28 de septiembre de 2012

El ridículo del Gobierno en la gestión de los detenidos del 25S pone en evidencia la fragilidad de la democracia española

Pedro Honrrubia--- El gobierno pretende imponer a la justicia los procesos y cargos judiciales, la Audiencia Nacional se rebela, la policía tarda en saber a quién obedecer y, al final, los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos detenidos. Un circo que demuestra el verdadero carácter del régimen capitalista. El gobierno, autoritario e inepto, monta un circo judicial con los detenidos y deja en evidencia el carácter dictatorial del régimen capitalista. El gobierno, en su afán de querer estar por encima de todo, en su creencia de poder manejar a su antojo todos y cada uno de los resortes del estado, en su convencido autoritarismo como forma de hacer política, ha pretendido imponer a la justicia los procesos y cargos judiciales por los que deben ser procesados los detenidos el 25S antes, durante y después de la concentración frente al Congreso de los diputados. Sin embargo, ante la evidencia de los hechos y la falta de justificación jurídica que legitimaran las pretensiones judiciales del gobierno, el Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional se ha rebelado y ha contradicho las intenciones del gobierno. La policía, que tenía órdenes precisas desde el Ministerio del Interior al respecto, tarda en saber a quién obedecer y, al final, los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos detenidos. ¿Les parece el argumento de una película sobre una República de esas que llaman despectivamente "bananeras", gobernada por algún dictatorzuelo fascista del tres al cuarto? Pues no, es, sencillamente, lo que ha pasado en las últimas horas en el reino bornónico, ese que dice ser una "democracia constitucional" y que, en teoría, está gobernado por un gobierno democrático que se ajusta a la ley y al estado de derecho. Nos gustaría decir que cuesta creer que cosas así pasen en la democracia española, pero, sinceramente, no nos extraña en absoluto. De hecho, estos sucesos ponen de manifiesto, una vez más, que el estado español es cualquier cosa menos una democracia. En la mañana del pasado miércoles, la Policía anunciaba que los detenidos durante la protesta frente al Congreso de los Diputados serían acusado de delitos que son competencia de la Audiencia Nacional (AN) como son los delitos recogidos en el Código Penal contra los altos órganos de la Nación y la forma de Gobierno. En concreto, se trataría de delitos recogidos en el Título XXI del Código Penal, que hace referencia a los delitos contra la Constitución y las Instituciones. Un delito por alterar el normal funcionamiento, según el artículo 493, de la sedes de los órganos legislativos. También serían acusados, según la versión policial, por promover manifestaciones contra el órgano legislativo, recogido en el artículo 494 del Código Penal, y por intentar penetrar en las sedes de los órganos legislativos para presentar peticiones, según dispone el artículo 495 del Código Penal. La intención de la policía, o, mejor dicho, del gobierno, era que estas causas se sumaran al procedimiento abierto por el Juez Santiago Pedraz la pasada semana, mediante el cual ocho personas han sido citadas a declarar como imputados el próximo 4 de octubre en la Audiencia Nacional por el ya mencionado delito contra Altos órganos de la nación, en aplicación del artículo 494 del Código penal. Esta causa fue abierta a petición de la Delegación del gobierno en Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, pese a que dicha Delegación ya tenía previamente conocimiento de que una persona a título individual había solicitado la autorización pertinente y esta había sido concedida por la propia Delegación. Será por ello, tras aceptar el juez abrir aquel procedimiento, que el Gobierno se ha creído con capacidad de ser quien imponga a todo momento a la justicia cuáles deben ser los delitos por los que los tribunales españoles deben juzgar a los detenidos. Con el SAT ya les salió bien la táctica autoritaria, y ahora volvían a la carga. Sin embargo, una vez analizados los hechos, el Juez Pedraz se ha rebelado y ha dicho no tanto a las pretensiones del gobierno como, siguiendo órdenes de este, a las que en primera instancia tenía la propia policía que realizó las detenciones y que, como tal, era la encargada de remitir las diligencias a los