cuales no es posible ni siquiera iniciar el largo camino de la emancipación social e individual. No son posibles gobiernos que gobiernen de acuerdo con el interés general si el poder no lo tiene el pueblo. Y realmente el poder todavía no lo tiene el pueblo. Sólo teniendo en cuenta esta verdad podemos explicar satisfactoriamente la impotencia que siente el pueblo al ver que aun eligiendo a su gobierno éste atenta contra él. Por esto, por ser un problema del sistema, y no tanto del gobierno de turno, me parece acertado manifestarse alrededor de la residencia de la “soberanía” popular: el parlamento. De un sistema podrido es casi imposible que surjan gobiernos que no estén podridos. Y es que la democracia es mucho más que poder elegir al gobierno, es poder controlarlo una vez que es elegido, es que el gobierno responda por sus actos ante el pueblo. La soberanía popular es imposible sin una real y efectiva separación de los poderes (sobre todo respecto del poder económico), sin referendos frecuentes y vinculantes, sin una ley electoral donde todos los votos valgan igual, sin la revocabilidad, sin el mandato imperativo,... De poco o nada (como estamos comprobando en estos duros momentos) sirve elegir a un gobierno si luego éste hace lo que le da la gana, si no cumple su programa electoral o sus promesas, en base a los cuales fue elegido. La democracia real, al menos a corto plazo, será una combinación de democracia (verdaderamente) representativa y directa. Con el tiempo habrá que ir gradualmente yendo hacia una democracia lo más directa posible. Pero esto no podrá conseguirse de manera inmediata. Lo que sí es más factible a corto plazo es lograr una democracia realmente representativa y más participativa. Una vez superado cierto umbral, la democracia se realimentará a sí misma. Como la bola de nieve, será casi imparable. Debemos superar ese umbral que haga que la democracia se descongele y como el agua líquida fluya dinámicamente. En general, debemos impregnar a la sociedad de igualdad por todos sus poros. La libertad, en la vida en sociedad, es imposible sin igualdad en las relaciones sociales. Añadamos suficiente igualdad a la actual oligocracia y lograremos transformarla en democracia propiamente dicha. Ese umbral, a partir del cual podremos empezar a hablar realmente de democracia, puede superarse mediante un proceso constituyente. Ese necesario salto puede lograrse implementando ciertas medidas concretas partiendo de las condiciones actuales. En particular, sobre todo pero no exclusivamente, la separación de todos los poderes (muy especialmente respecto del económico, muy especialmente logrando una prensa independiente), la revocabilidad, el mandato imperativo y una ley electoral donde se cumpla el principio elemental de toda democracia “una persona, un voto”. Lo más importante es lograr inicialmente un debate verdaderamente libre en el cual pueda participar toda la ciudadanía sobre cómo mejorar nuestra democracia. Esto sólo será posible cuando el pueblo tome él mismo el protagonismo que las élites intentan coartarle. Es el pueblo quien debe forzar los acontecimientos. Lo esencial es que la democracia se vuelva dinámica, que dé un importante, pero posible, salto inicial para a continuación seguir avanzando sin parar. Cuando todas las ideas puedan ser conocidas y cuestionadas en condiciones de igualdad entonces se nos abrirán verdaderamente las puertas de otras políticas, de otro sistema, de otra sociedad. No podemos esperar ingenuamente que las ideas alternativas (que tan lógicas y correctas nos parecen cuando, por fin, accedemos a ellas liberándonos del pensamiento único implementado por quienes monopolizan los medios para propagarlo) puedan llevarse a la práctica si permanecen en ciertos rincones marginales de la sociedad. Sólo con una democracia que merezca tal nombre, en la cual la libertad de prensa será sagrada, en la cual toda la gente podrá contrastar fácilmente entre todo tipo de ideas, será posible que la mayoría (y no sólo una minoría rebelde con iniciativa) se libere de prejuicios, de la desinformación, del pensamiento único. Como la realidad nos demuestra tozudamente, no basta con escribir artículos que la mayor parte de las veces permanecen en ciertos círculos marginales de la sociedad, no basta con concienciar más a