6 de octubre de 2012

Un sindicato policial denuncia a IU por sus acusaciones tras los hechos del 25-S

Público
La Confederación Española de la Policía (CEP) ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IU Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón a los que acusa de cometer un delito de injurias y calumnias contra la Policía por acusar a los agentes antidisturbios de provocar los incidentes registrados durante la protesta del 25-S frente al Congreso de los Diputados.

En concreto, la denuncia acusa a estos tres dirigentes de haber responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad "de actuar premeditadamente para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como único causante, instigador de todo". La denuncia se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en el Congreso.

El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que "el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes".

Alberto Garzón: "Exceso policial brutal"
El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: "Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, hacia el Paseo de la Castellana para que allí pudiera cargar la Policía.

La CEP entiende que "las gravísimas imputaciones" de Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón "constituirían uno o varios delitos de calumnias". Apelan al artículo 504.2 del Código Penal sobre "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" por el que serían "castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses".

A juicio de este sindicato policial, "no cabe duda que se trata de un comportamiento injurioso y amenazante contra las fuerzas de seguridad". "No se trata de una opinión, una hipótesis por parte del diputado, sino la imputación clara, directa e inequívoca de que los agentes de policía fueron los provocadores de los hechos", denuncian los policías, al tiempo que consideran que los tres diputados atribuyeron a los agentes "hechos delictivos con claro conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad".

Insiste la CEP en que esas declaraciones no se pueden amparar bajo la nmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y por ello piden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que "previos los trámites legales, se reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados".


El Fiscal General del Estado apoya restringir el derecho de manifestación

Kaos en la Red-Agencias
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que una modulación del derecho de manifestación podría ser "perfectamente legítima" en términos constitucionales, pero que cualquier "regulación de un derecho de expresión democrática de la ciudadanía" debe ser "excepcional". "Ningún derecho puede comportar una patente de corso", ha añadido.

Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la firma de un convenio para la destrucción de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas incautadas en operaciones policiales.

Con ello, extendía las palabras efectuadas horas antes en un desayuno informativo organizado por Europa Press en las que afirmaba que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación.

"Una modulación como la que se sugiere pudiera ser perfectamente legítima en términos constitucionales", ha indicado el fiscal general en la sede del Consejo del Poder Judicial, precisando que, en todo caso, se deberían conocer más detalles sobre una posible modulación.

"Plenitud de convivencia democrática para cualquier derecho de expresion democrática de la ciudadania y regulación excepcional de estas situaciones atendiendo a los bienes jurídicos protegidos", ha defendido Torres-Dulce, para agregar que "ningún derecho puede comportar una patente de corso y puede ser objeto de una consideración que no sea delimitación".

En todo caso, se trataría de modulaciones siempre "excepcionales" atendiendo al principio de 'favor libertatis', según ha enfatizado el máximo representante del Ministerio Público.

Los derechos "no son absolutos"
El fiscal general del Estado ha puesto de relieve que la Constitución ha recogido derechos fundamentales que son esenciales para la "recta" convivencia democrática, como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de manifestación.

En esta línea, ha aludido a la "tajante" jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtiendo de que "no es posible concebir esa convivencia democrática sin un amplio desarrollo de esos derechos fundamentales".

Eso no significa, ha insistido, que los derechos sean "absolutos" y no puedan ser objeto de "limitaciones y restricciones" atendiendo al modo en que se realiza el ejercicio de esos derechos y el interés general.

Por su parte, el Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, no se plantea modificar la actual regulación del derecho de manifestación, informaron en fuentes gubernamentales.
La respuesta por parte del Ministerio del Interior se produce un día después de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, plantease modular el derecho de reunión y manifestación debido al gran número de actos de protesta que se han celebrado en la capital de España en lo que va de año.
Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha desmarcado de esta iniciativa, aunque las fuentes citadas entienden la situación que se ha creado en los últimos meses en Madrid, donde algunos días han coincidido varias manifestaciones.

También recuerdan que en algunos casos, cuando la Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado algunas manifestaciones, su decisión ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que finalmente las ha autorizado.

Otras fuentes gubernamentales indicaron, tras insistir en que no habrá cambios en la regulación del derecho de manifestación, que sin embargo sí es necesario introducir cambios legales para endurecer la respuesta a aquellos que infringen las normas.

España condecora a una virgen, un alcalde homófobo, el jefe de los antidisturbios y un batallón de 1921

MásPúblico
En apenas dos semanas, el rey y el Gobierno han concedido cuatro reconocimientos, polémicos por su cuantía económica, su carácter religioso o su vista gorda a los derechos humanos. Estos van, desde la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, al premio (simbólico y económico) otorgado al jefe de la Unidad de Intervención Policial de Madrid, tras las manifestaciones del último año.

Medalla al mérito policial del jefe de los antidisturbios
La semana pasada se hizo pública la concesión de la medalla al mérito policial con distintivo rojo al inspector jefe Javier Nogueroles, máximo responsable de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid, conocida como antidisturbios. Aunque el anuncio se realizó cuatro días después de la manifestación del 25-S, que terminó con 35 detenidos y 64 heridos, fuentes policiales aseguran que la concesión se decidió antes de las protestas.

