10 de septiembre de 2012

25S ¿El comienzo o el final?

Carlos Huelga. A finales del curso político pasado, a través de las redes sociales, comenzó a surgir una fecha, el 25 de Septiembre, y un eslogan a su lado: “Ocupa el Congreso”. Muchos nos preguntábamos entre nosotros: “¿tú sabes de qué va esto de ‘ocupa el congreso’?” y la respuesta que solías encontrar era un gesto que expresaba una absoluta duda. Fueron pasando los días y tuvimos mas información. La cita era convocada por la Plataforma en Pie y había publicado un manifiesto, un documento base. Este documento definía la acción como una acción rupturista con el sistema. Pedía la dimisión del gobierno y la creación de un proceso constituyente mediante la ocupación del Congreso de los Diputados. Uno de los grandes problemas llegó en este momento: algunos grupos de extrema derecha se posicionaron a favor de la acción, cosa que trajo una sensación de desconfianza con respecto a esta acción. “Oye, que esto lo han montado los fachas.” La Plataforma se desvinculó de estos grupos y lanzó un manifiesto 2.0 para el que se pedían aportaciones. Con este manifiesto se pretendía dejar fuera a la derecha y comenzar a abrir el 25S, aunque fuese casi de manera anecdótica. Las asambleas y grupos del 15M comenzaron a debatir su participación en el 25S, con la información que se tenía en ese momento. Muchos de ellos comenzaron a desvincularse: “oye, que el Grupo de Economía de Sol no apoya el 25S”, “pues las asambleas de Carabanchel y Malasaña tampoco”. La acción no estaba clara, creaba muchas confusiones e incluso se la acusaba de “antidemocrática”. Cuando se veía que el 15M se iba a descolgar, comenzó a circular una convocatoria. El 25 de agosto, la Plataforma estaba convocando una reunión en la que se pretendía aclarar la cita, discutir de los puntos del manifiesto que pudiesen resultar conflictivos, debatir sobre nuevas aportaciones, y crear grupos de trabajo que se encargasen de organizar la acción. Nos juntamos plataformas, colectivos, algunos partidos políticos, asambleas del 15M y personas individuales, divididos en dos posturas: los que apoyaban la acción y los que iban en busca de más información sobre el 25S. Comenzamos a debatir en una asamblea un tanto caótica. La Plataforma fue aclarando los puntos en torno a los cuales surgían más dudas: dejaron claro que la extrema derecha no tenía cabida en su convocatoria y definieron el significado de la ocupación que ellos buscaban, una ocupación simbólica y no física, que terminase con la dimisión del gobierno. Fuimos tocando distintos puntos, cada asamblea comentaba sus reticencias, hasta que surgió una pregunta: “¿por qué no abrís la convocatoria?”. Tras debatir en torno a esta pregunta, se creó la Coordinadora del 25S. Se acordó que en esa reunión se conformaban los grupos de trabajo y que estos se reunirían en coordinadora, que se juntaría el próximo fin de semana en el Retiro. La Plataforma decía que al no estar presentes todos sus integrantes, no podía posicionarse. Se comenzó a trabajar en común, pero llegó la ruptura entre la recién creada Coordinadora del 25S y la Plataforma en Pie. Desde esta última, se mostró un malestar con respecto a cómo se anunciaba la apertura de la acción[1], hasta que finalmente decidió seguir trabajando de manera autónoma[2]. Teníamos dos 25S: “Ocupa el Congreso” de la Plataforma, con un manifiesto[3] que llama “a manifestarse de forma indefinida en las puertas del Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno y la apertura de un Proceso Constituyente, haciendo de éste, el llamamiento de unión de todas las luchas por una Sociedad más justa”. Frente a “Rodea el Congreso” de la coordinadora que anuncia[4] que “nos manifestaremos alrededor del Congreso porque queremos recuperar la responsabilidad sobre nuestro propio futuro sin aceptar imposiciones. Para decirles a quienes tienen secuestrada la democracia que ha llegado el momento de irse y para exigir la dimisión de este Gobierno como primer paso, porque vamos a liberarla iniciando un proceso constituyente.” Está claro que ambas acciones tienen un objetivo común: denunciar al Congreso como elemento tomado por el sistema para precarizar nuestras vidas, a cambio de dar unos suculentos beneficios a los mercados. Sin embargo, hay una diferencia táctica entre las dos inmensa. Ocupa el Congreso, tal y como nos lo encontramos en el blog de la Plataforma en Pie, se presenta como una acción finalista y Rodea el Congreso como “un proceso de participación directa abierto” “para garantizar que las decisiones colectivas sean completamente efectivas”. La Plataforma en Pie defiende que su acción no terminará hasta que consigan sus objetivos. Esta opción es osada, ya que sin contar con una base social consolidada, pretender provocar la dimisión de un Gobierno es bastante optimista La Coordinadora lanza la acción como invitación a que se unan y articulen otros movimientos para defender sus derechos. Buscar una salida colectiva. Aunque la acción acabe siendo la misma (ambas piden la dimisión del Gobierno), quizás este enfoque es más realista y puede