quienes ya lo están, no basta con denunciar al sistema, no basta con hacer de vez en cuando huelgas generales, no basta con salir a la calle en ciertas ocasiones para luego volver a casa (para quien la tenga) y que todo siga más o menos igual. Todas estas luchas parciales, sectoriales, individuales y colectivas, son necesarias, pero insuficientes. Deben converger en una gran lucha general de mucho mayor calado. Hay que luchar por cambiar el sistema, desde dentro de él y desde fuera, desde las instituciones y desde la calle. Debemos presionar al sistema unitariamente, coordinadamente, persistentemente, incluso cada vez más, apuntando a su armazón: el sistema político. No podremos transformar la economía si no controlamos primero el sistema político. Tampoco valdrá la pena controlar el sistema político si no buscamos con ello cambiar radicalmente la economía, el centro de gravedad de toda sociedad. No podremos socializar la economía, ponerla al servicio del conjunto de la sociedad, del ser humano, si primero no socializamos la política. La democracia política es condición necesaria, pero no suficiente, para lograr la democracia económica. No podremos repartir el trabajo, la riqueza, si primero no repartimos el poder de decisión. Decidir es hacer política. La democracia consiste esencialmente en repartir el poder. Cuanto más repartido esté, más desarrollada será la democracia. Desde el surgimiento del movimiento 15-M yo lo he apoyado, pero aportando mis críticas constructivas, más o menos acertadas, a veces incluso equivocadas, pero con la mejor intención. Cualquiera puede comprobarlo accediendo a cualquiera de mis artículos o libros disponibles en mi blog para su libre descarga y distribución. Desde el principio insistí en que el gran objetivo concreto a corto plazo del 15-M debería ser un proceso constituyente, lograr una democracia política real. Y desde el principio tuve claro y dije que esto sólo sería posible lograrlo presionando sostenidamente al sistema de múltiples maneras. Por fin ha surgido en España una iniciativa que tiene como objetivo que el pueblo protagonice una nueva transición. No habrá democracia real sin una transición real. Y no habrá una transición real si el pueblo no la protagoniza. La democracia vendrá desde abajo. Yo no puedo saber las verdaderas intenciones de quienes han puesto en marcha tal iniciativa del 25-S. Tampoco pude saberlo con respecto a quienes iniciaron el 15-M. Pero eso no me impidió apoyarlo. Tampoco me lo impidieron en su día, ni me lo impedirán ahora, los errores cometidos a la hora de convocar, las dudas, los rumores, el miedo. Muchas de las cosas que se dicen ahora con respecto al 25-S ya se decían cuando surgió el 15-M. Sobran motivos para salir a la calle para denunciar a esta falsa democracia. Las razones para salir a la calle superan a las razones para no hacerlo. No puedo saber qué pasará, no puedo saber si algunos colectivos aprovecharán la ocasión para involucionar aún más nuestra débil democracia. Pero éste es un riesgo que hay que correr. La democracia ya está involucionando. Sí puedo saber con absoluta certeza que el sistema no cede si no se le presiona, que aún no lo hemos presionado suficientemente, que la democracia real es una herramienta imprescindible para lograr una sociedad mejor, que todavía no tenemos más que una oligocracia disfrazada de democracia. Obviamente, a raíz de dicha iniciativa existirán ciertas personas que intentarán que fracase, incluso desde dentro de la misma. Las quintas columnas siempre han existido en toda lucha, en toda guerra. Obviamente, podremos equivocarnos. Obviamente, podremos fracasar. Pero la peor lucha es la que no se hace. El peor fracaso es no intentarlo o intentarlo siempre de la misma manera sin corregir nuestros inevitables errores. El peor error es no tener en cuenta los resultados de nuestras acciones para cambiarlas, para readaptar las estrategias. A mi parecer, los organizadores del 25-S deberían crear “brigadas” de voluntarios para garantizar el orden, para evitar las provocaciones violentas que seguro existirán (el sistema se defenderá de mil maneras). Como los hechos nos han demostrado, si somos muchos y actuamos pacíficamente, el Estado tiene miedo de reprimirnos violentamente por los efectos rebote que se producen, ganamos adeptos entre