juzgados pertinentes. Antes de haber recibido las diligencias, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz remitía a la Policía una providencia en la que le informaba que los delitos que se imputan a los 35 detenidos del 25S no son competencia de la Audiencia Nacional e instaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado "que actúe en consecuencia". Los hechos eran tan obvios que al Juez no le quedaba otra alternativa. Tanto los supuestos recogidos en el artículo 494, como los recogidos en los artículos 493 y 495 del Código Penal, son lo que en ciencia jurídica se conocen como “delitos de resultados”, es decir, que solo pueden ser juzgados sobre la base de hechos consumados y no sobre intenciones, supuestos o cualquier otro tipo de medida de carácter preventivo. En todos los casos, para que hubiese delito, los manifestantes debería haber ocasionado alguna alteración en el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria, algo que no ocurrió en ningún momento durante la protesta del pasado 25 de Septiembre. Si quiera hubo intención alguna de penetrar en las instalaciones del Congreso o de superar el cordón de protección establecido por la policía, más allá del intento de algunas pocas personas de tumbar algunas de las vallas situadas en la primera línea de seguridad. En ningún caso suficiente motivo como para enviar a los detenidos ante la Audiencia Nacional. Así lo ha entendido el señor Pedraz y así se lo hizo saber a la policía. Recibida dicha providencia, a la Policía, pese a las evidentes órdenes previas del gobierno para remitir los casos al Juez Pedráz, no le ha quedado más remedio que acabar remitiendo a tal juez un atestado sobre los 34 detenidos en la protesta ante el Congreso de los Diputados que pueda servir al magistrado para incorporarlo a la causa abierta contra los ocho imputados que irán a declarar el 4 de octubre, pero sin incluir en el documento mención alguna a la comisión por parte de los arrestados de delitos contra altos organismos de la nación y, por tanto, dejándolos al margen de dicha causa, según han informado fuentes jurídicas. Los detenidos pasarán finalmente a disposición de los correspondientes Juzgados de Madrid, en un procedimiento ordinario, en el que en ningún momento se recogen acusaciones algunas relacionadas con los mencionados artículos 493, 494 y 495 del Código penal. Los detenidos serán juzgados por desórdenes públicos, resistencia a la autoridad, lesiones, es decir, los ya habituales delitos que la policía de régimen suele imputar sobre cualquier persona que sea detenida en una manifestación, haya o no haya cometido acto delictivo alguno. Pero, entonces, ¿cuándo pasarán a disposición judicial los detenidos? He aquí el problema añadido. Según lo indicado en la Constitución Española, en su artículo 17.2, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Sin embrago, habían pasado ya más de 48 horas sin que los detenidos hubiesen sidos llevados ante el juez, y no porque hubiesen existido razones justificadas para ello, sino por la simple confusión de la policía, que hasta la misma mañana de este jueves no había podido saber si obedecer al gobierno y mandar a los detenidos ante la Audiencia Nacional, o seguir los procedimientos ordinarios establecidos para estos casos y enviarlos a declarar ante los correspondientes juzgados ordinarios de Madrid. Es por ello, que los abogados de una veintena de los detenidos han denunciado a la Policía porque, según han afirmado, no tienen información de donde se encuentran los arrestados y consideran "injustificado" el retraso de las diligencias. La denuncia, interpuesta este jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla, especifica que a pesar de que la policía científica procedió a tomar filiación de los detenidos y a que todos se les ha tomado declaración con presencia letrada, los detenidos "permanecen privados de libertad sin justificación alguna". "Las continuas declaraciones que se han formulado por parte de Interior y Delegación de Gobierno en relación a posibles imputaciones de delitos contra las instituciones del Estado son las que parecen haber generado el marco de indeterminación sobre la competencia jurisdiccional a la hora de tomar declaración a las personas detenidas", indican los letrados. Como siempre, las consecuencias de los problemas derivados de la mala gestión del gobierno, los acaba pagando la ciudadanía, en este caso, los detenidos, que llevan más de dos días detenidos en los calabozos de la policía sin que exista razón alguna para ello. En la tarde de este jueves los detenidos, al fin, comenzaron a ser llevados ante el Juez. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid sería el encargado de tomar declaración a los 35 detenidos. Este órgano judicial comenzó a tomar declaraciones a las 17 horas y a eso de las 22:00 se informó de que 34 de los 35 habían sido puestos en libertad con cargas, y el otro detenido quedando en situación de prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros. La Policía, por supuesto, pese a haber quedado demostrada su absoluta obediencia al Gobierno y su función como órgano represor que no está para hacer cumplir las leyes sino para servir de punta de lanza de las estrategias represivas diseñadas por el gobierno de turno, tanto por sus declaraciones de ayer en las que hicieron público el supuesto procedimiento contra los detenidos que debía conducirlos ante la Audiencia Nacional antes de que este hecho fuese aprobado por la propia Audiencia Nacional, como por su incapacidad para gestionar de manera adecuada los plazos establecidos para la presentación de los detenidos ante el juez correspondiente, no quiere que se le responsabilice de nada de lo ocurrido y acusa a su vez al gobierno, en concreto al Ministro del Interior de ser el único responsable. Después de obedecer las órdenes autoritarias del gobierno, pretenden lavarse las manos, como si todo esto no fuese con ellos ni tuviesen culpa alguna. Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han cargado por ello este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio. "El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja. Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes ", dice la SUP. “Una vez más Interior peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones. Es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga”, añade la CEP. Todo ello, claro, después de que el Juez Pedraz les haya enmendado la plana, pues en ningún momento se escuchó durante el día de ayer a estos o cualquiera de los otros sindicatos policiales cuestionar lo que era una evidencia: que era el gobierno el que, sin respetar la separación de poderes ni el normal funcionamiento de la justicia, estaba imponiendo los delitos por los que los detenidos debían ser juzgados, contando en todo momento con la obediencia y complicidad de la policía, la cual, es obvio, estaba totalmente dispuesta a remitir las diligencias a la Audiencia Nacional. Así es, ni más ni menos, la España de nuestros días. Un estado donde es el gobierno el que ordena a la justicia como debe actuar y el que abre procedimientos a su antojo contra aquellos ciudadanos que osan desafiar las políticas de recortes impulsadas por este o protestar contra la gran estafa, el robo y el saqueo constante al que están siendo sometidos los ciudadanos. Ya se pudo comprobar, en agosto, como fue el Gobierno, tanto a través del Ministerio de Interior como del Ministerio de Justicia, quien actuó de manera similar a lo que ahora estamos viendo, ordenando la detención y el procesamiento de los militantes del SAT que participaron en la acción del Mercadona de Écija, antes incluso de que Mercadona hubiese puesto denuncia sobre los hechos. El Ministerio del Interior llegó incluso a hacer el ridículo, como ahora, cuando trató de que un juzgado de Écija llamara a declarar al Diputado de la CUT en el Parlamento andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo, pese a que dicho Juzgado no tenía competencias para ello, ya que la condición de aforado de Gordillo obliga a que sea el TSJA el único capacitado para llamar a declarar al diputado. Ahora, una vez más, volvemos a ver al Gobierno tratando se saltarse los normales procedimientos de la Justicia y acabando por hacer el más absoluto de los ridículos. Lo que, por otro lado, no es de extrañar, ya que no solo pretenden controlar la justicia, sino que tienen una policía que actúa en todo momento a la orden del dictado político y sin cuestionarse en ningún caso si son correctas o no, si atentan o no contra los derechos de los ciudadanos, las órdenes que reciben del gobierno. Lo propio, vaya, de cualquier sistema dictatorial que se tercie. La dictadura capitalista española, no es la excepción. Pedro Antonio Honrubia Hurtado, para Kaosenlared.