suponer un mejor camino para crear un nuevo frente de lucha, que apunte a las instituciones. Pese a que existan dos maneras distintas de ver el 25S, esta acción trae algo muy importante al 15M y al resto de la izquierda. Denuncia al Congreso de los Diputados como el núcleo, como a la “partícula de Higgs” de los recortes y atropellos que estamos sufriendo en nuestra sociedad. Pretende cambiarlo. Pero esto es algo que, desafortunadamente, se tiene que hacer a largo plazo, me explico. El gobierno dimite tras el 25S y convoca elecciones: ¿algo cambiaría sin una alternativa?, ¿los partidos que están apuntalando este sistema con nuestras vidas no volverían a ganar?, ¿tendríamos una alternativa para esas elecciones? Hay dos maneras de cambiar el sistema: una es mediante una revolución, de la cual no nos encontramos cerca. Otra es obteniendo poder mediante la participación política para cambiar las cosas. Puede que este sea el gran debate que traiga el 25S. Esta acción puede suponer el comienzo para que dentro del 15M se comience a hablar de la participación en la política como algo no ajeno, de cómo cambiar el sistema para que sea más democrático y de la necesidad de organizarse no solamente en asambleas, si no la necesidad de crear una alternativa de base y anticapitalista. Por esto, creo que lo bueno de esta acción es que puede ser el comienzo de una reflexión dentro del 15M y los colectivos que se mueven a su alrededor, que nos lleve a tener claro que o esto lo cambiamos nosotras y nosotros o no lo va a cambiar nadie. Para ello, tendremos que organizarnos en más frentes que en la calle, sin dejar este en segundo plano nunca. Bajar la política a la calle y empoderarnos. Quizás ese sea el gran reto que tengamos que afrontar tras el 25S. Carlos Huerga es activista social [1] http://plataformaenpie.wordpress.com/2012/08/28/comunicado-plataforma-en-pie/ [2] http://plataformaenpie.wordpress.com/2012/09/04/comunicado-plataforma-sobre-coordinacion-25s/ [3] http://plataformaenpie.wordpress.com/manifiesto/[2] [4] http://coordinadora25s.wordpress.com/manifiesto/Viento Sur

Cuándo, cómo y por qué un proceso constituyente democrático

Por Rubén Martínez Dalmau, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.--- “El poder constituido se esfuerza en conservar, y se resiste siempre a la renovación democrática que, necesariamente, transforma la realidad. Recordemos que todo poder constituyente es originalmente un poder destituyente. De ahí las dificultades de convencer a los decisores políticos, fundamentalmente los partidos, de la necesidad de regenerar el ámbito de decisiones políticas y avanzar hacia otro tipo de condiciones.” Al contrario de lo que pudiera parecer echando una simple ojeada al pasado, la construcción de las sociedades democráticas no ha sido fácil ni, desde luego, lineal. Como han demostrado autores propios y extraños, se ha tratado de una lucha histórica y constante de ideas que se han quedado en meras pretensiones cuando no contaban con una voluntad popular que las aplicara. Pero eso sí: en el momento en que la reflexión ha pasado a la acción, el pensamiento democrático ha dado a la humanidad los más relevantes avances en los derechos, en las condiciones de vida y en la dignidad de las personas. Sin pretender entrar en las inabarcables discusiones teóricas sobre qué es la democracia, que además seguramente nunca contarán con un resultado concluyente, lo cierto es que las grandes oleadas democráticas han fundamentado el progreso después de siglos de existencia del orden político. Y de entre todas estas oleadas, el constitucionalismo democrático que nació en la costa este norteamericana y en Francia a finales del siglo XVIII fue un punto de inflexión. Hasta entonces, el poder político había atravesado un verdadero calvario para encontrar el origen de su razón de ser, eso que en teoría política se conoce como legitimidad del poder. Como también ha demostrado la historia, cualquier organización política ilegítima, en especial la basada exclusivamente en la fuerza y la represión, es derrotada a largo plazo por las sociedades a la menor oportunidad para hacerlo. La legitimidad no es otra cosa que la fuente del poder aceptada socialmente, y ha tomado muy diferentes modelos desde las primeras organizaciones políticas. Cuando la legitimidad falla y se dan las condiciones, todo lo construido sobre ella colapsa. De ahí la imperiosa necesidad en las sociedades contemporáneas de encontrar el origen legítimo de su poder, y de ahí el progreso que supuso hacer depender todo los construido de la voluntad del pueblo. De esa forma, el liberalismo democrático del siglo XVIII, y las pocas pero importantes experiencias que le siguieron en los dos siglos y medio posteriores, propusieron una nueva configuración de las relaciones legítimas de poder: lo construido (lo constituido) en toda sociedad democrática depende de la voluntad del pueblo (el constituyente). Por eso, el gran avance de los norteamericanos y los franceses, fundamento por otra parte de la existencia de las Cortes de Cádiz y del resto de las escasas oportunidades en que pudo