11 de octubre de 2012

Aunque insuficiente, bienvenido un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la UE

Aunque insuficiente, bienvenido un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la UE


Por un control ciudadano de los mercados financieros, ¡ITF YA! COMUNICADO DE ATTAC ESPAÑA







Artículos de Opinión
Attac España
11-10-2012


ATTAC España se congratula del hecho de que nuestro país sea uno de los 11 estados que han acordado aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) en la UE por el procedimiento de Cooperación Reforzada. Hace quince años que la organización internacional ATTAC comenzó a movilizarse en todo el planeta para exigir la implantación de este impuesto global a las finanzas, que en nuestra opinión no debe perseguir sólo fines recaudatorios, sino además tener un objetivo regulador, redistributivo e incluso sancionador, como todo impuesto.



En otro comunicado emitido hace ahora un año, ATTAC España saludaba entonces la directiva sobre el ITF elaborada por la Comisión Europea, y subrayaba la existencia de muchos puntos dignos de apoyo en la propuesta. En concreto, se señalaba que es un paso en la buena dirección fijar un tipo impositivo del 0,1% para las transacciones en acciones y bonos, que es el nivel de impuesto que ATTAC ha venido exigiendo desde hace años; como lo es incluir los productos derivados y aplicar el impuesto a todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y también recaudarlo en el país de residencia de quien hace las transferencias y no en los mercados donde se producen. Las graves insuficiencias de la propuesta también fueron señaladas en su momento: el tipo impositivo propuesto sobre los productos derivados es muy bajo -solo del 0.01% – lo que dificulta su capacidad de reducir la especulación y la volatilidad; y no se propone su aplicación a las transacciones de divisas, dejando sin gravar un mercado altamente especulativo y tremendamente volátil que mueve 4 billones de dólares al día.



Aplicar el ITF en Europa como han acordado 11 países es para ATTAC un hecho ciertamente positivo, pero desde ATTAC España llamamos a la ciudadanía a seguir presionando socialmente para conseguir su aplicación global y para forzar que no se quede en una medida aislada. Para que sea una herramienta que permita combatir la especulación financiera, mediante la reducción de las transacciones a cortísimo plazo, y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de unos bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Interesa señalar entre esas medidas las siguientes:



•Regular de la Banca. Especialmente la banca en la sombra, esa que utiliza de forma intensiva los paraísos fiscales, para lo que hay que revisar los acuerdos internacionales de contabilidad y administración y hacer que incluyan la obligación de una transparencia mucho mayor que la actual.

•Erradicar los Paraísos Fiscales. La aplicación del ITF no tendrá una eficacia real si no se acaba también con los Paraísos Fiscales, auténticos agujeros negros de las vergüenzas del sistema.

•Es imprescindible crear un nuevo Banco Central Europeo (BCE). Modificar el papel y autonomía del BCE para que además de intervenir directamente en las políticas de creación de empleo y rendir cuentas a la ciudadanía europea, pueda financiar directamente sin interés, o a bajo tipo, inversiones públicas útiles de acuerdo con objetivos económicos, sociales y medioambientales o garantizar préstamos para las administraciones públicas a cargo de esas inversiones.

•Evitar el fraude fiscal de las transnacionales y las grandes fortunas. Implantar una armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por Internet. Es necesario introducir la obligatoriedad de una contabilidad “país por país” en las trasnacionales para evitar la manipulación de resultados y la imputación de costes para eludir la fiscalidad.

•Limitar el apalancamiento financiero. Para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de la crisis financiera.

•Introducir una mayor progresividad fiscal. Para al menos equiparar los tipos impositivos de los rendimientos del capital con los del trabajo.

•Prohibir negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas. Mercados que requieren operaciones de cobertura pero no de especulación a corto plazo.

•Separar la banca comercial y la banca de inversión. Para garantizar los ahorros de los particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.

•Crear de una banca pública nacional con compromiso de servicio público. En el caso español, utilizando como base la que existe en la participación estatal en el salvamento de las Cajas de Ahorro, y replanteando su funcionamiento para que sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.

ATTAC España hace un llamamiento a toda la ciudadanía a continuar con el proceso de movilización social permanente, orientado a la reivindicación de estas medidas y también a profundizar en la democracia buscando una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, en un momento en el que los poderes financieros, con la complicidad de los gobiernos europeos, están socavando las bases de la democracia, vaciándola de contenido y sustituyéndola por decisiones, supuestamente técnicas, que en realidad son la aplicación de su programa político neoliberal.



Fuente: http://www.attac.es/2012/10/11/aunq...



Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia

ANÁLISIS: RAFAEL ESCUDERO ALDAY (publicado en el diario digital Público)


Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia

11/10/2012



El Tribunal Constitucional acaba de rechazar a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Hace más de un año la sala de lo militar del Tribunal Supremo negó a sus familiares la posibilidad de interponer un recurso de revisión contra la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta en 1940. Ahora, el Tribunal Constitucional inadmite a trámite el recurso debido a la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".



Antes de entrar a analizar esta resolución del TC, recordemos las circunstancias del caso. La ley de memoria histórica de 2007 reconoció la ilegitimidad e injusticia de las resoluciones de los órganos judiciales franquistas dictadas en manifiesta vulneración de derechos humanos (arts. 2 y 3), como fue el caso del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández por el delito de adhesión a la rebelión. A esto se añadió la posibilidad de que los familiares de las personas afectadas por dichas resoluciones pudieran solicitar del Estado español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron condenados por razones políticas o ideológicas (art. 4).



Con esta declaración en la mano, la familia de Miguel Hernández decidió explorar la vía judicial para conseguir que los tribunales españoles revisasen su caso y declarasen la nulidad de aquel inicuo consejo de guerra. Sus familiares entendían que concurren "hechos nuevos" que justificarían la revisión de la sentencia, según ampara la legislación procesal. Tales hechos serían no sólo la declaración general de ilegitimidad e injusticia contenida en la propia ley, sino también la de reparación y reconocimiento personal expedida por el Ministerio de Justicia.



El órgano competente para resolver el caso, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, decidió cerrar sus puertas al recurso en febrero de 2011. Ni siquiera consideró oportuno entrar en el fondo del asunto, sino que simplemente denegó la propia interposición del recurso. Aceptó las tesis de la fiscalía general del Estado (dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido) y entendió que no había nada que anular porque la sentencia que condenó a Miguel Hernández ya era nula de pleno Derecho al haber sido expulsada del ordenamiento jurídico en virtud de la citada ley de 2007. Carece, a juicio del Tribunal, de vigencia jurídica.



Al rechazar incluso la mera posibilidad de interponer el recurso, el Tribunal Supremo cercena de raíz el derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que la familia de Miguel Hernández acudiera al Tribunal Constitucional, alegando que el TS vulnera tal derecho al desconocer profundamente el contenido de la ley de memoria histórica. Se arguye en el recurso que esta establece la injusticia e ilegitimidad de tales sentencias, pero que estos calificativos de índole moral y político no producen efectos jurídicos. Y mucho menos suponen la nulidad, inexistencia o pérdida de vigencia jurídica de dichas sentencias. Estas siguen en vigor hasta que no se declare su nulidad, bien por la ley bien por otro tribunal, que es precisamente lo que solicita la familia de Miguel Hernández.



En septiembre de 2011 se presentó el recurso de amparo y a finales de septiembre de este año se ha notificado la resolución de inadmisión a trámite. Aun cuando nos hayamos resignado a aceptar la lentitud de nuestros tribunales -y especialmente del Tribunal Constitucional-, no deja de resultar inaceptable que se tarde un año en redactar un párrafo. Porque esta es la extensión de la resolución, un párrafo, dado que la ley permite que la inadmisión no se acompañe de motivación alguna.



Con esta fórmula el Tribunal ha elegido la peor de las salidas posibles para la familia de Miguel Hernández y la mejor para él: evitar la discusión sobre el fondo del asunto. Podría haber expuesto sus argumentos sobre la vigencia o no de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que ya han desplegado sus efectos, o bien podría haber reiterado su conocida doctrina sobre la irretroactividad de la Constitución y su imposible aplicación a épocas anteriores, o incluso podría haber planteado sus dudas -y, en su caso, su negativa- sobre la relevancia constitucional de la cuestión. Y ahí podríamos debatir y estar o no de acuerdo con sus tesis. Pero no vamos a poder hacerlo. Mediante el expediente utilizado, el Tribunal evita que puedan rebatirse sus argumentos. Parece que el Tribunal no quiere ofrecer pistas por si acaso a las víctimas se les ocurre recurrir a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y demandar al Estado español por permitir que los crímenes del franquismo queden impunes.



La decisión ha sido adoptada por la sección del Tribunal compuesta por los magistrados Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Pablo Pérez Tremps. Los dos primeros fueron nombrados a propuesta del PP, mientras que el último fue propuesto por el PSOE. Sorprende que un magistrado progresista coincida en su apreciación de este caso con Hernando, cuyo pasado al frente del Consejo General del Poder Judicial es de sobra conocido, y con Pérez de los Cobos, "autor intelectual" de la última reforma laboral del gobierno del PP.