la ciudadanía. Sin embargo, si somos pocos o reaccionamos violentamente frente a las agresiones, el Estado tiene la excusa perfecta para hacer lo que más desea: reprimir mediante la violencia, cortar de cuajo cualquier atisbo de rebelión popular, presentarnos ante la opinión pública como “violentos radicales antisistema”. Es muy difícil, yo casi diría que heroico, resistir pacíficamente los golpes perpetrados por la policía. Pero es absolutamente imprescindible para nuestra causa no caer en la trampa de la violencia. Yo creo que el 25 de septiembre de este año 2012, los organizadores del que puede ser un evento histórico, por lo menos para nuestro país, deberían recordarlo insistentemente, altavoz en mano, a todos los ciudadanos que acudan: no a la violencia. Previsiblemente, el Congreso de los diputados será blindado policialmente, no será posible ni siquiera acercarse a él. No pasa nada, si no nos dejan estar a 200 metros, nos iremos a 500 metros, a 1000 metros. La cuestión es llamar la atención pública. La cuestión es evitar la violencia. El ser sus víctimas, pero también, sobre todo, el actuar nosotros violentamente, aunque sólo sea para defendernos. Dicho sea de paso, el hecho de que esté prohibido manifestarse frente al parlamento habla mucho acerca de la calidad de nuestra “democracia”. Pero, como ya vimos en otras ocasiones, cuando miles de personas desafiamos a las autoridades que mediante su ley intentan amedrentarnos, cuando somos muchos y pacíficos, el Estado lo tiene muy difícil para desalojarnos. En el número y en la unidad está la fuerza del pueblo. Debemos ser muchos y permanecer unidos. Sólo así podremos vencer, tarde o pronto. Hay que procurar que el parlamento pueda seguir su normal funcionamiento. Yo creo que el objetivo no debe ser impedir el paso de los diputados (lo cual sería aprovechado por los lacayos del sistema para acusar a los manifestantes de antidemócratas, de golpistas, se lo pondríamos así muy fácil al sistema) sino llamar la atención de la opinión pública (nacional e internacional) y de las instituciones acerca del derecho que tiene el pueblo a decidir sobre lo que le afecta. No se deben repetir las escenas ocurridas en su día alrededor del parlamento catalán, las cuales hicieron mucho daño al movimiento 15-M, a la causa democrática. Este nuevo evento no debe volverse contra nosotros. Al contrario, debe servirnos de catalizador. Quienes dicen que es inoportuno, que viene demasiado temprano, deberían también explicar cómo creen ellos que hay que revitalizar a la “Spanish Revolution”. Quienes dicen que van lentos porque van lejos deberían explicarnos cómo impedir que al ir tan despacio nos detengamos en el camino. Es verdad que al correr demasiado podemos tropezar, pero también existe el riesgo de que al ir demasiado lentos la marcha se detenga o pierda el rumbo, que la chispa se apague. Quienes, incluso desde algunos círculos del 15-M, acusan a los organizadores del 25-S de no tener objetivos claros deberían explicarnos qué objetivos tenían ellos al iniciar el movimiento ese día histórico del 15 de mayo de 2011. Precisamente, yo creo que ahora sí se han fijado objetivos claros y contundentes, ahora sí la democracia real tiene nombre y apellidos en nuestro país: proceso constituyente hacia la Tercera República. Pedir la dimisión del actual gobierno por traicionar al electorado al incumplir sus promesas, un referéndum para que el pueblo elija su régimen (república o monarquía), debates públicos en los grandes medios de comunicación para que todas las opciones puedan ser conocidas en condiciones de igualdad, son demandas perfectamente asumibles por la ciudadanía y sólo pueden ser calificadas como democráticas y muy razonables. En nombre de la democracia exigimos que los gobiernos gobiernen para el pueblo, exigimos poder decidir nuestro régimen político. Pero no impedimos el normal funcionamiento de las instituciones “democráticas”, por muy poco democráticas que sean. Este matiz es primordial. Las formas son consustanciales a la democracia. Quienes reivindicamos más y mejor democracia actuamos democráticamente. La democracia se hace al andar, al protestar también. El ejemplo es la mejor pedagogía. Yo creo que la “ocupación” del Congreso, la acampada alrededor del parlamento, siempre que se haga