aplicarse en España, fue la diferenciación entre gobernantes y gobernados. “Todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; los magistrados son sus administradores y sirvientes, en todo momento responsables ante el pueblo”, concluyeron los liberales de Virginia en el artículo segundo de su Declaración, en 1776; “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”, afirmaba rotundamente la Constitución francesa de 1793 en su artículo 28 y, algo más allá, no daba lugar a paliativos: “Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno sólo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido” (art. 34), “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” (art.35). Aunque las reacciones antidemocráticas no se hicieron esperar, los avances que derivaron de la aplicación del constitucionalismo democrático fueron tan intensos que aun hoy el mismo concepto de contemporaneidad se basa en ellos. Entender que el poder surge del pueblo y es ejercido por lo constituido es arrinconar cualquier sombra de falta de legitimidad del poder. De hecho, en buena medida las luchas por una sociedad democrática durante los siglos precedentes tuvieron como eje de la reivindicación hacer realidad esta soberanía popular y dependencia del gobierno. Si se es demócrata, se entiende que el poder reside en el pueblo; cualquier otra decisión definirá diferentes cauces de explicación del poder más o menos razonables, pero desde luego no democrática. La Constitución democrática es por lo tanto fruto de la voluntad popular; nunca del poder constituido. Y requiere de un proceso constituyente democrático: un hecho político cuyo propósito es construir colectivamente nuestro destino. La Constitución democrática sirve para decidir conjuntamente quiénes queremos ser y cómo gobernarnos, pero desde la participación que supone un proceso constituyente, plural e integrador. En puridad, se trata de deshacerse de todo lo constituido -categoría donde se encuentran esos tertium genus entre lo público y lo privado que son los partidos políticos- para crear, con las manos libres y sin tapujos, el denominador común que existe en cualquier sociedad dispuesta a progresar. Se trata, finalmente, de una refundación, cuyo resultado será exclusivamente la voluntad de la decisión colectiva. Ahora bien; un análisis realista sobre la activación de un proceso constituyente en el país debe tener en cuenta principalmente tres cuestiones: su conveniencia, su posibilidad y su procedimiento. En efecto, la primera pregunta que se nos viene a la mente es si es conveniente, en estos momentos, un nuevo proceso constituyente. Algunas opiniones denigran el pacto fundador de la Constitución de 1978, poniendo el énfasis en su procedencia de la legalidad franquista y en el hecho de que no se decidió en particular sobre grandes cuestiones comunes, como la forma de Estado (monarquía/república), que sí pudieron realizar otros pueblos, como los italianos después de la II Guerra Mundial. Se busca, así, deslegitimar desde su origen la Constitución de 1978. Otros, por el contrario, nos recuerdan que estas más de tres décadas constitucionales han servido para el avance colectivo hacia la conformación de nuestro modelo de Estado de bienestar, democracia y estado de derechos. Quizás haya parte de razón en las dos posturas. Pero la naturaleza del poder constituyente es de avanzada, no de retroceso. De nada sirve entrar ahora en disquisiciones bizantinas si lo que importa es construir colectivamente nuestro futuro: decidir sobre la forma de Estado, la participación de las colectividades, la composición territorial, los derechos y la organización económica. Y hacerlo sin disimulo, pacíficamente, rechazando cualquier imposición por parte de los poderes constituidos, de hecho o de Derecho. Que la capacidad transformadora de la Constitución de 1978 se agotó está en la mente de todos. Tres de cada cuatro españoles actuales no pudo votar su adopción, y la forma como se redactó, a través de padres -sólo tres de los siete permanecen vivos- que representaban a intereses varios, fundamentalmente partidistas, era probablemente el instrumento posible en aquel momento pero inadecuado en la actualidad. Por otro lado, las debilidades de la propia Constitución, entre ellas la falta de un modelo definitivo de organización territorial y de mecanismos decisivos de participación democrática, así como la ambigüedad sobre los derechos y sus garantías y la degradación de los derechos sociales, han hecho mella después de tres décadas de erosión. Finalmente, la voluntad del poder constituyente se ha sustituido por la de los partidos políticos en las dos reformas que ha sufrido el texto constitucional. Hoy en día, la Constitución es más la voluntad de los gobernantes que la de los gobernados, por lo que es políticamente incapaz de conformarse como la Constitución que necesitamos para encarar esta crisis económica, social, política y de valores. Un problema global exige soluciones globales. Cuestión más compleja es la posibilidad real de refundar el Estado a través de un proceso constituyente democrático. El