5 de octubre de 2012

Lo que no cuenta su periódico


Alejandro Fierro

Hugo Chávez se presenta a la reelección presidencial el próximo 7 de octubre con un programa electoral que contempla diversos objetivos para el periodo 2013-2019. Para alcanzar estos objetivos, propone una batería de propuestas concretas.

Sin embargo, la audiencia de los medios de comunicación de masas internacionales y muy especialmente los del Estado español, con El País y ABC a la cabeza, no podrá acceder a esta información, simplemente porque esos medios la ocultan. Los artículos en la prensa internacional y española referidos a la contienda electoral venezolana se centran en la supuesta y nunca probada ausencia de democracia en el país, en complots chavistas para mantenerse en el poder por la fuerza o en la vida sexual del actual presidente, haciéndose eco de una rumorología nunca contrastada y vulnerando así las mínimas normas deontológicas del periodismo, tanto en la confirmación de las fuentes como en la selección de temas según su interés social.

Lo mismo ocurre en los medios de comunicación venezolanos, el 85% de los cuales está en manos de la oposición. El desequilibrio en la propiedad de los medios y el tono absolutamente beligerante de la prensa de la derecha refutan cualquier acusación de falta de libertad de expresión en Venezuela. Algunos de sus artículos o imágenes sobre el jefe de Estado –por ejemplo, la publicada por la revista Tal Cual, en la que Chávez aparece caracterizado como un cerdo- serían prohibidas en el Estado español y sus autores juzgados y condenados, como ya ha ocurrido con informaciones o sátiras sobre el rey.

Los lectores no encontrarán en las páginas de su periódico información sobre la propuesta electoral de intensificar la explotación de las reservas de crudo del Orinoco –las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con más de un millón de millones de barriles- con el objetivo de alcanzar en 2019 una producción de seis millones de barriles diarios.

La radio tampoco hablará del objetivo de llegar en 2019 a los tres millones de viviendas públicas subsidiadas y de bajo coste, disminuyendo el precio cuanto menor es la capacidad económica de la familia beneficiaria hasta llegar a la gratuidad para los estratos más vulnerables. Ningún tertuliano explicará que entre 2011 y 2012 se han edificado 250.000 viviendas públicas y hay 450.000 más en construcción.

No habrá reportajes audiovisuales para mostrar cómo Venezuela ha pasado de luchar por erradicar el analfabetismo –en 2005 fue declarada por Naciones Unidas Territorio Libre de Analfabetismo- a ser el quinto país del mundo en tasa de matriculación universitaria y el segundo de Latinoamérica tras Cuba. No informarán sobre el proyecto de abrir nuevas universidades que se sumarían a las 22 creadas en los últimos 14 años y de facilitar el intercambio de estudiantes con los países del Mercosur.
Los columnistas no analizarán la propuesta de construcción de 16 centros sanitarios –entre ellos, 8 hospitales- ni los planes para extender la atención especializada a toda la población, con independencia de su lugar de residencia o capacidad económica.

Las revistas especializadas no se harán eco de la intención de incrementar la superficie de cultivos de regadío en un 200% ni de aumentar la producción de alimentos en un 45%, hasta llegar a los 42 millones de toneladas al año.

No hay ningún economista en los grandes medios de comunicación de masas que salga a explicar los datos macroeconómicos del país: un 5,6% de crecimiento del PIB en el primer semestre del año, encadenando siete subidas consecutivas; un descenso del desempleo hasta el 7,9%, lo que supone una disminución de casi el 50% desde 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder; por primera vez, la inflación interanual se sitúa por debajo de los 20 puntos… Por tanto, no habrá expertos que hagan inteligible al gran público la situación económica de la que parte Venezuela para poder hacer realidad las propuestas electorales.