pacíficamente, siempre que se fijen objetivos claros y asumibles por la inmensa mayoría de la población, por lo menos, podría lograr que mucha más gente se conciencie y luche, podría lograr (tal vez ya lo haya hecho) que el 15-M se centre en una gran reivindicación, la democracia real, la cual, por fin, empieza a tomar forma concreta: proceso constituyente. La democracia real sólo podrá alcanzarse democráticamente. Manifestarse pacíficamente en las calles es también democrático. Exigir la dimisión de un gobierno ilegítimo, por haber traicionado al pueblo, es democrático. Exigir más y mejor democracia es democrático. Quienes no creen que esto sea así, que hay que presionar desde abajo, desde la calle también, en pos de un proceso constituyente, quienes no creen que esto sea posible o adecuado hacerlo de la manera planteada, que nos expliquen cómo creen que pueden lograrse cambios sistémicos, que nos expliquen por qué no surgen desde el mismo sistema, que nos expliquen cómo regenerar nuestra democracia, cómo presionar más eficazmente. Si no están de acuerdo con el evento propugnado para el 25-S, con su estrategia, con sus objetivos, que den alternativas, que digan cómo creen ellos que hay que actuar. Se admiten, es más, se necesitan sugerencias. No son momentos para permanecer callado. El silencio delata. El silencio es sospechoso. Las explicaciones insuficientes también. Así como las críticas sin propuestas alternativas. Es hora de actuar y no sólo de hablar. Yo pienso que el 25-S puede ser ese revulsivo que necesita el 15-M. Pero también existen muchos peligros, como siempre ocurre cuando se cuestiona y acosa al sistema establecido, cuando se pasa a la acción, cuando ésta es de mayor calado, ambiciosa, arriesgada, concreta. El tiro puede salir por la culata. Pero debemos ser ambiciosos, apuntar alto, arriesgarnos, concretar. El peor riesgo es no arriesgarse. Únicamente no se equivoca quien no hace nada. Sólo podremos superar los obstáculos que nos pondrán en el camino con tenacidad (en los objetivos esenciales buscados), flexibilidad (en las estrategias empleadas para alcanzarlos), transparencia, coherencia (¡cuánto daño hace al enemigo!), humildad, honestidad, unidad, autocrítica. Tal vez logremos ya resultados concretos. ¡Ojalá sea así! Deberemos poner toda la carne en el asador. Tal vez fracasemos esta vez, en cuyo caso deberemos volver a intentarlo, readaptando nuestra estrategia, aprendiendo de nuestras experiencias prácticas. El 25-S puede suponer un antes y un después para el 15-M, para el movimiento republicano, para las clases populares, para bien o para mal. De nosotros, los ciudadanos de a pie, depende fundamentalmente que suponga un impulso, y no una trampa, para nuestra causa, para la causa del pueblo, para la lucha por una democracia real. Quienes han organizado este cotarro del 25 de septiembre no deben dejar lugar al más mínimo resquicio de dudas. Deben explicar a la opinión pública, abiertamente, sin complejos, si es necesario mediante ruedas de prensa, asambleas populares, las que hagan falta, cuáles son sus motivos y objetivos. En mi humilde opinión, el mensaje a transmitir a la ciudadanía debe ser breve, contundente y claro como el agua cristalina de los ríos: no tenemos una democracia real, debemos luchar (pacíficamente) por ella, necesitamos más y mejor democracia, queremos que el pueblo sea dueño de su destino, un gobierno que incumple sus compromisos al llegar al poder es ilegítimo, un sistema que se niega a darle voz al pueblo sobre aquellas cuestiones que le afectan gravemente no puede autodenominarse como democrático. La democracia no consiste en poder elegir a nuestros dictadores. Los votos no deben ser cheques en blanco. ¡El poder al pueblo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Sí se puede! ¡El 25-S todos a rodear el parlamento! 28 de agosto de 2012 José López, es autor de los libros Rumbo a la democracia, Las falacias del capitalismo, La causa republicana, Manual de resistencia anticapitalista, Los errores de la izquierda y ¿Reforma o Revolución? Democracia ----------------- Web: http://joselopezsanchez.wordpress.com/

“La Declaración del Gobierno sobre las Desapariciones Forzadas es una provocación intolerable a las víctimas del franquismo”