poder constituido es, por naturaleza, reproductivo, a diferencia de la regeneración que conforma el leit motiv de la naturaleza constituyente. El poder constituido se esfuerza en conservar, y se resiste siempre a la renovación democrática que, necesariamente, transforma la realidad. Recordemos que todo poder constituyente es originalmente un poder destituyente. De ahí las dificultades de convencer a los decisores políticos, fundamentalmente los partidos, de la necesidad de regenerar el ámbito de decisiones políticas y avanzar hacia otro tipo de condiciones. El ambiente internacional, generalmente mucho más proclive a insistir en la protección de la seguridad jurídica antes que cualquier experimento que pudiera alterar el orden de los factores, tampoco suele ser proclive a los cambios democráticos. A mayor abundamiento, no cabe descartar la actuación de facciones ideologizadas de las fuerzas armadas, o la reactivación de elementos sociales radicales, que podrían aprovechar el mar revuelto para intentar obtener ganancias de las más diversas índoles. Razones de más para insistir en la importancia de legitimar ampliamente el proceso constituyente. Sólo de esa forma podría plantearse realistamente su activación sin que indeseables elementos antidemocráticos tuvieran éxito en sus posibles intenciones, y se mostrará a la comunidad internacional la determinación de asumir una trayectoria diferente a la clásica en la construcción de una solución colectiva a la crisis generalizada. Cabe recordar que los procesos constituyentes han sido transformadores en países con graves problemas estructurales, como muchos latinoamericanos, algunos magrebís, o Islandia en Europa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la soberanía del pueblo es un hecho o no lo es. Si, finalmente, la voluntad constituida se superpone a la democrática, todos se habrán quitado la máscara y los elementos antidemocráticos habrán mostrado su verdadero rostro. Respecto al último de los elementos a tener en cuenta, el procedimiento, escapa realmente a un análisis sistemático: a través de la historia, la activación del poder constituyente ha asumido las más variadas maneras. Una de ellas, y posiblemente la menos traumática, que sirva para saltar los escollos jurídicos que la Constitución de 1978 incluye en su Título X, sería la celebración de un referéndum constituyente en una convocatoria propia o a través de una segunda papeleta, al estilo colombiano de 1990, que podría acompañarse a las próximas elecciones de carácter general. Lo importante sería que el referéndum se diera después de un amplio debate social, y se entendiera como un hecho político que sólo asume una dimensión jurídica en cuanto a la necesidad de conocer la voluntad mayoritaria; por lo tanto, no podría ser propiamente declarado inconstitucional porque, en todo caso, sería aconstitucional. Referéndum que debería ir seguido de un proceso de construcción colectiva desde abajo, que huya de elites de cualquier tipo, y que no soslaye ninguno de los debates que, como sociedad madura, deberíamos ser capaces de llevar adelante y decidir responsable y pacíficamente. Sólo de esa forma responderíamos a la necesidad de amplia legitimación del proceso constituyente. Toda Constitución es, finalmente, una Constitución de transición. La Constitución de 1978 lo fue, y la que vendrá, si existen las condiciones para un avance democrático, también lo será. La necesidad de regenerarnos como sociedad y como organización es patente; si no lo hacemos por la vía democrática, quizás cuando nos demos cuenta de cuál ha sido el resultado sea demasiado tarde para reaccionar. Rubén Martínez Dalmau es miembro de la Fundación CEPS, y coautor de “Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a la crisis” (Sequitur-Fundación CEPS, 2012).Socialismo21

Anticapitalismo, pacto fiscal e independencia

Toni Pizà--- Este artículo analiza el auge del independentismo catalán, las limitaciones del pacto fiscal y la necesidad de la izquierda anticapitalista y rupturista de impulsar una lucha que una los derechos nacionales y los sociales. En los últimos años hemos visto un gran auge de un independentismo fuertemente vinculado a lo económico; nunca antes el independentismo había tenido tanta fuerza dentro del nacionalismo catalán. Esto se puede intentar explicar a través de tres factores principales. En primer lugar, muchos ven la independencia como una supuesta salida a la crisis económica. El espolio fiscal que sufre Catalunya es una razón importante de la opresión nacional: cerca del 8% del PIB de la comunidad, unos 16.000 millones van a parar al estado central y nunca vuelven. No sorprende demasiado que el ataque por parte de estos mismos sectores a la evasión fiscal de las grandes fortunas catalanas sea inexistente, pese a que es similar al valor del espolio fiscal: se calcula que llega a los 16.000 millones de euros al año. Es un nuevo ejemplo de cómo los intereses de clase pasan por delante de los intereses nacionales. Por otro lado, ciertos sectores empresariales catalanes tienen cada vez menos vínculos comerciales y