Tampoco se realizarán entrevistas a politólogos para que expliquen los cinco grandes objetivos generales para el periodo 2013-2019: independencia nacional, con especial énfasis en la soberanía sobre los recursos y la soberanía alimentaria; profundización en el proceso socialista; convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político integrada en la potencia emergente de Latinoamérica; contribución a una nueva geopolítica multipolar enfocada al equilibrio y la paz, y, por último, una política orientada a la preservación del medio ambiente y a una relación armónica entre el ser humano y su entorno.

El deber de los medios de comunicación que cubren las elecciones venezolanas es informar sobre los programas electorales, tanto de Hugo Chávez como del candidato opositor, Henrique Capriles. Sus periodistas y analistas de opinión tienen la obligación de explicar a la audiencia sus contenidos, con argumentos razonados y comprensibles. Después, estas propuestas podrán ser apoyadas o no por cada persona, pensar que son más o menos creíbles, calificarlas como objetivos plausibles o bien mercadería política. Y, en el caso de la audiencia venezolana, orientar su voto en función de una información cierta, plural y argumentada.

Al ocultar sistemáticamente las propuestas electorales de Hugo Chávez –las del candidato opositor tienen una considerable cobertura- los medios de comunicación de masas vulneran el Derecho a la Información de la ciudadanía. Es necesario recalcar una y otra vez que el Derecho a la Información está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se rompe así el consenso fraguado durante siglos entre la ciudadanía y una prensa que debía suministrarle información veraz ante la imposibilidad de cada persona de recabar información en todos los ámbitos por sí misma.

Por eso, las encuestas indican que los medios de comunicación son uno de los grandes problemas del Estado español.

alejandrofierroperal@gmail.com
(Alejandro Fierro es periodista del Estado español y colaborador de la Fundación CEPS)

La gran estafa: el Presupuesto de 2013

Vicenç Navarro - Kaos en la red

Este artículo analiza el contexto político que configura una serie de hechos, incluyendo la preparación del presupuesto 2013 propuesto por el gobierno del Partido Popular, acentuando el papel de las fuerzas financieras, económicas y políticas que han determinado su contenido.

Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.

El poder de la banca: el endeudamiento de España

Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado español. Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima de su propia tragedia.

En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a las reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas intentaron y alcanzaron exitosamente.

El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia de la banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.

El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica (estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas superiores un 11%.

España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper ricos.

Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no sólo para la banca española sino también para la banca europea y, muy en especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de euros prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada. Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda la banca, incluida la alemana.

El llamado rescate al sistema bancario

Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español tendrá que pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España) sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”.

Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado

Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la eurozona.

Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.

O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.

Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países.

Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado del bienestar.

Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están violando la democracia.



14-N: huelga general en Portugal

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El mayor sindicato portugués, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista) convocó el miércoles una huelga general, la tercera en 16 meses de Gobierno conservador, el próximo 14 de noviembre. Una fecha señalada ya que los sindicatos españoles estan barajando convocar la huelga general coincidiendo con la portuguesa.

El otro gran sindicato luso, la Unión General de Trabajadores (UGT, vinculado al PS) no se ha pronunciado oficialmente sobre la convocatoria pero su líder Joao Proença, se opuso a su realización en declaraciones a medios lusos, horas antes del anuncio.

La convocatoria de la huelga, contra las medidas de austeridad y los problemas sociales que vive Portugal, sigue a las dos jornadas de manifestaciones multitudinarias celebradas el mes pasado para reclamar un cambio de política al primer ministro, Pedro Passos Coelho.

La divulgación del paro coincidió con las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno luso, que reconoció un “enorme” aumento de impuestos para 2013 con la meta de cumplir con las metas de déficit fiscal exigidas por Bruselas -5 % este año y 4,5 % en el 2013-.

Desde que la crisis de la deuda soberana europea se agudizó en Portugal a finales de 2010, el país ha vivido ya tres huelgas generales, la primera de ellas, el 24 de noviembre de 2010, contra el entonces jefe del Ejecutivo socialista José Sócrates.