A Nogueroles se le reconoce su último año al frente de la UIP, polémico desde el desmantelamiento del campamento del 15-M de la Puerta del Sol. Entre las intervenciones de la UIP más criticadas  se encuentran las de las protestas contra el pago con fondos públicos de la Jornada Mundial de la Juventud, de Benedicto XVI, por la violencia que utilizó la policía, y las manifestaciones posteriores contra los recortes. La pensión de Nogueroles aumentará un 10% gracias a esta distinción.

Guiños a la Iglesia y al cielo
Después de que la ministra Fátima Báñez pidiese en junio ayuda a la Virgen del Rocío “para salir de la crisis” en Almonte (Huelva), el Consejo de Ministros volvió a hacerle un guiño a los altares con la aprobación, el jueves pasado, del “Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo”. La virgen es patrona de la Benemérita desde 1913. Esta distinción, a diferencia de la del jefe de los antidisturbios, no tiene un complemento económico.

Galardón al margen de los derechos humanos
La Fundación Triángulo ha denunciado también que el rey Juan Carlos haya premiado al ex ministro de Pinochet y actual alcalde de la localidad chilena de Providencia, Cristián Labbé, considerado “abiertamente homófobo” por las asociaciones LGTB.

Las últimas polémicas declaraciones de Labbé fueron mayo de este año, cuando relacionó a los homosexuales con ladrones y se opuso a que fuesen cogidos de la mano por la municipalidad. La Casa Real española, en coordinación con la Secretaría General Iberoamericana, le ha concedido el Premio Iberoamericano de Calidad. España entregará el galardón el 13 de noviembre al presidente de Chile, Sebastián Piñeira, quien a su vez se lo dará al pinochetista Labbé.

El primer edil de Providencia ha estado envuelto últimamente en más polémicas, ligadas al conflicto estudiantil y su relación con los secundarios de Providencia o al homenaje realizado en 2011 a Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por violaciones a los Derechos Humanos.

Homenaje del Rey por el desastre de Annual de 1921
Por último, este lunes, el rey impuso la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima recompensa militar en España, al Regimiento de Caballería Alcántara por su labor durante la retirada del Rif en el desastre de Annual de 1921, en el que murieron 28 de sus 32 oficiales y 523 de sus 685 soldados. Esta condecoración, creada en 1811, no se concedía en su versión colectiva desde 1943

Más de 35.000 estudiantes, llamados a la huelga del jueves 11

Diario de Noticias de Navarra- Pamplona
Más de 35.000 estudiantes (cerca de 8.000 de la Universidad Pública de Navarra y unos 27.000 de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP) están llamados a secundar la huelga convocada por varios colectivos estudiantiles para el próximo jueves 11 de octubre. El acto central de la jornada será una manifestación que saldrá a las 12 horas desde el parque Antoniutti de Pamplona, pero ya el miércoles se celebrará un encierro en el Aulario de la institución académica, que se prolongará toda la noche. La huelga, que se celebrará en varias CCAA, está convocada por Ikasle Abertzaleak, Eraldatu, Asamblea Libertaria y Asamblea de la UPNA (de la que forma parte el Consejo de Estudiantes), y exige la derogación del decreto que fija la subida de las tasas y la paralización de la nueva reforma educativa.

Las organizaciones convocantes denunciaron ayer que "las medidas de ajuste adoptadas por la UPNA, como es la subida de tasas que imposibilita a muchos alumnos cursar sus estudios, o los recortes, que inciden en una peor calidad docente, han provocado "más que nunca" el malestar de toda la comunidad universitaria. Asimismo, los estudiantes alertaron del "duro proceso de privatización" en el que está sumida la UPNA. "Las empresas privadas tienen cada vez más cabida, ya que, como la Universidad recibe cada vez menos financiación pública, se ve obligada a recurrir a la privada, con la mercantilización de la educación que eso conlleva", destacaron Javier Gorraiz y Garazi Aranburu, en representación de la Asamblea de la UPNA, y Antton Barberia, de Ikasle.

Estos colectivos exigieron la derogación del real decreto que establece la subida de tasas universitarias, la paralización del anteproyecto de la nueva ley de educación, "que segrega al estudiante dependiendo de su origen socioeconómico, vuelve a imponer las reválidas franquistas obligatorias, endurece el acceso a la educación superior, resta poder a los órganos de decisión de la comunidad educativa y prima la educación concertada sobre la pública" y una financiación adecuada para la educación pública en los Presupuestos Generales del Estado (se ha reducido un 20% en el último año

ESO, Bachillerato y FP.
Además del alumnado de la UPNA también están llamados a secundar la huelga los estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP. Estos colectivos estiman que 20-25 institutos de Navarra se sumarán a la huelga. "En algunos la dirección está poniendo trabas y dicen que van a hacer exámanes ese día. Por ello hemos hablado con los sindicatos de educación para que desde los centros se permita al alumnado que así lo desee ejercer su derecho a la huelga", señaló Barberia.

Ante la pregunta de si ven ambiente favorable a la huelga en la UPNA, estos estudiantes afirmaron que hay gente que está concienciada pero otros dudan. "Vamos a ir clase por clase para crear esa conciencia. Cada uno debe luchar por sus derechos", concluyó Aranburu.