económicos con el Estado español, y aunque la Generalitat ya defiende sus intereses, les interesaría a nivel político un estado propio que los apoyara más directamente. Hay motivos económicos para ello: las exportaciones al extranjero están aumentado mientras que las exportaciones al Estado español se están reduciendo y en 2011, por primera vez, las exportaciones al extranjero han superado las exportaciones al resto del Estado. Además, el agotamiento de la vía autonomista, que tiene su máximo exponente en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, así cómo en los últimos llamamientos a la recentralización del estado, hacen que una parte importante de estos sectores haya abandonado la visión del encaje en el Estado español para adoptar una postura más rupturista. Estrategia Aún así, su propuesta estratégica para conseguir romper con el Estado pasa por una supuesta vía parlamentaria y sin demasiados “incidentes”. A diferencia de organizaciones como las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) que apuestan claramente por la independencia y la lucha por la unidad de los Països Catalans, pero también por una ruptura social con el orden establecido, otras formaciones relativamente nuevas como Solidaritat per la Independència (SI), apuestan por conseguir un número suficiente de diputados en el Parlament catalán para proclamar unilateralmente la independencia. Con la Constitución española en la mano y, por lo tanto, sin salirse de la ley, es imposible que el Estado español acepte la independencia de Catalunya y muchos menos la unidad de los Països Catalans. Más en un momento de recentralización, crisis económica y conflicto social al rojo vivo. La propuesta crea demasiadas tensiones como para aceptarla y se hace necesaria la movilización popular y masiva. Y una tarea de base y desde la base es la única que nos puede permitir romper con la legislación española y el marco constitucional, frente a posturas que defienden una negociación bilateral entre la Generalitat y el Estado español, o incluso una declaración unilateral de independencia formulada por el Parlament catalán. La cuestión nacional hoy El independentismo basado en lo económico abarca un amplio espectro político. Desde sectores de ERC, que recientemente han hecho un giro a la derecha, SI y tímidas posiciones de otros grupos, hasta Convergència Democràtica. Incluso sectores de la socialdemocracia, y las burocracias sindicales, se han posicionado a favor del concierto económico. Mientras las CUP y la esquerra independentista han seguido defendiendo claramente una política propia que recoge bien su lema “ni pacto fiscal, ni pacto social”. Por otro lado, hay quien argumenta, desde posiciones libertarias o en la tradición de ciertos partidos comunistas, que dar pasos hacia la independencia mina la unidad de clase de los trabajadores y trabajadores de las distintas naciones. Pero no son las formas constitucionales del estado o las estructuras burocráticas de organización sindical las que construyen la unidad de clase, sino la explotación colectiva que nos constituye como sujeto y la voluntad de mostrar solidaridad y luchar conjuntamente, saltando fronteras si es necesario. Los conflictos nacionales no resueltos sólo sirven para crear una desconfianza mutua entre pueblos alentada por la burguesía (basta ver el reciente “si tens cullons” del presidente de la Junta de Extremadura o las constantes descalificaciones de Duran i Lleida de Unió Democràtica al pueblo andaluz). La unidad de clase pasa por que los trabajadores y trabajadoras catalanas apoyen activamente y participen conjuntamente en las luchas del resto del Estado, así como que trabajadores y trabajadoras de otras comunidades apoyen el derecho a la autodeterminación de los Països Catalans. El argumento de que el actual estado de las cosas no es más que solidaridad de las comunidades ricas respecto a las menos favorecidas tampoco es correcto. La solidaridad es algo que debe decidir quien la ejerce, no un estado con un marco político que no permite decidir a las naciones. Esta solidaridad no debe ser impuesta por un estado opresor, sino ejercida desde la libertad como pueblo, y eso pasa por acabar con la opresión nacional. La verdadera solidaridad es aquella que se construye sobre la extinción de la explotación y cualquier tipo de opresión. La izquierda anticapitalista debe involucrarse en el debate del concierto económico y en el posible proceso político en el que cristalice. En primer lugar, para intentar desenmascarar la posición de CiU. Pero también debemos construir una posición política coherente y dar un referente discursivo al respecto porque en caso contrario las únicas posiciones supuestamente enfrentadas en la arena política serán la de la clase dirigente catalana, que quiere la llave de la caja y seguir aplicando una doctrina del shock suavizada para evitar su desgaste electoral, y la de la clase dirigente estatal que quiere un estado centralizado y estabilidad política. Decidir sobre la fiscalidad es parte del derecho a decidir de los pueblos. Por este motivo, desde la izquierda