El próximo 6 de octubre en Madrid , acto de apoyo a la Querella argentina contra la impunidad del Franquismo

El próximo 6 de octubre la red de apoyo a la querella argentina*, de la que formamos parte, organiza un acto en el auditorio Marcelino Camacho. En el anunciaremos que vamos a solicitar órdenes de busca y captura internacional para algunos señalados torturadores, jueces de la dictadura, ladrones de niños y niñas, beneficiarios del trabajo esclavo y demás canalla. Habrá videos, actuaciones e intervenciones que darán una idea de las múltiples dimensiones de aquella ignominia. Entre ellas contaremos con la presencia de las hermanas de Salvador Puig Antich. Os esperamos a todos y todas y a la gente que convoquéis La Comuna-- *La Red ciudadana de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo está formada por las siguientes organizaciones: ABEROA (Asociación Bebés Robados de Andalucía)-- Adelante Bebés Robados-- ALUMBRA (Asociación por la lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía)-- Arico Memoria Aragonesa-- Arte Total-- Asamblea Popular de San Blas 15M-- Asociación de Expresos sociales del franquismo-- Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas--Asociación de Hijos de Desaparecidos Argentinos-- Asociación Memoria Histórica del PTE y la JGR-- Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía-- Asociación de Mujeres de Guatemala AMG-- Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)-- ARMH de Valladolid-- Associació per la Memoria de Mallorca-- Ateneo Republicano de Carabanchel-- Ateneu Republicà de Gracià-- ATTAC-- Ciutadans per la República-- Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM)-- Colectivo Sin Identidad de Canarias-- Colectivo de Familiares de represaliados, ejecutados y sepultados en la fosa común de San Lorenzo del Escorial-- Comisiones Obreras (CC.OO.)-- Confederación General de Trabajo (C.G.T.)-- Coordinadora Memoria Histórica y Democrática de Madrid Coordinadora Sindical de Madrid-- Ecologistas en Acción-- Escuela Popular de Prosperidad (Madrid)-- Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid-- Foro por la Memoria-- Forum per la Memoria d’Eivissa i Formentera-- Foro Social de la Sierra de Madrid-- Fuente de la República de Lavapies-- Fundación Andreu Nin-- Fundación Domingo Malagón-- Fundación 26 de Diciembre-- Fundación Societat i Progrés ( Valencia)-- Hay que pararles los pies-- La Comuna asociación de presxs políticxs del franquismo-- Memoria y Libertad-- ORIGENS (Associació de nens robats i adoptas irregularment de Balears)-- Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo-- Poetas de la Tierra-- Sindicato de Estudiantes-- SOS bebés robados Almería-- SOS bebés robados de Córdoba-- Bebés Robados Región de Murcia-- SOS Bebés robados de Euskadi-- Todos los niños robados son también mis niños (Madrid)-- Tertulia Republicana de Cienpozuelos-- Unidad Cívica por la República-- Unión Cívica por la República Mallorca-- Unión de Actores--

El pueblo español no aceptará un golpe de estado financiero

The Guardian--- El gobierno de España tiene razones para temer la reacción de la gente público ante esta nueva ronda de sufrimiento exigida por los mercados financieros. El intento del movimiento español "occupy", los indignados, de rodear el Congreso en Madrid ha sido comparado por el secretario general del Partido Popular (PP) derechista, en el gobierno con un intento de Golpe de Estado. La democracia española realmente puede estar en peligro, pero el peligro no está en las calles. Según el Financial Times, la UE ha estado manteniendo conversaciones secretas con el ministro de Economía, Luis de Guindos para implementar nuevas medidas de austeridad antes de España solicitando un rescate completo. El jueves, el Gobierno anunciará reformas estructurales y reducciones adicionales del gasto, adicionales a los recortes ya enormes en la salud y la educación. Adelantarse a las condiciones del rescate significa que el gobierno es capaz de mantener la ilusión de la soberanía. En realidad, España se encuentra al borde de la insolvencia y bajo una gran presión para aceptar un paquete de rescate. A cambio, la cuarta mayor economía de la zona euro tendrán que entregar el control soberano y financiero al FMI, a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo. Si hablar de un golpe de estado financiero suena inverosímil, considera esta declaración de un