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha manifestado hoy su estupor e indignación ante la ‘Declaración del Gobierno con motivo del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzosas’, aprobada en Consejo de Ministros el viernes 24 de agosto de 2012 (1). “Esta declaración pública del Gobierno en apoyo a las víctimas de desapariciones forzadas es el colmo del cinismo y la desvergüenza, además de una provocación intolerable a las víctimas del franquismo”, ha denunciado el Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria José Mª Pedreño. La Federación ha recordado que España sigue siendo el segundo país del mundo (tras Camboya) en número de fosas comunes clandestinas y desapariciones forzosas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, delitos que todavía hoy permanecen impunes. La Federación Estatal de Foros por la Memoria viene denunciando la impunidad del franquismo y exigiendo al Estado español que cumpla con su obligación legal de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, un colectivo que incluye centenares de miles de personas. “Ni uno solo de los gobiernos de la democracia ha dado pasos decisivos para poner fin a la impunidad del franquismo, y mucho menos este último gobierno del Partido Popular que ahora nos ha sorprendido con una declaración genérica en apoyo a las víctimas de las desapariciones forzadas. Las víctimas han soportado todo tipo de humillaciones, y esta declaración es la última burla a la que asistimos”, ha expresado Pedreño. Para la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la última Declaración pública del Gobierno, que contrasta con su manifiesta falta de voluntad para investigar las desapariciones forzadas en España, pone de relieve una vez más que para el Estado española hay una inmensa excepción, un agujero negro, en la categoría de víctimas de agresiones a los derechos humanos: los que fueron defensores de la legalidad democrática republicana durante la guerra civil, y en general, todas las víctimas de los crímenes de la dictadura y su epígonos en la Transición. La represión franquista y el modelo español de impunidad La amplia investigación histórica sobre la represión franquista llevada a cabo en las últimas décadas, sustentada en una abrumadora base documental, prueba el carácter planificado, premeditado y jerárquicamente organizado de los crímenes del franquismo. Este elemento de planificación de los delitos es el que permite incluirlos dentro del tipo penal de Crímenes contra la Humanidad, que el Derecho Penal Internacional define como imprescriptibles. El Derecho Internacional obliga al Estado español a investigar los crímenes del franquismo; obligación que todos y cada uno de los gobiernos de la democracia hasta la fecha han incumplido. Organizaciones internacionales de Derechos Humanos han definido el sistema represivo de la dictadura franquista, y su posterior legalización por el régimen de la Transición, como el Modelo Español de Impunidad. La plena vigencia del Modelo, tal y como viene denunciando la Federación junto a otras organizaciones memorialistas, de víctimas y de Derechos Humanos, no sólo surte efecto a día de hoy en cuanto a la impunidad penal absoluta de los criminales y de los crímenes cometidos, sino también en palpables consecuencias políticas, sociales y económicas. Pero no es ello lo más grave y excepcional con respecto al resto de los países el mundo, sino que el Modelo de Impunidad extiende sus efectos a las propias víctimas del franquismo, cuya misma existencia el Estado español no reconoce, y por medio de la funesta Ley de de Memoria de 2007 les niega expresamente el derecho de acceso a la Justicia. La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha manifestado públicamente su intención de seguir denunciando hasta probar ante la justicia y la opinión pública internacional, las falacias de un Estado cuyo comportamiento real es invariablemente opuesto a todas sus declaraciones públicas, y que sustenta, para el caso de las víctimas del franquismo, un Modelo de Impunidad absolutamente incompatible con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. (1) http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc20120824.htm#VictimasDesapariciones y http://www.foroporlamemoria.info/2012/08/declaracion-del-gobierno-con-motivo-del-dia-de-las-victimas-de-desapariciones-forzosas/