combativa no podemos desvincularnos del debate sobre la soberanía fiscal y tenemos que sumarnos desde una posición independiente a los movimientos que avancen hacia la consecución de un mayor autogobierno. Dicho esto, de la misma manera que la vía autonomista se ha agotado, la vía del pacto fiscal sigue el mismo camino y está sirviendo como excusa para negar al pueblo catalán su derecho político a la autodeterminación. Las personas que somos revolucionarias debemos empujar los argumentos de clase dentro del debate que rodea al pacto fiscal, pero dejando claro que sin el derecho a la autodeterminación, el pacto fiscal sirve de poco. Esto en Catalunya, pero también en el resto de los Països Catalans, quiere decir que los sectores progresistas tienen que tomar las riendas del movimiento de emancipación nacional. Con un objetivo claro, trabajar para que no se desvincule el discurso nacional del discurso social. Ésta es la única manera de que la clase trabajadora y el resto de personas explotadas y oprimidas tomen la dirección y la hegemonía del movimiento. La ANC y el debate sobre el 11-S Es posible que por el hecho de vivir y luchar en una nación oprimida las organizaciones revolucionarias, anticapitalistas y de la izquierda rupturista de los Països Catalans tengamos que compartir parte del camino con la derecha. Esto ya lo hemos visto en las manifestaciones multitudinarias de los últimos años y el debate se ha repetido de nuevo con la manifestación del 11 de septiembre convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Mal que nos pese, en este tipo de manifestaciones habrá toda la sociedad catalana, incluyendo la burguesía. Pero lo importante aquí es si somos capaces de mantener una posición independiente. Una posición de clase que no se pliegue ante la idea del frente nacional o patriótico. Porque nuestro proyecto es otro: la defensa de los derechos democráticos nacionales, incluyendo la independencia, en el marco de la lucha del 99% por la emancipación social y democrática. Hace falta que tengamos muy presente que la derecha catalana, antes que catalana, es derecha. En cifras 51% de los catalanes votaría ‘sí’ a la independencia de Catalunya en un referéndum.-- 70% que votarían sí en un posible referéndum de Catalunya se definen de izquierdas.--- 21% de los catalanes votaría ‘no’ a la independencia de Catalunya en un referéndum.-- Datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat.-- Toni Pizà (@servomac) es militante de En lluita / En lucha Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas

Según la OIT. España, récord mundial de paro

El titular es tan goloso que la televisión alemana de información 24 horas, N-tv, lleva desde esta madrugada abriendo con él sus boletines de noticias cada veinte minutos. "España bate el récord mundial de paro". La información procede de las páginas del diario 'Financial Times Deutschland', que publica es exclusiva unas estadísticas de la Organización mundial de Trabajo según las cuales España ocupa el triste lugar número uno del mundo en lo que a cifras de paro se refiere. El artículo aclara que esta estadística recoge solamente la medición de paro oficial de 178 países, por lo que hay casos que registran mayor paro que España pero que no están en la lista, en su mayor parte países africanos. Y cuanto más intenta el redactor, Mathias Ohanian, matizar el titular, más triste y dramático resulta el retrato del mercado laboral español. Explica, por ejemplo, que los datos que ofrecen algunos países no son del todo fiables y que su paro podría quizá superar al de España, como es el caso de Namibia. Aunque también hay otros países cuyo lugar resulta exótica en la estadística, de cuyos datos no desconfía la OIT y que tienen más empleo que España, como es el caso de Mali. El compañero de fila en este lamentable podio es Grecia, el segundo país con más paro del mundo, según la OIT. En cualquier lugar, estas cifras demuestran que los recortes que no se centran en la restructuración del Estado, sino en extraer dinero en circulación en la economía, sumados a la ausencia del crédito, forman un cóctel explosivo y sus consecuencias van mucho más allá de lo que nadie había previsto. La sacrosanta troika (UE, BCE y FMI), por ejemplo, no lo había previsto. En otoño de 2010, el FMI pronosticaba para España un 18% de paro en 2012 y estamos rondando el 25% en septiembre. Cualquier margen de error ha sido ampliamente superado. Las previsiones de la OIT, todo hay que decirlo, siempre han sido más pesimistas, y lo peor es que lo siguen siendo. Para 2015, la organización prevé que el paro en España cierre en el 23,4%, es decir, que en los dos próximos años, apenas habrá conseguido nuestra economía crear empleo. El paro juvenil seguirá instalado en torno al 50%. Ni siquiera en Oriente Medio o en el norte de África, donde la frustración generalizada de los jóvenes ha dado lugar a las revoluciones de la Primavera Árabe, los números son tan malos.http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/10/economia/1347267927.html

Sen Katayama. Co-fundador, en 1922, del Partido Comunista de Japón.