reciente informe de Goldman Sachs: " Cuanto más se entregur la Administración española s intereses políticos nacionales... más probable será la condicionalidad explícita exigida. " Eso en jerga bancaria significa: " Podemos hacerlo de manera fácil, o por las malas". Mientras tanto, en sus heroicas negativas de que el rescate sea incluso necesario, el primer ministro español Mariano Rajoy cada vez se parece ministro de información de Saddam Hussein, que insistía que los estadounidenses estaban huyendo y suicidándose por centenares a las puertas de la ciudad, incluso cuando Bagdad estaba cayendo. La estrategia de negación de Rajoy toma forma. En junio, insistió bancos españoles no necesitaban ser rescatados, a dos semanas de que lo fueran. Este intento paternalista y pasado de moda de moldear la opinión pública en contra de la realidad parece indicar que, como muchos comentaristas locales han observado, la Administración española está funcionando ", como si no conocía la existencia de Internet". Mantener la ilusión de la soberanía es importante, porque Rajoy no quiere pasar a la historia como el autor de la humillación de España. Hay una imagen infame del presidente de Indonesia Suharto cediendo el control económico en 1998, mientras el jefe del FMI se cernía sobre él, con los brazos cruzados y sonriendo. Rajoy está desesperado por evitar una escena, muy consciente de que los gobiernos de Grecia, Portugal e Irlanda cayeron tras haber sido obligados a pedir rescates que imponen mayor austeridad sobre sus ciudadanos. El PP también quiere evitar pedir un paquete de rescate antes de las cruciales elecciones en Galicia y el País Vasco el 21 de octubre. Pero si Rajoy sigue adelante con retrasos adicionales en pedir un rescate, podría sufrir el mismo destino que Berlusconi, derrocado el año pasado y reemplazado por un tecnócrata ex-Goldman Sachs después de un enfrentamiento con el Banco Central Europeo. El principal problema para Rajoy es que lo que Goldman Sachs llama "complaciendo los intereses políticos internos" el resto de nosotros lo llamamos "democracia" . El gobierno tiene razón para temer la reacción del público español de esta nueva ronda de sufrimiento que mandan los mercados financieros. Ya, muchas pancartas de protesta diciendo: "No podemos más". Con una tasa de desempleo del 26%, el 22% de los hogares españoles viven por debajo del umbral de pobreza y otro 30% no puede "llegar al fin de mes", como dicen aquí. Cientos de miles de sindicalistas salieron a las calles de Madrid la semana pasada. La pérdida de soberanía está alimentando el deseo de independencia catalán con grandes protestas. Movimientos ciudadanos españoles, como los de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y Francia han exigido una auditoría de la deuda, para ver quién realmente le debe qué a quién. El político de la oposición, Cayo Lara pide que las condiciones del rescate se debatan en el Parlamento, mientras que un grupo llamado Jueces para la Democracia están investigando si la deconstrucción virtual del estado social podría ser inconstitucional. Y los indignados españoles agitan las puertas del Congreso hoy contra la traición de los partidos políticos y el debilitamiento de la democracia popular por la troika y los mercados. Tienen en contra a algunas de las fuerzas más poderosas del planeta. Pero pueden encontrar consuelo en sus homólogos de Portugal. Recientemente, el gobierno portugués anunció que elevaría las contribuciones a la seguridad social del 11% al 18% en un país que no puede absorber más recortes salariales. En una respuesta sin precedentes 600.000 personas se concentraron a las puertas del parlamento y en 40 centros urbanos de todo el país, gritando "¡ladrones!" y "cobardes!" y exigiendo la renuncia del gobierno. En respuesta, el Gobierno portugués ha hecho un giro de 180º. Goldman Sachs y su calaña encontrarán a los españoles al menos igualmente ardientes en defensa de su soberanía. • Este artículo fue modificado el 25 de septiembre de 2012. En un principio dijo que España era la cuarta mayor economía de Europa. Esto ha sido corregido ----- Traducción del artículo de The Guardian, para quienes evidentemente somos ciudadanos y no antisistema o violentos ultraizquierdistalos que nos manifestamos contra los recortes socilaes y democráticos. Solo gente que defiende su soberanía y su democracia . Tomen nota señores del gobierno