14 de octubre de 2012

España encarcela sus ciudadanos como nunca desde Franco

Xavier Caño Tamayo / Adital (Rebelion)
España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por cada cien mil habitantes, cuando en Alemania hay 95 por cada cien mil, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.


Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en el 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en el 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en el 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de droga.

Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.

Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción”.

No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.

Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas, es un fracaso”.

Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.

Este sistema cada día pierde más legitimidad y esta democracia se vacía más y más.

La estafa de la crisis: los ricos más ricos, los pobres más pobres

Público
Los millonarios españoles, lejos de haber visto mermadas sus fortunas durante la crisis, las han visto aumentar, como prueban los patrimonios de sus sociedades de inversión, las llamadas sicav, que han crecido en algunos casos hasta un 50 %.


El contraste de la buena salud de que gozan las sociedades de inversión de capital variable (sicav) respecto al resto de la población es muy llamativo, ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta disponible de los hogares descendió el 3,2 % en el segundo trimestre de este año en relación con las mismas fechas del año anterior.

Y al cierre de 2011, un 21,8 % de la población española estaba por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

El atractivo de las sicav reside en su favorable tratamiento fiscal, ya que tributan al 1% en el impuesto de sociedades, frente al 30% al que tributan las grandes empresas y el 25% para las pymes, que en cualquier caso finalmente se queda en un tipo efectivo de aproximadamente el 12%.

Entre los requisitos que deben cumplir estas sociedades de inversión figuran contar con más de cien partícipes y un capital inicial de 2,4 millones de euros.

Si bien en los dos últimos años el patrimonio total gestionado por sicavs en España ha caído un 8,3%, al pasar de 25.324 millones a 23.218, lo cierto es que las cinco mayores han crecido sustancialmente.

Estas cinco sociedades gestionaban al cierre de junio 1.818 millones de euros, frente a los 1.638 de junio de 2010, según los datos de VDOS Stochastics, aunque ninguna de ellas figuraba entre las más rentables del sector.

La mayor de ellas es Morinvest, gestionada por BBVA y en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz.

Al finalizar el mes de junio de 2010, Morinvest contaba con un patrimonio de 440 millones de euros, que al cierre de junio de este año se había incrementado hasta 511.

Inmediatamente después se sitúa Allocation, vinculada a la familia del Pino, propietarios de Ferrovial, que gestionaba en junio un patrimonio de 398 millones de euros, frente a los 389 del mismo periodo de dos años antes.

La sicav en la que participa Rosalía Mera, fundadora junto a Amancio Ortega del gigante textil Inditex, se situaba como la tercera mayor por patrimonio, con 341 millones de euros, casi el 7% más que en junio de 2010.

Por lo que respecta a la rentabilidad, aunque el conjunto de sicav españolas muestra una modesta revalorización del 0,19% hasta junio --frente al cerca del 11% que pierde el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35-- algunas han logrado revalorizaciones cercanas al 50%.

En concreto, Wana Inversiones, de la gestora de Barclays, ha logrado hasta junio un rendimiento del 49,64%, una rentabilidad que sólo han conseguido o superado tres las empresas que cotizan en la bolsa española: Grifols, Inditex y Amadeus.





IU vuelve a llevar al Congreso el debate de la nulidad de los juicios franquistas

Foro por la memoria / Efe
La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, Cha) volverá a llevar al Congreso el debate sobre la nulidad de las sentencias franquistas, a la vista del “escarnio” que, a su juicio, supone la interpretación que hacen el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado de la Ley de Memoria Histórica de 2007.Por su simbolismo y relieve institucional, la diputada por Barcelona Laia Ortiz enfocará el debate por la petición de revisión con declaración de nulidad de pleno derecho del consejo de guerra que llevó al fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys i Jové y del sindicalista y ministro de la República Joan Peiró.

Así consta en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Justicia, que insta al Gobierno a promover las directrices al Fiscal General del Estado y “los cambios legislativos necesarios” para hacer posible la declaración de nulidad de pleno derecho, tanto general como individualizada, para todas aquellas personas que lo soliciten para ellas o sus antepasados.

El Parlamento de Cataluña, numerosas entidades cívicas y asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personalidades académicas y del ámbito de la cultura llevan años reivindicando que se anulen todas las sentencias dictadas durante la dictadura franquista.


Según la Izquierda Plural, la forma en que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado han venido aplicando la Ley de Memoria Histórica, y sus resoluciones en contra de revisar los juicios de Companys y Peiró, no les han dado satisfacción, por lo que quiere que el Congreso inste al Gobierno a “cambiar esa aplicación”.