Wikipedia-- Sen Katayama fue de los primeros miembros del Partido Comunista de América y co-fundador, en 1922, del Partido Comunista de Japón . Sugataro Yabuki fue el segundo hijo nacido a Kunizo y Yabuki Kichi en 1859 en el distrito de Hadeki de lo que más tarde se convertiría en Japón 's Okayama Prefecture. Fue adoptado por la familia Katayama a los diecinueve años y adoptó el nombre de Sen Katayama , convirtiéndose en "primer hijo", el Katayama después de que su madre biológica fue abandonada por su marido. La adopción eludido el reclutamiento de Katayama y le permitió continuar su educación. En su autobiografía, Jiden (自伝), Katayama admitió que no era la suerte de haber sido el primero en nacer en su familia de origen, ya que lo salvó de algunas de las responsabilidades que agobiados algunos de sus conocidos. En 1878 Katayama viajó a Tokio para aprendiz como una impresora, mientras estudiaba en una pequeña escuela preparatoria, el Juku Oka, donde formó una amistad con Iwasaki Seikichi , sobrino de uno de los fundadores de Mitsubishi . Iwasaki salida para la Universidad de Yale inspirado Katayama a trabajar su camino a la Estados Unidos . Katayama asistieron Grinnell College , donde se graduó en 1892, procediendo al Seminario Teológico de Andover y luego a la Escuela de Divinidad de Yale. Durante este período Katayama se convirtió en un cristiano y un socialista . Antes de asistir a Grinnell, Katayama asistieron Maryville College . Carrera-- Katayama regresó a Japón en 1896 y 1897 a 1901 editó Mundial del Trabajo el órgano de los Trabajadores de Hierro 'Union y Sindicatos de la Federación y el primer partido socialista de Japón. Él regresó a Estados Unidos en 1903 a instancias de Iwasaki a buscar oportunidades de cultivo de arroz. Durante este viaje asistió a la Segunda Internacional Socialista en el Congreso de Amsterdam , donde se ganó el reconocimiento para estrechar la mano del delegado ruso, GV Plejánov, en un gesto de amistad entre los pueblos ruso y japonés, a pesar de la actual Guerra Ruso-Japonesa. En 1904 asistió a un Partido Socialista Americano convención en Chicago . Se estableció en Texas, y su actividad principal se convirtió en el cultivo de arroz. Cuando su cosecha de arroz no llegó a ser contratado por un japonés propietario de un restaurante en Houston , Tsunekichi Okasaki , que compró 10.202 acres (41.29 kilometros 2 ) de tierra en Texas con el plan que Katayama se finca. A finales de 1905 Okasaki y Katayama un préstamo de $ 100.000 de Iwasaki para financiar la cosecha de arroz, y juntos formaron un "Nippon Kono Kabushiki Kaisha" (Compañía de Japón Agricultura) para desarrollar el proyecto de Texas, y Katayama fue nombrado director gerente. Sin embargo, la compañía se disolvió rápidamente, supuestamente a través de inclinaciones socialistas Katayama, y él regresó a Japón en 1907, unido al movimiento socialista, y siguió una carrera en el periodismo. Katayama fue arrestado y encarcelado por su participación en la huelga de tranvía de Tokio de 1912, y después de su liberación, se fue de Japón a California. Atraído por el éxito de la revolución bolchevique de 1917-18, Katayama se convirtió en un activo comunista y un oficial de la Comintern . Viajó a México y luego a Moscú, donde fue aclamado como líder del movimiento comunista japonés. Permaneció en la Unión Soviética hasta su muerte el 5 de noviembre de 1933 y fue enterrado en la necrópolis de la pared de Kremlin . Katayama tuvo dos hijos con su primera esposa, Fude, que murió en 1903, y otra hija de su segunda esposa, Hari Tama, con quien se casó en 1907.

Llamamiento a las movilizaciones y por la Huelga General

--Comunicado unitario de CGT, Ecologistas en Acción, Redes Cristianas, Juventud sin Futuro, Asamblea Feminista, Izquierda Anticapitalista,… La mayoría de la población -el 99%-, especialmente la clase trabajadora y los colectivos sociales más desfavorecidos, estamos sufriendo un brutal y descarnado ataque a nuestros derechos laborales y sociales debido a una crisis inducida y generada por aquellos que nos la quieren hacer pagar. Esta crisis, más allá de económica, es sobre todo una crisis social y ambiental que profundiza en las relaciones patriarcales y de dominación. Las y los trabajadores, mujeres, jóvenes, migrantes, pensionistas, estudiantes, las personas paradas, desahuciadas... son el objetivo principal de este ataque ideológico y estratégico de una clase dirigente que utiliza a su casta política en el poder para decretar unas medidas que solo sirven para generar precariedad, paro, recesión y miseria en el conjunto de la población contra la que gobiernan. Nos negamos a pagar una crisis social, laboral, medioambiental, económica, una crisis del sistema que conlleva un recorte brutal de las prestaciones y los derechos básicos para pagar una deuda ilegítima que no reconocemos, una deuda que el pueblo no ha generado. Nos negamos a aceptar la gran estafa que se está acometiendo con la excusa de la crisis económica. Rechazamos las imposiciones antidemocráticas que están realizando el FMI, el BCE y la UE para salvar la banca y a los banqueros. Es la hora de la movilización permanente, de la ocupación de los espacios públicos, es la hora del conflicto social, de la Huelga General, de gritar basta a tanta injusticia social, es la hora de luchar por la dignidad y el futuro, de repartir la riqueza que generamos e impedir que se apropien de ella una minoría de privilegiados -el 1%-. Es la hora de sentar las bases de un nuevo