O quizá la sorpresa no sea tan grande si observamos la trayectoria de estos dos partidos en relación con la recuperación de la memoria histórica. A pesar de impulsar la ley de 2007, el PSOE coincide con el PP en su rechazo a declarar la nulidad de sentencias como la que condenó a muerte a Miguel Hernández. La seguridad jurídica y el principio de continuidad del Estado fueron los puntos esgrimidos por sus representantes en el debate parlamentario. En este punto los argumentarios de ambos partidos coincidían, como coincide también la opinión de estos magistrados en lo relativo al tratamiento constitucional de la revisión del pasado dictatorial del Estado español.



Con su decisión el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo del olvido de Miguel Hernández, poeta y comunista. Lo que un tribunal militar franquista comenzó con una condena a muerte años atrás y la llegada de la democracia española fue incapaz de subsanar, acaba de certificarlo el Tribunal Constitucional con la negativa a amparar a sus familiares en la pretensión de declarar nula tal condena. Una condena que sigue en pie, como monumento a la infamia.



En conclusión, esta decisión del TC es una manifestación -otra más- del pacto de olvido y silencio suscrito en la transición. Un pacto según el cual, en términos del novelista Rafael Reig, "todo está perdonado".



Apoyar protestas en la red podrá ser motivo de prisión

Apoyar protestas en la red podrá ser motivo de prisión


10 octubre, 2012
Filed underEspaña
Posted by Guest DANIEL FONT NOGUEROL / BARCELONA

DIAGONALPERIODICO.NET



Mano dura ante la respuesta ciudadana. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hacía público hace pocos días el informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal. Entre sus puntos destaca la definición del delito de atentado, que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia al agente, por lo que los cargos por “resistencia y atentado a la autoridad” serán todavía más habituales”, tal y como señala la Comisión de Legal del 15M. El informe aclara que delito de atentado “no se equipara con la resistencia pasiva, que, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel”. Hace escasos meses, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, amenazaba con incluir la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad. Finalmente el Gobierno ha dado marcha atrás en ese punto.



Por otro lado, el éxito de las convocatorias a manifestaciones vía redes sociales no ha pasado inadvertido. La reforma introduce como nuevo delito la difusión de mensajes que inciten a alteraciones del orden público. La pena será de entre tres meses y un año de cárcel, o bien será sancionada con multa. Ello conlleva que será punible el simple hecho de lanzar el mensaje, “al configurarse como un delito de peligro y no de resultado”, explica Maribel Mora Grande, coordinadora general de la Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Mora Grande considera que “estas medidas buscan criminalizar la respuesta social, pues prevén que, con los recortes sociales que está aplicando el Gobierno, pueda haber una gran respuesta social” y añade que “lo que quieren es evitar que la gente luche”.



Prisión permanente revisable



La reforma también plantea la imposición de la prisión permanente revisable, que, en palabras de Gallardón, tiene “plenamente encaje constitucional”, ya que no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo. No lo ve así Mora Grande, quien afirma que, una vez condenado, “al preso deja de prestársele atención y pasa de ser el punto de mira a convertirse poco más que en escoria para la sociedad”, e indica que, “de hecho, ya existe la cadena perpetua y ahora se pretende que sea posible con un solo delito. Hasta ahora, por un lado, el límite de 40 años de cárcel no es absoluto y algunas personas acumulan varias condenas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite”.



La responsable de APDHA apunta que el Derecho Penal no es el único ni el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, ni siquiera el más apropiado para proteger y reparar a las víctimas.



En 2010, España tenía 345 personas condenadas a más de 30 años de prisión, sin contar las condenas por delitos de terrorismo, mientras que otros países donde existe legalmente la cadena perpetua, como Inglaterra o Alemania, los presos no están más de 15 o 19 años en prisión, según la APDHA. La Asociación advierte que en los últimos años España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que es uno de los países más seguros del entorno.



PUNTOS ROJOS DE LA REFORMA DE GALLARDÓN

ATENTADO AGRAVADO



Al delito de atentado a la autoridad se le aplicará un agravante si el reo utiliza objetos que conlleven peligro para la integridad física del agente.



CUSTODIA



Esta nueva figura supondrá que, tras cumplir su pena, el condenado por delitos de especial gravedad pueda pasar hasta diez años más en prisión si el tribunal valora que aún es peligroso.



ADIÓS A LAS FALTAS



Con la reforma, las faltas desaparecen del Código Civil, convirtiéndose en delitos leves o persiguiéndose por vía administrativa.



DELITO DE HURTO



La falta de hurto, antes penada con multa de hasta dos meses y prisión de cuatro a 12 días, pasa a ser delito leve. Eso sí, el valor máximo de lo hurtado asciende de 400 a los mil euros.