sistema alternativo al capitalismo, un modelo social diferente y autogestionario donde las necesidades de las personas sean el centro y la medida de todas las cosas, y establecer relaciones igualitarias entre todas las personas independientemente de su identidad sexual, origen o su situación administrativa. Es la hora del rescate ciudadano. Por ello, proponemos la aplicación de una serie de medidas que den respuesta a las verdaderas necesidades de las personas y pongan fin a las leyes y decretos dictados desde el Gobierno y la UE: Retirada de toda la legislación y reformas aprobadas contra los derechos de la población (Laboral, Negociación Colectiva, Pensiones, Reforma Constitucional, Extranjería, Aborto...) Protección económica suficiente a los millones de personas desempleadas. Protección ante los desahucios. Moratoria hasta la salida de la crisis y programa social de acceso a la vivienda. Reparto del empleo, reducción de la jornada laboral, reducción de la edad de jubilación. No a la privatización de los Servicios Públicos: Sanidad, Educación, Transportes... No a los recortes sociales y laborales. Garantía de acceso universal a los servicios públicos a las personas con y sin papeles. Reparto del trabajo de cuidados. Implementación y desarrollo de las ayudas a la Dependencia. Reparto del trabajo de cuidados. Prohibición de los ERE´s, horas extras y destajos y becas que ocultan puestos de trabajo. Expropiación de las empresas que fueron públicas anteriormente y que prestan servicios básicos a la sociedad (energía, trasporte, telecomunicaciones, agua, etc...). Reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen y aumento de la tributación de las empresas y grandes fortunas. Persecución del fraude fiscal. Banca Pública bajo control social que permita el acceso a los recursos a las familias de manera económica. Auditoría de la deuda mediante un proceso participativo bajo control ciudadano como paso previo a la anulación de toda la deuda ilegítima. Uso del dinero público para la satisfacción de las necesidades de las personas y no para pagar la deuda o rescatar bancos. Exigencia de responsabilidades penales a los causantes de la crisis. Libertad sin cargos para todas las personas enjuiciadas con motivo de su militancia sindical o social. No a la represión y su criminalización. Su modelo de democracia no nos vale. Apostamos por un nuevo modelo participativo y desde abajo. Exigimos el cierre de los casinos financieros. Rechazamos a la Unión Europea como institución impulsora de las políticas neoliberales. Abandono de una política económica encaminada al crecimiento ilimitado y sustitución por otra que se inscriba en los límites de recursos de nuestro planeta. Afrontar decididamente las crisis energética, climática y de biodiversidad, claves para la supervivencia de millones de personas. Convocamos a toda la ciudadanía a acudir con nosotras y nosotros a la manifestación estatal del próximo día 15 de septiembre y llamamos a toda la población a rebelarnos contra unas medidas injustas y antisociales a través de la lucha, de la Huelga General y la movilización permanente contra los recortes, el paro y los desahucios. MANIFESTACIÓN ESTATAL-- 15 DE SEPTIEMBRE - MADRID-- ATOCHA 10.30 HORAS-- -

De acuerdo con el personal sanitario griego, en el país aumenta el número de ciudadanos que acuden a ellos fingiendo estar enfermos cuando lo que realmente necesitan es un plato de comida.

Rozando la crisis humanitaria: en Grecia fingen estar enfermos para conseguir comida El personal sanitario alerta de que la situación podría alcanzar niveles de crisis humanitaria . De acuerdo con el personal sanitario griego, en el país aumenta el número de ciudadanos que acuden a ellos fingiendo estar enfermos cuando lo que realmente necesitan es un plato de comida. “Vienen personas a pedir un plato de comida. Fingen que tienen un problema de salud y piden comida”. Este es el testimonio del presidente de la Asociación de Médicos de Hospital de Salónica, Jristos Papasteryíu, citado por el sitio web casmadrid.org. La grave crisis financiera que vive Grecia ha provocado una situación dramática en su sistema sanitario. El pasado mes de junio, los fabricantes suspendieron el suministro de medicamentos a hospitales públicos, farmacias y médicos, incluso aquellos destinados a enfermos graves, y ahora el propio personal denuncia que el hambre obliga a algunos ciudadanos a pedir comida en los hospitales. Si el Gobierno no toma medidas “la crisis será humanitaria”, aseguró Papasteryíu, quien añadió que como consecuencia podrían incluso producirse muertes. Más epidemias y suicidios diarios La situación afecta también a los más pequeños del país, que con frecuencia presentan síntomas de déficit alimenticio y no están vacunados. “El 30% de los niños están sin vacunar, por consiguiente se ha roto la barrera del contagio de enfermedades infecciosas y es fácil la declaración de epidemias”, señaló el presidente de la Federación de Médicos de Hospitales de Grecia, Dimitris Varnavas, de acuerdo con ese mismo medio. Asimismo, preocupa en el país el elevado número de suicidios registrados desde que comenzó la crisis económica. Durante los últimos meses, los medios griegos informan de suicidios casi a diario, un hecho sorprendente en un país que contaba, antes de la crisis, con una de las tasas de suicidios más bajas del mundo. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/53326-rozando-crisis-humanitaria-grecia-fingen-enfermos-conseguir-comida